Apenas había pasado la fecha límite del 18 de abril para que los americanos presentaran sus declaraciones de la renta de 2022 cuando los republicanos de la Cámara de Representantes empezaron a hablar de revivir tres exenciones fiscales para empresas que habían caducado o empezado a caducar en virtud de la Ley de recortes fiscales y empleos (TCJA, por sus siglas en inglés) que el Congreso controlado por los republicanos aprobó, y el presidente Trump firmó como ley, en 2017.
La TCJA
La TCJA redujo temporalmente las tasas impositivas individuales (hasta que ciertas disposiciones expiren después de 2025); fijó los tramos impositivos en 10, 12, 22, 24, 32, 35 y 37 por ciento; eliminó la exención personal; terminó efectivamente con el mandato de ACA (Obamacare) que estableció multas impositivas para las personas que no obtuvieron seguro de salud; aumentó la deducción estándar; amplió el crédito fiscal por hijos; limitó la deducción por intereses hipotecarios; aumentó la exención del impuesto mínimo alternativo; limitó las deducciones fiscales estatales y locales; puso fin a la deducción por pagos de pensión alimenticia; aumentó la exención del impuesto sobre el patrimonio; duplicó la exención del impuesto sobre el patrimonio; y suspendió algunas deducciones detalladas.
La TCJA redujo los tipos del impuesto de sociedades de forma permanente (de un máximo del 35% al 21%) y permitió temporalmente la amortización total de las inversiones de capital de corta duración en lugar de exigir que se deprecien con el tiempo; limitó la deducción de intereses netos al 30% de los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA); elevó el umbral de la contabilidad de caja de 5 a 25 millones de dólares; eliminó las pérdidas netas de explotación (NOL); eliminó la deducción por actividades de producción nacional; eliminó el impuesto mínimo alternativo de sociedades (ya restablecido para 2023 en la Ley de Reducción de la Inflación de 2022); y permitió la plena amortización de los costes de investigación y desarrollo (I+D) en el año en que se produjeran dichos costes.
Las tres ventajas fiscales para las empresas que se proponen restaurar incluyen la amortización inicial de los costes de investigación y desarrollo en lugar de a lo largo de un periodo de cinco años, deducciones fiscales para el 100 por cien de los costes de las inversiones a corto plazo en el primer año de su adquisición en lugar de sólo el 80 por ciento, y una deducción de intereses netos del 30 por ciento de los beneficios antes del EBITDA en lugar de sólo antes de intereses e impuestos.
Pero incluso mientras planeaban revivir ciertas exenciones fiscales, los republicanos de la Cámara de Representantes intentaron eliminar otras. El 26 de abril —sin un solo voto demócrata— aprobaron la Ley de Limitar, Ahorrar, Crecer (LSG) de 2023 (H.R. 2811) para aumentar el límite de la deuda federal en el presente mientras prometían reducir el gasto en el futuro. La legislación incluía la derogación de varios créditos fiscales energéticos incluidos en la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 (H.R.5376), que fue aprobada sin un solo voto republicano y promulgada por el presidente Biden el 16 de agosto de 2022. A pesar de que la gran mayoría de los actuales miembros del GOP de la Cámara firmaron la «promesa de no nuevos impuestos» de Grover Norquist —que incluye el compromiso de «oponerse a cualquier reducción neta o eliminación de deducciones y créditos, a menos que se iguale dólar por dólar mediante una mayor reducción de los tipos impositivos»— la Ley LSG elimina los créditos fiscales sin compensar los recortes de los tipos impositivos. El presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Jason Smith (republicano de Ohio), apoyado por el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (republicano de California), publicó una carta defendiendo la eliminación de los créditos fiscales porque eran bienestar corporativo «verde» diseñado «para funcionar como gasto gubernamental directo». El término técnico para esto es «gastos fiscales». Pero el diputado Smith debería saberlo mejor, ya que el Comité de Medios y Arbitrios es el comité de la Cámara que redacta el código tributario. El código fiscal está plagado de decenas de gastos fiscales, la mayoría de los cuales apoyan los republicanos.
Gastos fiscales
Según la Oficina de Análisis Fiscal del Departamento del Tesoro de EEUU, «los gastos fiscales describen las pérdidas de ingresos atribuibles a las disposiciones de las leyes fiscales federales que permiten una exclusión, exención o deducción especial de la renta bruta o que proporcionan un crédito especial, un tipo impositivo preferente o un aplazamiento de la obligación tributaria. Estas excepciones suelen considerarse alternativas a otros instrumentos políticos, como el gasto o los programas reguladores». Algunos gastos fiscales son en realidad programas de gasto directo aunque parezcan exenciones fiscales. Los gastos fiscales reducen las obligaciones fiscales de las personas o empresas que realizan determinadas actividades. Como explica el Centro de Política Fiscal del Urban Institute y la Brookings Institution:
Algunos promueven amplios objetivos sociales, como la cobertura sanitaria o el ahorro para la jubilación. Otros complementan la red de seguridad social federal proporcionando desgravaciones fiscales a determinados grupos de personas, como las familias trabajadoras con bajos ingresos, las familias con niños y las personas mayores. Otros incentivan actividades que el Congreso ha considerado dignas de apoyo, como el desarrollo económico regional, el uso de energías renovables, la construcción de viviendas para personas con bajos ingresos y la inversión en investigación y desarrollo.
La Congressional Budget Impoundment Control Act de 1974 (Ley Pública 93-344) exige que se incluya en el presupuesto federal una lista de gastos fiscales estimados, pero sólo de las disposiciones que afectan a los impuestos sobre la renta de las personas físicas o de sociedades. En consecuencia, la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) y el Comité Conjunto sobre Fiscalidad (JCT) del Congreso publican listas anuales de gastos fiscales. Los gastos fiscales se tratan en el presupuesto como pérdidas de ingresos y no como gastos. Sólo la parte de los créditos fiscales reembolsables que compensa las obligaciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas se consideran gastos fiscales; la parte reembolsable que excede de esta cantidad se contabiliza como gasto. Los gastos fiscales pueden adoptar la forma de créditos, deducciones, excepciones, desgravaciones, exclusiones, exenciones, tipos impositivos preferenciales o aplazamiento de la deuda tributaria. La mayoría de los gastos fiscales no están sujetos a un proceso de asignación directa por parte del Congreso cada año, y no tienen límite presupuestario.
El Departamento del Tesoro enumera 165 gastos fiscales a partir de marzo de 2023 bajo los epígrafes de defensa nacional; asuntos internacionales; ciencia general, espacio y tecnología; energía; recursos naturales y medio ambiente; agricultura; comercio y vivienda; transporte; desarrollo comunitario y regional; educación, formación, empleo y servicios sociales; sanidad; seguridad de ingresos; Seguridad Social; prestaciones y servicios a veteranos; administraciones públicas; e intereses. Los mayores gastos fiscales son:
- Exclusión de las cotizaciones empresariales para primas de seguro médico y asistencia médica (3.366.320 millones de dólares)
- Exclusión de los ingresos netos imputados por alquileres (1.679.550 millones de dólares)
- Planes patronales de aportación definida (1.535.700 millones de dólares)
- Plusvalías (excepto agricultura, madera, mineral de hierro y carbón) (1.492.400 millones)
Algunos de los gastos fiscales más conocidos son los bonos estatales y locales exentos de impuestos, los ingresos por seguros de vida exentos de impuestos, la deducción de los intereses hipotecarios, las deducciones fiscales estatales y locales, la deducción de los intereses de los préstamos a estudiantes, el crédito fiscal por adopción, la deducción de las contribuciones benéficas, el crédito por gastos de cuidado de hijos y dependientes, los créditos fiscales por educación, el crédito fiscal por hijos, el crédito fiscal por ingresos devengados, el diferimiento fiscal de los intereses devengados por los bonos de ahorro de EEUU., la deducción por gastos médicos, las contribuciones empresariales libres de impuestos a las cuentas de ahorro para la salud, las deducciones adicionales para ciegos y ancianos, la exclusión de becas y becas de investigación de la renta imponible y la exclusión de las contribuciones individuales a las cuentas de ahorro para la salud. Y sólo hablamos del impuesto federal sobre la renta. Por ejemplo, las aportaciones individuales a las cuentas de ahorro sanitario no sólo reducen los ingresos sujetos al impuesto sobre la renta, sino también los ingresos sujetos a los impuestos sobre la nómina.
Entonces, ¿son buenos los gastos fiscales? Los principales economistas no se ponen de acuerdo sobre qué gastos fiscales «merecen la pena» y cuáles no aportan suficientes beneficios a la sociedad para justificar su «coste». Pero sus determinaciones son bastante arbitrarias. Típico es un informe del Tax Policy Center de Frank Sammartino y Eric Toder («¿Valen la pena los gastos fiscales?»). Algunos gastos fiscales «proporcionan una parte significativa de la ayuda gubernamental a muchas actividades que merecen la pena», mientras que otros «proporcionan beneficios especiales injustificados a ciertas industrias e individuos». Sin embargo, a veces se muestran indecisos, como cuando reflexionan: «No está claro si la deducción de los intereses hipotecarios sirve a un propósito público necesario».
El problema
«Gastos fiscales» es un término equivocado. Los gastos fiscales no son gastos. No son subvenciones. No son programas de gasto. No son desembolsos. No son transferencias. No son «desviaciones de un impuesto sobre la renta con una base integral». No tienen que financiarse. Y no son pérdidas de ingresos, a menos que se considere que el hecho de que los americanos mantengan todos sus ingresos es una pérdida para el gobierno. El impuesto sobre la renta, como explicó el incondicional de la vieja derecha Frank Chodorov (1887-1966) en su libro The Income Tax: Root of All Evil (1954), significa que el Estado dice a sus ciudadanos: «Vuestros ingresos no son exclusivamente vuestros; tenemos derecho sobre ellos, y nuestro derecho es anterior al vuestro; os permitiremos conservar una parte, porque reconocemos vuestra necesidad, no vuestro derecho; pero lo que os concedamos para vosotros mismos lo decidiremos nosotros.»
Los economistas y los políticos entienden las cosas al revés. Cada uno de los llamados gastos fiscales permite a los americanos mantener más dinero en sus bolsillos y fuera de las manos del Tío Sam. Los impuestos son un robo gubernamental. Adquirir la propiedad de alguien por la fuerza está mal, tanto si lo hacen individuos como gobiernos. Si alguien afirma que los impuestos no son un robo porque los americanos pagan sus impuestos voluntariamente, entonces ¿por qué el Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene agentes especiales armados «que no deben tener miedo de usar ‘fuerza mortal’», como decía una reciente oferta de empleo del IRS? ¿Qué porcentaje de americanos pagaría voluntariamente sus impuestos si no hubiera consecuencias por no hacerlo? Gracias a las retenciones y los impuestos sobre las nóminas, los americanos se ven obligados a «pagar» con cada nómina.
Pruebe a tener un negocio en los Estados Unidos y negarse a retener una parte de la nómina de sus empleados y vea lo que ocurre. Y si alguien replica que, aunque los impuestos son un robo, son un mal necesario porque el gobierno federal no podría funcionar sin ellos, yo le recordaría que durante la mayor parte de la historia de América no existió el impuesto sobre la renta, y el gobierno funcionó perfectamente hasta que decidió intervenir en las guerras europeas. Además, también se podría argumentar que más del 90% de las cosas en las que el gobierno gasta los ingresos del impuesto sobre la renta son abiertamente inconstitucionales.
Un economista que reconoció la naturaleza de los gastos fiscales fue el teórico libertario Murray Rothbard (1926-1995). En su artículo seminal «The Myth of Tax ‘Reform» (El mito de la «reforma» fiscal), aborda el tema de las subvenciones fiscales y los vacíos legales:
Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, con las deducciones por pago de intereses hipotecarios, los créditos fiscales a la inversión o las deducciones por pago de impuestos estatales y locales? ¿En qué sentido son «subvenciones»? En cambio, lo que realmente ocurre aquí es que a algunas personas —propietarios de viviendas, inversores o contribuyentes estatales y locales— el gobierno les permite amablemente conservar más de su propio dinero del que habrían conservado de otro modo. En mi opinión, el hecho de que se les permita conservar más dinero ganado con esfuerzo no es una subvención en sentido estricto; simplemente significa que se les está desplumando menos de lo que se les habría desplumado. Si un ladrón te asalta en la carretera, y está a punto de huir con todos tus fondos, y tú le convences para que te deje conservar algo del billete de autobús, ¿te está «subvencionando»? Seguro que no. Que te deje quedarte con tu propio dinero difícilmente puede calificarse de subvención.
El gran economista del libre mercado Ludwig von Mises se levantó una vez en una conferencia sobre fiscalidad que dedicaba mucha energía al cierre de lagunas fiscales, y formuló la pregunta crucial: «¿Qué es una laguna?» Respondió que el supuesto de los teóricos de las lagunas fiscales parecía ser que todos los ingresos de todo el mundo pertenecen realmente al gobierno, y que si el gobierno no grava todos los ingresos, está dejando una «laguna» que debe cerrarse.
Rothbard también reconoció la verdadera naturaleza de los impuestos:
Tenemos que ver los impuestos de otra manera. Tenemos que dejar de ver los impuestos como un poderoso sistema para lograr objetivos sociales, que simplemente hay que hacer «justo» y racional con el fin de marcar el comienzo de la utopía. Tenemos que empezar a ver los impuestos como un vasto sistema de robo y opresión, mediante el cual se permite a algunas personas vivir coercitiva y parasitariamente a expensas de otras. Debemos darnos cuenta de que, desde el punto de vista de la justicia o de la prosperidad económica, cuanto menos se grave a la gente, mejor. Por eso debemos alegrarnos de cada nuevo resquicio legal, de cada nuevo crédito, de cada nueva manifestación de la economía «sumergida».
Rothbard concluye:
Cada actividad económica que escapa a los impuestos y controles no sólo es un golpe para la libertad y los derechos de propiedad; también es un caso más de libre flujo de energía productiva que sale de debajo de la represión parasitaria.
Por eso debemos acoger con satisfacción cada nuevo resquicio legal, refugio, crédito o exención, y trabajar, no para cerrarlos, sino para ampliarlos e incluir a todos los demás, incluidos nosotros mismos.
El principio debería ser claro: apoyar todas las reducciones de impuestos, ya sea mediante tipos más bajos o ampliando las exenciones y deducciones; y oponerse a todos los aumentos de tipos o reducciones de exenciones. En resumen, tratar en todos los casos de eliminar la lacra de la fiscalidad en la medida de lo posible.
Uno pensaría que los libertarios de todas las personas entenderían esto.
Libertarios por impuestos más altos
Pero algunos libertarios no lo entienden. Se unen a los conservadores —que no tienen ninguna objeción filosófica a los impuestos— y argumentan, en nombre de la simplicidad y la equidad, que ciertas deducciones y créditos fiscales son «lagunas» que deben «cerrarse» porque «distorsionan» el código tributario, «subvencionan» a los contribuyentes de altos ingresos, benefician a «intereses especiales», «asignan mal» los recursos y animan a la gente a tomar «decisiones económicamente imprudentes». Estos libertarios se opondrían enérgicamente a que se aumentaran los tipos del impuesto sobre la renta, pero al mismo tiempo se muestran inflexibles a la hora de eliminar ciertas exenciones fiscales, a pesar de que al hacerlo se conseguiría exactamente lo mismo: aumentar los impuestos de algunos americanos.
Las deducciones fiscales sirven para reducir el importe de los ingresos sujetos a impuestos. Los créditos fiscales sirven para reducir la cantidad de impuestos que se deben sobre los ingresos. Cualquiera de ellas permite a los americanos conservar más de su dinero y al gobierno quedarse con menos. Por lo tanto, todas las deducciones y créditos fiscales son buenos; no importa a quién beneficien, por qué los promulgue el Congreso o cuántos ingresos le cuesten al gobierno federal. Sin embargo, algunos libertarios han dedicado una cantidad desmesurada de tiempo a reprochar las deducciones y créditos fiscales, especialmente la deducción por impuestos estatales y locales pagados, la deducción SALT. Según el Tax Policy Center:
Los impuestos estatales y locales sobre la renta y los bienes inmuebles constituyen la mayor parte del total de impuestos estatales y locales deducidos (aproximadamente el 60% y el 35%, respectivamente), mientras que los impuestos sobre las ventas y los impuestos sobre la propiedad personal representan el resto.
Los impuestos estatales y locales han sido deducibles desde la creación del impuesto federal sobre la renta en 1913. Inicialmente, todos los impuestos estatales y locales no directamente vinculados a un beneficio eran deducibles de la renta imponible federal. En 1964, los impuestos deducibles se limitaron a los impuestos estatales y locales sobre la propiedad (bienes muebles e inmuebles), la renta, las ventas generales y los carburantes. El Congreso eliminó la deducción de los impuestos sobre los combustibles de automoción en 1978, y eliminó la deducción del impuesto general sobre las ventas en 1986. En 2004 restableció temporalmente la deducción del impuesto sobre las ventas, permitiendo a los contribuyentes deducir el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre las ventas, pero no ambos. La legislación posterior hizo permanente esa disposición a partir de 2015.
La TCJA limitó la deducción detallada SALT a $ 10,000 para los años fiscales 2018 a 2025. Antes del año fiscal 2018, todos los impuestos estatales y locales elegibles pagados durante el año, incluyendo bienes raíces, propiedad personal e impuestos sobre la renta o las ventas, podían deducirse. El tope SALT, por lo tanto, equivale a un aumento de impuestos. Es un aumento de impuestos para la clase media y los «ricos», pero, después de todo, ellos son los que realmente pagan impuestos sobre la renta. Según el IRS, el 50% de los contribuyentes más desfavorecidos (contribuyentes con un AGI inferior a 44.269 dólares) pagan sólo el 3% de los impuestos sobre la renta recaudados, y el 1% de los más ricos pagan más impuestos sobre la renta que el 90% de los más desfavorecidos juntos.
Dado que los libertarios sostienen que el gobierno no tiene derecho a una parte de los ingresos de ningún americano, y que los americanos deberían ser libres de quedarse con el fruto de su trabajo y gastar su dinero como mejor les parezca, los libertarios deberían decir que no se deberían aumentar los impuestos de nadie, y que se deberían reducir los impuestos de todos.
Los gastos fiscales no cuestan ingresos al Gobierno, sino que permiten a los americanos conservar más dinero. Mientras los americanos tengan un impuesto sobre la renta, y mientras las posibilidades de que los tipos impositivos se reduzcan sustancialmente sean escasas, las desgravaciones fiscales como las deducciones y los créditos son la única forma de que los americanos puedan conservar más dinero.
Este artículo se publicó originalmente en la edición de agosto de 2023 de Futuro de la Libertad.
