La maniobra para enjuiciar políticamente a un expresidente ya no tiene que ver con Donald Trump.
El próximo juicio político de los demócratas viola la Constitución y la tradición libertaria. La Constitución establece que el impeachment sólo puede usarse contra funcionarios federales, que no se aplica a los ciudadanos privados. El Artículo II, Sección 4, establece quién puede ser sometido a un juicio político. «El presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán destituidos de su cargo en caso de juicio político y condena por traición, soborno y otros altos delitos y faltas». No cubre las carreras postales.
Así que el Congreso, a pesar de la insistencia de los opositores de Trump, carece de poder para impugnar a alguien que ya no es un funcionario federal. Y la Constitución también prohíbe al Congreso promulgar «leyes ex post facto».
Pero la ley, e incluso sus recientes precedentes de destitución, dicen los líderes demócratas, no importa. Basan su argumento en un tenue informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) que dice que los exfuncionarios pueden ser sometidos a juicio político. Pero, en el caso de un presidente, nunca ha ocurrido.
De hecho, el informe, The Impeachment and Trial of a Former President, dice que «hay argumentos textuales contra la autoridad del Congreso para aplicar procedimientos de impeachment contra exfuncionarios». Incluso al argumentar que algunos estudiosos del derecho dicen que este juicio político sin precedentes es posible, el informe tiene que poner en duda el punto.
Sin embargo, dice que «el texto llano de la Constitución establece que “el Presidente, el Vicepresidente y todos los Funcionarios Civiles de los Estados Unidos, serán destituidos de su cargo en caso de proceso de destitución... y de condena”, podría leerse en apoyo del requisito de que el proceso sólo se aplique a los funcionarios que estén ocupando su cargo durante el proceso de juicio político».
El informe del CRS sólo cita a un secretario de guerra del siglo XIX que fue sometido a un juicio político después de dejar el cargo. Pero fue exonerado en el juicio político en parte porque varios senadores dijeron que los exfuncionarios no podían ser sometidos a juicio político. Y este argumento lo afirma el juez de la Corte Suprema de EEUU Joseph Story en sus Commentaries on the Constitution of the United States.
Una ironía de esta anarquía es que los demócratas están violando sus propios precedentes recientes. En su proceso de destitución de Trump en 2020 apuntaron a un presidente en funciones. Presentaron pruebas sustanciales en la Cámara. El juicio en el Senado fue presidido por el presidente de la Corte Suprema, como exige la Constitución.
Pero en este segundo proceso de destitución, en el juicio rápido de un día en la Cámara, los Demócratas nunca presentaron pruebas. Sólo produjeron retórica.
Comparar esto con un juicio, en el que se examinan las pruebas y se toman testimonios, es una broma judicial. El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, no formará parte de este segundo juicio político. En su lugar, este juicio será presidido por uno de los críticos de Trump en el Senado. En un giro kafkiano, el senador Patrick Leahy preside pero también vota!
El razonamiento de los demócratas en este inédito impeachment de un ciudadano privado es que Trump no debe escapar de las sanciones penales por su presunta conspiración en el ataque al Capitolio. Sin el impeachment, dice el senador Chuck Schumer, Trump habrá «conseguido una tarjeta de salida de la cárcel». Sin embargo, la lógica es errónea.
Los ciudadanos privados, incluidos los ex presidentes, están sujetos al derecho penal. Si no, ¿por qué el presidente Nixon, acusado de los crímenes del Watergate, aceptó un indulto después de dejar el cargo? Pero estos Demócratas están sentando un precedente que podría destruir nuestra nación.
Si un gobierno Demócrata puede impugnar a un expresidente Republicano, ¿por qué no puede un gobierno Republicano posterior impugnar a un ex gobierno Demócrata? ¿Qué hay del expresidente Bill Clinton? ¿Podría ser impugnado? ¿Por qué no? Pero esto es lo que quieren los Demócratas.
Los cargos presentados por los Demócratas en un juicio de destitución a posteriori muy cargado no serían los mismos que en un tribunal penal ordinario. En este último, Trump se enfrentaría a un jurado de sus pares en lugar de a un jurado del Congreso formado en su mayoría por personas que le odian a muerte.
El proceso de justicia penal garantizado por la Carta de derechos no es la fórmula que quiere la mayoría de los demócratas del Congreso. Esta es una de las razones por las que prefieren impugnar a Trump en un entorno político y no dejar que sea juzgado en un tribunal penal. Los tribunales deben tener jurados y jueces imparciales.
Los demócratas no parecen preocuparse por las salvaguardias constitucionales que se extienden a todos, incluso a los más impopulares y controvertidos en una sociedad libre. No es de extrañar, ya que muchos demócratas radicales han sugerido que se eliminen varias partes de la Constitución, como las que garantizan la libertad de expresión y el derecho a las armas.
Pero, ¿son conscientes estos demócratas, que nos están obligando a caer en un agujero constitucional que destruirá la ley, de que sus malévolas acciones podrían volverse tanto contra ellos como contra sus oponentes?
«El que lucha con los monstruos debe tener cuidado para no convertirse en un monstruo», escribe Nietzsche en Más allá del bien y del mal.
Y, continúa Nietzsche, «si miras al abismo, el abismo también te mirará a ti».
Si los demócratas ganan, si distorsionan la Constitución a su voluntad política, nos adentraremos en un abismo constitucional del que probablemente nunca saldremos.
