En un discurso a la nación justo antes del Día de la Bastilla, el 14 de julio, que celebra la Revolución Francesa, el presidente Emmanuel Macron asestó un paradójico golpe al famoso lema de la República: Liberté, égalité, fraternité. Anunció una serie de medidas para acelerar el ritmo de la vacunación contra el covid-19 que socavan las libertades individuales y amenazan con una fuerte reacción política y económica. Ya durante la pandemia de covid-19, los franceses tuvieron que hacer frente a algunos de los confinamientos más severos del mundo, que restringieron tanto la libertad económica como importantes libertades civiles.
La pretensión del gobierno de tener conocimientos superiores
Invocando un aumento de las infecciones con la variante delta del covid-19, Macron instó a los ciudadanos franceses a vacunarse para lograr una tasa de vacunación del 100% en todo el país. La vacunación se hizo obligatoria para todo el personal sanitario a partir del 15 de septiembre, y la prueba de vacunación o un test negativo en forma de cartilla sanitaria tendrá que ser mostrada por todo aquel que quiera entrar en un café, restaurante, centro comercial y lugares culturales como cines, teatros o salas de conciertos o para subir a un tren o un avión.1 En otoño, las pruebas de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) dejarán de ser gratuitas y las nuevas medidas se aplicarán también a los jóvenes de doce a diecisiete años. Aunque Macron afirma que la vacunación no es obligatoria para el público en general por ahora, está obligando de facto a todos los que quieran llevar una vida normal a vacunarse.
Pocas horas después del anuncio, cerca de un millón de personas se apresuraron a reservar las vacunas, y otros cientos de miles se sumaron al día siguiente. Al mismo tiempo, más de cien mil personas salieron a la calle en toda Francia para protestar contra la vacunación y los pases sanitarios del covid-19. La gente está desconcertada por la severidad de las decisiones de Macron, en particular cuando el ritmo de vacunación en Francia no era en realidad tan lento. Alrededor del 54% de los franceses han recibido al menos una dosis de vacuna hasta el 15 de julio, lo que es casi similar a las medias de la UE y de Estados Unidos y el doble de la media mundial, que es del 26%. Además, la experiencia del Reino Unido demuestra que, aunque es más contagiosa, la variante delta es mucho menos peligrosa, ya que causa muchas menos hospitalizaciones y muertes. El objetivo de vacunación del 100% del gobierno francés también parece desproporcionado cuando la mayoría de los expertos coinciden en que la inmunidad de grupo se alcanza cuando alrededor del 70-90% de la población ha adquirido la inmunidad, ya sea mediante la vacunación2 o contrayendo la enfermedad y desarrollando anticuerpos. Curiosamente, las medidas también se aplican a los adolescentes, aunque puede ser que los jóvenes sanos sean más vulnerables a los efectos secundarios de las vacunas recién lanzadas que al propio covid-19.3
En general, los argumentos de Macron no parecen tener sentido. Además, la pretensión de conocimiento superior, que es el pretexto habitual para la intervención gubernamental, es decir, que los expertos oficiales saben mejor que el público ignorante lo que es bueno para él, parece claramente fuera de lugar también en este caso. El gobierno está exigiendo a todo el personal del sistema sanitario que se vacune contra el covid-19, pero a estos últimos difícilmente se les puede llamar legos. Se trata de profesionales sanitarios cualificados que llevan casi año y medio luchando en primera línea contra el virus y que probablemente también entienden mejor que el resto de la población los beneficios y riesgos de las vacunas contra el covid-19. En principio, el personal médico debería ser el más indicado para hacer un análisis de coste-beneficio del riesgo de contraer el virus y recibir la vacuna. Y, sin embargo, el gobierno ha intervenido para obligar a la mayoría de ellos a vacunarse, ya que sólo un 42% de los trabajadores de los hospitales y un 49% de los que trabajan en el sistema asistencial se han vacunado dos veces hasta ahora en Francia. Esta imposición ex cátedra de la vacunación a un grupo de profesionales médicos cualificados no va a reducir ciertamente el escepticismo general de los franceses respecto a las vacunas.
Fuerte ataque a las libertades individuales
Destacados políticos franceses, tanto de derechas como de izquierdas, criticaron con dureza el uso ampliado del pase sanitario por parte de Macron, calificándolo de «privación de libertades» y «golpe de estado sanitario». De hecho, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea protege el derecho a la integridad de la persona (artículo 3), que exige «el consentimiento libre e informado de la persona afectada» en el ámbito de la medicina. La misma ley fundamental de la UE defiende otros derechos individuales, como el derecho a la propiedad y al uso de bienes, a elegir una profesión y buscar empleo, a dirigir un negocio y a disfrutar de la libertad de pensamiento y de asociación con otras personas, que parecen cercenados por las recientes medidas de Macron. El pase sanitario impuesto por el gobierno divide artificialmente a la población francesa en dos categorías—vacunados y no vacunados—y ello a pesar de que los efectos médicos no están tan claros, ya que las personas vacunadas también pueden transmitir el virus, pero aparentemente con menor intensidad. No obstante, no hay que tener muchas esperanzas de que las nuevas medidas puedan ser anuladas en los tribunales. Irónicamente, la ley fundamental de la UE también estipula para la mayoría de los derechos de los ciudadanos que están sujetos a las «leyes nacionales» o al «interés público».
Desde la perspectiva de la ética racional de la acción humana desarrollada por Murray N. Rothbard, la campaña de vacunación obligatoria de Macron parece aún más problemática. En el centro de la teoría libertaria de Rothbard se encuentra el concepto de los derechos de propiedad que deben guiar todos los aspectos de la acción humana. El derecho de toda persona a poseer su cuerpo físico y los bienes naturales transformados con su ayuda representa una regla ética absoluta y determina todos los derechos humanos. Rothbard muestra de forma muy convincente que todos los derechos humanos deben basarse en los derechos de propiedad. De lo contrario, las libertades individuales corren el riesgo de ser relativizadas y debilitadas en nombre del interés público y de otras políticas. En una sociedad libre basada en la cooperación pacífica y las relaciones interpersonales voluntarias, la agresión se produce cuando alguien invade la propiedad de otro—ya sea la persona o los bienes que posee—sin el consentimiento de la víctima.
En el caso que nos ocupa, los agresores de la cooperación social pacífica no son ni los vacunados ni los no vacunados, a no ser que alguien ponga en riesgo a propósito la salud o la propiedad de otra persona. Esto no significa que no se pueda impedir a alguien el acceso a determinados locales o actividades cuando sus legítimos propietarios establezcan normas sanitarias preventivas, pero la extensión generalizada por parte de Macron del pase sanitario a actividades y negocios que no son 100% propiedad del Estado representa una invasión flagrante del derecho de propiedad y discrimina a las personas no vacunadas. Y aunque Francia está lejos de ser un paraíso del libre mercado, la gran mayoría de los centros comerciales, cafés, restaurantes, cines, teatros y otros lugares culturales son de propiedad privada. La propiedad privada se encuentra también en los sectores de la sanidad y el transporte, aunque a menor escala. No es difícil imaginar el descontento de las empresas privadas ante el importante impacto económico negativo del edicto de Macron.
Rothbard defiende la validez de su teoría también en casos extremos, las llamadas situaciones de bote salvavidas, y la lógica se ajusta también a la pandemia del covid-19. Se afirmaba que ninguna teoría de los derechos absolutos inviolables podía funcionar correctamente en situaciones de crisis extrema. Sin embargo, Rothbard replicó que la aparente guerra de todos contra todos en una «situación de bote salvavidas» se debe precisamente a que los derechos de propiedad no han sido bien definidos. Si la propiedad y las normas que rigen una propiedad están claras, se puede encontrar una solución no violenta incluso en una situación de crisis. Aunque esta solución pueda parecer dura para algunos, y no cumpla con todos los valores morales personales, desgraciadamente no hay otro principio de asignación de la propiedad que sea más tolerable o que pueda avalar una teoría coherente de los derechos humanos. La controversia y el descontento que ha suscitado la ampliación de la tarjeta sanitaria obligatoria en Francia demuestran una vez más la validez de la teoría de Rothbard.
Conclusiones
Lejos de ser un billete hacia la libertad como lo presenta el presidente Macron, el pase sanitario obligatorio del gobierno está debilitando aún más las libertades fundamentales de los franceses. También crea una división artificial entre los vacunados y los no vacunados, causando resentimiento y socavando la cooperación social pacífica. Sin embargo, la nueva normativa aún podría ser revocada. De este modo, Francia tendría la oportunidad de hacer honor al famoso lema de su revolución.
- 1Italia hizo obligatoria la vacunación para el personal sanitario a finales de marzo y hasta ahora había sido la excepción. Grecia también ha anunciado que seguirá su ejemplo.
- 2Lo que significa que el porcentaje de vacunados debería ser significativamente inferior al umbral de inmunidad. Incluso el Dr. Fauci, de la línea dura de la provacunación, estimó en una ocasión que no todo el mundo, sino entre el 75 y el 85 por ciento de las personas, tendría que vacunarse para alcanzar la inmunidad de grupo.
- 3En EEUU y otros países, las vacunas de covid-19 sólo han recibido hasta ahora la autorización de uso de emergencia.
