Quarterly Journal of Austrian Economics 22, no. 2 (verano de 2019) número completo.
RESUMEN: Una de las condiciones fundamentales para superar el desastre económico en Venezuela y asegurarse de que un nuevo gobierno no pueda arrebatar de nuevo la libertad económica, es la desocialización de la economía. Siguiendo a Rothbard (1992), proponemos uno de los pasos necesarios para lograr una verdadera economía de libre mercado en una Venezuela postsocialista. En este artículo analizamos, con base en experiencias anteriores, cómo desocializar las empresas en este país, así como el escepticismo histórico que los políticos socialistas, los medios de comunicación y las élites económicas han creado en contra de las capacidades de los venezolanos para administrar su propia propiedad. Además, presentamos un borrador de una ley de privatización que minimiza la presencia y el control del gobierno en este proceso, un requisito debido a la tendencia histórica de corrupción y amiguismo de todos los gobiernos de Venezuela. Asimismo, damos una descripción general de nuestra propuesta de distribuir entre los venezolanos por nacimiento y edad legal, todos los impuestos y regalías especiales que las empresas petroleras tienen que pagar a los gobiernos de tal manera que el gobierno se muera de hambre y consolide su dependencia fiscal con los ciudadanos para fortalecer la democracia y la libertad. Finalmente, concluimos que si bien es fundamental, no basta con desocializar las empresas, sino también aplicar otras políticas radicales de libre mercado orientadas a aumentar las libertades individuales y minimizar al máximo el Estado.
privatización - socialismo - venezuela
Clasificación de JEL: B53, E32, E42, E58, G21
I. INTRODUCCIÓN
Los venezolanos se han acostumbrado a la idea de que el petróleo y todos los recursos naturales pertenecen a los ciudadanos. Los medios de comunicación mercantilistas y socialistas han difundido e inculcado esta falsa idea. El sistema educativo también se adhiere a esta narrativa errónea. Sin embargo, los venezolanos no han recibido los ingresos de la extracción de petróleo, regalías, impuestos y dividendos ni se les ha permitido poseer acciones en el negocio. Por el contrario, debido a que Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) es una empresa estatal, los gobiernos son los únicos receptores directos de estos beneficios, lo que les confiere un tremendo poder económico y una considerable independencia de los contribuyentes venezolanos.
La propiedad estatal de las alturas dominantes de la economía no es una política original creada en el régimen de Chávez-Maduro, sino una institución económica excluyente que resulta de una combinación cada vez más dominante de socialismo democrático y mercantilismo implementada por las élites en el poder décadas antes del advenimiento de Chávez (Faría y Filardo 2015). Con un poder económico tan enorme concentrado en manos de las élites políticas y económicas, los representantes del «socialismo del siglo XXI» han podido promover una variada gama de actividades desestabilizadoras en el extranjero y aumentar su poder en el país, que se ha transformado en una tiranía reconocida internacionalmente. De ahí la presciencia de la sabiduría de Mises:
Si el control de la producción se traslada de las manos de los empresarios, elegidos de nuevo diariamente por un plebiscito de los consumidores a las manos del comandante supremo de los «ejércitos industriales» o de los «trabajadores armados», ni el gobierno representativo ni las libertades civiles pueden sobrevivir. (Mises 2008).
Este documento, que también se inspira en (Rothbard 1992), se rige por los principios de no confiscar el dinero de las personas, mantener los impuestos tan bajos y simples como sea posible, y no permitir que el gobierno sea propietario de las empresas. Además, siguiendo el enfoque general del proceso de privatización argumentado en (Acevedo 2018), presentamos una propuesta para desocializar no sólo a PDVSA sino a todas las empresas y activos estatales de Venezuela.
Entendemos que este proceso es difícil pero no imposible de aplicar. En 2017 Transparencia Venezuela reportó 526 empresas estatales. Por lo tanto, otras reformas estructurales tienen que acompañar necesariamente a la transferencia de la propiedad del dominio estatal a la esfera privada; sin embargo, las desarrollaremos en documentos separados: libertad monetaria, libertad de comercio, estado de derecho e independencia del sistema judicial, flexibilidad de las leyes laborales, minimización de los gastos gubernamentales, y la privatización sistemática de los servicios públicos, entre otros.
En este trabajo, explicamos la relevancia de la desocialización de las empresas en Venezuela y proponemos una ley de desocialización. En pocas palabras, en primer lugar, discutimos el escepticismo histórico sobre las capacidades de los venezolanos para disfrutar de total libertad económica y ser verdaderos accionistas de las empresas actualmente administradas por el Estado. En segundo lugar, analizamos el proceso histórico de desocialización en países con características similares a las de la Venezuela actual. En tercer lugar, proponemos una ley de desocialización justificada con la retórica socialista que afirma que los venezolanos son los dueños de las empresas, para así convertir esta ficción en realidad, poniendo fin a las narrativas socialistas engañosas y egoístas.
Además, este documento ofrece una exploración preliminar del tema de la distribución equitativa de impuestos y regalías entre los venezolanos que las corporaciones en el sector petrolero están hoy legalmente obligadas a transferir al gobierno. El objetivo final es matar de hambre al gobierno que lo obliga a vivir de la gente, condición necesaria para el firme establecimiento del estado de derecho y la democracia, contribuyendo a reemplazar la práctica actualmente perversa de que el pueblo vive del gobierno (Faría 2008).
Finalmente, concluimos que es mejor distribuir las acciones entre todos los ciudadanos venezolanos por nacimiento mayores de dieciocho años, al tiempo que se vende una participación relevante a inversionistas extranjeros y nacionales para atraer experiencia gerencial. Sostenemos que nuestra propuesta se adapta mejor a la fragilidad institucional de Venezuela que si adoptáramos otras alternativas bien conocidas implementadas por los países de Europa del Este e Inglaterra bajo el gobierno de Thatcher.
II. ESCEPTICISMO SOBRE LAS CAPACIDADES DE LOS VENEZOLANOS: ¿UNA MALDICIÓN HISTÓRICA?
En esta sección se exploran las raíces de la creencia, difundida principalmente por políticos y ciertos académicos, de que los venezolanos no son capaces de manejar su propia libertad y riqueza de manera adecuada. Es importante entender el origen de esa postura porque cuando declaramos públicamente nuestra propuesta sobre la distribución efectiva de las acciones entre todos los ciudadanos venezolanos por nacimiento, mayores de dieciocho años, nos hemos enfrentado a un fuerte escepticismo, basado en una supuesta falta de conocimiento o capacidad de la gente promedio.
Esta subestimación es generalizada y no sólo una característica exclusiva de los políticos y otras élites. En los medios sociales, la falta de confianza en la forma en que los beneficiarios gestionarían sus acciones se expresa comúnmente. La retórica populista, implementada desde 1958, ha inculcado un fuerte sesgo, hasta el punto de que hay personas que no creen en el poder de los incentivos saludables y la libertad individual, pero sí en los burócratas y otros grupos elitistas que deciden en nombre de todos los ciudadanos. Sin embargo, esta situación tiene una raíz histórica, ya que los políticos y las élites del poder siempre han subestimado la capacidad de los venezolanos.
Después de un breve repaso de la historia de Venezuela, es relativamente fácil entender que la mayoría de los héroes de la independencia no abrazaron en absoluto las ideas liberales o libertarias. El padre de la nación, más conocido como el «Libertador», Simón Bolívar, afirmó: «En general, nuestros conciudadanos aún no están dispuestos a asumir el ejercicio pleno e independiente de sus derechos, porque carecen de las virtudes políticas que caracterizan al verdadero ciudadano de una República» (Bolívar[1812] 2003a, 6).
Sin embargo, no es la única frase que expresa la renuencia a creer en sus compatriotas que el Libertador declaró en su vida. «Hasta que nuestros compatriotas no adquieran las habilidades y virtudes políticas que distinguen a nuestros hermanos del norte, los sistemas enteramente populares, lejos de sernos favorables, conducirán, me temo mucho, a nuestra ruina» (Bolívar[1815] 2003b, 23). También dijo:
La libertad, dice Rousseau, es un alimento suculento pero difícil de digerir. Nuestros ciudadanos debilitados tendrán que fortalecer sus espíritus poderosamente antes de que logren digerir el saludable alimento de la libertad. Sus brazos y piernas entumecidos por las cadenas, su vista oscurecida en oscuras mazmorras y azotados por la plaga del servilismo, ¿serán capaces alguna vez de marchar con pasos firmes hacia el augusto templo de la Libertad? (Bolívar[1819] 2003c, 34)
Otra frase atribuida a Bolívar, que muestra el amanecer de esta «maldición histórica», es: «estos señores creían que estaban en Grecia, construyendo repúblicas aéreas que no son consistentes con la situación y la realidad del pueblo venezolano, no preparadas para el bien supremo de la libertad» (Acevedo y Andrade 2018, 1). En esta declaración, Bolívar se refirió al pueblo que redactó la primera constitución de Venezuela en 1811, que fue, por cierto, federalista e «inspirada en la constitución estadounidense y en el liberalismo político de ese momento» (Acevedo y Andrade 2018, 1).
Aguiar (2018, 1) argumenta que la sentencia de Bolívar en Cartagena en 1812, «el pueblo venezolano, no preparado para el supremo bien de la libertad», ha sido utilizada y aplicada en el contexto político en Venezuela en al menos dos momentos específicos, 1959 y 1999. Los políticos venezolanos y las élites del poder han usado –y siguen usando– la misma frase para justificar la necesidad de un «padre grande, poderoso e indulgente» representado por un gran Estado, y una persona –el presidente– en quien la gente tiene que confiar y dejar que decida todo en nombre de todos.
Fue en 1821 cuando, finalmente, se alcanzó la independencia de Venezuela. Sin embargo, como afirman Faría y Montesinos (2016, 214) «....mientras que los americanos fundadores querían la libertad, los generales venezolanos (caudillos) querían la independencia de España...... La independencia de Venezuela fue establecida en 1821 por descendientes de europeos y para descendientes de europeos».
Desde 1821 hasta 1957, Venezuela no se embarcó en una democracia «real» como lo hizo desde 1958, con todas sus debilidades y defectos. Antes de este año, muchos caudillos –que tomaron el poder y el control de la nación a través de revueltas y/o formas incipientes de democracia– gobernaban el país. Otras características particulares de este término fueron las incertidumbres políticas y constitucionales –se hicieron 25 constituciones «para cubrir los deseos y necesidades del caudillo que gobernaba el país... el federalismo se incrementó y disminuyó dependiendo de los intereses del gobierno» (Acevedo y Andrade 2018, 1). Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX, los venezolanos saborearon sólo una parte de la libertad, dicen Acevedo y Cirocco (2017, 5), alrededor del período 1914-1957:
...durante esos años, de los cinco presidentes que tuvimos, cuatro eran dictadores y generales del ejército. Nuestros derechos civiles y políticos fueron restringidos. No teníamos libertad de prensa, por ejemplo; no teníamos sufragio universal. Pero, mientras vivíamos bajo dictaduras, al menos podíamos disfrutar de altos niveles de libertad económica.
Cuando Rómulo Betancourt, socialdemócrata, ganó las elecciones presidenciales en diciembre de 1958, la era democrática comenzó en Venezuela. Por primera vez, los ciudadanos disfrutan de derechos civiles y políticos que antes no existían, sin embargo, estos «regalos» de la democracia conllevan un coste, la libertad económica. Acevedo y Cirocco (2017, 6) dijeron sobre Betancourt que «empezó a destruir las instituciones económicas que teníamos implementando controles de precios, controles de alquiler y otras regulaciones que antes no teníamos. Además, él y sus aliados crearon una nueva constitución hostil a la propiedad privada». Lo peor de todo esto es que, actualmente, los admiradores de Betancourt y un gran número de influenciadores de los medios sociales siguen justificando esas políticas, diciendo que los venezolanos no estaban dispuestos a disfrutar de total libertad.
Además de la arrogancia de los políticos y las élites que subestiman las capacidades de los venezolanos, encontramos otros factores potencialmente limitantes para la implementación de nuestra propuesta, que implica abrazar altos niveles de libertad económica: factores culturales como la confianza en los demás1 y la brecha entre el individualismo y el colectivismo;2 el origen histórico de las leyes del país;3 y el legado del capital humano.4
Faría y Montesinos (2016, 225) discuten sobre la importancia de los factores antes mencionados. Primero, es necesario confiar en otros para abrazar la libertad económica, pero «Venezuela está entre los países del mundo con el nivel de confianza más bajo». En cuanto a la brecha entre individualismo y colectivismo, estos autores afirman que las sociedades individualistas privilegian los derechos naturales, mientras que las sociedades colectivistas crean una población caracterizada por la conformidad y «desalientan a los individuos para que no disientan ni se destaquen».5
Las culturas individualistas prefieren reglas aplicadas a todos, mientras que las culturas colectivistas enfatizan la amistad para la administración de justicia, ver Bennett et al. (2019).
No es de extrañar que al medir el individualismo, Venezuela se ubique en el cuartil más bajo entre los países calificados. El origen del sistema legal de un país puede explicar el nivel de injerencia estatal: La tradición jurídica civil francesa permite más intervencionismo que el sistema de derecho consuetudinario inglés. Venezuela, dicen estos autores, «puede ser interpretada como un caso extremo de un país con un sistema legal originado en el derecho civil francés» (Faría y Montesinos 2016a, 226). Existe «una fuerte evidencia que sugiere que las habilidades cognitivas, un indicador de la calidad de la educación, tienen un efecto positivo sistemático sobre la calidad de las instituciones económicas» (Faría y Montesinos 2016, 227), lo que representa otro grave problema porque, como también afirman, «Lamentablemente, una gran desgracia sigue afectando la calidad de la educación venezolana... Venezuela ocupa el penúltimo lugar en América Latina en cuanto a la traducción de años de escolaridad en habilidades cognitivas, según los resultados de los exámenes internacionales» (Faría y Montesinos 2016, 227).
Finalmente, no se puede omitir el contexto explicado en esta sección: el sesgo contra la libertad y la desconfianza hacia las capacidades individuales que los procesos históricos y políticos han creado, con la intención de preservar un Estado omnipotente, intervencionista y socialista que asegure la gestión y el control monopolístico del poder y de las alturas dominantes de la economía.
CÓMO DESOCIALIZAR LAS EMPRESAS EN VENEZUELA
En este momento (alrededor de marzo de 2019), Venezuela es una de las noticias más comentadas del mundo. La administración del presidente Trump en Estados Unidos y al menos 30 países más están liderando los esfuerzos para ayudar a los venezolanos a recuperar la libertad. Sin embargo, este intento parece centrarse únicamente en la arena de la «libertad política», porque la recuperación de la «democracia» es aparentemente el único objetivo. Lamentablemente, Venezuela ha experimentado que una democracia justa no es suficiente para la prosperidad a largo plazo. De hecho, los venezolanos disfrutaron de tal sistema político durante más de 40 años, pero arraigados en un estado omnipotente, abrumadoramente independiente de sus ciudadanos en términos fiscales y considerado el «gran padre» (Acevedo y Cirocco 2017, Faría 2019). En nuestra opinión, esta ha sido la causa principal del progresivo deterioro que ha conducido a la tiranía actual, una causa que continuará incluso en el caso de un posible cambio de los gobernantes.
Dado que el objetivo principal de este trabajo es proponer un programa de privatización basado en el punto de vista de la Escuela Austriaca, en la medida de lo posible, es importante comenzar nuestro marco teórico revisando la literatura especializada en la materia. Rothbard (1992, 66) muestra las pautas que hemos adaptado después de considerar la situación particular de Venezuela. Sostiene que «no se pueden planificar mercados» en una estrategia de desocialización y que lo único que se puede hacer es «liberar a las personas para que puedan interactuar e intercambiar y, por lo tanto, desarrollar mercados por sí mismas» (Rothbard 1992, 66). Explica la imposibilidad de planificar los mercados de capitales, como ocurrió en los intentos fallidos de algunas economías occidentales de desarrollar bolsas de valores. Por estas razones, Rothbard (1992, 66) explica que «los mercados bursátiles no pueden planificarse... no se pueden tener mercados de títulos de capital si todavía no hay prácticamente ningún propietario privado de capital en existencia».
Sin embargo, la historia de los países de Europa del Este demostró que algunos programas de privatización han tenido éxito. Por ejemplo, en el caso de Georgia, después de un gobierno socialdemócrata y algunos intentos de privatización que implicaron mucha corrupción, amiguismo e influencias políticas, el nuevo gobierno real pro libre mercado inició un programa de privatización encabezado por Bendukidze. A nuestro leal saber y entender, es una de las más exitosas que hemos investigado durante la redacción de esta propuesta. Otros intentos de desocialización de las empresas, con relativo éxito, no son difíciles de encontrar en la historia reciente. El programa de privatización encabezado por Lewandowski en Polonia, con todos sus pros y contras, es otro claro ejemplo de que cuando los gobernantes dejan que el libre mercado gobierne, las cosas van bien.
En aras de la brevedad, en esta investigación sólo abordamos la cuestión principal de la desocialización de las empresas que actualmente son propiedad del gobierno y están gestionadas por él. Sin embargo, desarrollamos propuestas para procesos similares que deberían tener lugar en otras áreas, como los impuestos y el dinero, en documentos separados. Somos muy conscientes de que no se trata de una acción aislada y que, por el contrario, debe ser implementada como parte de un plan general que minimice o impida que el gobierno se inmiscuya en asuntos económicos críticos.
Los problemas de desocialización de las empresas se enfrentarán
En este trabajo se intenta cubrir los temas más relevantes de la privatización de las empresas venezolanas, en función de su situación actual; sin embargo, la literatura sobre la materia es amplia y variada. Dado que Venezuela se encontraría en un punto de inflexión en el momento de una posible implementación de esta propuesta,6
Admitimos que la única oportunidad que tiene nuestra propuesta para ser implementada es que se establezca un nuevo gobierno real a favor del libre mercado. Sin embargo, la historia política y la cercanía actual del Presidente interino, el hecho de que su partido político pertenezca a la Internacional Socialista, y el muy publicitado plan keynesiano «El día después», más conocido en el país como «Plan País», hacen casi imposible que nuestra propuesta de desocialización sea considerada en el corto plazo. Nuestra esperanza es que algún día, como en Georgia, los principios del libre mercado ganen no sólo la batalla de ideas sino también la guerra política que está teniendo lugar en Venezuela.
necesitamos analizar los problemas y fracasos históricos de una acción tan compleja como la privatización. La gente y el gobierno que implementa nuestro programa podrían entender que la desocialización —en cualquier economía– «casi nunca es indolora» (Kikeri y Nellis 2002, 20). Estrictamente hablando, algunos intentos de privatización en otros países han terminado en tremendos fracasos.7
porque como Carter (2013, 108-09) argumenta, «la privatización implica cambiar los arquetipos institucionales que estructuran los arreglos y comportamientos gubernamentales, sociales y económicos; puede ser tanto desafiante como problemático». Sin embargo, esos fracasos son la prueba de lo que Rothbard (1992) declaró: la mayoría de los economistas occidentales que fueron consultados sobre cómo desocializar y construir una economía de libre mercado tuvieron que manejar no sólo la obstrucción de los burócratas sino también sus propias confusiones y malentendidos sobre cómo funcionan los mercados libres reales.8
Por lo tanto, cuando un país está rompiendo las cadenas del socialismo o comunismo y quiere desocializarse, no sólo es importante transferir la propiedad del sector público a manos privadas, sino también implementar una economía de libre mercado. En un contexto general, entendemos una verdadera economía de libre mercado como aquella en la que el Estado es limitado y mínimo, totalmente dependiente de los ciudadanos e incapaz de intervenir en la economía, en la que los derechos naturales están constitucionalmente consagrados y altamente protegidos, y en la que la propiedad privada y la riqueza –bien creada y adquirida– son sagradas. Con tal economía, estamos seguros de que nuestra propuesta superará las posibles desventajas de la privatización que Goodman y Loveman (1991, 4) argumentan. Estos autores afirman que «ni los gestores públicos ni los privados actuarán siempre en el mejor interés de sus accionistas», pero el libre mercado dará a los gestores un incentivo para ser eficientes o, de lo contrario, la competencia los echará del mercado. Siguiendo el razonamiento de estos autores, cuando las nuevas empresas privatizadas tengan libre competencia, la presencia de otras empresas será un excelente factor «para disciplinar el comportamiento gerencial» (Goodman y Loveman 1991, 4). Sin embargo, si no se implementa una economía de libre mercado, aunque los gobernantes venezolanos aplican cualquier propuesta de privatización, «es probable que sea necesaria la participación continua del gobierno» (Goodman y Loveman 1991, 5).
Otros problemas que traen consigo los procesos de privatización son la corrupción y el amiguismo. El ejemplo de Uganda en la década de los noventa es representativo. El gobierno controló todo el proceso de privatización y, aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) argumentaron que este país africano era un gran ejemplo de recuperación económica, y –como esperan los keynesianos venezolanos– estas instituciones proporcionaron a Uganda un fuerte apoyo financiero.9
El «Plan del día después» o «Plan País» implica tomar prestados al menos 100.000 millones de dólares del FMI para financiar la recuperación de las empresas estatales, los subsidios a los productores y otras estrategias keynesianas que sólo representan un mayor intervencionismo estatal.
Algunos economistas que también son diputados de la Asamblea Nacional –pertenecientes a la facción opositora— han declarado que el gasto público no se reducirá sino que aumentará exponencialmente para «reactivar» la economía. Haussman, el «padre de este plan», fue ministro de la Oficina Central de Planificación Económica del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, y actualmente es director del Centro de Desarrollo Internacional (CDI) de Harvard. Ha declarado públicamente que la forma en que ve la economía venezolana ahora es análoga a la de un taxista que tiene su auto pero no tiene dinero para comprar gasolina, así que con su plan se le «dará» la gasolina gratis. Aceptamos que, en este momento, las condiciones críticas de Venezuela requieren la implementación de algunas medidas sociales, pero estaríamos de acuerdo en que tales ayudas fueran proporcionadas a través de subsidios directos; en otras palabras, subsidiando la demanda y no la oferta. En pocas palabras, este plan es sólo la segunda oportunidad de un plan fallido aplicado por los keynesianos en Venezuela en la década de los ochenta, según el cual el Estado seguirá siendo el gran dueño de las alturas dominantes, impulsará la economía a través del gasto público financiado con más deuda, monopolizará el mercado monetario, tendrá el poder de controlar e intervenir, y promoverá una falsa economía de libre mercado. El plan keynesiano tiene como objetivo principal resolver los problemas a corto plazo asociados con el ciclo económico, sin prestar mucha atención a la calidad de la institucionalidad económica que determina si la economía experimenta un crecimiento económico alto y sostenido (Cirocco, Faria, Morales y Navarro 2019).
A pesar de los fondos y el asesoramiento de los donantes internacionales, la falta de transparencia y de capacidad para controlar las «decisiones gubernamentales de desinversión, la privatización podría ser un proceso altamente manipulador» (Tangri, y Mwenda 2001, 118). Como afirman los citados autores, la falta de castigo en los casos de corrupción y amiguismo ha dejado la puerta abierta para que los políticos continúen con esta conducta impropia. «Las privatizaciones discriminatorias y corruptas han sido comunes porque los líderes políticos han querido que las empresas públicas se vendieran a sus clientes favoritos» (Tangri y Mwenda 2001, 118).
Sin embargo, Uganda no es el único ejemplo de estos vicios. Reconocemos que es casi imposible erradicar totalmente la corrupción y el amiguismo de las economías postsocialistas y poscomunistas de forma inmediata, razón por la cual es necesario limitar la independencia y la gestión del Estado en el proceso. Comentamos brevemente la transición de la antigua Unión Soviética y algunos procesos de privatización en Europa Central y Oriental (quizás los más grandes de la historia) para comprender los problemas a los que se enfrentaban. (Kaufmann, y Siegelbaum 1996, 419-20) contaron el terrible número de 188.000 entre las pequeñas, medianas y grandes empresas privatizadas, pero también afirmaron que «la corrupción ha alcanzado niveles endémicos en las economías en transición». En Georgia, el proceso de privatización comenzó después de su independencia en 1992; sin embargo, la corrupción y el amiguismo lo rodearon hasta la «Revolución Rosa», cuando la lucha política fue ganada por Mikheil Saakashvili, quien asignó a Kakha Bendukidze como Ministro de Economía (Burakova y Lawson, 2013).
Sin embargo, la historia demuestra que desocializar un país implica enfrentar algunos problemas. Pero también hay buenos ejemplos de cómo tener éxito con el más bajo o nulo intervencionismo estatal, el apoyo de los gobernantes y «liberar a sus súbditos, tan rápida y completamente como sea necesario para desbloquear sus grilletes» (Rothbard 1992, 66). Brevemente, nuestra propuesta de desocialización enfrentará algunos problemas, pero serán superados con la implementación de una verdadera economía de libre mercado y minimizando la presencia, influencia y gestión del Estado en el proceso. Esta es una condición indispensable para tener éxito en cualquier plan de desocialización de Venezuela, ya que Rothbard (1992, 66) indica que «liberar sólo unas pocas áreas a la vez, sólo impondrá continuas distorsiones que paralizarán el funcionamiento del mercado y lo desacreditará a los ojos de un público ya de por sí temeroso y sospechoso».
¿Por qué desocializar las empresas?
Una economía devastada es lo peor que puede pasar la gente. Las últimas estadísticas e indicadores muestran que en Venezuela la escasez de productos se ha elevado al 80 por ciento, las previsiones de hiperinflación del FMI alcanzaron el nivel de 10 millones por ciento para 2019 (FMI, 2018), y la crisis humanitaria es reconocida internacionalmente. Cuando los bienes y servicios básicos no son asequibles para los ciudadanos, éstos empiezan a pensar en cómo resolver ese problema y, aunque no lo crean, la mayoría de la gente encuentra la respuesta en una frase atribuida a Rothbard: ¡Privatizar todo!
¿Por qué es tan importante privatizar? (Rider y Zajicek 1995, 135) explican una ventaja primordial: las empresas «se vuelven más eficientes y más receptivas a las necesidades de sus clientes». No cabe duda de que la gestión privada es mucho mejor que la gestión gubernamental, y «el estímulo que la propiedad privada da a la innovación» (Rider y Zajicek 1995, 135) es importante para superar los problemas con los que se encontrará un país postsocialista. Otra razón es reducir el tamaño del Estado y detener el intervencionismo en la economía;10 de hecho, este debería ser el objetivo más importante de cualquier país postsocialista o poscomunista.
Hoppe (2011) sugiere que la privatización es necesaria incluso para evitar todos los conflictos entre las personas, dada la escasez, y que la consiguiente propiedad privada debe estar claramente definida para tal fin. Hazlitt (1996, 210), a su vez, indica que la riqueza pública deriva de la propiedad en manos privadas, utilizada para la producción de bienes y servicios para el mercado, y que sirve a la gente «tanto como –de hecho, mucho más eficazmente– si fuera propiedad y operada por el gobierno».
Como señalamos, la transferencia de la propiedad de las empresas de propiedad de los gobiernos y administradas por ellos a manos privadas es un proceso sensible a la corrupción, el amiguismo y otros problemas, que puede minimizarse si se adoptan las medidas adecuadas. Pero si la prosperidad, la eficiencia y la total dependencia del gobierno de sus ciudadanos es el camino que un país quiere seguir, la privatización es uno de los planes más importantes que hay que llevar a cabo.
¿Cuál es el mejor método para desocializar las empresas?
Otro gran problema involucrado en este proceso es cómo privatizar, el cual decidimos analizar en una sección diferente. Como hemos argumentado anteriormente, la literatura en este campo es amplia; sin embargo, hemos enfocado nuestros esfuerzos e investigaciones en la situación actual de Venezuela. Es por ello que no incluimos algunas experiencias, aunque los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y otros países institucionalmente mejores de todo el mundo tienen grandes ejemplos de cómo los gobiernos manejan y lideran los procesos de privatización.11
Véase McDavid (1985), Moore (1992), Brooks (2004), Brunsdon y Corssmit (1998), David (1988), McMeekin (1999) y Goodman y Loveman (1991).
Venezuela está muy lejos de la realidad y del contexto en el que esos ejemplos tuvieron éxito. Los países incluidos en este documento son los más cercanos a las condiciones sociales, políticas y económicas de Venezuela.
Rothbard (1992, 73) explica el método de los folletos igualitarios, lo que significa que cada «ciudadano recibe en el correo un día una parte alícuota de la propiedad de varias propiedades que antes eran propiedad del Estado», pero no está de acuerdo con este procedimiento porque «el número de personas sería demasiado elevado y las acciones demasiado escasas para permitir que cada persona tenga una parte» (Rothbard 1992, 73). También comenta el sistema de bonos en el que «cada ciudadano recibe certificados básicos, que pueden ser canjeados por un cierto número o variedad de acciones» (Rothbard 1992, 73). Sin embargo, Rothbard tampoco está de acuerdo con este método, pero propone y apoya el principio de la propiedad familiar, según el cual «los bienes no deben recaer en el público en general, como en el principio de la limosna, sino en aquellos que realmente han trabajado en estos recursos: es decir, sus respectivos trabajadores, campesinos y gerentes» (Rothbard 1992, 73). Otro método que Rothbard analiza es la subasta pública, según la cual el gobierno vende todo al mejor postor; sin embargo, inmediatamente se pregunta: «¿Por qué el gobierno merece poseer los ingresos de la venta de estos activos? (Rothbard 1992, 75). Finalmente, el cuarto principio analizado en su artículo es devolver todas las propiedades robadas –o nacionalizadas o expropiadas– a sus legítimos propietarios, pero dice que por muchas razones, «no hay propietarios que identificar» (Rothbard 1992, 75).
A continuación (Rider y Zajicek, 1995), hay al menos seis métodos comunes de privatización en las economías postsocialistas o poscomunistas. El método de vales, explicado anteriormente, se ha implementado con algunas variedades como fondos mutuos y la libertad de intercambiar vales. No obstante, este método debe ser muy popular entre la población, enfrenta algunos inconvenientes. No reporta ningún beneficio al gobierno –que es una fortaleza en nuestra opinión– ni a los políticos populistas ni a los grupos de interés– aduciendo que es aceptable estafar a personas que no tienen ningún conocimiento financiero y que valorarían un par de monedas más que una parte. Sin embargo, los Fondos de Inversión Nacionales aplicados por Lewandowski en Polonia,12 y otros escenarios probados en diferentes países –como la condición de no comercializar durante un par de años– han demostrado que es posible superar esos problemas.
La subasta pública es uno de los mejores métodos para privatizar pequeñas empresas, pero el gran problema es que las economías en transición son vulnerables a la corrupción al revelar información relevante y asignar directamente a los licitadores favoritos. Sin embargo, no hay nada que no puedan superar los sistemas de subasta transparentes y las sólidas instituciones de libre mercado. Georgia, tras su independencia en 1992, inició un proceso de privatización pero, como dicen Lawson y Powell (2018), «fue en su mayor parte corrupto y limitado. La privatización no comenzó hasta 2004, cuando Kakha Bendukidze declaró que»todo estaba a la venta, excepto el honor de Georgia». Bendukidze inició una subasta pública sin limitaciones ni restricciones; todo el mundo podía pujar por cualquier bien, incluso los rusos con los resentimientos que los georgianos podían tener contra ellos. Todo el mundo pudo consultar en el sitio web www.privatization.ge quién pujó, cuánto y cuál fue la última puja. Bajo el liderazgo de Bendukidze, la privatización fue todo un éxito porque erradicó la corrupción y el amiguismo (Lawson y Powell 2018).
El tercer método que Rider y Zajicek (1995) presentan es la privatización de los empleados, que cae dentro del principio de la propiedad familiar apoyado por Rothbard (1992). El problema con este método es que si la privatización es sólo para los empleados, los «desocializadores» podrían considerar que la mayoría de los beneficiarios serían ex comunistas o socialistas.13 En otras palabras, la mayor parte de los empleados de un antiguo país socialista o comunista pertenecía al antiguo gobierno. El cuarto método es la Oferta Pública Inicial, que permite al gobierno recaudar fondos, pero los resultados han sido «una sobre-suscripción masiva... es un procedimiento costoso y lento... altos costos de transacción y descontento público» (Rider y Zajicek 1995, 138), y finalmente, aquellos que realmente se benefician de este método son «personas con información privilegiada y algunos especuladores profesionales» (Rider y Zajicek 1995, 138).
La Liquidación y las Ventas (directas) a Inversores Extranjeros son los últimos métodos que Rider y Zajicek (1995) explican. A pesar de algunas ventajas de estos mecanismos (por ejemplo, la liquidación permite dividir y vender la entidad en varias partes y los inversores extranjeros tienen «bolsillos más profundos que los residentes nacionales» (Rider y Zajicek 1995, 139), las desventajas –más relacionadas con el amiguismo y la corrupción– y entonces, las malas experiencias relacionadas con ellos son mayores que los profesionales.
La propuesta que formalizamos en este documento sigue el plan de Acevedo (2018), que abarca la intervención mínima del Estado, la imposibilidad de que el gobierno vote, el setenta por ciento de las acciones entregadas a los venezolanos, las condiciones especiales para las personas expropiadas, ciertas limitaciones en el porcentaje de acciones poseídas, y una restricción especial de tres años en la venta o transferencia de acciones para todos los venezolanos que las recibieron previamente como parte del proceso.
Estamos de acuerdo con las cuatro recomendaciones generales que Rothbard (1992) ofrece sobre los procesos de desocialización: 1) reducción drástica de los impuestos, los gastos del gobierno y el empleo en el gobierno; 2) devolución de la propiedad de los activos propiedad del gobierno a los propietarios originales expropiados o a sus herederos, o concesión de acciones a los trabajadores productivos y campesinos que habían trabajado en estos activos; 3) honrar los derechos de propiedad completos y seguros en el sentido de proporcionar libertad completa para transferir la propiedad; y 4) privar al gobierno del poder de crear nuevo dinero. Sin embargo, por razones de aplicabilidad debido a la situación actual del país –una corrupción crónica generalizada, a niveles extremos, características culturales particulares, y el hecho de que las industrias fueron efectivamente compradas por el gobierno cuando fueron nacionalizadas– y a la luz de experiencias previas de otros países que emprendieron procesos de privatización similares, se incluyen algunas restricciones en nuestra propuesta, especialmente en relación con los puntos 2) y 3) del documento de Rothbard. Además, si los propietarios expropiados fueron indemnizados en su totalidad, entonces es natural que los propietarios legítimos sean los venezolanos.
PROPUESTA DE DESOCIALIZACIÓN DEL DERECHO DE SOCIEDADES
El presente documento tiene por objeto proponer una desocialización del derecho de sociedades a la luz de la situación actual de Venezuela. Después de analizar experiencias relevantes en países ex comunistas y socialistas, hemos desarrollado este proyecto de ley con la intención de superar algunos errores capturados en sus intentos anteriores, como en Acevedo (2018). Cabe destacar que este programa sólo abarca las empresas desocializadoras y los activos actualmente administrados por el gobierno, aunque la desocialización de otros pilares fundamentales de la economía venezolana también es de suma importancia. Los pasos graduales hacia esta meta final de desocializar una economía no son efectivos. Por el contrario, como sostiene Rothbard (1992, 69), esos pasos «...podrían, y deberían, ser instituidos inmediatamente y todos a la vez».
En torno a marzo de 2019, Venezuela atraviesa serios problemas económicos y busca potencialmente deshacerse de un régimen socialista y tiránico y establecer un nuevo gobierno que seguramente caerá en los «encantos» de un socialismo democrático con control total de las alturas dominantes de la economía, una vez más. Desde una perspectiva humanitaria, un cambio en la arena política de Venezuela sería una ganancia, ya que se aliviaría la actual crisis humanitaria. Sin embargo, nuestra propuesta de desocialización seguirá siendo vista –nos tememos mucho– como el trabajo de algunos promotores de la libertad que pretenden conducir al país hacia un verdadero camino de prosperidad, pero que no se toma en cuenta.
Proyecto de Ley de desocialización de empresas
Generalidades
1. El ámbito de aplicación de esta ley afecta a todas las empresas públicas (EP) y a los bienes públicos (BP).
2. Los Beneficiarios (B) son todos venezolanos por nacimiento y mayores de 18 años en el momento en que se produce el proceso de desocialización, residentes o no en Venezuela. Deberán inscribirse en la institución financiera privada nacional o internacional de su preferencia, la cual los representará durante todo el proceso.
3. La Junta de Desocialización (JD) encabezará el proceso.
3.1 La JD se constituirá de la siguiente manera: un (1) representante por institución financiera que tenga al menos el 4 por ciento del total de venezolanos inscritos en el proceso; un (1) representante por cada rama del estado: ejecutiva, judicial y legislativa.
3.2 Todos los representantes tienen «voz» en el proceso, pero los representantes de las instituciones financieras justas tienen derecho a votar en una proporción definida por el número de venezolanos que representan.
3.3 Si una institución financiera no representa el 4 por ciento del total de los venezolanos inscritos en el proceso, puede delegar sus funciones de representación en otra institución.
3.4 Todas las reuniones oficiales y no oficiales dela JD serán transmitidas en vivo, grabadas y publicadas, con fines de transparencia.
3.5 Todas las comunicaciones entre los representantes se considerarán públicas y deberán ser grabadas.
4. Se creará un Fondo de Rescate Financiero (FRF) como fondo gestionado por la JD para rescatar a algunas empresas públicas y pagar las deudas. Los fondos provendrán del propio proceso.
Clasificación
5. La JD clasificará las empresas públicas y las empresas privadas en seis grupos:
5.1 Grupo de Desocialización: aquellas empresas públicas que cumplen con los requisitos del proceso de desocialización.
5.2 Grupo Rescatable: aquellas empresas públicas que pueden cumplir con los requisitos del Grupo de Desocialización al seguir este proceso.
5.3 Subasta Pública: aquellas empresas públicas que no pudieron rescatar este proceso y las BP no clasificadas como Activos de Liquidación.
5.4 Activos de Liquidación: todos los BP totalmente depreciados o en condiciones de basura.
5.5 Bienes o Empresas Expropiados: todas aquellas empresas y/o bienes expropiados o nacionalizados contra la voluntad de sus antiguos propietarios.
5.6 Bienes Sociales: todos aquellos bienes relacionados con los programas sociales que se entregan a los ciudadanos sin plena propiedad.
Procedimiento
6. El Valor Presente de todas las reservas certificadas de recursos naturales de cada EP y/o BP se incluirá en su respectiva rendición de cuentas.
7. Para los Bienes Sociales: la JD transferirá inmediatamente, junto con la tenencia correspondiente, la totalidad de la propiedad del bien a los ciudadanos, sin restricciones en cuanto a los derechos de venta, hipoteca, construcción o alquiler. Los ciudadanos no pagarán ningún honorario por el proceso de transferencia de propiedad.
8. Para bienes o empresas expropiados: la JD, basado en pruebas consistentes, procederá de la siguiente manera
8.1 Si la administración gubernamental indemnizara al antiguo propietario pagando un precio inferior al valor real del activo en ese momento, la JD transferirá la propiedad de nuevo al antiguo propietario. El antiguo propietario devolverá el excedente resultante de la diferencia entre el valor actual y el importe recibido menos la diferencia entre el valor en el momento de la expropiación y el importe recibido; si esa diferencia final es negativa, la JD transferirá inmediatamente la propiedad al antiguo propietario sin comisiones, y la diferencia se pagará a través del FRF.
8.2 Si la administración no indemnizó al antiguo propietario por los bienes o empresas expropiados, el DB transferirá inmediatamente la propiedad a sus antiguos propietarios. Si la diferencia entre el valor actual y el pasado es negativa, el DB pagará dicha diferencia a través del FRF.
9. Para los Activos de Liquidación: la DB abrirá un proceso de venta pública, utilizando un sistema tecnológico basado en la cadena de bloques, y venderá estos activos por lotes. El sistema será transparente, con pleno acceso público a la información sobre precios, compradores y condiciones de venta. Hasta un 25 por ciento de los fondos recaudados se destinarán al pago de las cuotas y otros gastos asociados a este proceso, incluyendo los relacionados con la JD. La JD depositará el resto de los fondos en el FSF.
10. Para la subasta pública: la JD subastará cada EP y BP a través de un sistema tecnológico basado en la cadena de bloques. El sistema será transparente, con pleno acceso público a la información sobre precios, compradores y condiciones de venta. Hasta un 12,5 por ciento de los fondos recaudados se destinarán al pago de las cuotas y otros gastos asociados a este proceso, incluidos los relacionados con la JD. La JD depositará el resto de los fondos en el FRF.
11. Para el Grupo de Rescate y Desocialización: la JD establecerá una fecha de desocialización para cada una de ellas y estimará los pasivos de cada empresa, incluso considerando los pasivos de recursos humanos, e incluyéndolos en el balance hasta la fecha de la transferencia de propiedad.
Proceso de Desocialización
12. Para compañías con Activos Totales mayores que Pasivos Totales, en un 30 por ciento o más: la JD capitalizará los pasivos y transferirá la propiedad de la siguiente manera
12.1 A través de un intercambio de pasivos y acciones, cada acreedor y cada empleado obtendrá una cantidad exacta en acciones de la que la empresa les debe.
12,2 El 70 por ciento del resto en partes idénticas a las de B, en forma de acciones.
12.3 El nuevo Consejo de Administración de la empresa, elegido por los nuevos accionistas a través de sus representantes legales, venderá el 30 por ciento restante del capital con una prima no superior al 30 por ciento, teniendo en cuenta la restricción inicial del punto 16 siguiente. Hasta un 10 por ciento de los fondos recaudados se destinarán al pago de las cuotas y otros gastos administrativos asociados al proceso, incluidos los relacionados con la JD. La JD depositará el resto de los fondos en el FRF.
13. Empresas con Activos Totales inferiores a Pasivos Totales o Activos Totales superiores a Pasivos Totales en menos del 30 por ciento, incluso 0 por ciento:
13.1 La JD determinará si se puede pagar a los acreedores proporcionalmente, con no más del 30 por ciento del FRF disponible en ese momento, una cantidad suficiente para que los Activos Totales sean superiores a los Pasivos Totales, en un 30 por ciento o más. Se seguirá el procedimiento descrito en el punto 12.
13.2 Si la JD determina que se requiere más del 30 por ciento del FRF disponible y que existe al menos otra SOE clasificada en el grupo de desocialización, entonces el DB tendrá que esperar hasta el final del proceso para analizar si esta EP puede ser rescatada a través del FRF. Si, al final del proceso, se trata de la última EP clasificada en el Grupo Rescatable y existen fondos suficientes en el FRF, la JD utilizará los fondos necesarios para cumplir con la proporción de Activos y Pasivos Totales descrita en el punto 13.1. En caso de que no haya fondos suficientes en el FRF para cumplir con la proporción de Activos Totales respecto a Pasivos Totales descrita en el punto 13.1, y para rescatar la última SOE clasificada como Rescatable, la JD la reclasificará en el Grupo de Subastas Públicas.
Resto del Fondo de Rescate Financiero
14. Si el proceso de desocialización termina y el FRF todavía tiene fondos, la JD procederá de la siguiente manera:
14.1 Pagará una prima por proceso de desocialización, en proporción a la B representada, a cada uno de los miembros de la JD de las instituciones financieras. El total general de esta bonificación no será superior al 10 por ciento de los fondos disponibles.
14.2 El resto de los fondos se distribuirá proporcionalmente entre todas las empresas públicas que hayan seguido el punto 12 hasta el importe de la prima que establece el punto 12.3.
14.3 Si, después del punto 14.2 siguiente, el FRF sigue disponiendo de fondos, la JD los distribuirá a partes iguales entre B.
Consideraciones finales
15. La propiedad de todas las EP y BP que engloba este programa de desocialización incluirá la propiedad del suelo y subsuelo correspondiente.
16. Durante un plazo de 3 años, a partir del día de la desocialización oficial, ni una persona ni una empresa pueden comprar y/o poseer más del 3 por ciento del capital de una empresa pública desocializada a través del punto 12. Sin embargo, una persona o institución puede representar, a través de un poder legal, más del 3 por ciento del patrimonio total.
17. No existe ninguna otra limitación para los extranjeros que no sea la establecida en esta ley.
18. Los nuevos accionistas podrán transferir, devolver deudas o vender sus acciones inmediatamente. No obstante, las acciones que se entreguen a «B» en virtud del punto 12.2 no serán negociables ni transferibles durante un plazo de 3 años a partir del día en que «B» las reciba.
19. Inmediatamente después del día de la desocialización de cada empresa, los nuevos propietarios y empleados negociarán en privado las nuevas reglas y leyes de su contrato de trabajo. Pueden establecer nuevos acuerdos y reglas privadas considerando o no el marco legal laboral del país.
Impuestos y regalías del sector petrolero distribuidos entre todos los venezolanos
Después de Faría y Filardo (2015) y Faría (2019), el objetivo principal de nuestra propuesta es «matar de hambre al gobierno» y hacerlo completamente dependiente de sus ciudadanos. Por lo tanto, una parte crucial y complementaria de nuestra propuesta es permitir que todo el producto del petróleo, pagado en dólares estadounidenses a los gobiernos como impuestos y regalías por las empresas transnacionales por las actividades que realizan en el país, sea depositado directamente en las cuentas de los venezolanos por nacimiento y edad legal. Una medida de esta naturaleza reduciría el poder económico de los gobiernos y les obligaría a acudir a sus ciudadanos para negociar el tipo impositivo aplicado a esos ingresos. La sociedad civil, a su vez, tendría más poder para exigir servicios de mayor calidad, y se habría establecido una de las bases fundamentales de una democracia duradera: un gobierno con una absoluta dependencia fiscal de su pueblo.14
La entrega de todos los ingresos petroleros a los venezolanos les confiere poder y responsabilidad ya que limita al Estado, al impedirle recibir directamente dinero que no resulta de los esfuerzos de su pueblo; el Estado, a su vez, sólo sobreviviría si aplicara una carga tributaria razonable a los ciudadanos.
Cubriremos este aspecto específico de la reforma, con más detalle, en un documento separado sobre la desocialización de los impuestos.
OBSERVACIONES FINALES
Aunque pueda parecer poco ortodoxo, debido principalmente a algunas restricciones impuestas, nuestra propuesta es el resultado de considerar las actuales condiciones económicas y sociales que prevalecen en Venezuela, así como las experiencias previas de privatización en otros países. Algunos aspectos de este trabajo todavía están siendo explorados y/o revisados, por lo que podría estar sujeto a cambios en el futuro.
Creemos que dos de los puntos más críticos del debate están relacionados con las restricciones iniciales impuestas: 1) la imposibilidad de que un nuevo accionista venda sus acciones durante los tres primeros años, y 2) la imposibilidad de que una empresa o persona privada adquiera más del 3 por ciento del capital social.
Experiencias anteriores en otros países, donde los ciudadanos se sintieron engañados por el nuevo enfoque privado, intercambiaron sus acciones por alimentos o alcohol justo después de obtener las acciones, y comenzaron a culpar al programa antes de que se estabilizara el desempeño de las empresas privatizadas, fueron la principal razón para imponer la restricción de no permitir la venta durante los primeros tres años. No obstante, hay que destacar que esta medida restrictiva es aplicable únicamente a las acciones recibidas de acuerdo con el punto 12.2 de nuestra propuesta de ley. Otras formas de adquisición no se ven afectadas por esta restricción temporal de venta (es decir, si los empleados reciben acciones como parte de sus beneficios laborales).
Por otro lado, la imposibilidad de que una institución o persona adquiera más del 3 por ciento del patrimonio total es otra restricción de la propuesta, impuesta con la intención de evitar la cartelización en las primeras etapas del proceso de privatización. Según el punto 16 de la ley, además, cualquier persona o institución puede representar más del 3 por ciento de los activos totales.
La venta de acciones por lotes a diferentes compradores, la venta bajo contratos de futuros, la participación activa en la empresa (en el consejo de administración, por ejemplo), o la transferencia de sus derechos de voto a las instituciones son opciones disponibles para los nuevos accionistas, por lo que las restricciones no deberían representar un problema significativo.
Como se dijo antes, aún estamos trabajando para cubrir otros aspectos de la privatización de los activos del Estado venezolano, por lo que esta propuesta podría estar sujeta a cambios; las restricciones podrían ser eliminadas o readaptadas como parte del proceso de investigación.
Nuestro trabajo actual debería enmarcarse en un enfoque más general que abarque la desregulación de los mercados laborales, una simplificación radical del sistema tributario, la eliminación del salario mínimo, la apertura de la economía y la erradicación del monopolio estatal del dinero, entre otros. En Econintech.org, estamos trabajando en todos esos márgenes también.
- 1Véase Arrow (1972).
- 2Véase Heine (2018).
- 3Véase La Porta, Lopez-de-Silanes y Shleifer (2008).
- 4Véase Faría y Montesinos (2016) y Bennett et al (2017).
- 5Las culturas individualistas prefieren que las reglas se apliquen a todos, mientras que las culturas colectivistas enfatizan la amistad para la administración de justicia, véase Bennett et al. (2019).
- 6Reconocemos que la única oportunidad que tiene nuestra propuesta para ser implementada es que se establezca un nuevo gobierno de libre mercado. Sin embargo, la historia política y la cercanía actual del Presidente interino, el hecho de que su partido político pertenezca a la Internacional Socialista, y el muy publicitado plan keynesiano «del día después», más conocido en el país como «Plan País», hacen casi imposible que nuestra propuesta de desocialización sea considerada en el corto plazo. Nuestra esperanza es que algún día, como en Georgia, los principios del libre mercado ganen no sólo la batalla de ideas sino también la guerra política que está teniendo lugar en Venezuela.
- 7Véaser (Li, Wang, Cheung y Jiang 2011).
- 8Rothbard (1992) dice: «Los economistas occidentales han aceptado la opinión de que no hay ningún problema de cálculo en el socialismo. Por esta razón, una gran parte de ellos ha fracasado en sus intentos equivocados de establecer una verdadera economía de libre mercado.
- 9. El «Plan del día después» o «Plan País» implica tomar prestados al menos 100.000 millones de dólares del FMI para financiar la recuperación de las empresas estatales, los subsidios a los productores y otras estrategias keynesianas que sólo representan un mayor intervencionismo estatal. Algunos economistas que también son diputados de la Asamblea Nacional –pertenecientes a la facción opositora– han declarado que el gasto público no se reducirá sino que aumentará exponencialmente para «reactivar» la economía. Haussman, el «padre de este plan», fue ministro de la Oficina Central de Planificación Económica del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, y actualmente es director del Centro de Desarrollo Internacional (CDI) de Harvard. Ha declarado públicamente que la forma en que ve la economía venezolana ahora es análoga a la de un taxista que tiene su auto pero no tiene dinero para comprar gasolina, así que con su plan se le «dará» la gasolina gratis. Aceptamos que, en este momento, las condiciones críticas de Venezuela requieren la implementación de algunas ayudas sociales, pero estaríamos de acuerdo si tales ayudas se proporcionaran a través de subsidios directos; en otras palabras, subsidiando la demanda y no la oferta. En pocas palabras, este plan es sólo la segunda oportunidad de un plan fallido aplicado por los keynesianos en Venezuela en la década de 1980, según el cual el Estado seguirá siendo el gran dueño de las alturas dominantes, impulsará la economía a través del gasto público financiado con más deuda, monopolizará el mercado monetario, tendrá el poder de controlar e intervenir, y promoverá una falsa economía de libre mercado. El plan keynesiano tiene como objetivo principal resolver los problemas a corto plazo asociados con el ciclo económico, sin prestar mucha atención a la calidad de la institucionalidad económica que determina si la economía experimenta un crecimiento económico alto y sostenido (Cirocco, Faria, Morales y Navarro 2019).
- 10Véase Rider y Zajicek 1995, Carter 2013, Lewandowski 1996 y Brooks 2004.
- 11Véase McDavid (1985), Moore (1992), Brooks (2004), Brunsdon y Corssmit (1998), David (1988), McMeekin (1999) y Goodman y Loveman (1991).
- 12Véase Hunter y Ryan (2004), Rider y Zajicek (1995) y Lewandowski (1996).
- 13Incluso personas que apoyaron o cometieron crímenes contra los derechos humanos, o extranjeros de «países amigos» de los gobiernos anteriores, es decir, en Venezuela hay mucho personal militar venezolano, y personal militar cubano, y funcionarios públicos que son empleados y gerentes desde hace muchos años en algunas «empresas estratégicas» como la industria petrolera y otras. ¿Merecen –más que el resto de los venezolanos– ser los nuevos dueños de empresas como PDVSA o alguna otra empresa multimillonaria?
- 14En la actualidad, el gobierno es más del 50% independiente de su pueblo porque recibe directamente los beneficios del petróleo.
