El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha acusado al expresidente Donald Trump de treinta y cuatro delitos graves relacionados con los pagos que realizó a dos mujeres antes de las elecciones de 2016. Algunos expertos están indignados de que un expresidente se enfrente a cargos, y otros se alegran de que Trump tenga ahora una ficha policial. Pero este caso no hará nada para reducir las inmunidades más peligrosas que poseen los presidentes.
Ni los presidentes ni ningún funcionario federal tenían derecho a infringir la ley cuando se fundó esta nación. John Taylor, senador de EEUU, escribió en 1820 que la Constitución «sabiamente rechazó esta palabra indefinida [soberanía] como traidora de los derechos civiles, y se esforzó por matarla muerta». Pero al año siguiente, el Presidente dla Corte Suprema, John Marshall, inventó la doctrina de la inmunidad soberana de la nada: «La opinión universalmente aceptada es que no se puede iniciar ni procesar ninguna demanda contra los Estados Unidos; que la ley judicial no autoriza tales demandas». la Corte Suprema declaró en 1945 que la inmunidad soberana está «consagrada en la Constitución», pero los jueces nunca han revelado exactamente dónde la encontraron.
En 1977, el ex presidente Richard Nixon dijo al entrevistador David Frost: «Cuando el presidente lo hace, eso significa que no es ilegal». Algo estupefacto, Frost replicó: «¿Por definición?». Nixon respondió: «Exactamente. Exactamente». Los comentarios de Nixon fueron considerados escandalosos en su momento. Pero «no es delito si lo hace el presidente» es ahora sabiduría convencional en Washington.
Esta doctrina proporciona una tarjeta de «salir libre de la cárcel» a cualquier presidente al que le pique el gusanillo de bombardear naciones extranjeras. En 1998, el presidente Bill Clinton lanzó un ataque con misiles contra Sudán después de que las embajadas de EEUU en Kenia y Tanzania fueran bombardeadas por terroristas. El gobierno de EEUU nunca presentó ninguna prueba que relacionara los objetivos de Sudán con los atentados terroristas. Los propietarios de la planta de El-Shifa Pharmaceutical Industries —la mayor fábrica farmacéutica de África Oriental— demandaron una indemnización después de que el ataque de Clinton demoliera sus instalaciones. Once años después, una corte federal de apelaciones desestimó el caso: «El Presidente Clinton, en su calidad de comandante en jefe, disparó misiles contra un objetivo de su elección para perseguir un objetivo militar que había determinado que era de interés nacional. Según la Constitución, esta decisión es inmune a la revisión judicial». Las decisiones basadas en información secreta (a menudo falsa) absolvían legalmente a los presidentes de cualquier asesinato o calamidad en el extranjero.
En 1999, el ex presidente Clinton atacó Serbia, matando hasta mil quinientos civiles serbios en una campaña de bombardeos de setenta y ocho días de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Serbia no había hecho nada a los Estados Unidos, pero el secretario de Defensa, William Cohen, justificó el bombardeo como «una lucha por la justicia frente al genocidio». Una vez finalizado el bombardeo, no se encontraron pruebas de genocidio. Muchos de los serbios que quedaban en Kosovo fueron masacrados y sus iglesias quemadas hasta los cimientos. El ataque de Clinton provocó la toma del poder en Kosovo por una despiadada camarilla terrorista que fue condenada por la Unión Europea en 2014 por asesinar a serbios y vender sus riñones, hígados y otras partes del cuerpo.
Treinta y un congresistas demandaron a Clinton por violar la Ley de Poderes de Guerra al atacar Serbia. Un juez federal desestimó la demanda tras decidir que los congresistas carecían de legitimación para demandar.
El año pasado, el ex presidente George W. Bush pronunció un discurso en el que condenaba con vehemencia la «decisión de un hombre de lanzar una invasión totalmente injustificada y brutal de Irak». Bush había metido la pata en un discurso en el que condenaba la invasión rusa de Ucrania. Se dio cuenta de su error, mencionó a Vladimir Putin y luego añadió: «Pero Irak también». El público del Centro Presidencial George W. Bush de Dallas se echó a reír. Las familias de los cuatro mil soldados americanos y de los cientos de miles de civiles iraquíes que perecieron en el conflicto no entendieron la broma.
Bush arrastró a la nación a la guerra contra Irak al embaucar a los americanos haciéndoles creer falsamente que Sadam Husein era el culpable de los atentados del 11 de septiembre. Bush también asustó a la gente con las armas de destrucción masiva iraquíes. La treta funcionó aunque nunca se encontraron las armas de destrucción masiva.
Tras los atentados del 9/11, los abogados de Bush le aseguraron que la Constitución y las leyes federales ya no limitaban el poder del presidente. El abogado de Bush en la Casa Blanca, Alberto Gonzales, afirmó formalmente un «poder de anulación del comandante en jefe» que autorizaba a los presidentes a ignorar la Carta de Derechos.
Opiniones jurídicas engañosas impulsaron la tiranía. Un memorando del Departamento de Justicia del 1 de agosto de 2002 redujo la definición de tortura (prohibida por la ley federal y la Constitución de EEUU) del sufrimiento «equivalente en intensidad» al «fallo orgánico... o incluso la muerte». Llámese licencia para casi matar. Bush procedió a autorizar el tipo de régimen de tortura que las naciones civilizadas habían abandonado formalmente cientos de años antes. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) construyó un régimen de interrogatorios «consultando a funcionarios de inteligencia egipcios y saudíes y copiando los métodos de interrogatorio soviéticos», informó el New York Times. Un dictamen jurídico secreto autorizaba a los interrogadores de la CIA a aplicar bofetadas en la cabeza, ahogamientos simulados, temperaturas gélidas y maniatamiento en posturas de tensión durante muchas horas. Los interrogadores de la CIA a menudo no hablaban el idioma de los detenidos, por lo que lo compensaban dándoles una paliza.
Mientras fue presidente, Bush negó haber autorizado la tortura. Sin embargo, en 2010, durante una gira literaria para promocionar sus memorias, Bush se jactó de haber autorizado el ahogamiento simulado, que el gobierno de EEUU había calificado de tortura durante más de cincuenta años. Las víctimas de tortura que sobrevivieron presentaron demandas ante las cortes federales. Sin embargo, los jueces desestimaron todos los casos debido a la inmunidad soberana.
Cuando Barack Obama fue elegido presidente en 2008, muchos americanos esperaban que el gobierno mostrara más respeto por la Constitución. Pero Obama no tardó en proclamar la prerrogativa presidencial de asesinar a americanos a los que calificaba de sospechosos de terrorismo. Los abogados de Obama insistieron en que el presidente no necesitaba revelar ninguna prueba antes de ejecutar a los malos oficialmente designados. Un abogado del Departamento de Justicia declaró ante la corte en 2010 que ningún juez federal tenía autoridad para estar «mirando por encima del hombro» de Obama y su programa de asesinatos selectivos porque esas políticas implicaban «los poderes fundamentales del presidente como comandante en jefe». Un juez federal estuvo de acuerdo, dictaminando que «hay circunstancias en las que la decisión unilateral del Ejecutivo de matar a un ciudadano EEUU en el extranjero» es «judicialmente irrevisable». Obama no se enfrentó a ningún peligro a pesar de matar al menos a un americano inocente en un ataque con drones en Yemen (un chico de dieciséis años nacido en Denver). Los ataques con aviones no tripulados se multiplicaron por diez bajo el mandato de Obama, y él elegía personalmente a quién matar en las reuniones semanales de los «martes del terror», en las que se hacían desfiles en PowerPoint de objetivos potenciales. La CIA a menudo no sabía a quién mataba, pero consideraba combatientes a todos los varones adultos «en una zona de ataque... a menos que hubiera información de inteligencia explícita que demostrara póstumamente su inocencia», señaló el New York Times. Daniel Hale, ex analista de inteligencia de la Fuerza Aérea, reveló que casi el 90 por ciento de las personas muertas en los ataques con aviones no tripulados de Obama no eran los objetivos previstos. Pero como era presidente, Obama no tiene ninguna responsabilidad ante ninguna de las víctimas o sus supervivientes.
La inmunidad soberana crea una sociedad de dos niveles: los que están por encima de la ley y los que están por debajo; aquellos a los que la ley no obliga y aquellos a los que la ley no protege. La inmunidad soberana presupone que cuantas más maldades se les permita cometer a los funcionarios del gobierno, más bendiciones podrán conferirles, con o sin diez mil bolsas para cadáveres. La doctrina es una parodia del «gobierno bajo la ley».
Pero los amigos del Leviatán en las cortes, los medios de comunicación y las universidades de la nación se aseguraron de que esta perversión se convirtiera en un procedimiento operativo estándar. Como resultado, el sistema legal de América es similar al de las repúblicas bananeras del Tercer Mundo. «Muchos funcionarios públicos en África buscan la reelección porque el cargo les da acceso a las arcas del Estado, así como inmunidad judicial», según un informe de 2009 del Consejo de Relaciones Exteriores.
Alvin Bragg, el fiscal que presentó cargos contra Trump, está siendo muy criticado por utilizar una teoría jurídica novedosa para fundamentar su caso. No está claro si Trump habría tenido alguna responsabilidad legal en virtud de los estatutos y precedentes que anteriormente regían tales acusaciones. Por ello, algunos juristas esperan que el caso se desestime rápidamente.
Independientemente del destino del caso Manhattan, los americanos deben poner fin a la inmunidad de facto de los comandantes en jefe. Thomas Jefferson advirtió en 1798: «En cuestiones de poder, pues, que no se oiga hablar más de confianza en el hombre, sino que se le ate contra el mal con las cadenas de la Constitución». Una de las mejores formas de hacer que la Constitución sea vinculante es dejar de bloquear las demandas contra los presidentes por pisotear los derechos de los americanos o infligir carnicerías en todo el mundo. Pero no esperen que ni los Republicanos ni los Demócratas adopten esa solución a corto plazo.
