El mes pasado, el gobernador de Luisiana firmó varias leyes relacionadas con la educación. El proyecto de ley más controvertido es LA HB71. Esta ley obliga a todas las escuelas públicas K-12 de Luisiana a aceptar cualquier donación monetaria o exhibición del Mayflower Compact, la Declaración de Independencia, la Ordenanza del Noroeste y los Diez Mandamientos. Los medios de comunicación están enloqueciendo con esta noticia, como si fuera la primera vez que se exige a las escuelas públicas que impongan principios morales a los alumnos.
Aunque la Constitución restringe el establecimiento de una iglesia estatal y garantiza altos niveles de libertad religiosa en la sociedad, es lógicamente imposible que una escuela funcione al margen de un sistema de valores. Además, esta ley hace referencia a casos anteriores de la Corte Suprema que han permitido la exhibición de los Diez Mandamientos en lugares públicos, siempre que se financie mediante donaciones. El proyecto de ley también incluye un texto que establece que la exposición se financiará mediante donaciones u otros medios apropiados. La legislatura de Luisiana aduce múltiples razones por las que los Diez Mandamientos se consideran un documento fundacional e histórico para la creación de los Estados Unidos. Este punto es complicado de sostener, ya que es cierto que la mayoría de las colonias norteamericanas tenían lo que eran esencialmente iglesias estatales, pero la Biblia no se mencionaba en los documentos de gobierno.
Lo más complicado es lo mal entendido que está el principio de separación de Iglesia y Estado. En lugar de formar parte de la Constitución, o de cualquier otro documento fundacional, esta idea fue tomada de una carta que Thomas Jefferson escribió en 1802 a los miembros de la Asociación Bautista de Danbury. En esta carta, Jefferson afirma este principio basándose en los requisitos de la Primera Enmienda. La separación de la Iglesia y el Estado puede interpretarse de diferentes maneras, pues algunos creen que el Estado no debe realizar la imposible tarea de ser moralmente neutral, sino que la Iglesia tiene cierta jurisdicción en la sociedad y el Estado otras. Esta separación tiene por objeto permitir el control tanto de la Iglesia como del Estado, al tiempo que permite la libertad religiosa en la sociedad.
Las afirmaciones de que los Diez Mandamientos fueron un documento histórico y fundacional de los Estados Unidos pueden ser poco sólidas, pero afirmar que las escuelas públicas son, o podrían ser alguna vez, moralmente neutrales es absurdo. Sería imposible encontrar una escuela pública que no instruyera a sus alumnos a no robar, mentir sobre otros alumnos, matar, codiciar la propiedad de otros alumnos o respetar la autoridad del profesorado y el personal de la escuela. Además de estos valores respetados desde hace mucho tiempo, las escuelas públicas exigen cada vez más a los alumnos que respeten la identidad individual de cada estudiante, que consideren preferible la igualdad de resultados, que tomen todas las opiniones de la administración como verdades del evangelio y que cedan a niveles ilógicos de empatía en lugar de basarse en la racionalidad o la filosofía sistemática.
Fundamentalmente, ninguna institución puede funcionar con independencia de sus valores o presupuestos preferidos. Una institución que sostiene que su sistema moral es objetivamente correcto no es fundamentalmente diferente de una institución que sostiene que su sistema moral es objetivamente correcto y que procede de valores religiosos. Como el Estado siempre afirmará que ciertos valores son importantes, corresponde al electorado determinar qué valores es mejor respetar en las escuelas y otras instituciones. Esta es una realidad ineludible de la democracia: la preferencia de la mayoría siempre prevalecerá sobre los derechos o preferencias de la minoría. El estado de Luisiana tiene un cierto nivel de autonomía que el gobierno federal no puede violar actualmente, pero esto puede cambiarse a través de diversos procesos que son directa o indirectamente democráticos.
Los fundadores nacionalistas americanos habían afirmado que no se permitiría que la democracia infringiera los derechos naturales mientras los gobernantes se mantuvieran morales y rectos. Esto es, por supuesto, propaganda, e ignora cómo actuaron muchos de los fundadores durante la convención constitucional . Las realidades de la realpolitik y la naturaleza corruptora del Estado deberían haber sido obvias para estos hombres que huían de la infracción británica. Un Jeffersonian «imperio de la libertad» siempre estuvo destinado a entrar en conflicto con los principios de la libertad local.
Es probable que esta legislación de Luisiana se someta a la consideración de la Corte Suprema. La Corte Suprema tomará entonces una decisión que afectará a todo el país, pero esta decisión puede cambiar a medida que los jueces entren y salgan de la Corte. La típica estrategia conservadora de utilizar el Estado federal para imponer sus preferencias pasa por alto este punto. Los progresistas ayudarán gustosamente al crecimiento del Estado, ya que éste suele considerarse el gran árbitro de la justicia y la igualdad. Los conservadores han perdido, y naturalmente seguirán perdiendo, terreno a nivel nacional. Esto no quiere decir que los partidos políticos conservadores nunca ganarán elecciones, sino que los principios conservadores siempre se moverán para asegurar la relevancia política. La solución correcta a este problema sería apoyar mayores niveles de localismo y privatización.
