En mi último artículo de Mises Wire, argumenté por qué creo que el Estado —o, para el caso, la colectividad— no tiene derecho a coaccionar a los individuos para que se vacunen. Sin embargo, supongamos que alguien replica lo siguiente: «Vale, estoy de acuerdo en que el Estado no tiene derecho a imponer las vacunas a los ciudadanos; dicho esto, si una persona (digamos, A) infecta a otra (digamos, B), entonces la primera ha agredido a la segunda y, por tanto, tiene que compensar el daño causado. Por lo tanto, la vacunación (o el uso de mascarillas, etc.) debe considerarse como una medida preventiva legítima adoptada por el Estado para evitar la agresión». Entonces, ¿cómo podría defenderse mi postura ética rothbardiana?
El hecho es que, como argumentaré brevemente, tal contraargumento puede demostrarse fácilmente insostenible, porque malinterpreta la definición rothbardiana de «agresión» —que, por cierto, me parece la única sensata.
Entonces, ¿cómo definimos «agresión»? Una agresión se produce cuando A impone su voluntad sobre la propiedad legítimamente adquirida de B, privando así a B de su derecho a disfrutar de su propiedad en la medida que considere oportuna.1 O, dicho de otro modo, «un agresor interpone la violencia para frustrar el curso natural de las ideas y valores libremente adoptados por un hombre, y para frustrar sus acciones basadas en tales valores».2
Consideremos ahora algunos ejemplos prácticos de infecciones. En primer lugar, consideremos, por ejemplo, las enfermedades venéreas. ¿Sostendríamos que, si A y B acuerdan tener una relación sexual sin protección, y A es portador (sin saberlo) de un patógeno venéreo e infecta a B, entonces A agredió a B? Por supuesto que no, al menos si aceptamos la definición de «agresión» que he proporcionado. De hecho, A no privó a B de la posibilidad de mantener relaciones sexuales de la forma que éste considerara oportuna, ni empleó la violencia para frustrar la elección libremente adoptada por B de mantener relaciones sexuales sin protección: de hecho, tanto A como B acordaron voluntariamente no tomar medidas de precaución. Así pues, B empleó su propiedad (su cuerpo) de la forma que eligió libremente, aceptando los riesgos (contraer enfermedades venéreas) que conlleva la acción (sexo sin protección) que emprendió libremente.
Segundo ejemplo: infección por hongos en la piel. Supongamos que A y B van al mismo gimnasio, y que A (de nuevo, sin saberlo) es portador de un hongo patógeno. Supongamos, además, que el propietario del gimnasio no obliga a llevar chanclas en el vestuario. Entonces, si tanto A como B anduvieran descalzos en el vestuario del gimnasio, y B se infectara con el patógeno fúngico que porta A, ¿podríamos afirmar que A agredió a B? Por supuesto, tampoco podríamos, porque B eligió libremente caminar descalzo y aceptó el riesgo de contraer una infección cutánea por hongos.
En ambos casos, aunque el comportamiento de A causó, hasta cierto punto, un daño a B, al menos indirectamente, no podemos hablar de «agresión», porque B nunca fue coaccionado a hacer nada que no quisiera. En otras palabras, tal escenario no difiere de que A y B hayan firmado libremente un contrato que regula el empleo de sus propiedades (sus cuerpos) y/o los bienes físicos que libre y legítimamente alquilaron (o compraron) a un tercero (el local del gimnasio).
Entonces, si aceptamos este tipo de argumento, ¿por qué las cosas deberían ser diferentes con el covid, las vacunas, las máscaras, etc.? Si A y B entran en un restaurante cuyo propietario no obliga a llevar máscara, y B recibe covid de A, ¿por qué deberíamos acusar a A de haber agredido a B? Ambos firmaron libremente un contrato con el propietario del restaurante, y ninguno de los dos vio obstaculizado su derecho a disfrutar libremente —en la medida en que lo considere oportuno— de la propiedad de su cuerpo y/o de sus bienes físicos.
Tanto A como B eligieron dónde estar (en el restaurante) y su forma de actuar (relajarse mientras comían y bebían algo), y aceptaron libremente el riesgo que suponía el consumo de los bienes y servicios que compraron al propietario del restaurante. Ambos valoraron que el malestar «esperado» (es decir, potencial) de infectarse era menos inconveniente que la molestia de llevar mascarillas en el restaurante (o vacunarse antes de entrar).
Ahora bien, un posible contraargumento contra mi postura podría ser el siguiente: «De acuerdo, afirmas que la agresión no puede producirse cuando las personas participan voluntariamente en comportamientos que implican cierto grado de riesgo. Así, supongamos que B acepta caminar por un barrio peligroso; entonces, si es robado y/o golpeado por A, tu argumento te obligaría a mantener que A, de hecho, no agredió a B, porque B aceptó libremente el riesgo que implica caminar por un barrio peligroso. Pero entonces, ¿el propio concepto de agresión no se volvería (en la práctica) inútil e inviable?»
Sin embargo, tal contraargumento es obviamente falaz. En efecto, mientras que cualquier caso de infección implica aceptar algún tipo de contacto (directo o indirecto) con otras personas, esto no ocurre en absoluto cuando B camina por la calle. De hecho, cuando B camina por la calle —suponiendo que vivamos en la «tierra de Rothbard», con calles de propiedad privada— está alquilando cierto «rango de movimiento» al propietario de la calle. Pero aun así, que B mueva su cuerpo por esa calle no implica (a menos que se mencione explícitamente en el contrato) que también acepte el riesgo de ser golpeado o robado. En otras palabras, mientras que es perfectamente concebible que B camine por la calle sin esperar ningún contacto físico con A, no tendría sentido, por el contrario, que B entrara en el restaurante (o caminara descalzo por el suelo del gimnasio) sin contemplar la posibilidad de ser infectado por A.
Para insistir en este punto, consideremos la diferencia entre una agresión y un combate de boxeo. En el primero, si A golpea a B, entonces A ha privado a B de su derecho al pleno disfrute de su cuerpo. En cambio, en el segundo caso, A y B firman libremente un contrato en el que se acuerdan ciertas reglas para el combate de boxeo: ambos disfrutan de sus propiedades (sus cuerpos) de la forma que consideran oportuna, por ejemplo, poniendo a prueba su destreza física. De hecho, por el contrario, debería considerarse definitivamente un caso de agresión si uno o varios terceros —por ejemplo, el Estado— prohibieran a A y B celebrar su combate de boxeo, empleando así la coacción para frustrar el curso natural de sus elecciones libremente adoptadas.
Por último, también debemos tener en cuenta que, en la práctica, es imposible saber quién infecta realmente a quién. Si (digamos) treinta personas entran en un restaurante y (digamos) cinco de ellas son portadoras de una enfermedad respiratoria, y luego —digamos, una semana después— diez personas más desarrollan la misma enfermedad, ¿cómo podríamos saber cuál de las cinco personas iniciales infectadas contagió a las otras diez? Además, si una persona visita más de un lugar, se encuentra con más de una persona infectada y se contagia, ¿cómo podemos saber dónde se contagió? ¿Y quién le infectó?
El argumento que justifica la vacunación obligatoria por parte del Estado (o el uso de mascarillas, etc.) en nombre del principio de no agresión es evidentemente insostenible. Incluso si dejamos de lado las consideraciones prácticas, no puede haber, en principio, ninguna agresión cuando los seres humanos se comprometen libremente en un comportamiento intencional, y esto también es válido para las actividades que implican un riesgo de infección.
