Después del tiroteo en Virginia Beach, el debate habitual sobre el control de armas ha vuelto a la conversación nacional.
El tiroteo, en el que un empleado público descontento, DeWayne Craddock, mató a 12 personas en el Centro Municipal de Virginia Beach, fue extraño en ciertos aspectos. Además de tener lugar en otra zona libre de armas, el tirador adquirió legalmente sus armas de fuego y también utilizó un arma de fuego con un supresor.
El uso de un supresor en este tiroteo hizo que los medios de comunicación se volvieran locos. Algunos funcionarios demócratas, como el senador de Nueva Jersey Bob Menéndez, pidieron inmediatamente la prohibición de estos accesorios. Incluso el presidente Donald Trump dijo: «No me gustan en absoluto», cuando se le preguntó qué hacer con los supresores.
De hecho, los medios de comunicación han lanzado una campaña masiva de desinformación etiquetando a los supresores como «silenciadores», pero estos dispositivos no silencian completamente las armas en absoluto. Es más probable que estas opiniones mal informadas provengan de lo que los periodistas han visto en los videojuegos de Call of Duty o en las películas de Hollywood. En un artículo para el Washington Post, el investigador sobre la violencia armada John Lott destaca lo que realmente implica la capacidad de supresión de sonido de los supresores:
La pistola calibre .45 usada en el ataque a Virginia Beach crea sonidos que miden 158 decibeles. El supresor medio reduce el sonido en unos 30 decibelios. Pero 128 decibelios sigue siendo muy alto, prácticamente lo mismo que el ruido pico de una multitud en un estadio. Si utiliza un supresor junto con las orejeras, puede reducir el sonido a unos 100 decibelios, que es casi tan alto como una motocicleta normal.
Además, estos accesorios no pueden ser adquiridos con facilidad por personas que respetan la ley. Para empezar, los supresores ya están fuertemente regulados por la Ley nacional de armas de fuego de 1934. Para adquirir este accesorio, el gobierno impone una cuota de $200. A principios de 2017, aproximadamente 1,3 millones de estadounidenses ya estaban registrados en la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BATF, por sus siglas en inglés) como propietarios de supresores.
Desde el punto de vista de la frecuencia de los delitos, los delitos que involucran armas de fuego equipadas con supresores son estadísticamente insignificantes en el país. La investigación de Lott en el artículo anterior también desacredita esto:
Estos propietarios legales han estado cumpliendo con la ley. En los 10 años transcurridos entre 2008 y 2017, el BATF sólo recomendó un promedio de 44 procesamientos relacionados con los supresores por año. Esto significa que aproximadamente el 0,003 por ciento de los «silenciadores» se utilizan en delitos cada año.
Los llamamientos para una regulación más estricta de los supresores o incluso prohibiciones no harán nada para detener los actos de violencia con armas de fuego. No sólo eso, los hombres olvidados en un escenario potencial de prohibición de los supresores son los dueños de armas con problemas de audición. Los supresores no están diseñados para los villanos de Bond que quieren matar a la gente en las sombras. Ayudan a ciertos segmentos de la comunidad de pistoleros con problemas auditivos agudos. Aunque los supresores no silencian completamente las armas de fuego, hacen un trabajo adecuado para reducir la exposición al ruido de los tiradores. El Centro para el Control de Enfermedades lo detalla en un informe:
El único método de control de ruido potencialmente efectivo para reducir la exposición de los estudiantes o instructores al ruido de los disparos es a través del uso de supresores de ruido que se pueden colocar en el extremo del cañón del arma.
En su afán de «hacer algo», nuestra clase política ilustrada a menudo promulga normas que perjudican a los más desfavorecidos de la sociedad. Una prohibición de los supresores no sería una excepción a esta tendencia.
La amenaza muy real de la sobreburocratización
Tanto los medios de comunicación como sus oponentes pro-armas se centran principalmente en las leyes sobre armas y en los métodos convencionales para llevar a cabo la política sobre armas. Pero lo que a menudo se ignora es la enorme monstruosidad burocrática en el fondo que micromaneja todos los asuntos relacionados con las armas en Estados Unidos.
Este burocrático «Estado profundo», por así decirlo, representa una gran amenaza para los derechos a las armas en Estados Unidos. Para empezar, el sospechoso habitual de la ATF y la forma en que crea políticas arbitrarias para reprimir a los propietarios de armas nos da una imagen inquietante de tiranía burocrática.
Bajo la administración del ex Procurador General Jeff Sessions del Departamento de Justicia, la ATF continuó con el vigoroso programa de control de armas de la administración Obama. Sabiendo cómo funcionan las cosas en DC, simplemente vender un arma sin el sello de aprobación del gobierno podría llevar a un individuo a la cárcel. A pesar de que Trump se promocionó a sí mismo como el presidente más «pro-armas» en la historia de Estados Unidos, el Departamento de Justicia prohibió las acciones de bump bajo su vigilancia. La forma en que se ha llevado a cabo esta prohibición -fiat burocrático- es bastante preocupante.
Miremos hacia atrás: ¿Cuándo fue la última vez que un burócrata fue desbancado en las urnas? La mala legislación puede al menos estar ligada a los políticos que son susceptibles a la ira de los votantes en la temporada electoral. No se puede decir lo mismo de la burocracia. Esto recuerda la astuta observación de Ludwig von Mises de que «la peor ley es mejor que la tiranía burocrática».
Un consenso bipartidista
Thomas Massie es uno de los pocos funcionarios electos en Washington DC que realmente entiende los problemas que presentan las zonas libres de armas ordenadas por el gobierno. Como resultado, ha presentado la Ley de seguridad estudiantil que deroga la Ley Federal de Zonas Escolares Libres de Armas (GFSZA, por sus siglas en inglés) - la fuente legislativa de la actual»zona libre de armas».
Dado el control demócrata de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, es probable que este proyecto de ley no reciba una audiencia, y mucho menos que salga de esta cámara del Congreso. Sin embargo, es ingenuo asumir que este proyecto de ley se aprobaría por defecto bajo el control republicano de todas las ramas del gobierno. Massie presentó proyectos de ley similares en ocasiones anteriores en 2017 y 2018, cuando había sólidas mayorías republicanas y aún no pudo ser aprobado.
A pesar de que muchos de los puntos de discusión genéricos de los Republicanos sobre cómo Joe Biden (de los cuales merece un poco de culpa) patrocinó la Ley de Zonas Escolares Libres de Armas de Fuego de 1990, fue un presidente republicano, George H.W. Bush, quien finalmente firmó la Ley de Zonas Escolares Libres de Armas de Fuego de 1990 como ley. En resumen, ambas partes han tenido sus manos en el frasco de galletas de control de armas.
Algunas personas sugieren que los tribunales, no el Congreso, nos salvarán de décadas de violaciones constitucionales. Esto es particularmente relevante en el tema de los supresores cuando se examina un caso reciente que podría haber sido escuchado por la Corte Suprema.
En 2017, dos individuos –Shane Cox y Jeremy Kettler– fueron sentenciados por violar la ley federal. Cox fue castigado por la fabricación y venta de un supresor sin pagar la licencia federal obligatoria y el impuesto, mientras que Kettler fue castigado por la posesión de este accesorio. El fiscal general, Derek Schmidt, se negó a tomar medidas contra los agentes federales, a pesar de la ley de anulación de Kansas en los libros. Cox y Kettler no tuvieron más remedio que acudir a los tribunales para defender su caso.
Argumentaron que la acción del gobierno federal violó sus derechos protegidos por la Carta de Derechos, y que deberían haber sido protegidos por la ley de Kansas. Su caso terminó yendo a la Corte Suprema, pero finalmente fue desestimado.
No es exagerado decir que todas las ramas del gobierno federal han sido tibias en el mejor de los casos cuando se trata del retroceso de las políticas inconstitucionales.
