Desde principios de octubre, los manifestantes han obstruido las calles de Santiago y otras ciudades en contra de las recientes subidas de tarifas del metro, al tiempo que expresan su preocupación por el estancamiento de los salarios y el alto costo de vida. Algunas de estas quejas detrás de estas protestas son válidas. Sin embargo, la pregunta del millón de dólares que rodea a toda protesta política de masas sí lo es: ¿Cómo resolverán los manifestantes estos problemas?
La respuesta por defecto a la que los manifestantes están recurriendo generalmente implica tener una mayor presencia del Estado en la economía. Las recientes protestas en Chile así lo han indicado. En el 2012, los chilenos protestaron contra el modelo económico de la nación al destacar el sistema educativo de Chile y ridiculizar el control privado de la industria del cobre del país. Como era de esperar, recurrieron a los típicos puntos de discusión de la denuncia de la desigualdad y la búsqueda de beneficios. Para resolver las supuestas injusticias de este sistema, reclamaron la «educación gratuita» y la nacionalización de la industria del cobre en el país.
De hecho, el sistema de educación superior de Chile es heterodoxo en términos de universidades públicas y privadas. Gracias a sus características nominales de mercado, se convirtió rápidamente en uno de los principales sistemas universitarios de América Latina. Entre 1992 y 2012, el número de chilenos que pasaron por la educación secundaria creció de 200.000 a 1,2 millones. Sin embargo, los manifestantes insistieron en que el sistema era injusto y presionaron para que el gobierno ejerciera un mayor control. Si Chile se tomara en serio su ética de mercado, el sistema educativo debería haber sido liberalizado para que los chilenos tengan más opciones educativas -ya sean de lujo o de presupuesto- a su conveniencia.
Cuando Sebastián Piñera fue elegido en 2010 –que marcó la primera vez que Chile tenía un gobierno de derecha elegido democráticamente en décadas– la gente tenía grandes expectativas para su gobierno. Había esperanzas de que Piñera llevara a Chile a los estándares del «Primer Mundo». A pesar de la publicidad, la administración de Piñera fue bastante deslucida. Tuvo algunos momentos brillantes cuando el gobierno de Piñera decidió reducir los tiempos de espera para los estudios de impacto ambiental, reducir la burocracia innecesaria, reducir los aranceles de importación y la cantidad de tiempo para establecer un negocio.
Sin embargo, Piñera elevó los impuestos corporativos de 17 a 20 por ciento en 2013 y trató de aplacar a las hordas de manifestantes estudiantiles garantizando becas para el 60 por ciento más pobre de la población y préstamos con una tasa de interés real del 2 por ciento para todos, excepto para el 10 por ciento más rico. No hubo un esfuerzo real por parte de Piñera para continuar liberalizando la economía. A su favor, Piñera aún mantenía un mínimo de moderación que le permitía a Chile seguir adelante y seguir creciendo. Considerando todas las cosas, la primera administración de Piñera fue una decepción para cualquiera que creyera que podría introducir reformas sustanciales de libre mercado.
Cuando Michelle Bachelet entró en escena, las cosas empezaron a tomar un giro negativo. Su gobierno subió las tasas de impuestos corporativos, trató de socavar el sistema de educación superior de Chile y utilizó la administración pública para empoderar a los sindicatos. Lo más importante, sin embargo, fue su uso del púlpito del matón para cambiar la narrativa general que rodea la economía política de Chile. No sólo condenó el modelo por supuestamente producir altos niveles de desigualdad en la riqueza, sino que lo llevó un paso más allá al sugerir un posible cambio en el orden constitucional a través de la Asamblea Constituyente.
Después de que la economía de Chile se arrastrara durante los años de Bachelet, los votantes decidieron volver a tirar de la palanca por Piñera. Lamentablemente, la economía sigue rezagada y Piñera revierte su promesa de campaña de recortar los mismos impuestos corporativos que su predecesor. Además, está tomando caballos de batalla progresistas como la consagración de los derechos de la mujer en la constitución y el uso de fondos estatales para socavar el sistema de pensiones privatizado de Chile. Para entonces, los simpatizantes del libre mercado se dieron cuenta rápidamente de que Piñera estaba orquestando una repetición de su milésimo primer mandato como presidente.
Con los disturbios generalizados que tiene ante sí, la administración se ve obligada a atravesar aguas desconocidas. Piñera ya está vacilando al prometer un nuevo «contrato social» que incluye aumentos del salario mínimo, aumentos de impuestos a los individuos más ricos del país y una mayor participación del Estado en el sistema de pensiones de Chile. Dado lo voraces que se han vuelto los activistas de izquierda en Chile, no estarán satisfechos con las concesiones de Piñera. Con toda probabilidad, Piñera podría ceder a la presión e iniciar una asamblea constituyente, lo que podría traer niveles sin precedentes de inestabilidad institucional a Chile.
Si hay algún defecto en la constitución chilena, es que no va lo suficientemente lejos para crear una verdadera separación entre economía y Estado. Sin embargo, ha servido como baluarte de estabilidad en una región conocida por su «wiki-constitucionalismo», donde las constituciones son reescritas virtualmente cada generación. Basta con mirar a países como Venezuela. Ha tenido 26 constituciones en sus casi 200 años de existencia como nación, lo cual puede ser el factor institucional más sobresaliente que explica la actual calamidad política de Venezuela. Chile, por su parte, sólo ha tenido 8 constituciones a lo largo de su historia. No se puede exagerar la necesidad de que los países cuenten con una sólida base institucional.
Todos los cambios a la constitución chilena deben hacerse a través de enmiendas que hagan hincapié en la descentralización, no en la creación de una nueva constitución. La centralización es un tema controvertido en la política chilena. Existe una percepción común entre la población de que la política en Chile gira en torno a la capital, Santiago, y que las demás regiones son generalmente ignoradas. La región metropolitana de Santiago está poblada por más de 6 millones de personas, cerca de un tercio de la población total del país. Además, casi el 90 por ciento de la población vive en un radio de 200 millas del Gran Santiago.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también se ha dado cuenta de la hipercentralización de Chile al observar que el área metropolitana de Santiago representó el 40 por ciento del crecimiento del PIB nacional entre 2000 y 2016. Asimismo, los gobiernos subnacionales realizaron el 12,5 por ciento de la inversión pública, en comparación con el promedio de la OCDE, que fue del 56,9 por ciento. El actual Gobernador del Banco Central de Chile argumentó en su anterior gestión ante la OCDE que «las regiones de Chile están más preocupadas por obtener beneficios del gobierno central» que por desarrollar «sus propias identidades» y presentar políticas innovadoras a nivel local. Digamos que lo que usted quiere sobre el largo historial de la OCDE de abogar por una mayor tributación y un mayor gasto social, están en el punto de mira con respecto a la excesiva centralización de Chile.
En lugar de pasar por un cambio constitucional que probablemente avance hacia un sistema que enfatice la centralización política y la usurpación de las libertades civiles, Chile debería intentar la descentralización política. Esto permitirá una mayor competencia jurisdiccional y un enfoque más localista de los muchos problemas a los que se enfrenta.
Ahora, la pregunta es, ¿se inclinará Piñera ante las demandas izquierdistas para crear una Asamblea Constituyente o romperá el molde al ofrecer un modelo innovador de descentralización? Es una suposición de cualquiera.
Sin embargo, la historia de América Latina está llena de historias trágicas de países que alcanzan grandes alturas –me vienen a la mente Argentina y Venezuela— y que luego regresan a la mediocridad. Para mantener la historia de éxito chilena, Piñera tendrá que tomar medidas audaces. Esto significa molestar a algunos de la clase política destripando al Estado chileno y devolviéndole el poder al pueblo. Esperemos que Piñera entre en razón y entienda lo que está en juego. Con las decisiones políticas correctas, se podría evitar una crisis política muy predecible.
