Tres días antes de que Barack Obama dejara el cargo, su Departamento de Trabajo presentó una queja contra Oracle America, Inc. alegando una grave discriminación sistémica tanto en sus prácticas de contratación como de pago.
Específicamente, afirma que Oracle discrimina a los no asiáticos en la contratación de sesenta y nueve títulos de trabajo y discrimina a las mujeres, asiáticos y afroamericanos en la remuneración de ochenta títulos de trabajo.
¿Oracle discriminó?
¿Es extraño que Oracle supuestamente discrimine a favor y en contra de los asiáticos?
La Oficina de Programas de Cumplimiento de los Contratistas Federales (OFCCP, por sus siglas en inglés) está en el centro de esta queja; está involucrada porque Oracle es un contratista del gobierno. Los únicos puntos que apoyan la reclamación de la OFCCP son los análisis estadísticos.
La queja menciona exactamente cero quejas de los empleados, y ni siquiera intenta decir que hay pruebas de que Oracle pretendiera discriminar.
Es difícil determinar y comparar los innumerables factores que intervienen en la asignación de una compensación adecuada, y los análisis estadísticos que la OFCCP llevó a cabo probablemente se quedan cortos. Desde el punto de vista económico, cualquier nivel de compensación mutuamente aceptable es apropiado, y en un mercado libre, la compensación tenderá a ser equitativa.
¿Debería la OFCCP tener este poder?
Sin embargo, cuando Oracle presentó una contrademanda el 27 de noviembre de 2019 (sí, el caso sigue abierto), su comunicado de prensa no trató ninguno de esos puntos. En cambio, se centró en la inconstitucionalidad del Departamento de Trabajo actuando como «investigador, fiscal, juez, jurado y tribunal de apelación».
Por supuesto, estos arreglos no se limitan al Departamento de Trabajo, sino que se han convertido, lamentablemente, en algo común en todas las burocracias federales. Esto es a pesar de su flagrante violación de la separación constitucional de poderes, discutiblemente el hecho más básico del civismo americano. Tan pronto como empezamos a conocer el gobierno de los Estados Unidos, la mayoría de nosotros aprendió sobre la separación de poderes y cómo los Padres Fundadores diseñaron el sistema con los famosos controles y equilibrios que previenen la tiranía.
¿Qué tan bien ha funcionado esa prevención de la tiranía hasta ahora?
Oracle argumenta que la situación no sólo es inconstitucional, sino también legalmente ilegal. Queda por ver cómo resultarán la demanda y la contrademanda; normalmente, se necesitan bolsillos muy profundos para ganar tal lucha contra los federales. Puede que Oracle aún salga victoriosa, pero hasta ahora parece que los controles y balances no han logrado proteger a Oracle, una empresa que proporciona más de cien mil puestos de trabajo y muchos miles de millones de dólares en servicios a la economía cada año.
¿Podría manejar esto el libre mercado?
La OFCCP no ha presentado un caso convincente de la existencia de discriminación sistémica en Oracle; sus afirmaciones son, a primera vista, incongruentes y se basan exclusivamente en datos ambiguos. De hecho, parece que se ha insertado en una situación en la que nadie se ha quejado, nadie ha objetado, nadie ha dicho que su compensación no era apropiada para su trabajo o que objetivamente debería haber sido contratado cuando no lo era.
Pero, ¿y si realmente hubiera discriminación?
Y, ¿hay una mejor manera de manejarlo que el sistema intra-DoL, o incluso el sistema constitucional?
Mi interés está en cómo se desarrollaría esta situación en un mercado libre. Considerémoslo.
Un mercado libre, con total libertad de asociación, probablemente no tendría ninguna reclamación por discriminación en la contratación, porque ninguna empresa se vería obligada a contratar o retener a nadie contra su voluntad. Por supuesto, una reputación de discriminación podría llevar fácilmente a una pérdida de ingresos, ya que una base de consumidores que se opone a la discriminación probablemente elegiría llevar su negocio a otra parte.
Además, podrían adoptarse voluntariamente «reglamentos» oficiales contra la discriminación. Las asociaciones u organizaciones privadas podrían actuar como «agencias de calificación» y prescribir normas para evitar la discriminación, así como realizar auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento. Los consumidores podrían optar por patrocinar sólo a las empresas que se adhieran a normas suficientemente estrictas y pasen las auditorías.
¿Cómo manejaría esto el libre mercado?
¿Qué sucedería con una demanda por discriminación en un mercado libre?
Digamos que Oracle está certificado como libre de discriminación por la asociación antidiscriminatoria de abanderados. En este caso, un posible empleado cree que Oracle lo ha discriminado en el proceso de contratación o un empleado actual cree (a pesar del acuerdo mutuo) que Oracle lo ha discriminado en su compensación.
Podría discutirlo directamente con las personas apropiadas de Oracle, o podría llevarlo a la asociación antidiscriminación que certifica a Oracle como libre de discriminación.
Si su reclamación tiene mérito, la asociación tendría que asegurarse de que Oracle la resuelva de forma rápida y justa, o que se revoque su certificación de no discriminación. De lo contrario, se pondría en peligro la reputación de la asociación y se empañaría el valor de sus certificaciones.
¿Hay otra manera de ver la situación?
Por supuesto, esta es sólo una forma en la que podría funcionar. Lo mejor del libre mercado, espera, ¿hay algo mejor?, es que una persona no puede concebir todas las formas notables en que la colaboración y la competencia pueden hacer del mundo un lugar mejor.
Por otro lado, puede que haya notado algunas similitudes entre la forma en que una reclamación por discriminación funcionaría en un mercado libre y la forma en que funciona con un sistema estatal. En parte porque el libre mercado es imposible de abandonar por completo, y en parte porque mi imaginación probablemente se ve afectada por el statu quo. Los principales beneficios del libre mercado frente al sistema estatal son la falta de coerción (tanto en la financiación como en la asociación) y las oportunidades de innovación.
En cualquier caso, parece que el sistema constitucional no funciona, ya que tenemos conductos judiciales burocráticos inconstitucionales por todas partes y esos conductos no funcionan demasiado bien según sus propias normas.
