En la columna de la semana pasada advertí que el descerebrado Biden y su pandilla de controladores neoconservadores quieren utilizar a los inmigrantes ilegales para que se unan a las fuerzas armadas con el fin de reprimir la rebelión patriótica contra sus planes. Si queremos saber cómo sería la supresión, tenemos un buen precedente. Tras la Guerra entre los Estados, la «Reconstrucción» de la Unión tiranizó el Sur.
Según la Constitución, se supone que los estados conservan todos los poderes no delegados al gobierno central. El hecho de que el Sur perdiera la guerra no cambiaba eso. Los estados volvieron a la Unión, aunque no quisieran. Pero no habían perdido sus derechos según la Constitución.
Los Republicanos radicales derrocaron la Constitución y establecieron una dictadura militar que duró hasta 1877. Como dice Tom DiLorenzo
«El principal propósito (y efecto) de las políticas de «Reconstrucción» de 1865-1877 fue centralizar y consolidar el poder estatal y establecer la hegemonía política del Partido Republicano. No se trataba de «curar las heridas de la nación» ni de revitalizar económicamente el Sur. De hecho, la Reconstrucción creó nuevas heridas y destruyó económicamente el Sur. Su propósito era continuar el saqueo económico de los estados del Sur durante el mayor tiempo posible, y establecer un monopolio político nacional del Partido Republicano.» Ver esto.
¿Cómo derrocaron la Constitución los Republicanos radicales? Lo hicieron mediante un truco astuto e ilegal. El Congreso, controlado por los Republicanos, aprobó la Enmienda 14°, que permitía al gobierno federal intervenir en asuntos estaduales para proteger los «derechos civiles». Pero había que superar un obstáculo. Una Enmienda tiene que ser ratificada por tres cuartas partes de los estados para formar parte de la Constitución. La Enmienda no podía aprobarse sólo con los votos de los estados del Norte. No eran suficientes para hacerlo. Los radicales no podían decidir que el Sur ya no contara como estado: recuerden que, desde su punto de vista, el objetivo de la guerra era que la secesión fuera ilegal y que el Sur siguiera en la Unión. Por lo tanto, los radicales tenían que conseguir que votaran a favor de la enmienda tantos estados del Sur como fuera necesario para asegurar su aprobación.
Pero el problema era obvio. Era poco probable que los estados del Sur votaran a favor de una enmienda que permitiría al gobierno federal interferir en sus asuntos. Como era de esperar, las asambleas legislativas de los estados del Sur votaron en contra de la Enmienda. ¿Qué podían hacer los radicales? Su respuesta fue de una audacia pasmosa. Se negarían a reconocer a cualquier gobierno estadual que no votara a favor de la Enmienda. Voten como queremos, ¡o si no!
Toda la idea era lógicamente absurda. ¿Qué sentido tiene un voto si no tienes más opción que votar «sí»? El proceso de enmienda fue diseñado por los redactores de la Constitución para que fuera difícil. Querían que fuera difícil cambiar la Constitución. Pero si el Congreso pudiera obligar a votar «sí», todo el proceso de enmienda sería fácil. Una vez obtenido el número necesario de votos en el Congreso, sería suficiente para que la enmienda formara parte de la Constitución. La «ratificación» no tendría sentido.
Hay otro problema con la supuesta «ratificación» de la enmienda. Sólo un estado (o una convención especial convocada por el estado) puede ratificar una enmienda. La asamblea legislativa que ratifica la enmienda debe estar legalmente constituida. No puede ser una asamblea cualquiera que no ostente el poder legítimo del estado. Si eso es cierto, la idea de que la legislatura de un estado ratifique la Enmienda 14° como condición para que el Congreso la reconozca como legítima es absurda. Si el órgano que aprobó el voto de «ratificación» coaccionado no era ya una legislatura, no ratificó la Enmienda. Primero hay que ser una legislatura reconocida, antes de tener el voto de ratificación, no después.
El gran historiador Forrest McDonald argumentó que, debido a las tácticas de fuerza y lógicamente incoherentes de los radicales, la Enmienda es ilegal:
«Llegamos ahora al punto crucial sobre el que gira la constitucionalidad de la adopción de la Decimocuarta Enmienda. Asumamos que la enmienda había sido propuesta constitucionalmente; asumamos que las ratificaciones en Tennessee, Oregón y Virginia Occidental fueron correctas y debieron haber sido contadas; y asumamos que las rescisiones de Nueva Jersey y Ohio fueron ilegales y que sus ratificaciones debieron ser contadas. Aun así, a partir del 1 de abril de 1868, era necesaria la aprobación de seis estados más para validar la enmienda. Supongamos además que la Ley de Reconstrucción del 2 de marzo de 1867 era constitucional, y que la ratificación por parte de los gobiernos de los estados del sur reconstituidos contaría para el total necesario.
Incluso si hacemos todas estas suposiciones, sigue siendo un hecho que los gobiernos de los estados sureños sólo podían tener voz en la ratificación de la enmienda si estaban debidamente reconocidos como gobiernos en el momento en que actuaron sobre la enmienda. El Congreso se había arrogado el derecho —de forma correcta o incorrecta, no importa para los fines actuales— de ser el árbitro para determinar si los gobiernos eran legítimos.
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