Si entendemos los derechos humanos como derechos derivados del concepto de propiedad de uno mismo, queda claro que no existe el derecho a no ser discriminado. Tengo derecho a hablar, pero no a obligar a los demás a escucharme o a «amplificar» mi voz. Soy libre de ocuparme de mis asuntos lícitos, pero no tengo derecho a obligar a los demás a observarme o reconocerme, y mucho menos a exigir que alguien tome medidas para que yo «me sienta visto». Tengo derecho a abrazar mi identidad personal o cultural, pero no a obligar a los demás a celebrar esa identidad.
El liberalismo clásico promueve la libertad contractual, la libertad de asociación y la libertad de expresión, libertades que, por la misma razón, denotan el derecho de los demás a no celebrar contratos, a no asociarse con otros y a no escuchar a nadie que reclame su atención. Si la gente decide no asociarse con nosotros, no tenemos derecho a obligarles a hacerlo. En el ejemplo de Murray Rothbard, «Baste decir aquí que cualquier argumento que proclame el derecho y la bondad de, digamos, tres vecinos, que anhelan formar un cuarteto de cuerda, obligando a un cuarto vecino a punta de bayoneta a aprender y tocar la viola, apenas merece un comentario sobrio.»
Los defensores del principio antidiscriminatorio argumentarían que tales edictos sólo se refieren a actividades y servicios esenciales como la vivienda, la educación, la sanidad o el empleo. Su razonamiento es que si algo es esencial para la vida, la persona necesitada tiene derecho a obligar a otras personas a proporcionárselo. En última instancia, esto deja a cualquiera que ofrezca bienes y servicios a merced de quienes consideran que pueden satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, un empresario está a merced de cualquiera que necesite un empleo. Debe ofrecer el trabajo y no tiene derecho a rechazar a nadie a su antojo si tiene un rasgo personal «protegido», por ejemplo, por motivos de raza o sexo. Estos defensores de la antidiscriminación razonan que si esta obligación provoca la quiebra de algún empresario por el coste de pagar indemnizaciones o por el coste de verse envuelto en litigios contra la discriminación, que así sea. Los progresistas preferirían ver que un empresario quiebra antes que permitir la libertad de contratar y despedir a voluntad. Pocas compañías sobrevivirían a la avalancha de demandas contra la discriminación que han costado millones de dólares a Tesla:
En 2021, el jurado concedió a Díaz casi 7 millones de dólares en concepto de indemnización por daños y perjuicios emocionales, y 130 millones de dólares en concepto de daños punitivos, destinados a castigar la conducta ilícita y disuadirla en el futuro. . . . Tesla también se enfrenta a acusaciones de tolerar prejuicios raciales generalizados en la planta de Fremont en una demanda colectiva en un tribunal estatal de California y una demanda separada por el organismo de control de los derechos civiles del estado que hace acusaciones similares.
El mismo razonamiento se aplica a la vivienda. Los propietarios deben suministrar viviendas a quienes las necesiten, y si esto provoca una escasez de viviendas disponibles, que así sea. Los progresistas preferirían colapsar el mercado de la vivienda a permitir que los propietarios tengan libertad contractual. El eslogan «Go woke, go broke» no tiene sentido para quienes prefieren arruinarse a vivir en un mundo en el que no tienen poder para vigilar las prácticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Su prioridad absoluta es asegurarse de que todo el mundo practica los valores de la DEI. Por ejemplo, la Harvard Business Review informa sobre cómo incorporar la DEI a las prácticas en el lugar de trabajo: «Las organizaciones deben conocer, cumplir y, en última instancia, superar las políticas antidiscriminatorias establecidas por ley. . . . Sus acciones podrían incluir cosas tan sutiles como las microvalidaciones, pequeños gestos que pueden ayudar a contrarrestar las señales poco acogedoras e irrespetuosas que envían las microagresiones.»
Distinguir los derechos de los «valores compartidos»
El llamado derecho a no ser discriminado fue inventado por los progresistas que consideran insatisfactorios los resultados de la libertad individual. La libertad individual es insuficiente para promover los valores de la DEI. También les preocupa que, sin leyes que prohíban la discriminación, cualquiera pueda optar por no relacionarse con los demás por motivos de raza o sexo. Sobre todo, a estos progresistas les preocupa que la gente se salga con la suya en sus comportamientos discriminatorios. Se sienten con derecho a imponer lo que describen como «consecuencias» a cualquiera que no quiera relacionarse con otros. No pueden tolerar la idea de que alguien, en algún lugar, discrimine a los demás o no garantice que los demás se sientan vistos y escuchados. Esto es inaceptable en su visión de la utopía. Su convicción es que hay que obligar a la gente a comportarse de formas que los progresistas consideran saludables y acordes con lo que eufemísticamente denominan «nuestros valores compartidos» y «buena democracia».
El derecho a celebrar contratos o a comprar y vender propiedades no implica el derecho a obligar a otros a contratar con nosotros o a transferirnos propiedades, y mucho menos a hacernos sentir valorados e incluidos. Parte de la confusión conceptual aquí surge de la presunción de que los «derechos» reflejan valores democráticos y cualquier derecho acordado por mayoría de votos. Los progresistas suponen que cualquier reivindicación acordada por una mayoría equivale a un derecho, de lo que se deduce que es necesaria la fuerza legal para proteger y hacer valer ese derecho.
En realidad, los valores democráticos no son lo mismo que los derechos. Los derechos a la vida, la libertad y la propiedad se basan en la propiedad de uno mismo y corresponden por igual a todos los seres humanos. La vida, la libertad y la propiedad son derechos individuales, no meros «valores compartidos». Estos derechos se describen a menudo como inalienables, lo que significa que nadie tiene poder o autoridad para abolirlos. Incluso si una mayoría acordara mediante un proceso democrático despojar a otros de estos derechos básicos, ese acuerdo no aboliría esos derechos, sino que simplemente constituiría una tiranía.
Miedo a los mercados
Otra preocupación que suscita las leyes contra la discriminación es que, sin dichas leyes, las personas quedarán a merced de unos mercados crueles. Esto preocupa a quienes consideran tiránicos el capitalismo y el libre mercado, aunque no parecen estar seguros de lo que significan estos términos y se limitan a utilizarlos para denotar los riesgos, las incertidumbres y la imprevisibilidad general de la vida. Las ideologías socialistas, por el contrario, parecen ofrecer una fuente de consuelo y una red de seguridad contra las incertidumbres de la vida. El socialismo atrae a quienes buscan seguridad por encima de todo, ya que el Estado promete protegerles de los peligros de la vida. Su búsqueda de seguridad anula cualquier interés por la productividad o la prosperidad.
Como no les interesa el intercambio pacífico en los mercados libres, la única opción que les queda es luchar por los recursos existentes, preocupados constantemente por la redistribución de la riqueza y por cómo conjurar nuevas reivindicaciones para persuadir al gobierno de que lleve a cabo transferencias de riqueza de un grupo a otro. No están interesados en abrir nuevos caminos, sino sólo en persuadir al Estado para que se apodere del terreno ya abierto por otros. Según Rothbard, prefieren las vías políticas a la prosperidad:
La otra forma es más sencilla, ya que no requiere productividad; es la forma de apoderarse de los bienes o servicios de otra persona mediante el uso de la fuerza y la violencia. Es el método de la confiscación unilateral, del robo de la propiedad ajena. Este es el método que Oppenheimer denominó «los medios políticos» para la riqueza.
El capitalismo, que puede definirse en palabras de Elaine Sternberg como «un sistema económico caracterizado por la propiedad privada integral, la fijación de precios en el libre mercado y la ausencia de coerción», ha demostrado a lo largo del tiempo ser el único camino hacia la prosperidad. Los mercados libres, el libre intercambio y la libertad humana son el único camino fiable hacia la paz y la prosperidad. Como explica Rothbard:
La vía social dictada por las exigencias de la naturaleza del hombre es, por tanto, la vía del «derecho de propiedad» y del «libre mercado» de donación o intercambio de tales derechos. Por esta vía, los hombres han aprendido a evitar los métodos «selváticos» de lucha por los recursos escasos para que A sólo pueda adquirirlos a expensas de B y, en cambio, a multiplicar enormemente esos recursos en una producción y un intercambio pacíficos y armoniosos.
Los mercados libres no son más que personas libres que interactúan en un intercambio voluntario basado en la propiedad privada. Ludwig von Mises dijo: «El proceso de mercado es un plebiscito que se repite diariamente, y expulsa inevitablemente de las filas de las personas rentables a quienes no emplean su propiedad de acuerdo con las órdenes dadas por el público.»
Tener miedo al libre mercado es tener miedo a la interacción humana y, por tanto, miedo a la vida misma. Este es el miedo que anima la legislación contra la discriminación: el miedo a que no baste con tener derecho a celebrar y hacer cumplir contratos, ya que existe el riesgo de que haya personas que no estén dispuestas a contratar con otras por motivos de raza o sexo.
El error de esa forma de pensar es que busca garantías en la interacción humana y aprovecha el poder del Estado para hacer cumplir esas garantías. El miedo lleva a la gente a declarar: «Quiero firmar un contrato contigo, por lo tanto DEBES firmar un contrato conmigo, o de lo contrario».
La libertad individual es esencial para la prosperidad, y la libertad implica el derecho de los demás a tomar sus propias decisiones, que pueden no coincidir con nuestras preferencias y deseos. Como dijo Walter Williams, «Toda selección requiere necesaria y simultáneamente la no selección. La elección requiere discriminación».
