El gobierno rompe cosas. Luego, a menudo, monta en un caballo blanco prometiendo «arreglar» las mismas cosas que rompió.
En el último ejemplo de que el gobierno afirma que va a resolver un problema que creó para empezar, el presidente Joe Biden se ha comprometido a solucionar el aumento del coste de la carne.
En general, los precios de la carne han subido un 16% en el último año. Los precios de la carne de vacuno han subido un 20,9%. Biden dice que el problema es la falta de competencia en la industria cárnica.
«El capitalismo sin competencia no es capitalismo, es explotación», dijo Biden.
Según una hoja informativa publicada por la administración Biden, cuatro empresas de transformación controlan el 85% del mercado de la carne de vacuno. Las cuatro mayores empresas controlan el 70% del mercado de la carne de cerdo y el 54% del mercado de las aves de corral.
El plan de Biden consiste en distribuir 1.000 millones de dólares en fondos de ayuda contra el coronavirus para ayudar a los empacadores de carne independientes a ampliar sus negocios. Según AP, el plan también asignaría fondos para formar a los trabajadores del sector y mejorar sus condiciones. La administración también emitiría nuevas normas para los empacadores de carne y requisitos de etiquetado para ser designado como «Producto de EEUU».
Pero queda una pregunta: ¿cómo han llegado unas pocas grandes empresas a dominar la industria cárnica? Biden y otros partidarios de la intervención federal en la economía quieren hacernos creer que se trata de la marcha inevitable del capitalismo. Las corporaciones codiciosas se hacen cada vez más grandes y se tragan al «pequeño». Si crees en esta narrativa, los altos precios de la carne se derivan de la codicia corporativa y de los males inherentes al libre mercado.
Pero no fue el «capitalismo» ni las codiciosas corporaciones las que provocaron esta concentración en la industria cárnica. Fue el gobierno federal.
El Congreso rompió la cadena de suministro de carne hace décadas.
La Ley carne sana de 1967 exige que la carne sea sacrificada y procesada en un matadero inspeccionado por el gobierno federal, o en una instalación inspeccionada en un estado con leyes de inspección de la carne al menos tan estrictas como los requisitos federales. A los pequeños procesadores les resultaba difícil, sino imposible, cumplir los requisitos federales. El coste era simplemente demasiado elevado. Por supuesto, las grandes empresas pueden asumir los costes de la normativa. Como resultado, la industria de procesamiento de carne pasó por una concentración masiva después de la promulgación de esta ley.
Desde la aprobación de la Ley carne sana, el número de mataderos se redujo de más de 10.000 a 2.766 en 2019. Hoy, en lugar de cientos de empresas que procesan carne, tres corporaciones controlan prácticamente toda la industria.
La ley federal también prohíbe la venta interestatal de carne procesada por encargo, es decir, carne procedente de un animal sacrificado y procesado en una instalación en la que no se requiere la presencia de un inspector para observar el sacrificio y realizar una inspección ante mortem y post mortem del animal.
Constantemente oímos hablar de los problemas de la cadena de suministro debido a la pandemia de coronavirus. (Más exactamente, la respuesta del gobierno a la pandemia.) Pero la falta de capacidad de procesamiento adecuada debido a la concentración ya estaba causando problemas de suministro en 2015. Un informe del Farm-to-Consumer Legal Defense Fund dio la voz de alarma en aquel momento.
«El cuello de botella provocado por la falta de mataderos ha frustrado a las pequeñas explotaciones ganaderas a la hora de sacar sus productos al mercado y ha provocado la incapacidad de satisfacer la demanda global de carne producida localmente. La Ley de 1967 ha sido una de las peores leyes aprobadas para la alimentación local; es más, desde el principio se sabía que la Ley tendría el efecto que tuvo».
El impacto en las pequeñas empresas de procesamiento de carne se hizo evidente pocos años después de la aprobación de la ley. En 1971, la Administración de la Pequeña Empresa (SBA) presentó un documento al Comité Selecto del Senado de los Estados Unidos sobre la Pequeña Empresa titulado: «The Effects of the Wholesome Meat Act of 1967 upon Small Business – A Study of One Industry’s Economic Problems Resulting from Environmental-Consumer Legislation Prepared by the Small Business Administration». El documento advertía de que el coste de su cumplimiento tendría efectos adversos en los mataderos y plantas de envasado a pequeña escala, afirmando que «la Ley carne sana fue para muchas pequeñas empresas cárnicas un desastre tan grande como un huracán.»
Las industrias cárnicas se encuentran entre las más competitivas de la economía americana. Pero la Ley de la Carne Sana podría conducir a una disminución significativa de la competencia. ¿Cuántas empresas tendrían que cerrar por no poder competir debido a la nueva ley? ... ¿La Ley de la Carne Sana conduciría, aunque sea involuntariamente, a un indeseable aumento de la concentración en las industrias cárnicas? Preguntas como éstas, muy fundamentales, apenas se plantearon durante el proceso legislativo.
No es de extrañar que esta normativa haya provocado una concentración masiva de la industria de transformación de la carne. Y no es de extrañar que esta concentración haya provocado rupturas en la cadena de suministro. Los sistemas centralizados son sistemas frágiles. Carecen de redundancia. Carecen de válvulas de escape. Son propensos a fallar bajo presión. Esto es cierto para las cadenas de suministro, las economías y los gobiernos.
En otras palabras, esto era totalmente predecible.
Pero ahora Biden quiere arreglar lo que el gobierno federal rompió arrojando más dinero.
He aquí una idea: ¿por qué no eliminar el control federal?
Los partidarios de la intervención federal gritarán «¡Seguridad!». Pero si la Ley de la Carne Sana se refería realmente a la seguridad alimentaria, ni siquiera cumple con sus propios términos.
Al concentrar el procesamiento de la carne en un número relativamente reducido de instalaciones, aumenta la probabilidad de una contaminación generalizada. Una sola vaca enferma puede infectar miles de kilos de carne en uno de estos mataderos corporativos. En un sistema más diversificado y descentralizado, los brotes suelen limitarse a pequeñas regiones. Según el informe de Farm-to-Consumer Legal Defense, «la Ley de Carne Sana no ha conducido a la producción de carne más segura hoy en día; hay más retiradas que nunca por pruebas positivas de patógenos en productos cárnicos». Rara vez se veían retiradas de productos a nivel nacional en la era del procesamiento diversificado de la carne.
En general, los estados con leyes de «libertad alimentaria» que permiten a los pequeños productores vender alimentos al margen de la estructura reguladora establecida no han registrado un aumento de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Según Forbes, los representantes de los departamentos de salud de Wyoming, Dakota del Norte y Utah informaron de exactamente cero brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos relacionados con un negocio que opera bajo una ley de libertad alimentaria. Mientras tanto, «el año pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades investigaron y asesoraron al público sobre 24 brotes multiestatales de enfermedades transmitidas por los alimentos, el más alto en más de una década, con la lechuga romana regulada por el gobierno federal, la ensalada de pollo e incluso el cereal Honey Smacks, todos vinculados a brotes que hospitalizaron a los americanos».
En cierto sentido, Biden tiene razón — los EEUU necesitan más actores en la industria cárnica. Pero el gobierno creó el problema y no hay ninguna autorreflexión ni asunción de responsabilidades. Sólo promesas de arreglar lo que los federales ya rompieron.
