Algunos profesionales sanitarios se niegan a atender a los pacientes no vacunados de Covid-19. Pero, ¿existe realmente un argumento para hacerlo? El argumento es que los pacientes no vacunados suponen una carga excesiva para el sistema sanitario. Sin embargo, la legitimidad de esta afirmación no justifica la denegación de tratamiento a los pacientes no vacunados. Si el argumento es que la negligencia de los no vacunados está poniendo a prueba el sistema sanitario, entonces hay que aplicar una lógica similar a otros escenarios, y no hacerlo deslegitima el caso para discriminar a los no vacunados.
La obesidad puede agravar otras comorbilidades y las investigaciones revelan que en Estados Unidos la epidemia de obesidad es responsable de 170.000 millones de dólares de costes excedentes al año. A pesar de los programas de educación pública en los que se describen las consecuencias de la obesidad, muchos siguen aferrados a dietas poco saludables y cultivan hábitos alimentarios facilitados por sus familiares, como documenta con frecuencia TLC en la serie my 600-IB life.
Lo más alarmante es que de este programa han salido varios personajes menores que invitan a la simpatía de los espectadores. Por lo general, la falta de voluntad de los personajes para ajustarse a normas sanitarias más estrictas se atribuye a la salud mental. Así pues, ¿en qué nos basamos para discriminar a los no vacunados cuando la gente es bastante hospitalaria con los pacientes con sobrepeso que, a pesar de ser conscientes de su condición, hacen poco para evitar que se agraven los problemas de salud existentes?
Además, las vacunas Covid no son capaces de prevenir la transmisión y, si pudieran, los defensores tendrían un argumento más sólido para imponer la vacunación obligatoria. Sí, las vacunas reducen la gravedad de la enfermedad, pero los individuos son responsables de su propia salud y, dado que castigar a la gente por no tomarse la salud en serio no es una práctica del sistema sanitario, no hay precedentes para difamar a los no vacunados.
Además, si los médicos que niegan el tratamiento a los no vacunados se tomaran en serio la maximización de los recursos para los pacientes, se negarían a atender a las personas que padecen enfermedades relacionadas con el tabaquismo. En Estados Unidos, estas dolencias suponen un coste total de 300.000 millones de dólares al año, incluyendo más de 225.000 millones de dólares en atención médica directa para adultos y 5.600 millones de dólares en pérdida de productividad como consecuencia del tabaquismo pasivo.
Los efectos adversos del tabaquismo son bien conocidos y los gobiernos han gastado millones para disuadir a la gente de perpetuar el hábito, mientras que las pruebas sobre la eficacia de las vacunas Covid son muy controvertidas, por lo que, teniendo en cuenta este hecho, en realidad tiene más sentido castigar a los fumadores que privar del tratamiento a los no vacunados. Incluso se podría argumentar que, debido a la información contradictoria, el escepticismo de los no vacunados está justificado, aunque los fumadores son deliberadamente negligentes, ya que las pruebas de que fumar es perjudicial para la salud son claras.
Otra cuestión es que negar el tratamiento a los no vacunados plantea problemas éticos. Según el juramento hipocrático, los médicos están moralmente obligados a tratar a los pacientes independientemente de sus creencias y decisiones políticas. Por tanto, utilizar el estado de vacunación para juzgar a un paciente no es ético y va en contra de los objetivos de la profesión médica. Desde el punto de vista político, este enfoque también está plagado de problemas. Al relacionarse con los ciudadanos, se espera que el gobierno actúe de forma imparcial, por lo que si los hospitales públicos despriorizan a los no vacunados, esto sugiere que el gobierno está adoptando una postura política, lo que hace que la política sea discriminatoria e injusta.
En segundo lugar, la sanidad pública está financiada por los contribuyentes y no todos están de acuerdo con la vacunación obligatoria, por lo que privilegiar a los vacunados sería un insulto a los contribuyentes. Además, despriorizar a los no vacunados es descaradamente clasista. Las personas acomodadas siempre pueden recurrir a un tratamiento superior en hospitales privados propiedad de sus colegas. Y claramente, los proveedores privados serían menos propensos a discriminar, ya que están motivados por el dinero, sin embargo, incluso si dan prioridad a los pacientes vacunados, existe la posibilidad de que hagan concesiones para los amigos ricos.
Ed Yong, en un artículo para The Atlantic, ilustra el clasismo inherente a la falta de prioridad de los no vacunados: «Utilizando datos de encuestas recientes de la Oficina del Censo de EEUU, la investigadora de políticas sanitarias Julia Raifman y el economista Aaron Sojourner han demostrado que los americanos no vacunados son desproporcionadamente pobres, y que dentro de las franjas de ingresos más bajas, las personas que quieren o considerarían la posibilidad de vacunarse superan a las que nunca se vacunarían... Que todavía no se hayan vacunado podría parecer inexplicable para las personas que simplemente pueden ir a su CVS local. Pero las personas que viven en barrios pobres pueden no tener una farmacia local, ni transporte público que les lleve a una, ni acceso a Internet que les permita reservar una cita. Las personas que ganan sueldos por hora podrían no tener tiempo para una cita de vacunación, o una licencia por enfermedad pagada para capear cualquier efecto secundario».
Rechazar a los no vacunados es incluso contrario a la noción de derechos positivos que suelen alabar las élites intelectuales, como señala John Coggon en The Conversation: «Por el mero hecho de rechazar las vacunas, no se puede considerar que una persona haya rechazado también el consentimiento para recibir tratamientos para la COVID. Las personas que no están vacunadas no han renunciado a su derecho positivo a la asistencia sanitaria... Una política para despriorizar a los pacientes no vacunados para la atención, o para cobrarles por dicha atención, no sería negar un privilegio o preferencia. Sería punitivamente discriminatorio, negando un derecho positivo fundamental y universal».
Al igual que los hospitales, los empresarios han castigado a los no vacunados, pero su caso es dudoso. A menudo se dice que los empresarios tienen mayor libertad para discriminar que el Estado, pero esto no es cierto, porque las decisiones de una empresa están limitadas por acuerdos contractuales. Aparte de los acuerdos a voluntad, los empleadores no pueden instituir arbitrariamente políticas y esperar que los empleados las cumplan, especialmente cuando dichas políticas no se persiguen para aumentar la productividad.
La vacunación obligatoria en el sector privado es ridícula porque las empresas tienen muchas posibilidades de utilizar su criterio. Cuando el espacio es un problema, los empleados pueden trabajar desde casa y si se trata de una situación en la que la gente no puede realizar su trabajo en casa, la vacunación obligatoria sigue siendo una idea sin fundamento. Las vacunas de Covid-19 no están todavía al nivel de servir como disuasión para contraer y transmitir la enfermedad, por lo que las empresas no pueden pretender imponer la vacunación sobre la base de preservar la salud pública.
Además, los empleados enfermos suelen quedarse en casa para contener la propagación de enfermedades infecciosas, por lo que es poco probable que los pacientes de Covid, independientemente de su estado de vacunación, se reúnan con sus compañeros de trabajo. Y es muy improbable que los empleadores vayan a exigir que las personas infectadas que parecen sanas y están vacunadas se presenten a trabajar. Existe la posibilidad de que la vacunación reduzca las pérdidas de productividad al acelerar la recuperación para garantizar una rápida vuelta al trabajo. Sin embargo, el impacto de Covid-19 en la productividad sigue siendo objeto de estudio y las pruebas anecdóticas sugieren que gran parte del descenso de la productividad puede atribuirse a los cierres y al impacto devastador que tuvo en las industrias de contacto intensivo.
Por último, la obesidad afecta negativamente a la productividad y la salud, pero los empresarios dudan en imponer requisitos dietéticos a los trabajadores. No estamos sugiriendo que lo hagan, pero incluso cuando la pandemia emigre, tendrán que seguir lidiando con el problema de la obesidad y su potencial para amplificar las condiciones subyacentes. Aunque sea popular, está claro que estigmatizar a los no vacunados es simplemente inane.
