¿Quién tiene la culpa de normalizar el gobierno de un solo hombre?
Si hay algo que el sistema de gobierno americano fue diseñado para evitar, es la tiranía que resulta cuando una sola persona, como un rey, tiene el poder de escribir y hacer cumplir la ley.
Entonces, ¿qué explica el hecho de que Nevada haya entrado en un segundo año de gobierno unipersonal, con el gobernador Sisolak continuando con los poderes de las ramas legislativa y ejecutiva simultáneamente, en clara violación de la Constitución de Nevada?
La respuesta radica en la inquietante verdad de que, en última instancia, es la opinión pública, y no las constituciones escritas, la que determina el alcance del poder gubernamental.
Desgraciadamente, los que tienen más poder para moldear la opinión pública —la prensa corporativa y los funcionarios de salud pública— han determinado que para responder al coronavirus es necesario un gobierno unilateral por decreto ejecutivo, sin obstáculos de ninguna concepción de la libertad individual.
La ex comisionada de salud de Baltimore, la Dra. Leana Wen, hizo explícito este punto de vista durante un segmento reciente de la CNN. Wen argumentó que el gobierno debería seguir reteniendo libertades básicas como el derecho a viajar y a ganarse la vida hasta que un número suficiente de personas se vacunen. Estas libertades son «zanahorias» que el gobierno debe utilizar para obligar a ciertos comportamientos, explicó Wen. Según Wen, sólo después de que hayan cumplido con las condiciones del gobierno, la gente debería recuperar sus derechos.
El punto de vista de Wen —que los americanos sólo tienen los derechos y libertades que el gobierno les permite tener— es ahora la ortodoxia predominante entre la prensa corporativa, como lo demuestra su cobertura de los confinamientos relacionados con el covid.
¿Qué Carta de Derechos?
Los gobernadores que favorecen los bloqueos rara vez son cuestionados sobre la constitucionalidad de sus acciones, sino que reciben frecuentes elogios de los medios de comunicación y los funcionarios de salud pública, incluso en medio de resultados desastrosos. El gobernador Andrew Cuomo ha sido considerado un modelo a seguir por la aplicación de confinamientos patronales, incluso cuando sus propias decisiones políticas mortales han contribuido a que Nueva York tenga la segunda tasa de mortalidad más alta del país.
La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, puso en marcha el bloqueo más duro y absurdo de todos los estados, que incluía cosas tan estúpidas como la prohibición de la venta de artículos para el hogar. Aunque estas restricciones no sirvieron para frenar el covid —la tasa de mortalidad de Michigan es superior a la de la mayoría de los estados—, la prensa no se opuso a su atroz extralimitación. Errar a favor del poder y la agresión del Estado, a expensas de la libertad humana, garantizó que Whitmer recibiera una cobertura notablemente positiva, que incluso incluyó un artículo de perfil elogioso del New York Times.
Mientras tanto, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, admitió abiertamente haber ignorado la Carta de Derechos y no haber tenido en cuenta en absoluto la libertad individual cuando decidió cerrar el estado. Lo que antes se consideraba políticamente descalificante, ahora se encontraba con un bostezo de la prensa, que en ese momento había pasado de servir como control del poder a dar cobertura a los funcionarios más poderosos que Estados Unidos ha visto jamás.
Hay que destruir a los que se resisten a los confinamientos y pretenden acatar la constitución
Por el contrario, los que intentaron cumplir las normas constitucionales y respetar las libertades de sus ciudadanos fueron vilmente puestos en la picota por la prensa y los funcionarios de salud pública. La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, fue tachada de «imprudente» y de «negacionista» de la ciencia por tratar de equilibrar la salud pública, el bienestar económico y la libertad, como exige la constitución de su estado.
En Texas, la prensa corporativa blanqueó alegremente las calumnias lanzadas contra el gobernador Greg Abbott después de que éste anunciara la reapertura de su estado el mes pasado. La cobertura de los medios de comunicación no mencionó ni una sola vez la constitucionalidad de un cierre prolongado, sino que se centró exclusivamente en las funestas predicciones hechas por numerosos políticos y funcionarios de salud pública que habían prologado el cierre, todos los cuales afirmaban que la decisión del gobernador Abbott provocaría más casos y muertes. En realidad, ocurrió exactamente lo contrario, ya que las nuevas infecciones se redujeron en un 70% un mes después de la reapertura oficial del estado.
Un reciente artículo del Washington Post pone de manifiesto lo poco que importan los hechos a la prensa cuando se trata de difundir la narrativa del bloqueo. Después de que un puñado de estados experimentara un aumento en sus cifras de covid, el periódico culpó a «una amplia relajación de las medidas de salud pública» del incremento. Sólo había un problema con esa afirmación: el aumento al que se referían se produjo casi en su totalidad en los estados que mantuvieron sus restricciones. Mientras tanto, de los dieciocho estados que sí relajaron sus restricciones, diecisiete informaron de un descenso en el número de casos. Parece que la narrativa de «los confinamientos son buenos, y la libertad es mala» no será discutida por los hechos, por muy contradictorios que sean.
Sin embargo, es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ofrece el ejemplo más claro de la obsesión de los medios de comunicación por desacreditar a quienes se resistieron a los confinamientos. Hay una diferencia de más de mil veces en la mortalidad por covid-19 entre los más viejos y los más jóvenes, lo que explica que los mayores de sesenta y cinco años representen más del 80% de todas las muertes por covid. En otras palabras, si se puede proteger a ese grupo demográfico, no hay crisis.
Sin embargo, por tomar simplemente la decisión de sentido común de vacunar primero a los más expuestos, el gobernador DeSantis fue objeto de despiadados ataques por parte de los medios de comunicación. NBC News, por ejemplo, acusó al gobernador de «jugar a la política» porque eligió vacunar primero a los ancianos, sugiriendo que lo hizo sólo porque los ancianos son «uno de los bloques de votos más potentes de Florida».
El artículo de casi mil doscientas palabras no ofrece ninguna prueba que apoye esta afirmación. Tampoco menciona ni una sola vez el riesgo relativo que supone el covid para los ancianos, lo que confirma que la intención de la NBC fue siempre calumniar en lugar de informar.
A medida que se hacía más evidente que el enfoque de Florida era superior a los confinamientos favorecidos por los medios de comunicación, sus calumnias se volvían más desquiciadas. CBS 60 Minutes, por ejemplo, está convencido de que una donación de campaña previa es la única razón por la que DeSantis eligió la tienda de comestibles Publix para distribuir las vacunas de Florida. Cuando DeSantis explicó la verdadera razón por la que se eligió a Publix -que incluye el hecho de que el 90 por ciento de los ancianos de Florida viven a una milla y media de sus tiendas-, la CBS editó las imágenes para evitar que el público lo escuchara. El segmento calumnioso fue tan escandaloso que el jefe de la División de Gestión de Emergencias de Florida —el progresista y ex legislador Demócrata Jared Moskowitz— lo condenó públicamente. Dave Kerner, el alcalde demócrata del condado de Palm Beach, también criticó a la CBS, calificando su informe de «intencionadamente falso».
Pero las acusaciones disparatadas y sin pruebas que se basan en imágenes trucadas no son la única forma en que la prensa corporativa engaña al público para reforzar el apoyo a sus políticas preferidas; los pecados de omisión también pueden hacer el truco.
Shh... ¡Si no lo mencionamos, tal vez todos lo olviden!
El gobernador Sisolak se arroga actualmente el poder de redactar y hacer cumplir la ley sin ayuda y ha dejado claro que seguirá haciéndolo mientras lo considere oportuno. Este acuerdo sin precedentes está expresamente prohibido por la Constitución de Nevada, que prohíbe al gobernador ejercer «cualquier» función legislativa, y mucho menos todas ellas. Como explicó anteriormente el Tribunal Supremo de Nevada, esto significa que incluso si la legislatura quisiera ceder su poder legislativo al gobernador, sería «impotente» para hacerlo.
Sin embargo, ¿cuándo fue la última vez que leyó una noticia en la que se pedía al gobernador Sisolak que justificara sus poderes de emergencia indefinidos? ¿Y qué hay de preguntar simplemente qué haría falta para poner fin a este supuesto estado de emergencia? ¿O quizás preguntar por qué el gobernador se siente obligado a tergiversar la ley en sus órdenes ejecutivas?
Hacer preguntas como éstas es la esencia del periodismo, que se supone que funciona como un control de los poderosos, después de todo. El hecho de que todavía no se hayan planteado -cuatrocientos días después de que comenzara el «estado de emergencia», con unas trescientas hospitalizaciones en un estado de tres millones de habitantes y vacunas disponibles para todos- es un fracaso periodístico de primer orden. No es de extrañar que el gobernador no estuviera dispuesto a devolver sus poderes reales después de «15 días para frenar la propagación», por supuesto. Pero la normalización del interminable gobierno unipersonal no se habría producido sin la cooperación de la prensa, que respaldó en lugar de cuestionar esta toma de poder sin precedentes e inconstitucional.
Ni siquiera los jueces están a salvo
Obviamente, la prensa no puede salir a defender expresamente una política de confinamientos y gobierno unipersonal. Si lo hicieran, pondrían en peligro lo que les permite moldear la opinión pública con tanta eficacia: la percepción de que son árbitros independientes y neutrales de los hechos. Sin embargo, pueden mover la opinión pública en su dirección preferida a través de otros medios más eficaces. Una forma de hacerlo es simplemente eliminando las cuestiones constitucionales de la conversación. Otra forma es replantear los esfuerzos por respetar la Constitución como acciones peligrosas que conducirán a más muertes.
El párrafo inicial de un reciente artículo de Associated Press muestra cómo se hace:
El Tribunal Supremo de Wisconsin anuló el miércoles [31 de marzo de 2021] el mandato estatal de uso de mascarillas del gobernador demócrata Tony Evers, despojándolo de una de las últimas herramientas que le quedaban para frenar la propagación del coronavirus, mientras el estado se encuentra al borde de otro aumento de las infecciones.
La Ley de Poderes de Emergencia de Wisconsin establece expresamente que el gobernador debe recibir la aprobación legislativa para prolongar una emergencia más allá de sesenta días. Como el gobernador no recibió la aprobación legislativa requerida después de sesenta días, el Tribunal Supremo de Wisconsin confirmó la ley y puso fin al estado de emergencia. Pero como Associated Press no está de acuerdo con el resultado de ese fallo, no lo describió como el sencillo análisis jurídico que era, sino que lo enmarcó como una opción política potencialmente mortal. («despojar al gobernador de una de las últimas herramientas que le quedan para frenar la propagación del coronavirus mientras el estado se encuentra en el precipicio de otro aumento de las infecciones»). Supongo que la descripción honesta —«hacer cumplir el límite de sesenta días de la Legislatura sobre la capacidad del gobernador para hacer la ley unilateralmente»— corre el riesgo de hacer que los lectores piensen en esa molesta cosa de la Constitución y la separación de poderes.
Vale la pena mencionar que el fallo del tribunal no impidió que Wisconsin promulgara un mandato de máscara o incluso extendiera el estado de emergencia. Sólo exigía que tales acciones se hicieran de una manera constitucionalmente permisible, como explicó la jueza Rebecca Bradley en su opinión concurrente:
Debido a que la Legislatura de Wisconsin nunca extendió el estado de emergencia declarado por el Gobernador Evers, éste terminó el 11 de mayo de 2020. Cualquier ejercicio del poder ejecutivo en nombre de la pandemia COVID-19 más allá de esa fecha es ilegal a menos que el pueblo consienta, a través de sus representantes elegidos en la legislatura.
Aunque la AP no citó ni una sola palabra de la opinión de la jueza Bradley, sí quiso que los lectores supieran que una vez recibió una donación de campaña de alguien tangencialmente relacionado con uno de los demandantes en este caso, porque el hecho de que la sentencia de 360 días sea más larga que la de sesenta sólo puede explicarse por la corrupción.
Conclusión:
La cobertura de los medios de comunicación sobre el covid es notablemente similar a la cobertura del expresidente Trump. El objetivo tradicional de ser una fuente imparcial de noticias ha sido sustituido por la defensa que se considera necesaria para hacer frente a una amenaza existencial de este tipo. En algún momento, se adoptó la premisa de que los confinamientos y el gobierno de un solo hombre son la única respuesta sensata al covid,1 y desde entonces, la prensa ha abusado de su poder para impulsar esa narrativa agresivamente.
En consecuencia, la confianza en los medios de comunicación ha caído apropiadamente a un mínimo histórico. Y aunque es bueno que más gente se dé cuenta de la naturaleza de estas organizaciones, el declive del periodismo es terrible para la sociedad.
Como debería ser dolorosamente evidente a estas alturas, una constitución escrita por sí sola no frenará a un gobierno que se extralimita y que cuenta con el respaldo y el apoyo de los medios de comunicación. Es precisamente el papel de los medios de comunicación como control del poder del Estado lo que hizo que una prensa libre y abierta fuera tan importante para los creadores, y por eso le otorgaron la protección de la Primera Enmienda. Y es en tiempos de crisis cuando más se necesita una prensa adversa, ya que es cuando el poder del Estado es más probable que se expanda a un nivel antes impensable, para luego normalizarse poco después.
Si la prensa desea recuperar la confianza de la gente, debería adoptar los valores que hicieron que la profesión fuera tan venerada en primer lugar. Adoptar un papel adverso al gobierno, en lugar de ser su mayor animador, sería un buen punto de partida.
- 1Lo más sorprendente del apoyo ciego de la prensa a los confinamientos es la escasa evidencia que existe para respaldar su eficacia. No es que los encierros sean una opción sin coste que elimine el covid. Lo único que se sabe con certeza es que los encierros causan muerte y destrucción generalizadas. Los costes son tan claramente irrefutables que incluso los defensores de los encierros más prolijos no están dispuestos a intentar justificar los confinamientos con un análisis de costes y beneficios, y en su lugar se basan en el enfoque decididamente poco científico de pretender que la reducción de la transmisión del covid es el único aspecto de la salud pública que importa. Aunque no es sorprendente que los burócratas del gobierno sean tan miopes, que la prensa no tenga en cuenta todas las pruebas que compiten a su alrededor refleja un nivel de pensamiento grupal que es difícil de exagerar.
