Las personas tienen el derecho natural de emprender un negocio juntas, y pueden hacerlo como sociedad o como corporación. En este último tipo de organización, las personas que la crean limitan su responsabilidad civil (no me ocuparé en este artículo de las amplias y complejas cuestiones que esto plantea). Las personas que crean una sociedad anónima son los propietarios, y poseen acciones de la misma. Las empresas modernas suelen estar formadas también por directivos, incluido el director general, y un consejo de administración, pero todos ellos son agentes de los accionistas y actúan en su interés. Hasta ahora he hablado de los derechos morales de las personas, pero hasta hace poco, al menos, el sistema jurídico del mundo angloamericano se correspondía en general con el esquema que he expuesto. Una escuela de pensamiento llamada «teoría del participante» pone en tela de juicio esta situación, alegando que los gestores y el consejo de administración no deben limitarse a actuar como agentes de los propietarios, sino que deben tener en cuenta también a otras personas que tienen una «participación» en la corporación. En el artículo de esta semana, me gustaría considerar algunas objeciones a este punto de vista y también poner en ridículo algunos de los débiles argumentos presentados en su apoyo.
Una crítica obvia a la teoría del participante es que la noción clave de la teoría no está definida. ¿Quién cuenta como «participante»? Si el término se refiere a cualquier persona cuyas actividades se vean afectadas por la empresa, esto incluye una amplia gama de personas. Los competidores de la empresa se verán afectados negativamente por su éxito; ¿tienen una «participación» en evitarlo? ¿Son también participantes los sindicatos que patrocinan huelgas paralizantes contra la empresa? ¿Y los activistas medioambientales que pretenden acabar con la empresa?
En su libro Corporate Governance (Institute of Economic Affairs, 1998), Elaine Sternberg expresa esta crítica con gran claridad:
Dada la divergencia de intereses de los distintos participantes, lo que beneficia a un grupo suele perjudicar a otro. Unos salarios más altos para los empleados pueden significar unos precios más altos para los clientes y/o una menor rentabilidad para los accionistas, unas emisiones más limpias en el medio ambiente pueden significar un trabajo más duro para los empleados y una pérdida de cuota de mercado para los proveedores tradicionales. ¿Qué peso hay que dar a estos intereses en conflicto? ... La teoría del participante no indica cuál de estos beneficios debe preferirse, ni cómo deben equilibrarse los intereses en conflicto. ¿Son todos los intereses de los participantes estrictamente iguales? ¿Son algunos más importantes que otros? Si es así, ¿cuáles son? ¿Y cuándo, cuánto y por qué? La teoría del participante no da ninguna pista sobre cómo clasificar o conciliar los intereses normalmente conflictivos de los participantes. (p. 97)
R. Edward Freeman, uno de los pioneros en el desarrollo de la teoría del participante, Robert Phillips, y Rajendra Sisodia tienen una respuesta a esta crítica que no vas a creer, incluso después de leerla; pero te aseguro que la siguiente cita es exacta. En su artículo de la revista «Tensiones en la teoría del participante» (Business and Society, 2018), Freeman, Phillips y Sisodia dicen:
La verdadera cuestión no es accionista versus participante, sino una perspectiva estrecha/reduccionista frente a una amplia/holística de la empresa. Es la diferencia entre una cadena de valor (lineal y centrada singularmente en el valor financiero) y una red de valor (que incluye la importancia del propósito y los valores compartidos). Una cadena de valor tiene un punto final y un resultado deseado para un participante, el accionista; todos los demás actores del sistema son un medio para ese fin último. En un sistema interconectado e interdependiente, cada participante debe ser un medio y un fin. Cada uno contribuye al florecimiento colectivo y cada uno debe beneficiarse también para que el sistema siga floreciendo. Cada empresa es un sistema, integrado en un conjunto de sistemas más amplios. (p. 217)
¿Cómo pueden pensar que esta tontería resuelve el problema? ¿Acaso su pretensión de armonía no reitera el resultado que debe demostrar? Me temo que las cosas empeoran. Freeman, Phillips y Sisodia rechazan la definición exacta de los términos; en su lugar, hay que buscar a tientas una solución en la práctica en casos particulares. Así nos lo han enseñado los pragmáticos. «La teoría del participante trata de «saber cómo» involucrar a los participantes y crear valor para ellos, en lugar de «saber» técnicamente que «tal y tal es el caso en todo momento para todos los problemas para todas las configuraciones de los participantes» (p. 97). Pero, ¿en qué sentido es esto una solución al problema? ¿Por qué deberíamos pensar que el «saber cómo» al que apela Freeman da lugar a la armonía, a menos que defina la armonía como cualquier acuerdo que resulte en cada caso de los empujones de los distintos grupos de interés? ¿Por qué debemos suponer que todos los participantes aspiran a la armonía? ¿El hecho de formar parte de la «red» lo garantiza?
Si preguntas así, Freeman, Phillips y Sisodia creen que estás adoptando la desacreditada noción de «esencias».
¿Es la «teoría del participante» realmente una teoría o es simplemente una perspectiva? Si es una teoría, ¿cuáles son sus argumentos esenciales? Si no es una teoría, ¿qué es y qué problemas aborda o puede abordar? Esta pregunta ha acosado a la teoría del participante casi desde sus inicios. Pero la tensión siempre ha sido más aparente que real. El encuadre sugiere que ser una «teoría» crea alguna posición privilegiada... y que los argumentos de tal posición tienen «esencias» inmutables. (p. 218)
Pero tal vez la teoría del participante tenga una respuesta mejor a nuestra pregunta que la verborrea rezumante de Freeman. Al preguntar cómo se pueden conciliar los intereses de los accionistas con los intereses conflictivos de los participantes que no poseen acciones, estamos asumiendo que estos intereses entran en conflicto y tienen que ser conciliados. ¿Y si esa suposición es falsa? ¿Y si la promoción de los intereses de los participantes requiere la promoción de los intereses de los participantes y viceversa? Entonces nuestra cuestión se resuelve, o mejor, se disuelve.
Tom Donaldson, otro de los principales defensores de la teoría de los participantes, adopta precisamente este enfoque, y lo apoya mediante un argumento peculiar. Alexei Marcoux, en su importante ensayo «Triadic Stakeholder Theory Revisited», explica el argumento de Donaldson de esta manera. (A continuación, procede a rechazarlo, aunque con argumentos diferentes a los que voy a dar).
Según Donaldson, ésta es una implicación del principio «debe» implica «puede»: si uno debe hacer lo que exige la tesis normativa de la teoría del participante y uno debe satisfacer su deber fiduciario con los accionistas, entonces debe ser el caso que uno puede hacer ambas cosas. Sólo se pueden hacer ambas cosas si la acción directiva que satisface la tesis normativa de la teoría del participante es (o no entra en conflicto con) la acción directiva que satisface las obligaciones fiduciarias para con los accionistas. Por lo tanto, concluye Donaldson, existe una relación de apoyo mutuo entre las tesis normativas e instrumentales allí donde cuenta, en la psicología del directivo. (p. 276)
Se trata de un abuso flagrante del principio «debe-implica-puede». Este principio dice que no puedo estar obligado a hacer algo que no puedo hacer. No puedo tener la obligación, por ejemplo, de correr un kilómetro y medio en cuatro minutos (o en treinta minutos, para el caso) porque no puedo hacerlo. El principio no autoriza inferencias del tipo «Si debo hacer algo, y mi acción requiere que las consecuencias de mi acción sean de cierta manera, entonces es posible que sean de esa manera». Los filósofos han discutido sobre si se puede deducir un «debería» de un «es». Donaldson está tratando de deducir cómo es posible que el mundo sea a partir de una obligación. Dice que, como la teoría de los accionistas dice que hay que satisfacer los intereses de los accionistas y también los de los participantes, es posible que se puedan hacer ambas cosas. Está argumentando desde el «debería» al «posiblemente sea», y eso no es legítimo.
