Este artículo es una versión revisada de una charla pronunciada en la Mises Society de la Universidad de Oxford el 16 de enero de 2024. La charla se basó en temas tratados en David Gordon y Wanjiru Njoya, Redressing Historical Injustice: Self-Ownership, Property Rights and Economic Equality (Palgrave Macmillan, 2023).
A menudo se piensa, erróneamente, que los partidarios del capitalismo de libre mercado no se preocupan por el bienestar humano. Por el contrario, es precisamente porque nos preocupa el bienestar humano por lo que promovemos los mercados libres, la productividad y el intercambio pacífico, como señala Ludwig von Mises en Liberalismo: en la tradición clásica:
Que haya necesidad y miseria en el mundo no es, como el lector medio de periódicos, en su torpeza, es demasiado propenso a creer, un argumento contra el liberalismo. Es precisamente la necesidad y la miseria lo que el liberalismo pretende abolir, y considera que los medios que propone son los únicos adecuados para la consecución de este fin.
En los debates contemporáneos sobre la desigualdad racial, los partidarios del libre mercado sostienen que las personas de todas las razas prosperan en los mercados libres, que a su vez dependen de la libertad individual y de la protección de la propiedad privada. Así pues, los progresistas que desmantelan los derechos de propiedad en un intento de promover el bienestar de los grupos raciales desfavorecidos socavan sus propios objetivos al desmantelar la única vía eficaz hacia el progreso.
La idea de que los derechos de propiedad son un impedimento para el progreso humano se deriva en parte de una incapacidad para comprender las causas de la desigualdad económica. Al debatir la desigualdad económica, las cuestiones de causalidad no preocupan a los igualitaristas, socialistas y comunistas, que inventan planes descabellados que afirman que solucionarán la desigualdad. Sin embargo, las causas de los resultados económicos, por supuesto, importan. En última instancia, los debates sobre la injusticia racial se basan en conceptos redistributivos de la justicia que tratan la desigualdad económica como presuntamente injusta sin intentar determinar las causas de esa desigualdad. Las demandas políticas de redistribución de la riqueza y de «equidad» racial, aunque se formulen en un lenguaje de justicia, son de hecho incompatibles con la verdadera justicia.
Derechos de propiedad e injusticia racial
Las reclamaciones relativas a la injusticia racial adoptan muchas formas. Entre ellas, las más importantes son la redistribución de la riqueza, las preferencias raciales en la asignación del gasto fiscal, las reparaciones y, en casos extremos, la abolición de los derechos de propiedad. Estos planes, que normalmente desfilan bajo la etiqueta de «equidad», son incompatibles con los derechos de propiedad. La justificación de este tipo de transferencias de riqueza es que son necesarias para el interés público, es decir, para promover la igualdad racial. Un ejemplo especialmente atroz es la Ley de Expropiación de Sudáfrica, en virtud de la cual se pretende confiscar la propiedad privada sin indemnización: «Las autoridades locales, provinciales y nacionales utilizarán esta legislación para expropiar tierras en aras del interés público por diversos motivos que buscan, entre otros, promover la inclusión y el acceso a los recursos naturales».
El argumento que subyace a tales políticas es que valores sociales como la equidad y la inclusión exigen la restricción o abolición de los derechos de propiedad. El razonamiento es que, para promover la justicia, en tales situaciones es necesario derogar los derechos de propiedad privada.
Sin embargo, los derechos de propiedad no son un impedimento ni un obstáculo para alcanzar la justicia. Como observa Robert Nozick en Anarquía, Estado y Utopía, la defensa de la propiedad privada no se opone a la reparación legal en casos de propiedad robada: «Devolver el dinero robado o compensar las violaciones de derechos no son razones redistributivas». Las reclamaciones de devolución de bienes robados, cuando se puede probar el robo, plantean cuestiones de hecho que deben decidirse desde el principio: si los bienes que se alega que fueron robados lo fueron de hecho.
Obviamente, el robo debe probarse con pruebas objetivamente verificables y no simplemente afirmarse. Sin embargo, una vez probado, la propiedad robada debe ser devuelta o compensada. Esto es totalmente coherente con los derechos de propiedad: el verdadero propietario, previa prueba de su caso, tiene derecho a recuperar su propiedad. Sobre esta base, el Estado de California devolvió a los propietarios de Bruce’s Beach su propiedad:
Bruce’s Beach se compró en 1912 para crear un balneario para la población negra en una época de segregación racial en el sur de California.
Situada en la deseable ciudad de Manhattan Beach, fue tomada a la fuerza por el ayuntamiento [en virtud de las leyes de expropiación forzosa] en 1924.
Pero el martes, las autoridades de Los Ángeles votaron a favor de devolver los terrenos a la familia.
La objeción a la redistribución de la riqueza se refiere a los casos en los que se proponen transferencias de riqueza entre diferentes grupos raciales basadas puramente en la existencia de disparidades de riqueza entre razas. No se identifica a ningún ladrón o víctima en concreto, ya que la reclamación se formula exclusivamente en el lenguaje de la dominación y subordinación racial histórica. Como sostiene William Shaw en el contexto de África, una reivindicación histórica de la propiedad de la tierra basada en pruebas jurídicas y arqueológicas es muy diferente de una reivindicación basada puramente en la pertenencia a un grupo racial que se dice que habitó la tierra hace siglos. Las declaraciones amorfas del tipo «nos habéis robado la tierra» no pueden utilizarse para justificar que los negros roben las granjas de los granjeros blancos. La noción de justicia no puede utilizarse para justificar el robo.
Por el contrario, la justicia se basa en el derecho del propietario a defender su vida, su hogar y su propiedad. En la terminología de los derechos humanos, los liberales clásicos dirían que los derechos de propiedad son derechos humanos, y a eso podríamos añadir que no hay derechos humanos que no sean también derechos de propiedad, como sostiene Murray Rothbard en La ética de la libertad:
Porque no sólo no hay derechos humanos que no sean también derechos de propiedad, sino que los primeros pierden su absolutismo y claridad y se vuelven difusos y vulnerables cuando los derechos de propiedad no se utilizan como norma... los derechos humanos, cuando no se plantean en términos de derechos de propiedad, resultan vagos y contradictorios, haciendo que los liberales debiliten esos derechos en nombre del «orden público» o del «bien público».
Las causas de la desigualdad
A menudo se afirma que los resultados económicos y las disparidades de riqueza entre grupos raciales están causados por legados de opresión o traumas generacionales de décadas o siglos pasados y que las disparidades de riqueza entre grupos raciales son atribuibles a estos acontecimientos históricos. El argumento es que las acciones y experiencias vitales de las personas de hoy en día están condicionadas y determinadas por las injusticias sufridas por sus antepasados. Sobre esta base, los argumentos a favor de las reparaciones afirman que cualquier disparidad —cualquier «brecha económica» entre diferentes grupos, comunidades o naciones— está causada por injusticias pasadas y es una prueba presuntiva de los legados de esa injusticia. Por lo tanto, las transferencias de riqueza diseñadas para cerrar las brechas económicas se consideran la mejor o, de hecho, la única forma de remediar la injusticia del pasado y sus legados resultantes.
A menudo, estas afirmaciones sobre la causalidad se formulan de forma muy laxa: se dice esencialmente que la ocurrencia de acontecimientos históricos explica por qué la gente es ahora pobre, en el sentido de que los oprimidos nunca han conseguido escapar de sus cadenas. Se dice que las viejas formas de opresión permanecen, habiendo evolucionado hacia nuevas formas invisibles de opresión: «En lugar de desaparecer, las desventajas a las que se enfrentaban los negros americanos simplemente se transformaron».
Por lo general, estas afirmaciones se basan en un conjunto de relaciones causales cuya validez las teorías raciales críticas consideran evidente y que, por lo tanto, no requieren más exposición o justificación. En este contexto, las teorías raciales críticas se basan en una serie de presunciones interrelacionadas. La primera presunción se refiere a una conexión causal entre la injusticia histórica y la discriminación contemporánea. A partir de ahí, la segunda presunción se refiere a una conexión causal entre la discriminación contemporánea y los resultados económicos. Los teóricos críticos de la raza afirman que los resultados desiguales son un legado de la relación de explotación entre los «opresores» históricos y los «oprimidos» históricos. Además, las teorías raciales críticas afirman que la discriminación contemporánea es de naturaleza «sistémica», de modo que se dice que el racismo sistémico no se manifiesta en conductas individuales específicas o en experiencias vitales individuales concretas, sino en los propios sistemas sobre los que se construye la sociedad en general, como el sistema jurídico o el sistema de justicia penal.
Basándose en esas presunciones causales, los teóricos raciales críticos construyen su solución a la desigualdad económica: afirman que pagar por los crímenes históricos resolvería la injusticia histórica, ayudaría así a «acabar con la discriminación», lo que a su vez esperarían que produjera resultados iguales para todos los grupos raciales. En la medida en que la riqueza y los ingresos no se distribuyan proporcionalmente entre los distintos grupos raciales —es decir, en la medida en que no se produzcan resultados iguales— lo toman como una prueba de que es necesario hacer MÁS redistribución: «Necesitamos más equidad».
Se dice que no hay nada que los negros puedan hacer para mejorar sus condiciones: al fin y al cabo, las causas son sistémicas y no individuales, por lo que nada que pueda hacer el individuo cambiará eso. Habría que reformar el sistema económico en su conjunto. El pronóstico es funesto: «A menos que cambie la economía actual, las familias negras serán más pobres en el 175 aniversario de la Emancipación de lo que eran en 1980».
La idea de que las causas de la desigualdad económica pueden remontarse a acontecimientos históricos no se toma en serio la causalidad. Sin identificar correctamente las causas de un fenómeno, es imposible comprenderlo o evaluarlo, y tampoco se pueden resolver los problemas cuando sus causas están incorrectamente identificadas. Esta es la tarea a la que han dedicado mucha atención economistas libertarios y liberales clásicos como Peter Bauer, Robert Higgs, Walter Williams y Thomas Sowell.
Esta falta de atención a las causas de la desigualdad deriva en parte de la suposición de que la desigualdad es injusta. Desde una perspectiva liberal clásica, la justicia significa dar a cada uno lo suyo. La justicia no exige que todos tengan la misma cantidad de riqueza o las mismas experiencias vitales. En «Enforced Equality-Or Justice?», Antony Flew explica que la justicia en el sentido clásico no es sinónimo de igualdad de condiciones o igualdad de resultados. De ello se deduce que la ausencia de igualdad de condiciones no es injusta en sí misma, sino que hay que tener en cuenta cómo se manifiesta la desigualdad y qué ha causado esa desigualdad. Por lo tanto, Flew critica los argumentos que presuponen que justicia e igualdad son sinónimos, de modo que no intentan explicar por qué la desigualdad debe tratarse automáticamente como una injusticia. El argumento de Flew es que la justicia bien entendida no promete ni exige una distribución equitativa de la riqueza o la fortuna.
El mismo análisis se aplica al concepto de «igualdad de oportunidades», promovido por los liberales que nunca se paran a pensar qué se entiende por oportunidad, cómo proponen igualar las oportunidades de todos y con qué prueba o medida comprobarían a su satisfacción que las oportunidades de todos son iguales. Erradicar la necesidad y la privación, así como promover el bienestar humano y la prosperidad de todas las personas, independientemente de su raza, sexo u otras características de identidad, no depende de que las oportunidades sean iguales. Aunque hay que alabar la ayuda a los pobres, «ayudar a los pobres y nivelar los ingresos difieren totalmente como objetivos».
Se podría decir, por ejemplo, que todos los niños deben tener la oportunidad de adquirir un buen comienzo en la vida, una buena educación, buena salud, la oportunidad de vivir una vida feliz y la realización de todo su potencial. Sin embargo, eso no es lo mismo que decir que las oportunidades de todos los niños deben ser iguales. Las oportunidades de los niños de distintas familias no son iguales porque las familias no son iguales. ¿Tiene «las mismas oportunidades» de aprobar un examen alguien que procede de un hogar estable y feliz que alguien que procede de un hogar disfuncional y caótico? Llamar iguales a sus oportunidades sería estirar las palabras más allá de lo creíble.
Ni siquiera las oportunidades de los hijos de una misma familia son iguales, porque sus talentos, personalidades e intereses difieren e influirán en sus oportunidades en la vida. Por ejemplo, la oportunidad de ser concertista de piano no es la misma para el que tiene talento que para el que no lo tiene. Como dice Thomas Sowell: «Nadie es igual a nadie. Ni siquiera el mismo hombre es igual a sí mismo en días diferentes». La desigualdad de riqueza, fortuna, talento u oportunidades es inherente a la condición humana, a pesar de las afirmaciones de quienes desean arremeter contra la naturaleza. Por ello, los siniestros activistas que están detrás de los planes de igualación se encuentran destruyendo y desmantelando las instituciones sociales, incluida la familia, que consideran un semillero de desigualdad de oportunidades. En última instancia, cuando inevitablemente se ven incapaces de igualar las oportunidades de todos, se ven impulsados por la frustración y la desesperación a empezar a igualar los resultados, como se ve en los ejemplos de las cuotas raciales y la discriminación positiva.
Por estas razones, al destacar la importancia de la causalidad e identificar las causas de la desigualdad, debemos distinguir entre desigualdad, por un lado, y pobreza o privación o sufrimiento humano, por otro. El objetivo es aliviar la pobreza, las privaciones y el sufrimiento humano, y los mercados libres son la única forma de lograr ese objetivo.
El significado de justicia
En los debates sobre la injusticia racial, a menudo se invoca el lenguaje de la «justicia» para evitar analizar los beneficios y los costes de los planes redistributivos propuestos. El lenguaje de la justicia da a los políticos un pase libre: no tienen que fundamentar o justificar más sus pretensiones si pueden afirmar que promueven la justicia. Como observó Friedrich von Hayek en El espejismo de la justicia social: «Las personas que emplean habitualmente la frase [justicia social] simplemente no saben ellas mismas lo que quieren decir con ella y se limitan a utilizarla como una afirmación de que una pretensión está justificada sin dar razón de ello». Una función similar cumplen otras etiquetas seductoras como amabilidad, compasión, inclusividad y diversidad: «hacer que la gente se sienta bienvenida». Este lenguaje se utiliza a menudo para ofuscar más que para alcanzar sus objetivos putativos. Thomas Sowell hace una observación similar en The Quest for Cosmic Justice, donde critica la noción de que la injusticia histórica puede revertirse reasignando la riqueza entre diferentes grupos raciales. Sowell describe esta noción como una visión intertemporal de la justicia: la idea de que la injusticia del pasado puede corregirse retrospectivamente con medidas adoptadas en el presente. Como explica Flew, esto no es justicia y, por el contrario, a menudo se basa en la injusticia y la coacción para perseguir sus objetivos.
¿Cómo debemos concebir la justicia?
El ideal clásico de justicia se refleja en el principio de igualdad formal. Todo el mundo tiene los mismos derechos ante la ley. Nadie tiene derechos especiales por motivos de raza, sexo u otras características identitarias.
Además, la justicia en la tradición liberal clásica se basa en la responsabilidad individual. Cualquier intento de imponer nociones de culpabilidad colectiva es injusto. Como sostiene H. D. Lewis en «Responsabilidad colectiva», la responsabilidad individual es un principio ético básico: «Nadie puede ser responsable, en el sentido propiamente ético, de la conducta de otro. La responsabilidad pertenece esencialmente al individuo». Este principio se encuentra en el corazón de la presunción de inocencia y del principio asociado de que cualquiera que acuse a otro de cualquier fechoría soporta la carga de la prueba. Si la responsabilidad es individual, debe determinarse justamente la culpabilidad de cada individuo por sus delitos.
Además, como sostiene H. D. Lewis, «’Una estructura’ no puede ser portadora de responsabilidad moral; tampoco puede serlo ‘la sociedad en general’, pues ambas son abstracciones que debemos tener cuidado de no hipostasiar». De ello se deduce que no podemos aceptar el concepto amorfo de «racismo sistémico». Tampoco podemos considerar a ninguna persona responsable de pagar reparaciones por lo que se dice que su «comunidad» o su tribu o su raza o incluso sus propios antepasados que llevan su propio nombre hicieron en el pasado.
De este análisis pueden extraerse tres conclusiones. En primer lugar, que las preferencias raciales diseñadas para reparar injusticias históricas son en sí mismas injustas. No podemos reparar una injusticia histórica aplicando nuevas injusticias contra personas inocentes hoy y en el futuro. En segundo lugar, que cualquier medida diseñada para aplicar tales esquemas, como la «equidad», es errónea y debe ser combatida por ello.
En tercer lugar, que la justicia no exige resultados iguales. Tampoco exige la igualdad de oportunidades para todos, un objetivo humanamente imposible y que equivale, como dijo Rothbard, a una revuelta contra la naturaleza. Más bien, la justicia requiere igualdad formal, es decir, igualdad de derechos y de estatus ante la ley, independientemente de la raza, el sexo o cualquier otro aspecto de nuestra identidad personal o de grupo.
