La Quinta Enmienda declara: «Ninguna persona será... privada de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal».
Excepto por los perros.
La Corte Suprema declaró en 1967: «Dondequiera que se encuentre un hombre, tiene derecho a saber que permanecerá libre de registros e incautaciones irrazonables».
Excepto por los perros.
La Cuarta Enmienda prohíbe los registros injustificados sin orden judicial, pero los caninos ahora proporcionan vetos de botón para los derechos constitucionales. El mes pasado, en mi artículo «El robo en carretera sigue siendo la ley del país», vimos cómo la policía de todo el país inventaba pretextos para detener y sacudir a los conductores. Pero poca gente reconoce hasta dónde han llegado la policía y los jueces para explotar a los caninos con el fin de anular tanto los derechos a la intimidad como a la propiedad.
Cuando un perro se gradúa en un programa de adiestramiento para el rastreo de drogas, los funcionarios del gobierno actúan como si el perro hubiera obtenido un título de Doctor en Derecho con la capacidad de declarar instantáneamente «causa probable» y justificar un registro. Si el dueño de un perro privado anunciara que automáticamente tiene derecho a apoderarse de cualquier objeto que su perro manosee u orine, sería denunciado como un megalómano. Pero ésta es prácticamente la prerrogativa que la policía reclama para sus perros.
Los canes de la policía llevan mucho tiempo proporcionando el toque de Midas que permite a los agentes del gobierno saquear a quien les plazca, gracias en parte a la contaminación generalizada de la moneda americana. En 1985, el Servicio de Pruebas Toxicológicas examinó la moneda de destacados ciudadanos locales para un artículo del Miami Herald. La entonces fiscal del condado de Dade, Janet Reno, y el futuro gobernador de Florida, Jeb Bush, fueron sorprendidos con billetes adulterados. Pero nadie les quitó ni un céntimo. Trece años después, Bob McCabe, funcionario del servicio de pruebas, comentó: «Todas las pruebas que he visto han demostrado que todo el dinero, excepto si viene directamente del banco, está contaminado con drogas. Incluso se ha descubierto que la gente que maneja los cajeros automáticos y los cajeros del banco tienen cocaína en la punta de los dedos después de manipular dinero todo el día.»
El reconocimiento esporádico de que las pruebas eran falsas no impidió el abuso de los perros para la fiebre del oro de los decomisos. Fred Joseph, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, se quejó al Washington Post en 1990: «Todo lo que hace el perro, no importa lo que sea, la policía lo considera un acierto. Si el perro ladra, es un golpe. Si el perro se sienta, es un golpe. Si el perro cayera muerto, probablemente alegarían que lo mató el olor a cocaína». Stephen Komie, un abogado de Chicago, lamentó en 2019 que los derechos de los ciudadanos de a pie no tuvieran ninguna posibilidad «porque el perro nunca vendrá a testificar, y no puedes interrogar a un perro.»
Aunque Janet Reno fue pillada personalmente en una prueba de moneda adulterada, ayudó a turboalimentar el saqueo federal mediante alertas caninas tras convertirse en fiscal general en 1993. Los jueces federales se burlaron ocasionalmente de los decretos perrunos:
- En 1994, una corte federal de apelaciones concluyó: «Si más del 75% de todo el dinero en circulación en Los Ángeles está contaminado con residuos de droga, es extremadamente probable que un perro detector de narcóticos dé la alerta positiva cuando se le presente una gran suma de dinero.»
- Una corte federal de apelación de 1996 se burló de que las alertas caninas carecieran «prácticamente de sentido» debido al «altísimo porcentaje» de moneda adulterada por drogas.
- En el caso de 1997 US v. $506,231, otra corte de apelación declaró que «incluso el gobierno admite que nadie puede dar mucha importancia a los resultados de los olfateos de los perros».
- En 1998, el juez federal James Moran rechazó una incautación de dinero en efectivo basada casi exclusivamente en una alerta canina porque, de lo contrario, «la propiedad de prácticamente cualquier persona que viajara con una cantidad sustancial de dinero en efectivo estaría sujeta a confiscación.»
Pero los ocasionales desaires judiciales no lograron frenar el monstruo de las confiscaciones. Un titular de 1998 en el Stuart News de Florida resumía la realidad: «Dinero incautado: Más conductores pierden efectivo que huele a droga». El Orlando Sentinel señalaba: «Los ayudantes del sheriff solían decir que los billetes de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares eran sospechosos porque son los típicos que llevan los traficantes [de drogas]. Pero eso deja pocas alternativas para los demás». Dado que las minorías tenían más probabilidades de ser paradas y registradas por la policía, los negros y los hispanos eran con más frecuencia las víctimas de los chantajes oficiales.
En lugar de tomar medidas para poner fin a los abusos, los políticos trataron de canonizar la injusticia. En 1998, el senador Max Cleland (demócrata de Georgia), en respuesta a los jueces que despreciaban a los perros, propuso la «Ley de confiscación de dinero procedente de drogas» para permitir a los agentes federales confiscar el dinero en efectivo de cualquier persona que poseyera más de 10.000 dólares, viajara por una carretera y cuyo dinero generara una alerta positiva de un can del gobierno. Como los perros policía eran presuntamente fiables, «los propietarios legítimos de dinero no contaminado estarán protegidos», declaró Cleland. Cleland explicó: «Esto no crea una situación que justifique las incautaciones arbitrarias. Establece la presunción de que si camina como un pato y habla como un pato, es un pato, y por lo tanto está sujeto a los estatutos de confiscación de drogas». (Según su propuesta, los patos no eran automáticamente decomisables.) Al parecer, el enloquecido proyecto de ley de Cleland fue redactado en gran parte por abogados del Departamento de Justicia. El proyecto no se convirtió en ley, pero las agencias federales siguieron tratando a sus objetivos americanos como patos sentados.
Fuera de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los jueces de la Corte Suprema han sido los mayores admiradores de los perros detectores de drogas. Los supremos han salpicado repetidamente con agua bendita judicial las «órdenes de registro con correa», sobre todo al pretender que los registros caninos no son realmente registros, así que ¿por qué se opondrían de todos modos los no traficantes de drogas? En una disidencia de 2005, el juez de la Corte Suprema David Souter se burló de que «el perro infalible es una criatura de ficción legal». En un caso de 2013, la corte sostuvo que cualquier perro que haya sido «certificado» es lo suficientemente fiable como para autorizar registros forzosos sin consentimiento, anulando así la prohibición de la Cuarta Enmienda contra los registros irrazonables sin orden judicial. Como bromeó el columnista del Washington Post Radley Balko, «En la realidad alternativa del sistema de justicia penal... cualquier perro policía que esté ‘certificado’ es preciso y fiable, porque la Corte Suprema dice que lo son». Balko continuó: «No es de extrañar que un departamento de policía desechara cualquier pretensión de imparcialidad y se limitara a bautizar a su perro antidroga como ‘Culpable’».
Los perros antidroga son tratados como omniscientes incluso cuando los registros oficiales indican que la mayoría de las veces dan falsas alertas. El Washington Post informó en 2014: «La policía a menudo confía en los perros detectores de drogas para justificar registros sin orden judicial cuando un conductor se niega a dar su consentimiento. En 48 casos examinados por el Post, los perros alertaron de la presencia de drogas pero los agentes solo encontraron dinero.» La tasa de fallos del 100% era un error inofensivo, ya que el gobierno siempre ganaba. Un estudio de la Universidad de California, Davis, «descubrió que los perros detectores daban falsos positivos el 85 por ciento de las veces.» Una revisión crítica de la literatura científica de 2018 en el Journal of Forensic Sciences concluyó que «la alerta canina a la moneda de EEUU no es lo suficientemente fiable como para determinar que la moneda se utilizó directamente en una transacción ilícita de drogas.»
A pesar de todos estos hallazgos científicos y de los varapalos judiciales, las alertas caninas siguen siendo «lo suficientemente cercanas para el trabajo gubernamental» como para anular los derechos de propiedad. En 2021, los perros antidroga colaboraron en el robo de una caja fuerte de 86 millones de dólares. La Oficina Federal de Investigación (FBI) allanó US Private Vaults, una compañía de Beverly Hills, California, que proporcionaba a los clientes compartimentos de almacenamiento seguros. La orden de registro prohibía específicamente a los federales incautarse del contenido de 369 cajas de seguridad privadas, pero el FBI irrumpió en ellas a pesar de todo y trató de «confiscar miles de lingotes de oro y plata, relojes Rolex y pendientes, pulseras y collares con piedras preciosas», así como más de un millón de dólares en fichas de póquer. La orden de registro del FBI tachaba a todos los clientes de delincuentes: «Sólo aquellos que desean ocultar su riqueza a la DEA, a Hacienda o a sus acreedores optarían por pagar para almacenar dinero en efectivo en una tienda propiedad de gente como [los copropietarios de US Private Vaults]». Las alertas de los perros antidroga bastaron para incautar el dinero. El FBI también afirmó que el hecho de que parte del dinero estuviera envuelto en viejas gomas elásticas indicaba que los propietarios eran narcotraficantes. Los Angeles Times informó: «Muchos propietarios de cajas han accedido a entregar una parte de su dinero en efectivo y de sus propiedades tras decidir que no merecía la pena gastar decenas de miles de dólares en honorarios legales —o más— para recuperar el resto.» Finalmente, un juez federal obligó al FBI a devolver los bienes incautados a algunos de los poseedores de cajas.
Basarse en alertas de perros para justificar la confiscación del dinero de los americanos ha sido una descarada obscenidad legal desde al menos 1985. Si el gobierno ni siquiera juega limpio cuando sus propios jueces condenan su rapacidad, ¿qué posibilidades tienen los ciudadanos de recibir el debido proceso de sus gobernantes en cualquier otro asunto?
