En diciembre, un amigo mío tesorero del condado me informó de un «período muerto» cuando los donantes de campaña no pueden dar a los legisladores estaduales, ya que están a punto de entrar en sesión. Por tanto, sería más probable que pudieran dar a candidatos a cargos locales.
Pero si los donantes tienen asuntos que tratar con el poder legislativo (o con un organismo local), ¿hasta qué punto es correcto que hagan donaciones? Esta pregunta me ha venido a la mente tras examinar los informes financieros de las campañas locales.
Tanto si se trata de garantizar el derecho a defenderse con armas como de proteger a las personas de la discriminación por motivos de raza, orientación sexual, etc., estamos hablando de libertades personales.
¿Y si, por el contrario, hablamos de una compañía de ingeniería o de su PAC (comité de acción política) que hace donaciones? ¿Y de un negocio constructor o inmobiliaria?
Tan cuestionable como estar en el lado de los que dan, es completamente nocivo estar en el lado de los que aceptan. Envía un mensaje equivocado, especialmente cuando el representante elegido no rechaza los fondos.
Para empezar, podría decirse que estás en venta como responsable político.
Los donantes pueden alegar que eso les da acceso y que, si no lo hacen, otro se les adelantará. Sigue siendo preocupante, pero se entiende.
Aquí es donde el titular del cargo debe dejar claro que el acceso, por no hablar de su voto, no está en subasta. De lo contrario, encarnan el adagio de que «la segunda profesión más antigua (la política) se parece mucho a la más antigua (la prostitución)».
Esta dinámica también reduce la ventana de oportunidades para los competidores más pequeños que no pueden permitirse una partida presupuestaria para ejercer presión. Además, es probable que estén demasiado ocupados tratando de mantenerse en el negocio, teniendo ahora que trabajar mucho más duro para superar esta barrera adicional creada por el gobierno.
Y no es difícil descubrir estas conexiones, aunque existen en una escala móvil de transparencia.
Algunos donantes no mencionan las empresas de su propiedad que se beneficiarán. Otros sí lo hacen. Algunos se toman la molestia de crear un comité de acción política para llevar a cabo la compra de favores, pero le ponen el mismo nombre que a la compañía beneficiaria.
Otros son tan descarados en sus contribuciones que escriben mal su nombre, con una letra menos, o añaden un sufijo como «Jr.» para eludir los límites de las donaciones.
Y tan desvergonzados son algunos políticos que presionan para aumentar esos límites.
Siento el máximo respeto por los dueños de negocios y empresarios. Los riesgos que asumen, y las recompensas que el resto de la sociedad obtiene de ello, son cosas que intento poner de relieve en clase cuando hablo del lado de la oferta.
Sin embargo, esa admiración se erosiona cuando intentan comprar un pase rápido a la cabeza de la fila. Peor aún es cuando los representantes electos se lo conceden. Es otra forma de robar a los contribuyentes privándoles de un proceso de licitación justo.
Para colmo de males, un político propone una ley para resolver este problema. O son tan ingenuos como para pensar que esa será la ley que lo hará, o es un intento descarado de distraer a los votantes. A continuación, llegan las donaciones de abogados que se benefician de la oportunidad de descifrar todo esto.
Si de verdad nos preocupan los «mecanismos para incentivar el buen trabajo», ¿qué tal si pulsamos el botón de «reembolso» en estas donaciones de alto valor ético?
