Apenas unos meses después de amenazar con una huelga ilegal para obtener un modesto aumento salarial, los miembros del sindicato de maestros del Condado de Clark, Nevada, la Asociación de Educación del Condado de Clark (AECC), van a tener que devolver una gran parte de eso, gracias a un par de recientes subidas de tarifas que le costarán al maestro promedio casi 1.000 dólares al año.
La primera caminata llegó a principios de este año, cuando el Sistema de Retiro de Empleados Públicos (SREP) del estado anunció un aumento que le costará al maestro promedio de Nevada 750 dólares adicionales anualmente.
El segundo aumento se produjo el mes pasado, cuando la AECC votó a favor de aumentar sus cuotas anuales a 846 dólares, en comparación con los 630 dólares.
Combinados, estos aumentos significan que la mayoría de los miembros de la AECC van a ver casi 1.000 dólares más descontados de sus cheques de pago el próximo año:
El aumento del SREP, al igual que los varios que lo precedieron, no proporcionará ningún beneficio a los maestros obligados a pagar ese costo adicional, que se gastará en cambio en el déficit de 14.000 millones de dólares del sistema.
La AECC, mientras tanto, planea gastar los 2,2 millones de dólares adicionales que necesitará de los maestros cada año para presionar a favor de un aumento de impuestos de 1.000 millones de dólares.
El sindicato afirma que los impuestos más altos y el aumento del gasto son la única manera de mejorar las escuelas públicas de Nevada, pero se olvida de explicar por qué la casi triplicación del gasto que ya ha ocurrido desde 1960 no ha logrado mejorar el rendimiento de los estudiantes.
Con 10.200 dólares por estudiante, Nevada ya está gastando una cantidad comparable a la de varios países con mejor desempeño, como Francia, Italia y España, así como a la de numerosos estados de Estados Unidos, como Arizona, Colorado, Florida, Idaho, Carolina del Norte, Tennessee, Texas y Utah.
En lugar de obligar a los contribuyentes, incluyendo a los maestros, a invertir más dinero en un sistema roto, tanto los maestros como los estudiantes estarían mejor servidos si se abordara la causa fundamental del problema educativo de Nevada: la mala administración crónica y sistémica de las escuelas públicas.
Pero de acuerdo con los evaluadores del Distrito Escolar del Condado de Clark (DECC), ni una sola escuela bajo la AECC ha tenido un administrador o líder escolar ineficaz por lo menos en los últimos cuatro años. Este enfoque de «todos lo están haciendo bien, independientemente de los resultados» sería inimaginable en cualquier otro esfuerzo de este tamaño o importancia. Imagine que el administrador de un hospital se enterara de que un puñado de cirujanos fueron responsables del 100 por ciento de las muertes de pacientes, pero concluya que fueron tan efectivos como cualquier otro cirujano.
¿Alguien se sentiría cómodo siendo tratado por uno de esos cirujanos de bajo rendimiento el año siguiente simplemente porque recibieron un aumento de presupuesto?
Esto demuestra el verdadero problema con el aumento de impuestos propuesto de 1.000 millones de dólares: la falta de una verdadera rendición de cuentas impide que el sistema mejore independientemente de la cantidad de dinero que se gaste.
Para empeorar las cosas, los cientos de millones de dólares en educación se gastan, de hecho, en cosas que no tienen nada que ver con la educación o con mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
La llamada ley de salarios prevaleciente, por ejemplo, saca decenas de millones de dólares de las aulas cada año al requerir que los distritos escolares paguen salarios que están un 62 por ciento por encima de la tasa de mercado en los proyectos de construcción. Este folleto a uno de los grupos de interés especial más poderosos del estado le costará a las escuelas de Nevada casi 500 millones de dólares en los próximos diez años.
Y eso es sólo un ejemplo de una forma de desperdicio oficialmente sancionada.
Los distritos escolares grandes como el DECC pierden millones más cada año debido a las formas más convencionales de despilfarro y fraude, según la académica de Harvard Lydia Segal.
En reconocimiento de este hecho, el ex superintendente del DECC, Carlos García, ordenó a principios de la década de 2000 la implementación de un sólido sistema de contabilidad financiera diseñado para prevenir el fraude y maximizar la transparencia, pero el proyecto en sí mismo se convirtió exactamente en el tipo de agujero negro financiero para el que estaba ostensiblemente diseñado.
A pesar de haber gastado más de 100 millones de dólares en ese proyecto, el sistema actual sigue sin poder realizar las tareas básicas que el distrito citó para justificar su compra en primer lugar. Aunque todo ese dinero fue clasificado como gasto en educación, es una apuesta segura asumir que forrar los bolsillos de los contratistas en una actualización fallida de la computadora hizo poco para ayudar a mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
Sin embargo, en lugar de abordar las deficiencias estructurales responsables de este fracaso colosal, la legislatura recompensó al DECC con aún más dinero.
Y cuando el dinero llega a las aulas, se despliega de la manera más ineficaz posible. En lugar de tratar a los maestros como profesionales y recompensarlos por sus habilidades, la remuneración de los maestros se basa enteramente en la longevidad y las credenciales.
La negativa a recompensar la calidad de los docentes no sólo perjudica el aprendizaje de los estudiantes, sino que también niega a los grandes docentes los aumentos y ascensos que merecen y que indudablemente recibirían en cualquier otra industria.
Completando esta cornucopia de ineficiencias está el beneficio de jubilación PERS ofrecido a los maestros, que, como se mencionó anteriormente, obliga a los maestros actuales y futuros a pagar por las fallas de financiamiento del sistema en el pasado. Los beneficios también están estructurados de tal manera que los maestros veteranos son penalizados por trabajar más de treinta años. Huelga decir que un sistema de compensación eficaz trataría de retener a los maestros más experimentados y dedicados, no de expulsarlos.
Por último, está la hostilidad del establishment hacia la elección y la competencia, una hostilidad tan cegadora e irracional que el DECC, en medio de un déficit presupuestario que requería recortes en otros lugares, en realidad gastó más de 100.000 dólares en un vendedor para persuadir a los padres de que no matricularan a sus hijos en escuelas públicas charter.
La insistencia en que la educación se imparta a través de un monopolio de talla única perjudica tanto a los docentes como a los alumnos. Numerosos estudios han encontrado que la elección y la competencia ayudan a aumentar tanto los resultados de los exámenes de los estudiantes como los salarios de los maestros en las escuelas públicas en las jurisdicciones que adoptan estos programas.
Sin embargo, la AECC ha mantenido su creencia de que más dinero, y sólo más dinero, arreglará la educación pública.
Y es por eso que, en lugar de abordar las razones por las que más dinero no ha ayudado en el pasado, la AECC está dispuesta a gastar 2,2 millones de dólares del dinero ganado con tanto esfuerzo por los maestros en una campaña política para aumentar los impuestos.
