Aunque la reforma del impuesto sobre bienes inmuebles requirió varias sesiones extraordinarias para resolverse, la lucha en torno al proyecto de ley de Texas HB 2127, la llamada «Estrella de la Muerte», parece que continuará en los tribunales.
Aunque gran parte del debate se ha centrado en el control local frente a la «coherencia regulatoria» para los negocios de todo el estado, rara vez se aborda el impacto potencial sobre los derechos individuales. A juzgar por todo el rechinar de dientes, podría ser positivo.
Tal vez dada la temporada, las principales ordenanzas que oímos que corren el riesgo de ser anuladas son los mandatos de interrupción del agua. Austin y Dallas exigen 10 minutos cada cuatro horas a los trabajadores de la construcción.
Cuando en su defensa se invoca la versión del fútbol de instituto de Texas de «¿qué pasa con los niños?», sabes que el histrionismo es casi tan acalorado como el sol de Texas.
Lo único que iba más rápido al campo de entrenamiento que mis compañeros y yo en los 1980 eran los «camellos», carros que transportaban enormes jarras de agua. Sin embargo, algunos medios de comunicación consideran «asombroso que más... jugadores no murieran» cuando los entrenadores hacían «correr a los jugadores» en esta «época no tan lejana».
Sin embargo, no es exagerado decir que los entrenadores no quieren tener en su conciencia lesiones o muertes relacionadas con el calor. Lo mismo cabe decir de las empresas de construcción.
Que algo no lo exija el gobierno no significa que no vaya a ocurrir. Las buenas intenciones que hay detrás de algunas leyes palidecen en comparación con el «vaso de la humanidad» que ya está lleno para la gran mayoría de nosotros.
Hablando por experiencia, eso incluye a los propietarios de viviendas de alquiler.
Esto es importante ante el temor de que también se anulen las «protecciones de los inquilinos». Con demasiada frecuencia no se reconoce que algunas de estas normativas van en detrimento de los derechos de propiedad de los propietarios.
Para quienes no se sientan inclinados a empatizar con alguien que lleva la palabra «señor» en su título, cabe señalar que tales normas también disminuyen la oferta de viviendas, lo que a su vez hace subir los alquileres. Y esto no es nada que el gobierno pueda arreglar sin empeorarlo. Y esto no es nada que el gobierno pueda arreglar sin empeorarlo.
En cuanto a toda la confusión que los funcionarios locales parecen tener sobre la vaguedad de la ley, en caso de duda, simplemente no lo hagas.
Por ejemplo, las ordenanzas sobre el ruido pueden justificarse porque la música excesivamente alta puede causar daños auditivos a los vecinos de la vivienda. También podría impedirles utilizar su casa como escenario de fiestas y demás, vulnerando así sus derechos de propiedad.
Por otro lado, las normas que permiten quitar a la fuerza a una parte para dársela a otra deberían hacer reflexionar a los legisladores.
Lo ideal sería que la mayor parte de la gobernanza tuviera lugar a nivel local. Es mucho más fácil contactar con un concejal que con un congresista. Y el ayuntamiento es un lugar mucho más manejable para exponer tus quejas que ir a Austin.
Pero tanto si suprimen pequeños negocios propiedad de minorías con el pretexto del «bienestar animal» como si dicen a los ciudadanos que sus «valores» se definen en parte como privar a los demás de sus derechos, los políticos locales tienen tantas ganas de controlar y microgestionar nuestras vidas como sus hermanos estaduales y nacionales.
Lo hemos visto de forma brutal con los cierres patronales de los últimos años, que, irónicamente, podrían haber sido el impulso para una ley tan amplia.
Al fin y al cabo, el principal deber del gobierno es proteger los derechos individuales y de propiedad y el libre albedrío. Ahora mismo, el estado parece más proclive a hacerlo.
