Desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, cada sesión bienal del Congreso ha dado paso a la asombrosa cifra de entre 4 y 6 millones de palabras de legislación adicional. Sin embargo, en medio de esta avalancha de texto legal, el interés del Estado por ampliar la normativa e imponer su cumplimiento ha eclipsado su obligación fundamental: proporcionar seguridad, la piedra angular de lo que los progresistas llaman el contrato social.
Esta negligencia queda patente en el descenso constante de la tasa nacional de esclarecimiento de homicidios en los últimos cincuenta años. Mientras que los esfuerzos gubernamentales se han dirigido fervientemente hacia las complejidades de los códigos fiscales y los estatutos corporativos, el compromiso con la resolución de los delitos violentos ha disminuido.
Fuentes: (https://www.federalregister.gov/reader-aids/understanding-the-federal-register/federal-register-statistics, https://www.murderdata.org/p/reported-homicide-clearance-rate-1980.html)
El gráfico proporcionado ilustra una correlación inversa entre la extensión del Código de Reglamentos Federales y el porcentaje de esclarecimiento de homicidios. A medida que el Estado ha ido endureciendo la normativa, ha flaqueado en la persecución de los autores de delitos violentos. Lamentablemente, el bajo índice de resolución de homicidios no es una estadística aislada; los índices de resolución de otros delitos son aún menos impresionantes.
Fuente: (https://www.statista.com/statistics/194213/crime-clearance-rate-by-type-in-the-us/)
Esta tendencia se desarrolla a pesar de los recursos sin precedentes de que disponen las fuerzas del orden, como equipos avanzados, amplia formación y cuantiosos fondos. Con cantidades casi infinitas de datos procedentes de Internet y las redes sociales, así como sofisticadas herramientas como la tecnología de reconocimiento facial, el Estado policial moderno posee una capacidad de vigilancia sin parangón. También disponen de armamento avanzado con el que los déspotas anteriores sólo podían soñar.
Sin embargo, a pesar de estos recursos, la capacidad o voluntad de las fuerzas del orden para combatir la delincuencia violenta está retrocediendo. No obstante, siguen demostrando una notable eficacia en la persecución de delitos menores como la evasión fiscal, el exceso de velocidad y las infracciones del cinturón de seguridad.
Hace treinta años, el columnista Samuel T. Francis acuñó esta dicotomía como «anarcotiranía»: la opresión gubernamental contra los que cumplen la ley y, simultáneamente, la incapacidad o falta de voluntad para cumplir con las obligaciones públicas básicas. En un sistema legal justo, la severidad del castigo está en consonancia con la gravedad del delito, pero en la anarco-tiranía, el imperio de la ley se invierte: los incumplidores son perseguidos con mayor tenacidad que los violentos.
Injusticia incentivada
Esta perversión de la justicia tiene su origen en una distorsión económica derivada de los incentivos de la seguridad gubernamental. Como todos los agentes económicos, las fuerzas policiales gubernamentales están impulsadas a maximizar los flujos de ingresos, incluidos el decomiso de bienes, las multas y el dinero de los impuestos. Sin embargo, la resolución de casos de homicidio rara vez genera ingresos elevados, ya que estos casos suelen ser más complejos y conllevan penas costosas, como penas de prisión o de muerte. Por el contrario, los departamentos de policía pueden generar ingresos mediante el decomiso de bienes en casos de drogas o la emisión de multas por infracciones de tráfico, dos medidas que contribuyen a los ingresos del Estado.
El incentivo del Estado es centrarse en los delitos que le sirven como activo en lugar de perseguir los que le suponen una carga. Además, los delitos violentos no resueltos pueden servir de justificación para aumentar la financiación procedente de su principal fuente de ingresos: los impuestos. Posteriormente, las fuerzas del orden canalizan esta financiación hacia la persecución de delitos no violentos de alto rendimiento, perpetuando un bucle de retroalimentación. Este defecto inherente subraya por qué el mantenimiento del orden público fracasa inevitablemente: los incentivos económicos están mal alineados.
La causa por la privatización de la seguridad
El remedio definitivo para este desajuste es la privatización de la seguridad. Los cambios políticos nunca lo resolverán, ya que no abordan los factores económicos subyacentes que impulsan el problema. La mera sustitución de figuras como el jefe de policía, el gobernador o el presidente no supondrá un cambio duradero, ya que sus sucesores se encontrarán con los mismos incentivos. Mientras las fuerzas del orden estén incentivadas para dar prioridad a los delitos menores frente a los violentos, harán exactamente eso.
Si se privatiza el sector de la seguridad, la financiación dependerá directamente de la capacidad del proveedor para proteger a su clientela. Por lo tanto, los proveedores de seguridad estarán profundamente comprometidos con la seguridad de sus clientes. En lugar de aprovecharse de las lagunas políticas, los proveedores de seguridad darán prioridad a la prevención y la eliminación de los delitos violentos, reconociendo que es la principal preocupación de sus clientes. Si no protegen adecuadamente a sus clientes o no abordan eficazmente los incidentes de seguridad, corren el riesgo de perder clientela en favor de competidores con soluciones superiores. En el marco de la competencia de mercado, los proveedores deben satisfacer las necesidades de su clientela. Un mercado de seguridad privatizado obligará a los proveedores a mantener normas rigurosas, fomentando la innovación y la eficiencia al tiempo que mejora la seguridad para todos.
