En Costa Rica, y en la mayoría de los países latinoamericanos (Brasil, Argentina, México, Colombia, etc.), el aguinaldo —un bono navideño obligatorio por ley— es un derecho laboral adquirido y tiene por objeto proporcionar a los trabajadores una seguridad financiera adicional. A diferencia de las gratificaciones discrecionales de fin de año en los Estados Unidos, éste es un pago obligatorio impuesto por la legislación laboral costarricense.
Los empresarios están obligados a pagar una cantidad equivalente a un mes de salario al final de cada año, convirtiéndolo así en un «decimotercer» mes. Por este motivo, —a finales de octubre— empiezan a sonar las campanas anunciando la llegada de la tan aclamada «paga extra», que se abonará en diciembre.
En aras de la precisión, no hace falta ir muy lejos. La definición se encuentra en nuestra propia legislación. Por ejemplo, en la ley complementaria del Código Laboral denominada Sobre el Pago del Aguinaldo a los Empleados del Sector Privado:
Artículo 1. Todo empresario privado está obligado a conceder a sus trabajadores, con independencia del tipo de trabajo que realicen o de su forma de retribución, una prestación económica anual equivalente a un mes de salario.
Mi propósito aquí es desmitificar la noción de que el aguinaldo es un derecho laboral adquirido. Con sólo adentrarnos en un diálogo socrático, podemos cuestionar esta percepción del tan aclamado aguinaldo:
Sócrates: ¿Cuál es el bono de Navidad?
Trabajador: Es un pago adicional que recibo a final de año, equivalente a un mes más de salario.
Sócrates: Si esta obligación legal no existiera, ¿crees que tu salario cambiaría?
Trabajador: Probablemente no recibiría ese pago adicional en diciembre.
Sócrates: ¿Eso significa que usted perdería un mes de salario?
Trabajador: Supongo que sí.
Sócrates: Pero sabiendo que antes ganabas un poco más, ¿no buscarías otro trabajo?
Trabajador: Sí, posiblemente.
Sócrates: Y cuando encuentres uno que te ofrezca tu salario total anterior, ¿qué harías?
Trabajador: Yo cambiaría.
Sócrates: Por lo tanto, ¿fue su salario real 12 meses más el bono de Navidad, o 13 meses?
Trabajador: Parece que tu lógica no está equivocada.
Sócrates: ¿Y de dónde sale el dinero con el que se paga la paga extra de Navidad?
Trabajador: Mi empleador reserva una parte de mi salario mensual para pagarme esa prima a final de año, ya que es una obligación, supongo.
Sócrates: Entonces, ¿el bono de Navidad es originalmente parte de su salario regular?
Trabajador: Todo apunta a que sí.
Sócrates: ¿Qué pasaría si el aguinaldo no existiera?
Trabajador: Ahora que lo analizamos, supongo que con el tiempo el mercado ajustaría mi salario mensual, suponiendo 12 meses, para que creciera porque mi empresa no tendría que reservar esa parte para diciembre.
Sócrates: En resumen, ¿el aguinaldo no es un derecho adquirido?
Trabajador: Correcto, me has convencido.
Un salario no es más que el valor actualizado de la productividad marginal de cada trabajador; en consecuencia, no es arbitrario y siempre estará directamente vinculado a la aportación productiva, en conjunto, claro. En un mercado libre de regulaciones, el trabajador percibiría su salario total mensualmente, sin retenciones ni pagas extraordinarias.
Por tanto, la paga extra de Navidad —lejos de ser una prestación adicional— representa una parte del salario anual que se fragmenta y difiere a diciembre, lo que distorsiona la percepción de los ingresos reales. Esta imposición estatal —como todas las imposiciones estatales— crea distorsiones para los trabajadores e ineficiencias para el mercado laboral.
Por un lado, genera la percepción errónea de que reciben una paga «extra» cuando se está distribuyendo de forma ineficiente una renta que les pertenece. El ahora cuestionable ingreso extra refuerza la falsa noción de que el trabajador está recibiendo un regalo. Esto crea una ilusión de bienestar laboral en favor de conquistas sociales que simplemente no son conquistas. No es más que los típicos trucos culturales y lingüísticos utilizados por los teóricos del estatismo para presentar a su dios como benévolo, como Mises y Rothbard aclararon repetidamente.
Por otra parte, esta ineficiencia para el trabajador se deriva del principio general de la acción humana —dado el valor de dos bienes iguales, uno presente y otro disponible en el futuro, el individuo siempre preferirá el bien presente. Además, si uno es hábil en finanzas personales, preferirá el dinero ahora, aunque tenga previsto ahorrar. (Les pido que mantengan esta idea hasta el final). Incluso para los empresarios, esta obligación implica un reto contable adicional: mantener un fondo para cubrir eventualmente esta obligación.
En conclusión, la paga extra de Navidad no es más que una ficción económico-jurídica que, en contra de la creencia popular, no beneficia a los trabajadores como colectivo. Simplemente distorsiona la relación natural entre salario y productividad, fragmentando los ingresos del trabajador y creando ineficiencias. En un mercado sin la paga extra de Navidad, el salario mensual dividido en 12 meses sería simplemente más alto. En palabras del propio Huerta de Soto: «es una de esas justicias sociales que ni son justas ni son sociales».
Si el interés del legislador al establecer el aguinaldo como obligación laboral era proteger a los «ingenuos» trabajadores de sus propios posibles defectos, recomiendo tomar el camino doloroso, pero altamente instructivo: permitir que la sociedad se equivoque, pues sólo así aprenderá de verdad.
