El Estado decadente y degradado de las infraestructuras alemanas ha llevado a Eric Gujer a publicar un artículo de opinión en el Neue Zürcher Zeitung (NZZ) en el que aboga por un compromiso entre conservadores (aumentar el límite de endeudamiento y liberar así fondos para renovaciones), progresistas (reformar el gasto social) y el gobierno (reducir las subvenciones). Teme que si Alemania no tiene la fuerza de voluntad colectiva necesaria para alcanzar ese compromiso político, el deterioro en el que se encuentra no tendrá fin.
Aunque el Sr. Gujer tiene razón al ver este problema como un fracaso de la política, se equivoca al pensar que su solución puede ser de naturaleza política. Más bien, la forma más segura, rápida y barata de renovar las deficientes infraestructuras de nación consiste en evitar cualquier otra influencia política y privatizarlas por completo. Esto puede deducirse de algunos puntos:
En primer lugar, como explica Mises en Acción humana toda acción es intencionada y especulativa: su objetivo es conseguir un estado futuro que sea, a los ojos del sujeto en el momento de la acción, preferible al que cree que se manifestaría en su ausencia. Además, como han demostrado Rothbard y Hoppe, en las democracias, quienes detentan el poder político poseen el valor de uso presente de la propiedad gubernamental, pero no su valor de capital, y, en consecuencia, están incentivados a obtener tanto valor del uso presente de dichos recursos como sea posible sin tener en cuenta su conservación a largo plazo. Por último, observamos que existen los recursos necesarios para el mantenimiento de las infraestructuras alemanas y que, en principio, el gobierno dispone de ingresos suficientes (derivados de los impuestos) para licitar esos recursos a partir de su siguiente uso de mayor valor y resolver los problemas de infraestructuras.
Como consecuencia de estos tres puntos, sabemos que el problema no es la escasez de fondos, tecnología o recursos, sino la falta de voluntad: quienes están en posición de invertir en infraestructuras han optado por utilizar los medios a su alcance para conseguir otros fines que prefieren. El Sr. Gujer cree que un aumento único del límite de gasto liberará los recursos necesarios para solucionar este problema, pero ¿cómo puede saber que arreglar las infraestructuras alemanas es ahora lo primero en la escala de valores de todos los funcionarios relevantes? No puede y, de hecho, hay muchas razones para sospechar que ocurre lo contrario y que un aumento del límite de gasto se destinaría a financiar más proyectos favoritos en lugar de a renovar las infraestructuras. Su plan para evitar esto mediante una garantía de que los políticos no utilizarán estos fondos para perseguir fines innecesarios yerra por completo porque la necesidad es un concepto científicamente sin sentido; lo único que importa es si el agente en cuestión prefiere un fin a otro. Al fin y al cabo, ¿quién —aparte del político en cuestión— podría decidir si arreglar tal o cual bache es más importante que asegurarse el apoyo para la reelección?
Si los fondos puestos a disposición del aparato gubernamental y sus funcionarios han sido insuficientes para cubrir tanto las infraestructuras como otros gastos, y se dio prioridad a los otros gastos, entonces quienes decidieron dar prioridad a otros fines han demostrado que el coste de oportunidad de utilizar los escasos recursos en infraestructuras es demasiado alto. Aunque otros no estén de acuerdo con este veredicto y prefieran el arreglo de carreteras y vías de tren a la alimentación y alojamiento de hordas de emigrantes tercermundistas o el envío de suministros a Ucrania, sencillamente no tienen voz ni voto en este asunto. Su papel es pagar impuestos y votar a quien decidirá cómo gastarlos.
Por otra parte, si se privatizaran las infraestructuras alemanas, los empresarios tendrían todos los incentivos para ofrecer a sus clientes soluciones baratas y de alta calidad. Ante la perspectiva de pérdidas económicas y la incapacidad de recuperar los costes irrecuperables, las empresas del sector privado no tienen más remedio que emprender los proyectos que creen que crearán más valor para los consumidores.
Como explica Mises en Burocracia, el afán de lucro y el cálculo económico permiten a las empresas operar de forma más flexible, eficiente y directa que las burocracias gubernamentales, que deben atenerse estrictamente a normativas detalladas, engorrosas y a menudo arbitrarias. Elevar el límite de endeudamiento equivaldría a disminuir las regulaciones con las que tiene que funcionar el gobierno e incentivaría a los políticos a seguir dando prioridad a asuntos que son importantes para ellos pero no para los votantes.
Si no se eleva el límite de endeudamiento, existe al menos una pequeña posibilidad de que algunos de ellos tengan que rendir cuentas en las urnas. Pero lo más importante es que, a medida que se desmoronen las infraestructuras gestionadas por el gobierno, los funcionarios públicos querrán tener cada vez menos que ver con ellas, mientras que las alternativas privadas serán cada vez más atractivas y rentables. El giro resultante hacia la privatización daría lugar a una rápida recuperación y constituiría una valiosa lección sobre los efectos de la mala gestión gubernamental.
