Algunos libertarios han dicho que hay muchas cosas que les gustan de los fiscales de la «reforma de la justicia penal», que efectivamente se refiere a los fiscales de distrito cuyas campañas fueron apoyadas financieramente por George Soros. Estos fiscales de distrito quieren específicamente disminuir las tasas de encarcelamiento (así como las disparidades raciales en las tasas de encarcelamiento). ¿Pero están actuando de buena fe?
Por un lado, es obvio que existe una compensación al optar por no encarcelar a un sospechoso o por encarcelarlo durante un periodo más corto del que se podría. El reto consiste en minimizar tanto los errores de tipo I (encarcelar a quienes no habrían cometido un delito de no haber sido encarcelados) como los errores de tipo II (poner en libertad o conceder una fianza baja a quienes pasan a cometer delitos mientras esperan el juicio). Dada la incertidumbre del futuro y el hecho de que es demasiado costoso encarcelar a todos los que están a la espera de juicio, se cometerán inevitablemente errores de tipo II.
El fiscal del condado de Milwaukee, John Chisholm, pareció reconocer esta desafortunada realidad en 2007: «¿Habrá algún individuo al que desvíe, o meta en un programa de tratamiento, que salga a matar a alguien? Seguro que sí.... Está garantizado que ocurrirá. Eso no valida el enfoque general». Aunque parezca insensible, la declaración de Chisholm reconoce la existencia de compensaciones a la hora de decidir cómo utilizar los recursos penitenciarios.
Incluso en las circunstancias más ideales, podríamos desear (tal vez ingenuamente) que un verdadero estadista fuera sincero con el público sobre las duras realidades en lugar de tomar el camino más fácil (y mucho más común) de prometer lo imposible. Los votantes no quieren oír hablar de compensaciones, y sobre todo no quieren arriesgar la seguridad de sus familias, por pequeño que sea el riesgo, en aras de una disminución incluso moderada de la tasa de encarcelamiento.
¿Es eso lo que estamos consiguiendo con los fiscales de la reforma— valientes estadistas que toman las mejores decisiones que pueden para maximizar la seguridad pública mientras asignan sabiamente el limitado espacio de las cárceles y otros recursos de la justicia penal? Aunque se trata de una muestra sesgada, en el último año una serie de delitos violentos de gran repercusión cometidos por individuos en libertad bajo fianza o sin fianza me lleva a cuestionar la creencia de que una gran parte de las personas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad que están a la espera de juicio en la cárcel suponen poco riesgo para la seguridad pública. Consideremos el caso, casi olvidado, de Darrell Brooks Jr., que mató al menos a seis personas en un desfile en Waukesha, Wisconsin, mientras estaba en libertad bajo fianza de 1.000 dólares tras ser acusado de intentar atropellar a la madre de su hijo.
Varias personas han sido acusadas de cometer un asesinato después de haber salido bajo fianza con la ayuda del Proyecto Bail. En enero de este año, la estudiante de la UCLA Brianna Kupfer fue supuestamente asesinada por Shawn Laval Smith, que estaba en libertad bajo fianza por un cargo de descarga de un arma de fuego en un vehículo ocupado tras un incidente de ira en la carretera. También en enero, Kristal Bayron-Nieves, de diecinueve años, fue asesinada a tiros durante su turno en un Burger King de Harlem, presuntamente por Winston Glynn. Glynn tiene al menos cuatro arrestos anteriores, incluyendo el de amenazar a una mujer con un cuchillo en Brooklyn en 2018 y el de arrancarle los dientes a un hombre en 2020. Su último arresto antes de la muerte de Bayron-Nieves fue en noviembre de 2021, por amenazar con apuñalar a otro hombre en un albergue para indigentes con un destornillador. Por ello, fue puesto en libertad bajo fianza. ¿Cuántos errores de tipo II son tolerables? ¿Alguien que permita esta parodia se enfrenta a alguna consecuencia?
Sin embargo, lo que me convence de que los reformadors no están actuando de buena fe es el trato dispar que se da a los que utilizan las armas para cometer delitos y a los que desean poseer legalmente armas y utilizarlas en defensa propia. El Estado de Nueva York perdió el caso New York State Rifle and Pistol Association Inc. contra Bruen. El Tribunal Supremo de EE.UU. emitió un dictamen en el que afirmaba que Nueva York infringía la libertad fundamental de los neoyorquinos de llevar armas de fuego en defensa propia. En respuesta, el Estado de Nueva York decidió dar un paso más exigiendo a los solicitantes de portación oculta que entregaran su historial de redes sociales para que el Estado determinara si eran mentalmente aptos para portarlas.
Mientras el Estado hace lo posible por dificultar la posesión legal de armas, el fiscal del distrito de Nueva York, Alvin Bragg, hace lo mínimo para castigar los robos a mano armada. De este modo, si decides que los videojuegos ya no son lo tuyo y la policía de Nueva York te pilla participando en un robo a mano armada, siempre que no hayas disparado a nadie, se te acusará de un delito menor. Sin embargo, más vale que no uses un cuchillo en defensa propia cuando alguien te ataque con un cuchillo en tu bodega o el fiscal Bragg te acusará de asesinato.
Así que lo que realmente obtenemos de (al menos algunos) fiscales «reformadors» es la anarco-tiranía: indulgencia extendida a los criminales violentos y persecución maliciosa de aquellos que se atreven a defenderse de los criminales violentos. Los reformadors nos acercan a un entorno político definido por la máxima de Vladmir Lenin de que la única pregunta relevante es «¿Quién hace qué a quién?»
Como afirma Will Grigg, «mientras el ‘quién’ de esa ecuación pertenezca a una clase ‘especialmente protegida’, el ‘qué’ es moralmente intrascendente— ya sea la expropiación, la imposición de servidumbre involuntaria o la liquidación física». Se ha quitado la máscara. Al menos algunos de los fiscales de la reforma no están actuando de buena fe.
