La inversión ambiental, social y de gobernanza (ASG), aunque tiene sus raíces en un concepto más antiguo conocido como «inversión socialmente responsable», ha ido en aumento en los últimos años. Como era de esperar, la administración Biden ha allanado el camino para que el Departamento de Trabajo (DOL) se aparte de la normativa de la era Trump y modifique su enfoque de la regulación basada en ASG.
Las dos regulaciones de la era Trump que ahora están en el punto de mira son dos disposiciones de la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de los Empleados de 1974 (ERISA) que se pusieron como salvaguardias contra el reciente zeitgeist ASG: 1) la regulación relativa a la votación por delegación y 2) las normas que hacen hincapié en la optimización de los rendimientos pecuniarios sobre la adición de fondos basados en ASG.
En un anuncio del 10 de marzo de 2021, el DOL declaró que simplemente dejará de aplicar los cambios de regulación puestos en marcha durante la administración Trump. Desde la perspectiva del libre mercado, la decisión de dejar de aplicar la normativa es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, la administración actual no está precisamente abrazando el cambio de reglas por una preocupación de laissez-faire.
Más bien, el gobierno de Biden quiere volver a poner el énfasis en favor de la inversión en fondos ASG. La principal objeción que emplean los responsables políticos actuales es que la norma de Trump supuestamente hace que los empleadores teman añadir o mantener opciones de fondos ASG en absoluto, debido a que las normas empujan a los empleadores a centrarse en rendimientos estrictamente pecuniarios. Los críticos afirman que la antigua norma podría, en última instancia, poner en peligro los rendimientos potenciales que podrían obtenerse de gestores ASG de buen rendimiento (aunque no parece existir una medida objetiva de lo que constituye exactamente un fondo ASG de «buen rendimiento»). En otras palabras, se afirma que la norma de Trump inclina el campo de juego en contra de los fondos ASG.
ASGs vs. rendimientos para los jubilados
Estas objeciones a la restricción de las inversiones en materia de ASG favorecen superficialmente la capacidad de las empresas privadas de elegir libremente sus opciones de inversión sin temor a una sanción estatal. Sin embargo, estos nuevos reguladores pro-ASG nunca parecen reconocer explícitamente el concepto de que los rendimientos pecuniarios deben ser la prioridad última de la inversión, si la verdadera preocupación es maximizar los ingresos de la jubilación. Por ejemplo, según el Subsecretario Principal de la Administración de Seguridad de los Beneficios de los Empleados (EBSA), Ali Khawar:
Estas normas han creado la percepción de que los fiduciarios están en riASGo si incluyen cualquier factor ambiental, social y de gobernanza en la evaluación financiera de las inversiones del plan, y que pueden necesitar justificaciones especiales incluso para los ejercicios ordinarios de los derechos de los accionistas ... tenemos la intención de llevar a cabo un alcance significativamente mayor de las partes interesadas para determinar cómo elaborar normas que reconozcan mejor el importante papel que la integración ambiental, social y de gobernanza puede desempeñar en la evaluación y gestión de las inversiones del plan, sin dejar de mantener las obligaciones fiduciarias fundamentales.
Al igual que Khawar, otros partidarios de la regulación pro-ASG argumentan repetidamente en nombre de los rendimientos pecuniarios, insistiendo en que ignorar la ASG por miedo a una sanción podría significar que los empleadores se pierdan los rendimientos potenciales de la inversión en ASG. Esta podría ser una objeción bastante justa; sin embargo, si la optimización de los rendimientos es de hecho el objetivo de aquellos que «casualmente» son defensores de la ASG, ¿por qué no proponen más bien ignorar si una inversión tiene algo que ver con la ASG por completo, para centrarse únicamente en maximizar los rendimientos? ¿Por qué centrarse en la «elaboración de normas» cuando la eliminación de cualquier regulación a favor o en contra de los ASG sería la forma más segura de garantizar que las empresas se sientan «seguras» en sus propias decisiones de invertir estrictamente a través de la lente financieramente óptima? Después de todo, si la percepción es que la regulación anti-ASG es una amenaza para los empresarios que de otra manera querrían incluir opciones ASG, ¿no crearía la regulación pro-ASG la misma amenaza en la otra dirección, especialmente con la popularidad cada vez mayor de los temas de «justicia social»?
La sociedad de gestión de inversiones BlackRock es un ejemplo reciente de una empresa que ha cambiado sus directrices de voto por delegación para dar cabida a una línea de inversión orientada a la ASG. Estos cambios implican la exigencia de una mayor transparencia por parte de otras empresas accionistas cuando se trata de temas que incluyen -pero no se limitan a- los siguientes tópicos en boga:
- RiASGo climático
- Datos demográficos de la plantilla (como el género, la raza, la etnia, etc.)
- Fomentar una composición «diversa» de los consejos de administración de las empresas e incluso llegar a oponerse a las empresas con una «mezcla insuficiente» de consejeros
Problemas para medir los rendimientos
El problema con el argumento pro-ASG es su propia insistencia en que los rendimientos óptimos no están subordinados a elementos como los mencionados anteriormente en la agenda de la justicia social; sin embargo, teniendo en cuenta que los rendimientos óptimos se pueden medir objetivamente y los «beneficios de la justicia social» no, simplemente no tiene sentido incluir estos últimos en una discusión sobre los primeros. A pesar de su insistencia en los supuestos beneficios de la inversión ASG, las voces que están a favor de la regulación ASG sólo pretenden mantener el mismo debate que los que se oponen a la regulación centrada en los ASG, pero esto no es lo que realmente ocurre. Lo que nunca se discute es la posibilidad de apaciguar a ambas partes poniendo fin a la interferencia del Estado por completo y permitiendo que las empresas decidan por sí mismas sus carteras de inversión de forma privada.
Los movimientos reguladores «anti-GSE» han intentado oponerse a la posibilidad de que los idealistas ahoguen el máximo potencial de inversión y sacrifiquen los beneficios óptimos para los participantes en los planes de jubilación, aunque este curso de acción en sí mismo hace que el mejor argumento sea que el ideal debería ser que no existiera ninguna regulación.
