Imagine que el presidente de un colegio o universidad americana hace la siguiente declaración pública:
«Lamento que mi institución, junto con muchas otras, haya contribuido a la onerosa deuda federal de los préstamos estudiantiles y al aumento de los niveles de las matrículas universitarias, permitiendo que nuestras instituciones se beneficien de la existencia del dinero de los préstamos estudiantiles. Al mismo tiempo, hemos fracasado a la hora de ofrecer a nuestros estudiantes las habilidades y conocimientos adecuados para competir en el mundo actual.»
Si los presidentes de las universidades tuvieran que enfrentarse a preguntas sobre el antisemitismo en sus campus —como ocurrió durante su reciente comparecencia ante el Congreso—, seguramente serían incapaces de hablar con franqueza sobre las cargas de los préstamos a los estudiantes, los elevados y crecientes niveles de las matrículas, la especulación institucional con los préstamos a los estudiantes y si los estudiantes se benefician académicamente de asistir a la universidad.
Pero si un presidente ofreciera realmente la hipotética declaración anterior, ¿cómo responderían los verificadores de hechos?
La carga de los préstamos estudiantiles
Las noticias están llenas de historias sobre la deuda de préstamos estudiantiles y los intentos del presidente Joe Biden de ignorar tanto los estatutos como las cortes para «perdonar» miles de millones en préstamos. Tanto la deuda en sí como los esfuerzos ilegales de un presidente de los EEUU por borrar esa deuda son una vergüenza nacional.
Como ya escribí anteriormente en este sitio, el programa federal de préstamos ha evolucionado desde la creación del programa de préstamos estudiantiles garantizados por la Ley de Educación Superior de 1965. Los préstamos estudiantiles garantizados se basaban en préstamos bancarios privados, que el gobierno federal garantizaba contra impagos y pagaba los intereses mientras los estudiantes estaban matriculados en la universidad. El programa funcionó bien, con pocos impagos o cargas de préstamo preocupantes, hasta 2010, cuando fue sustituido por el programa actual en el que el Departamento de Educación de los EEUU presta directamente a los estudiantes.
Aumento de las matrículas universitarias
Con un aumento medio de las matrículas de un 8% anual, aproximadamente el doble de la tasa de inflación general, los niveles de las matrículas se duplican cada nueve años. Las ayudas financieras a los estudiantes, en particular los préstamos, han contribuido a estos aumentos de las matrículas.
El proceso de admisión de estudiantes y de ayuda financiera se desarrolla del siguiente modo:
Algunas instituciones han adoptado variantes de las políticas de admisión «need-blind», lo que significa que la admisión es independiente de la capacidad de pago del solicitante. Una vez admitido por la oficina de admisiones de la escuela sobre la base de las calificaciones de la escuela secundaria, los resultados de los exámenes, las recomendaciones de los profesores y las actividades extracurriculares, la oficina de ayuda financiera de la escuela puede ofrecer a un solicitante elegible un «paquete» de ayuda financiera.
Los préstamos son a menudo el factor más importante en estos paquetes de ayuda, ya que cubren cualquier diferencia entre los costes de asistencia y las fuentes de financiación disponibles. Consideremos el siguiente ejemplo hipotético:
50.000 $ anuales de matrícula universitaria, tasas, alojamiento y manutención + 1.000 $ de libros y gastos varios = 51.000 $ de gastos totales anuales de asistencia del estudiante.
25.000 $ de recursos del estudiante y la familia + 11.000 $ de becas institucionales y de otro tipo, basadas en el mérito o la necesidad + 15.000 $ de préstamos federales para estudiantes, el «factor manipulador» = 51.000 $ de fuentes de financiación anuales totales.
Obsérvese cómo los préstamos pueden convertirse en el factor de distorsión para equiparar los gastos totales con las fuentes de financiación totales. Si, por ejemplo, una institución aumenta su matrícula, o si los recursos familiares u otras ayudas disminuyen, la parte del «paquete» correspondiente a los préstamos puede aumentar proporcionalmente y convertirse en el factor de compensación. Éstas son las compensaciones que se hacen en la oficina de ayuda financiera en nombre de los estudiantes solicitantes.
Una vez que los solicitantes aceptan la admisión y las ofertas de ayuda financiera (normalmente en mayo, antes del próximo curso académico), el DOE adelantará los fondos del préstamo estudiantil a la institución cuando los estudiantes se matriculen en otoño. A partir de ese momento, el dinero federal pasa a las arcas de la institución para ser aplicado a los gastos de asistencia de los estudiantes.
Es decir, los fondos del préstamo estudiantil ya se han gastado en el momento en que el DOE adelanta los fondos a la institución. Los préstamos estudiantiles no son como una línea de crédito hipotecario que ofrece a los propietarios de viviendas un medio para aprovechar el capital de su propiedad a su discreción para remodelar o comprar un coche.
Dado que el procedimiento de préstamos estudiantiles ofrece a las instituciones la oportunidad de aumentar las matrículas de forma proporcional a las concesiones de préstamos estudiantiles, la existencia de financiación federal de préstamos ha elevado los niveles de las matrículas a lo largo del tiempo. Esta relación causa-efecto ofrece a las instituciones una invitación abierta a aumentar las matrículas.
Instituciones que se benefician de préstamos estudiantiles y otras ayudas federales
Las instituciones pueden destinar los mayores ingresos por matrículas a los gastos presupuestarios que deseen. El American Council of Trustees and Alumni ha demostrado que gran parte del aumento de los ingresos por matrículas ha servido para financiar sobrecargas administrativas como los programas de diversidad, equidad e inclusión y otras burocracias administrativas como el asesoramiento a los estudiantes, en lugar de ampliar la oferta educativa.
Las ayudas económicas a los estudiantes no son, por supuesto, la única forma de subvención federal ofrecida a las instituciones universitarias. Las universidades de investigación llevan muchos años aceptando subvenciones federales para llevar a cabo proyectos de investigación en sus campus, una práctica anterior a la financiación federal de los estudiantes.
Pero las subvenciones federales a la investigación y las ayudas federales a los estudiantes difieren significativamente: las subvenciones federales a la investigación conllevan una financiación adicional en concepto de «costes indirectos», destinada a reembolsar a las instituciones los gastos generales derivados de la provisión de espacio y servicios en el campus para la investigación financiada mediante subvenciones. Los porcentajes de los costes indirectos, que suelen oscilar entre el 35 y el 50% de los costes directos, se negocian con los organismos federales patrocinadores de las subvenciones, como la Fundación Nacional de la Ciencia, los Institutos Nacionales de la Salud, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y otros muchos que financian la investigación. Así, por ejemplo, una subvención federal de investigación financiada con 100.000 dólares en costes directos recibe un total de 135.000-150.000 dólares, incluidos los costes indirectos.
Por otra parte, las ayudas federales a los estudiantes no tienen en cuenta los gastos generales de las instituciones. En cambio, las instituciones pueden «ayudarse a sí mismas» con parte del dinero de la ayuda federal a los estudiantes fijando la matrícula más alta de lo que habrían cobrado de otro modo.
Nivel de estudios de los estudiantes
A los observadores del sector de la enseñanza superior les preocupa desde hace tiempo que las instituciones no hayan proporcionado a los estudiantes universitarios las habilidades y los conocimientos necesarios para obtener mayores ingresos esperados a lo largo de su vida. Un estudio de 2011 titulado «Academically Adrift» (Académicamente a la deriva) realizó un seguimiento de una cohorte de estudiantes universitarios durante cuatro años en la universidad, documentando la disminución de las horas de asistencia a clase y de estudio fuera de clase. Este trabajo se considera una denuncia de la dilución curricular de la educación superior y la inflación de calificaciones. Los estudiantes declararon haberlo pasado bien en la universidad, pero se graduaron con escasos logros académicos o capacidad de pensamiento crítico.
El American Council of Trustees and Alumni examina periódicamente los catálogos de cursos de muchas instituciones para determinar sus requisitos de graduación, y asigna suspensos y suspensos a muchas instituciones (incluso, o especialmente, a muchas de las más elitistas) por la laxitud de los requisitos de materias básicas como literatura, ciencias, matemáticas e historia.
Richard Vedder, profesor emérito de economía de la Universidad de Ohio, va más allá y equipara la inflación de notas con las recientes protestas en los campus, señalando que la falta de rigor académico fomenta una «mediocridad sin sentido y militante». Dicho sin rodeos, los universitarios se aburren, tienen mucho tiempo libre y encuentran pocos retos académicos.
Harvey Mansfield, politólogo de Harvard desde hace muchos años, declaró en una entrevista reciente que la mayoría de las notas que se ponen hoy en Harvard y otras instituciones de élite son A o A˗. La consecuencia de esto es, por supuesto, que «cuando todo el mundo es alguien, entonces nadie es nadie», citando a W.S. Gilbert, lo que plantea dudas sobre el valor de las credenciales académicas.
Mirando al futuro desde la perspectiva de los presidentes colegiados
Hoy en día, los rectores de las universidades tienen una dura tarea. Algunos permanecen en el cargo sólo cinco años o menos, los más afortunados hasta diez años. Algunos negocian contratos de compensación diferida que a menudo pagan millones para recompensar la longevidad. La anterior presidenta de mi alma mater, por ejemplo, negoció un contrato de este tipo que le pagaba 1,2 millones de dólares. Comenzó su mandato en 2006, el contrato se hizo efectivo en 2015 y se jubiló en 2016.
Atrás quedaron los días en que estos líderes colegiados duraban regularmente veinte o treinta años mientras gozaban de la estima de sus electores. Los actuales niveles salariales presidenciales, que incluyen un cierto componente de retribución por servicio peligroso, reflejan esta falta de longevidad en lo que se ha convertido en una ocupación de alto riesgo.
Más allá de las condiciones actuales de los campus y de las preocupaciones de los presidentes de las universidades, el papel del gobierno federal en la educación superior probablemente evolucionará ahora que la Corte Suprema ha abandonado la deferencia Chevron. El DOE ha sido uno de los organismos administrativos más enérgicos con sus recientes reglamentos sobre el Título IX y la condonación de préstamos a estudiantes, que han suscitado demandas en respuesta.
Algunos observadores van más allá y creen que la enseñanza superior sería más eficiente, eficaz y beneficiosa para la sociedad sin las subvenciones del gobierno federal. En otras palabras, sacar a los federales del sector de la enseñanza superior.
La investigación de estas amplias cuestiones es un debate para otro día. Mientras tanto, ¿dónde está el presidente colegiado que dirá la verdad sobre los préstamos federales a estudiantes?
