Si bien la nación está preocupada, y con razón, por la proliferación del antisemitismo en sus campus universitarios, otro abuso de la enseñanza superior también requiere una pronta atención.
El 6 de diciembre —Día de San Nicolás— el presidente Biden entregó a los morosos de préstamos estudiantiles otro regalo de 5.000 millones de dólares en condonación de deuda. El afán de la Administración por ganarse los votos de los prestatarios de préstamos estudiantiles trasladando el coste de la deuda estudiantil de los prestatarios a los pagadores de impuestos suma ahora 132.000 millones de dólares de préstamos estudiantiles que esos prestatarios no tendrán que pagar, a pesar de que la Corte Suprema declaró inconstitucional un plan relacionado el pasado mes de junio.
Pero si los prestatarios no pagan las deudas contraídas e incurren en impago, alguien más tiene que pagar. Ahora mismo, ese alguien son los pagadores de impuestos americanos. Ahora es el momento de que el coste del impago de los préstamos estudiantiles sea compartido por aquellos que se han beneficiado más directamente de los préstamos estudiantiles federales: a saber, los propios colegios y universidades.
Al inducir a sus estudiantes a pedir préstamos al gobierno, las instituciones de enseñanza superior recaudan matrículas y tasas enormemente infladas, que luego gastan sin preocuparse de si los préstamos se devolverán algún día. Esto, a su vez, les incentiva a aumentar cada vez más las matrículas y tasas, así como el alojamiento y la manutención: una media del 169% desde 1980, según un estudio de la Universidad de Georgetown.
En resumen, en el sistema actual las universidades obtienen y gastan miles de millones en dinero prestado y hacen recaer todo el riesgo del préstamo en alguien más, incluidos los estudiantes prestatarios que pagan responsablemente su propia deuda y los que nunca pidieron prestado en primer lugar, por no hablar de los pagadores de impuestos, hayan asistido o no a una universidad.
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