A menudo, los argumentos a favor del Estado se basan en la capacidad de éste para restringir «lo malo» de la sociedad o para defenderse de otros Estados en una guerra defensiva. Si bien es cierto que los individuos perjudiciales para la salud y la propiedad de los demás son el principal problema al que se enfrenta una sociedad, los argumentos para que un poder centralizado tenga algún efecto positivo en esta cuestión son escasos en el mejor de los casos.
En defensa de la zona bajo control de un Estado, la historia ha demostrado que no es descartable el exterminio casi total de su población masculina en una guerra total, por lo que la creencia de que un Estado tiene un impacto positivo neto en el bienestar de sus ciudadanos es bastante infundada. Mientras que la acción del Estado contra la violencia y la destrucción de la propiedad son, en este momento, poco convincentes, un sistema de gobierno más voluntario podría, en teoría, ayudar en esta cuestión a las sociedades futuras, al menos en el progreso hacia un verdadero mercado libre.
La idea de que el Estado puede proporcionar servicios y otras ventajas a sus ciudadanos que antes no existían contrasta con los argumentos de la protección estatal, una falacia que debería descartarse de plano. Las infraestructuras, la sanidad y otros servicios que el Estado político debe producir no son, de hecho, producidos por el Estado, sino por particulares. Esto no es una gran revelación, pero nos ofrece una forma de entender cómo el Estado obtiene estos «bienes» de sus ciudadanos.
El Estado utiliza los impuestos para proporcionar bienes o servicios. Si no utilizara los impuestos, sino que ofreciera servicios voluntariamente a los consumidores a cambio de dinero en el mercado, no sería un Estado, sino una empresa como cualquier otra.
Mediante los impuestos, el endeudamiento o la inflación, el Estado adquiere el control del poder para dirigir la producción de sus ciudadanos, pero no obtiene recursos para producir realmente nada más de lo que ya existe. Puede repartir dinero eternamente a los distintos sectores de la producción, pero no puede «dar» sin tomar. Así pues, el Estado no genera ninguna nueva producción neta. El Estado, al gravar el dinero y darle uso —sólo dirige la producción de sus súbditos para alcanzar sus propios fines. De hecho, esto debería considerarse un acto de consumo gubernamental.
Si los individuos se quedaran con el dinero que pagan en impuestos, acabarían destinándolo a esfuerzos productivos que satisfagan sus deseos individuales o ahorrándolo. De este modo, se destina menos dinero a los productores y se satisfacen menos deseos individuales.
Todo ello para mostrar un hecho simple e incuestionable sobre la naturaleza del Estado en lo que respecta a sus intentos de prestar servicios a sus ciudadanos a través de los impuestos. El Estado no puede proporcionar a sus ciudadanos nada que éstos no hayan producido ya. Puede tomar sin dar, pero no puede dar sin tomar. El Estado «invierte» dinero en algo que sólo distorsiona el mercado, transfiere dinero de los productores a los no productores y provoca la producción de bienes que nadie quería en primer lugar.
