Entre los diversos recelos que los no anarcocapitalistas pueden tener con el anarcocapitalismo, está la cuestión de los bienes públicos. En efecto, se supone que los bienes públicos son aquellos que los mercados libres no pueden suministrar y asignar de forma eficiente debido a dos propiedades: la no rivalidad, es decir, el hecho de que el consumo de A del bien (público) X no perjudica el consumo de B del mismo; y la no excluibilidad, es decir, el hecho de que A, el propietario del bien (público) X, no puede impedir que B también lo disfrute.
Por lo tanto, el argumento es que los bienes públicos deben ser producidos por los gobiernos; de lo contrario, estarían infraproducidos o sobreutilizados, es decir, los mercados libres no podrían proporcionar la cantidad y la asignación óptimas (es decir, deseadas). Sin embargo, incluso dejando de lado los casos históricos de provisión privada de supuestos bienes públicos,1 es la propia teoría —así como la supuesta necesidad de su producción gubernamental— la que se basa en premisas poco sólidas y falaces, como resumiré brevemente.
En primer lugar, considere que un bien verdaderamente no rival no es ni siquiera un bien económico en sí mismo: nadie, de hecho, se enfrentaría a la necesidad de economizarlo. De hecho, si tanto A como B pueden consumir el bien (público) X sin reducir la satisfacción que cada uno de ellos puede obtener de él, entonces X ya no es un medio escaso que deba asignarse de forma eficiente, es decir, ya no es un objeto de elección y acción económica. Por el contrario, X podría considerarse una «condición natural del bienestar humano».2 Pero, si X es tan abundante que no surgen conflictos ni compensaciones cuando tanto A como B están dispuestos a emplearlo, entonces A y B no tienen que preocuparse por una posible infraproducción, despilfarro o mala asignación del propio X. De hecho, X siempre estará disponible para A y B para cualquier propósito que puedan necesitar.
Dicho esto, además, a menudo los llamados bienes públicos -cuando se analizan con más detenimiento- se caracterizan en realidad por la rivalidad: de ahí que surjan conflictos y compensaciones a la hora de emplearlos. Por lo tanto, los propios gobiernos, al asignar dichos bienes, deben guiarse por algún principio. Dado que dicho principio no es (por definición) el mecanismo de precios del libre mercado al que acusan los teóricos de los bienes públicos, entonces la producción y asignación gubernamental de bienes públicos requeriría algún principio ético que la justificara, es decir, alguna justificación para el intercambio coercitivo entre los sujetos y los gobiernos, es decir, los impuestos y los gastos gubernamentales.3 Man, Economy, and State with Power and Market, 2004 (1962, 1970), pp. 907-61, 1149-1292. Sin embargo, tal principio ético ad hoc estaría fuera del ámbito de la teoría económica sin valores.
En segundo lugar, ¿qué pasa con la no excluibilidad? En este caso, la respuesta anarcocapitalista es sencilla: los gobiernos no pueden introducir mecanismos coercitivos que impidan el agotamiento de los bienes (rivales) no excluibles.4 De hecho, ¿en qué se basan los burócratas para sostener que agotar un recurso escaso hoy es peor que hacerlo mañana, o en un año, en un siglo, etc.? Por supuesto, no podrían hacerlo en el terreno económico-teórico.5 ¿Por qué? Hay dos razones principales.
Primera razón: la economía no permite agregar las utilidades individuales en una función de bienestar social (las utilidades son, de hecho, inconmensurables, y no se pueden realizar con ellas operaciones matemáticas como sumas, promedios, etc.). Por lo tanto, las evaluaciones apriorísticas sobre la (des)utilidad social de consumir un recurso (escaso) no excluible hoy en lugar de mañana -o de que un recurso (escaso) no excluible sea consumido por un grupo de personas en lugar de otro- no pueden realizarse sobre una base económico-teórica.
Segunda razón: la economía no permite comparar interpersonalmente la utilidad de una persona (que, digamos, está agotando el recurso escaso hoy) con la utilidad de otra (que, digamos, no puede agotar el recurso hoy y, por tanto, lo agotaría mañana). Por tanto, la economía no tiene nada que decir sobre la distribución de un recurso (rival) no excluible entre los individuos, es decir, los economistas no pueden saber si el bien (público) X es más deseado por A o por B, y por tanto no tienen nada que decir sobre quién de A o de B debería tener derecho a consumirlo.
Por lo tanto, de nuevo, dado que los teóricos de los bienes públicos sostienen que el mecanismo de precios del mercado libre no es adecuado para asignar recursos (escasos) no excluyentes, entonces se requeriría algún tipo de justificación ética para la provisión coercitiva gubernamental. Sin embargo, una vez más, esto nos lleva más allá del alcance de la teoría económica sin valores. De hecho, la teoría económica no puede emitir juicios de valor sobre la asignación, la producción, el consumo, etc., de los recursos escasos, ya que esto es el ámbito de la ética y la estética.6 La economía puede, a lo sumo, mostrar el arreglo más eficiente para lograr la asignación deseada de recursos y la satisfacción de fines (determinados).
Además, a menudo los llamados bienes públicos son, en realidad, tanto rivales como excluibles;7 por lo tanto, pueden ser adquiridos según la ética lockeana-rothbardiana, es decir, el primero que los emplee (o mejor: que los cerque) se convertirá en su propietario. Por lo tanto, no hay necesidad de confiar a los gobiernos la producción de bienes públicos: el mercado libre, una vez que se ha establecido un sistema ético justo de asignación de derechos de propiedad, puede hacerlo de manera más eficiente, a través del mecanismo de los precios.
En tercer lugar, como ya hemos insinuado, incluso si existieran los bienes públicos puros, esto no bastaría para establecer el caso de su producción gubernamental -es decir, coercitiva-.8 De hecho, los gobiernos sólo pueden producir bienes públicos si se financian mediante impuestos. Pero entonces, ¿qué da derecho a los gobiernos a quitar recursos a los ciudadanos -es decir, impuestos- para producir bienes públicos? Hay, de hecho, al menos dos problemas con esta postura ética que legitima la provisión gubernamental de bienes públicos.
Problema número uno: el gobierno, para producir y asignar bienes públicos, invadiría -mediante impuestos- la propiedad legítimamente adquirida de sus súbditos. De hecho, si ya no puedo disfrutar de mi propiedad en la medida que considere oportuna, sino que el gobierno debe irrumpir, quitármela y emplearla como quiera, entonces el gobierno se convierte (contra mi consentimiento) en el verdadero propietario del recurso. Pero esto sería un robo prima facie y, a menos que queramos promover una ética que legitime el robo, la agresión y la invasión, debemos reconocer que esta opción es profundamente antiética.
Segundo problema: ¿qué pasa si los bienes (públicos) que el gobierno suministra no son bienes en absoluto para algunos contribuyentes, sino que son «malos»? Es decir, ¿qué pasa si el gobierno obliga a sus súbditos a consumir bienes que realmente aborrecen?9 Por ejemplo, yo detesto ver la televisión: si el gobierno me cobrara impuestos para financiar la provisión pública de programas de televisión, me sentiría insatisfecho dos veces: la primera, al ser privado de una parte de mis ingresos; la segunda, al ser sometido a programas de televisión basura.
Cuarto y último: cualquier intercambio coaccionado es siempre subóptimo con respecto a uno libre. De hecho, ¿por qué la gente intercambia (libremente)? Lo hacen porque saben que se benefician psíquicamente de ello. Si A realiza un intercambio con B, podemos concluir que tanto A como B son más felices (después del intercambio) de lo que eran antes, es decir, revelaron su preferencia por ese intercambio libre a través de su acción. Pero las cosas son totalmente diferentes cuando los gobiernos participan en el suministro coercitivo -mediante impuestos- de bienes públicos. Como escribió Hoppe,10
«el valor de los bienes públicos es relativamente menor que el de los bienes privados competidores porque si se hubiera dejado la elección a los consumidores (y no se les hubiera impuesto una alternativa), evidentemente habrían preferido gastar su dinero de otra manera (de lo contrario no habría sido necesario forzarlos)».
Conclusión:
La teoría de los bienes públicos no es un argumento convincente contra el anarcocapitalismo. Los bienes públicos son, a menudo, recursos con los que se puede competir; cuando no lo son, pueden producirse en el mercado libre y ser excluidos aplicando el principio libertario de la propiedad. Además, es imposible justificar éticamente la producción gubernamental de bienes públicos, a menos que consideremos legítimos tanto el robo como la insatisfacción coactiva de los consumidores. Por último, los consumidores siempre preferirán al menos un bien privado —adquirido a través del libre intercambio no coaccionado— a cualquier bien público gubernamental concebible —producido a través de impuestos coaccionados.
- 1Sobre la producción privada de supuestos bienes públicos, véase Rothbard, Economic Controversies, 2011, cap. 24: «El mito de la imposición neutral», pp. 470-73, publicado originalmente en 1981.
- 2Cf. Rothbard, Man, Economy, and State with Power and Market, 2004 (1962, 1970), pp. 3-5, 1033.
- 3Para un análisis teórico y exhaustivo de los intercambios coercitivos entre gobiernos y sujetos, es decir, de la intervención binaria, véase Rothbard,
- 4Sobre la economía y la teoría de los bienes públicos cuando se trata de recursos no excluibles y agotables (por ejemplo, el medio ambiente), véase Rothbard, Man, Economy, and State with Power and Market, 2004 (1962, 1970), pp. 1036-37, 1124. Sobre cómo una sociedad anarcocapitalista manejaría los recursos aparentemente no excluibles y evitaría las externalidades negativas (por ejemplo, la contaminación del aire), véase Rothbard, Economic Controversies, 2011, cap. 20: «Law, Property Rights, and Air Pollution», publicado originalmente en 1982.
- 5Cf. Rothbard,Economic Controversies, 2011, cap. 17: «Hacia una reconstrucción de la economía de la utilidad y el bienestar», pp. 310-12, 313-14, publicado originalmente en 1956.
- 6Cf. Rothbard, Man, Economy, and State with Power and Market, 2004 (1962, 1970), pp. 74-75.
- 7Sobre los supuestos bienes públicos (por ejemplo, la ley, los tribunales y la policía) que en realidad resultan ser bienes privados estándar producibles en el mercado libre, véase: Osterfeld, Anarchism and the Public Goods Issue: Law, Courts, and the Police, 1989; y Hoppe, Fallacies of the Public Goods Theory and the Production of Security, 1989.
- 8Cf. Hoppe, The Economics and Ethics of Private Property, 2006 (1993), cap. 1: «Fallacies of the Public Goods Theory and the Production of Security», pp. 11-13, publicado originalmente en 1989.
- 9Cf. Rothbard, Economic Controversies, 2011, cap. 24: «El mito de la imposición neutral», pp. 465-66, publicado originalmente en 1981.
- 10Hoppe, The Economics and Ethics of Private Property, 2006 (1993), Cap. 1: «Fallacies of the Public Goods Theory and the Production of Security», p. 14, publicado originalmente en 1989.
