La industria alimentaria mundial está experimentando actualmente una gran transformación en nombre de la prevención del «cambio climático», que implicará la adopción de nuevas tecnologías en el proceso de producción y la creación de productos alimentarios alternativos para el consumo. Facilitar esta transición se ha convertido en una prioridad clave de muchas organizaciones e instituciones internacionales, como el Foro Económico Mundial (FEM), las Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods, que consisten en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Sin embargo, mientras que el papel del FEM en la «Gran Transformación Alimentaria» ha acaparado más atención en los últimos meses, los del FMI, el Banco Mundial y la OMC han pasado relativamente desapercibidos. Al igual que el FEM, estas instituciones han venido destacando en los últimos años los efectos negativos del sector agrícola sobre el clima, principalmente «los cultivos y la producción ganadera». También afirman que, además de ser perjudiciales para el ambiente, la carne y los productos lácteos son alimentos «poco saludables». Según el FMI, «reducir las emisiones de la ganadería» es una de las acciones clave necesarias para alcanzar las emisiones netas cero, también conocidas como el «objetivo de neutralidad climática para 2050», que también incluirá «la sustitución de la energía contaminante procedente del carbón, el gas y el petróleo por energía procedente de fuentes renovables, como la eólica o la solar» en más de 120 países. En cuanto a la agricultura, el FMI aconseja «diversificar la producción de carne de vacuno» aplicando «mejores prácticas de gestión agrícola y nuevas tecnologías».
De hecho, el FMI publicó un artículo en 2019 en el que instaba a realizar cambios radicales en la oferta de la producción de alimentos para disminuir «las emisiones en la agricultura.» En concreto, este artículo afirmaba que
La producción y el consumo mundial de carne roja (especialmente de vacuno) y de productos lácteos deberán reducirse en un 50% aproximadamente, mediante la sustitución de las proteínas suministradas por las plantas. Es fundamental que los tres principales productores de carne de vacuno (Estados Unidos, Brasil, Unión Europea) y de productos lácteos (Estados Unidos, India, China) tomen medidas urgentes. En segundo lugar, es necesario un cambio a gran escala para abandonar la agricultura convencional de monocultivo y adoptar prácticas que favorezcan la biodiversidad, como la agricultura orgánica y la mixta, la gestión sostenible del suelo y la restauración de los ecosistemas. Dinamarca y los Países Bajos fueron de los primeros países en anunciar ambiciosos planes de transformación orgánica.
Posteriormente, en 2020, el FMI subrayó la importancia de aumentar los precios de los «alimentos de uso intensivo de la tierra (por ejemplo, la carne de vacuno)». Esto ayudaría a reducir el consumo de productos de origen animal al alejar las «preferencias de los consumidores» de artículos como la carne, la leche y los huevos. En esencia, el FMI apoya que se apliquen «impuestos» a «la carne, los productos lácteos y los alimentos ultraprocesados» para «desalentar su consumo excesivo». Según el FMI:
El precio medio de venta al público en EEUU de un Big Mac, por ejemplo, es de unos 5,60 dólares. Pero con todos los gastos ocultos de la producción de carne (incluida la atención sanitaria, las subvenciones y las pérdidas ambientales), la carga total para la sociedad es de 12 dólares por sándwich, un precio que, si se cobrara realmente, podría reducir a más de la mitad la demanda de hamburguesas en los EEUU.... Del mismo modo, un galón de leche costaría 9 dólares en lugar de 3,50 y un paquete de costillas de cerdo comprado en la tienda pasaría de 12 a 32 dólares.
Parece que, al igual que el FEM, el FMI está tan comprometido con la consecución de «una Gran Transformación Alimentaria» que respalda abiertamente el uso de un sistema de planificación centralizada para fijar las cantidades y los precios de los productos alimentarios que se venderán, en lugar de permitir que se determinen a través de intercambios voluntarios entre las personas en el mercado, aunque esto suponga la desaparición de la libertad económica. El FMI también apoya las medidas en la esfera privada de los individuos destinadas a evitar que consuman «productos animales para el desayuno o el almuerzo». Para fomentar la aceptación de estas ideas y cambios por parte de la población, el FMI ha pedido que se promueva la noción de que tales «cambios dietéticos supondrían beneficios para la salud, así como un ahorro en el gasto público.»
Según el FMI, para lograr «una gran transformación alimentaria» también será necesario reorientar las subvenciones y los préstamos estatales hacia «explotaciones agrícolas sostenibles que produzcan proteínas de origen vegetal para el consumo humano y hacia incentivos para la innovación en proteínas alternativas y tecnologías agrícolas inteligentes». También implicaría «eliminar los gastos fiscales que favorecen a los productos con intensidad de emisiones», como «los productos lácteos y cárnicos», y «proporcionar apoyo financiero a las iniciativas de I+D sobre reducción de emisiones y captura de carbono en la agricultura». Además, el FMI opina que despojar a las instituciones financieras de la capacidad de «prestar a las empresas agroalimentarias no sostenibles» supondría «un apoyo esencial para una Gran Transformación Alimentaria».
La crisis alimentaria mundial fue uno de los principales temas de debate en la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Ginebra (Suiza) del 13 al 15 de junio y a la que asistieron los ministros de comercio de sus 164 Estados miembros. Cabe destacar que la actual directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, es también una colaboradora de la agenda del FEM. Además, es ex presidenta del Consejo de Administración de Gavi, la Alianza para las Vacunas que se fundó en 2000 gracias, en gran parte, a las aportaciones de la Fundación Bill y Melinda Gates. Los esfuerzos de Gavi por garantizar «el acceso a vacunas nuevas e infrautilizadas para millones de los niños más vulnerables» cuentan con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y el Banco Mundial. Okonjo-Iweala declaró recientemente a la BBC que «una crisis alimentaria desencadenada por la guerra de Ucrania podría durar años sin intervención». Dicho esto, cree que «la OMC puede ser parte de la solución» a la «inminente crisis alimentaria», que tiene a los «países de bajos ingresos» enfrentados a «una situación catastrófica si no se toman medidas tanto a nivel nacional como internacional». En consecuencia, la conferencia concluyó con la adopción por parte de la OMC de una «declaración sobre la respuesta de emergencia a la inseguridad alimentaria», en virtud de la cual respondería a una emergencia de inseguridad alimentaria en cualquiera de sus países miembros proporcionando la «asistencia técnica y financiera» necesaria para transformar su industria alimentaria de forma que se pueda hacer frente a la crisis, y al mismo tiempo hacerla más resistente en el futuro. Con toda probabilidad, la OMC utilizará esta «declaración» para obligar a sus países miembros a alimentar a sus poblaciones hambrientas con nuevos alimentos alternativos, como carnes cultivadas en entornos de laboratorio controlados y proteínas de insectos.
En diciembre de 2021, Juergen Voegele, vicepresidente de desarrollo sostenible del Banco Mundial, declaró que «los recursos naturales del mundo no pueden sostener la huella actual de la agricultura, especialmente en lo que respecta a la alimentación animal. Para invertir las tendencias actuales, necesitamos un modelo de producción de alimentos fuertemente disruptivo y resistente». Por ello, apoya firmemente la idea de la cría de insectos como posible solución. Según el Banco Mundial, la cría de insectos puede «ahorrar dinero a los agricultores y a las reservas de divisas de los gobiernos al disminuir las importaciones y compras de alimentos, piensos y fertilizantes. Las operaciones a pequeña escala pueden establecerse a bajo coste, abriendo oportunidades para empleos resistentes al clima». Teniendo esto en cuenta, es probable que el Banco Mundial apoye cada vez más la creación de fondos que se utilizarán para financiar inversiones en proyectos agrícolas destinados a «combatir el cambio climático», centrándose en la introducción y promoción de nuevos productos alimentarios, junto con la reducción de productos animales.
Teniendo en cuenta su historial, no sería descabellado preguntarse por qué instituciones como el FMI, el Banco Mundial y la OMC se ocupan de los problemas ambientales de forma significativa. A lo largo de sus respectivas historias, las acciones de las instituciones de Bretton Woods han contribuido a degradar el ambiente, a ampliar el poder autoritario de las empresas multinacionales y a agravar la desigualdad social y económica, las quiebras, el endeudamiento, la inseguridad alimentaria y la malnutrición y el hambre en muchos países pobres del mundo. Lo han hecho utilizando «su considerable influencia para facilitar» la adopción de reformas económicas, políticas y acuerdos comerciales en «países de todos los continentes, lo que ha permitido a las empresas transnacionales obtener un control significativo sobre la economía mundial» (Véase Birsen Filip, The Rise of Neo-liberalism and the Decline of Freedom [Cham, Suiza: Palgrave Macmillan, 2020], pp. 230).
Desde mediados de la década de 1990, muchos de los acuerdos internacionales y las reformas económicas promovidas por las instituciones de Bretton Woods han contribuido directamente a recortar los ingresos de los pequeños y medianos agricultores de todo el mundo, llevando a muchos de ellos a la quiebra. En el caso de la India, esto ha provocado el suicidio de aproximadamente «182.936» agricultores «entre 1997 y 2007». Además, un estudio realizado en 2020 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reveló que «los agricultores están entre los más propensos a morir por suicidio, en comparación con otras ocupaciones», y que «las tasas de suicidio en general habían aumentado un 40% en menos de dos décadas» entre los agricultores de EEUU. En particular, el patentamiento de semillas y plantas permitido por el acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que se firmó en 1994, ha destruido los medios de vida de muchos agricultores, al tiempo que ha beneficiado los intereses de las grandes corporaciones y empresas.
