1. La inutilidad del control de precios
En el socialismo, la producción está totalmente dirigida por las órdenes de la dirección central de producción. Toda la nación es un «ejército industrial» (término utilizado por Karl Marx en el Manifiesto comunista) y cada ciudadano está obligado a obedecer las órdenes de su superior. Todos tienen que contribuir con su parte a la ejecución del plan general adoptado por el Gobierno.
En la economía libre ningún zar de la producción le dice a un hombre lo que debe hacer. Cada uno planifica y actúa por sí mismo. La coordinación de las actividades de los distintos individuos y su integración en un sistema armonioso para suministrar a los consumidores los bienes y servicios que demandan se produce gracias al proceso de mercado y a la estructura de precios que genera.
El mercado dirige la economía capitalista. Dirige las actividades de cada individuo hacia los canales en los que mejor sirve a las necesidades de sus semejantes. Sólo el mercado pone en orden todo el sistema social de propiedad privada de los medios de producción y de libre empresa y le da sentido y significado.
No hay nada automático o misterioso en el funcionamiento del mercado. Las únicas fuerzas que determinan el estado continuamente fluctuante del mercado son los juicios de valor de los distintos individuos y sus acciones dirigidas por estos juicios de valor. El factor último del mercado es el esfuerzo de cada hombre por satisfacer sus necesidades y deseos de la mejor manera posible. La supremacía del mercado equivale a la supremacía de los consumidores. Con su compra, y con su abstención de comprar, los consumidores determinan no sólo la estructura de precios, sino también lo que debe producirse y en qué cantidad y calidad y por quién. Determinan los beneficios o las pérdidas de cada empresario y, por tanto, quién debe poseer el capital y dirigir las fábricas. Hacen ricos a los pobres y pobres a los ricos. El sistema de beneficios es esencialmente la producción para el uso, ya que los beneficios sólo pueden obtenerse si se consigue suministrar a los consumidores de la manera mejor y más barata las mercancías que quieren utilizar.
De esto se desprende lo que significa la manipulación gubernamental de la estructura de precios del mercado. Desvía la producción de aquellos canales a los que los consumidores quieren dirigirla hacia otras líneas. En un mercado no manipulado por la interferencia del gobierno prevalece la tendencia a expandir la producción de cada artículo hasta el punto en que una mayor expansión no sería rentable porque el precio realizado no superaría los costes. Si el gobierno fija un precio máximo para ciertos artículos por debajo del nivel que el mercado sin trabas habría determinado para ellos y hace ilegal la venta al precio potencial del mercado, la producción implica una pérdida para los productores marginales. Aquellos que producen con los costes más elevados abandonan el negocio y emplean sus instalaciones de producción para la producción de otros productos básicos, no afectados por los techos de precios. La interferencia del gobierno en el precio de un producto básico restringe la oferta disponible para el consumo. Este resultado es contrario a las intenciones que motivaron el techo de precios. El gobierno quería facilitar a los ciudadanos la obtención del artículo en cuestión. Pero su intervención tiene como resultado la reducción de la oferta producida y puesta a la venta.
Si esta desagradable experiencia no enseña a las autoridades que el control de los precios es inútil y que la mejor política sería abstenerse de cualquier intento de control de los precios, se hace necesario añadir a la primera medida, que restringe simplemente el precio de uno o varios bienes de consumo, otras medidas. Es necesario fijar los precios de los factores de producción necesarios para la producción de los bienes de consumo en cuestión. Entonces, la misma historia se repite en un plano más lejano. La oferta de los factores de producción cuyos precios se han limitado se reduce. Entonces, de nuevo, el gobierno debe ampliar la esfera de sus límites de precios. Debe fijar los precios de los factores de producción secundarios necesarios para la producción de esos factores primarios. Así, el gobierno debe ir cada vez más lejos. Debe fijar los precios de todos los bienes de consumo y de todos los factores de producción, tanto de los factores materiales como de la mano de obra, y debe obligar a todo empresario y a todo trabajador a seguir produciendo a estos precios y salarios. Ninguna rama de la producción debe quedar al margen de esta fijación global de precios y salarios y de esta orden general de continuar la producción. Si se dejaran libres algunas ramas, el resultado sería un desplazamiento del capital y del trabajo hacia ellas y la correspondiente caída de la oferta de las mercancías cuyos precios ha fijado el gobierno. Sin embargo, son precisamente estos bienes los que el gobierno considera especialmente importantes para la satisfacción de las necesidades de las masas.
Pero cuando se alcanza ese estado de control total de las empresas, la economía de mercado ha sido sustituida por un sistema de planificación centralizada, por el socialismo. Ya no son los consumidores, sino el gobierno quien decide qué debe producirse y en qué cantidad y calidad. Los empresarios ya no son empresarios. Han sido reducidos a la condición de gerentes de tienda —o Betriebsführer, como decían los nazis— y están obligados a obedecer las órdenes emitidas por el consejo central de gestión de la producción del gobierno. Los trabajadores están obligados a trabajar en las fábricas a las que las autoridades les han asignado; sus salarios están determinados por decretos autoritarios. El gobierno es supremo. Determina los ingresos y el nivel de vida de cada ciudadano. Es totalitario.
El control de los precios es contrario al objetivo si se limita a algunos productos básicos. No puede funcionar satisfactoriamente en una economía de mercado. Los esfuerzos para que funcione deben ampliar la esfera de las mercancías sujetas a control de precios hasta que los precios de todas las mercancías y servicios se regulen por decreto autoritario y el mercado deje de funcionar.
O bien la producción puede ser dirigida por los precios fijados en el mercado por la compra o la abstención de compra por parte del público; o bien puede ser dirigida por las oficinas del gobierno. No existe una tercera solución. El control gubernamental de una parte de los precios sólo da lugar a un estado de cosas que —sin ninguna excepción— todo el mundo considera absurdo y contrario al propósito. Su resultado inevitable es el caos y el malestar social.
2. Control de precios en Alemania
Se ha afirmado una y otra vez que la experiencia alemana ha demostrado que el control de los precios es factible y puede alcanzar los fines que busca el gobierno que recurre a él. Nada puede ser más erróneo.
Cuando estalló la primera guerra mundial, el Reich alemán adoptó inmediatamente una política de inflación. Para evitar el resultado inevitable de la inflación, una subida generalizada de los precios, recurrió simultáneamente al control de precios. La tan glorificada eficacia de la policía alemana logró imponer bastante bien estos topes de precios. No hubo mercados negros. Pero la oferta de los productos básicos sujetos a control de precios disminuyó rápidamente. Los precios no subieron. Pero el público ya no estaba en condiciones de comprar alimentos, ropa y zapatos. El racionamiento fue un fracaso. Aunque el gobierno redujo cada vez más las raciones asignadas a cada individuo, sólo unos pocos tuvieron la suerte de obtener todo lo que la cartilla de racionamiento les daba derecho. En su empeño por hacer funcionar el sistema de control de precios, las autoridades ampliaron paso a paso el ámbito de los productos básicos sujetos a control de precios. Una rama comercial tras otra fue centralizada y puesta bajo la gestión de un comisario del gobierno. El gobierno obtuvo el control total de todas las ramas vitales de la producción. Pero incluso esto no era suficiente mientras otras ramas de la industria quedaran libres. Por ello, el gobierno decidió ir aún más lejos. El Programa Hindenburg tenía como objetivo la planificación integral de toda la producción. La idea era confiar la dirección de todas las actividades empresariales a las autoridades. Si el Programa Hindenburg se hubiera ejecutado, habría transformado a Alemania en una mancomunidad puramente totalitaria. Habría hecho realidad el ideal de Othmar Spann, el paladín del socialismo «alemán», de convertir a Alemania en un país en el que la propiedad privada sólo existiera en un sentido formal y legal, mientras que de hecho sólo existe la propiedad pública.
Sin embargo, el Programa de Hindenburg aún no se había puesto completamente en práctica cuando el Reich se derrumbó. La desintegración de la burocracia imperial hizo desaparecer todo el aparato de control de precios y del socialismo de guerra. Pero los autores nacionalistas siguieron ensalzando los méritos de la Zwangswirtschaft, la economía obligatoria. Era, decían, el método más perfecto para la realización del socialismo en un país predominantemente industrial como Alemania. Triunfaron cuando el canciller Brüning, en 1931, retomó las disposiciones esenciales del Programa de Hindenburg y cuando, más tarde, los nazis aplicaron estos decretos con la mayor brutalidad.
Los nazis no aplicaron, como afirman sus admiradores extranjeros, el control de precios dentro de una economía de mercado. Con ellos, el control de precios era sólo un dispositivo dentro del marco de un sistema global de planificación central. En la economía nazi no existía la iniciativa privada ni la libre empresa. Todas las actividades de producción estaban dirigidas por el Reichswirtschaftsministerium. Ninguna empresa era libre de desviarse de las órdenes del gobierno en el desarrollo de sus actividades. El control de los precios no era más que un dispositivo en el complejo de innumerables decretos y órdenes que regulaban los más mínimos detalles de cada actividad empresarial y fijaban con precisión las tareas de cada individuo, por un lado, y sus ingresos y nivel de vida, por otro.
Lo que dificultó a mucha gente la comprensión de la naturaleza misma del sistema económico nazi fue el hecho de que los nazis no expropiaron abiertamente a los empresarios y capitalistas y que no adoptaron el principio de igualdad de ingresos que los bolcheviques propugnaron en los primeros años del gobierno soviético y que sólo descartaron más tarde. Sin embargo, los nazis eliminaron por completo el control de los burgueses. Los empresarios que no eran judíos ni sospechosos de tener inclinaciones liberales y pacifistas conservaron sus posiciones en la estructura económica. Pero eran prácticamente meros funcionarios asalariados obligados a cumplir incondicionalmente las órdenes de sus superiores, los burócratas del Reich y del partido nazi. Los capitalistas obtenían sus dividendos (fuertemente reducidos). Pero, al igual que los demás ciudadanos, no eran libres de gastar más de sus ingresos de lo que el Partido consideraba adecuado a su estatus y rango en la jerarquía de la dirección graduada. El excedente tenía que ser invertido cumpliendo exactamente las órdenes del Ministerio de Economía.
La experiencia de la Alemania nazi no desmiente, desde luego, la afirmación de que el control de precios está condenado al fracaso en una economía no completamente socializada. Los defensores del control de precios que pretenden que su objetivo es preservar el sistema de la iniciativa privada y la libre empresa están muy equivocados. Lo que realmente hacen es paralizar el funcionamiento del dispositivo de dirección de este sistema. No se preserva un sistema destruyendo su nervio vital; se lo mata.
3. Falacias populares sobre la inflación
La inflación es el proceso de un gran aumento de la cantidad de dinero en circulación. Su principal vehículo en la Europa continental es la emisión de billetes de curso legal no canjeables. En este país, la inflación consiste principalmente en el préstamo del gobierno a los bancos comerciales y también en el aumento de la cantidad de papel moneda de diversos tipos y de monedas simbólicas. El gobierno financia sus gastos deficitarios mediante la inflación.
La inflación debe dar lugar a una tendencia general al alza de los precios. Las personas a las que llega la cantidad adicional de moneda están en condiciones de ampliar su demanda de bienes y servicios vendibles. Una demanda adicional debe, en igualdad de condiciones, aumentar los precios. No hay sofismas ni silogismos que puedan alejar esta consecuencia inevitable de la inflación.
La revolución semántica, que es uno de los rasgos característicos de nuestros días, ha oscurecido y confundido este hecho. El término inflación se utiliza con una nueva connotación. Lo que hoy se llama inflación no es la inflación, es decir, el aumento de la cantidad de dinero y de los sustitutos del dinero, sino el aumento general de los precios de las mercancías y de los salarios que es la consecuencia inevitable de la inflación. Esta innovación semántica no es en absoluto inocua.
En primer lugar, ya no existe ningún término que signifique lo que antes significaba la inflación. Es imposible luchar contra un mal que no se puede nombrar. Los estadistas y los políticos ya no tienen la posibilidad de recurrir a una terminología aceptada y comprendida por el público cuando quieren describir la política financiera a la que se oponen. Deben entrar en un análisis y descripción detallados de esta política con detalles completos y cuentas minuciosas cada vez que quieren referirse a ella, y deben repetir este molesto procedimiento en cada frase en la que tratan este tema. Como no se puede nombrar la política de aumento de la cantidad del medio circulante, se va de lujo.
La segunda travesura es que los que se dedican a intentar combatir las consecuencias inevitables de la inflación —el aumento de los precios— de forma inútil y desesperada, disfrazan sus esfuerzos de lucha contra la inflación. Mientras luchan contra los síntomas, pretenden combatir las causas profundas del mal. Y como no comprenden la relación causal entre el aumento del dinero en circulación y la expansión del crédito, por un lado, y la subida de los precios, por otro, prácticamente empeoran las cosas.
El mejor ejemplo lo ofrecen las subvenciones. Como se ha señalado, los techos de precios reducen la oferta porque la producción supone una pérdida para los productores marginales. Para evitar este resultado, los gobiernos suelen conceder subvenciones a los agricultores que operan con los costes más elevados. Estos subsidios se financian con una expansión adicional del crédito. De este modo, aumentan la presión inflacionista. Si los consumidores tuvieran que pagar precios más altos por los productos en cuestión, no se produciría ningún otro efecto inflacionista. Los consumidores tendrían que utilizar para esos pagos excedentes sólo el dinero que ya se ha puesto en circulación. Por lo tanto, la supuesta brillante idea de combatir la inflación mediante subsidios, en realidad trae consigo más inflación.
4. Las falacias no deben ser importadas
Prácticamente no es necesario entrar hoy en una discusión sobre la inflación comparativamente leve e inofensiva que, bajo un patrón oro, puede ser provocada por un gran aumento de la producción de oro. Los problemas a los que el mundo debe enfrentarse hoy son los de la inflación galopante. Tal inflación es siempre el resultado de una política gubernamental deliberada. El gobierno, por un lado, no está dispuesto a restringir sus gastos. Por otro lado, no quiere equilibrar su presupuesto mediante impuestos o préstamos públicos. Elige la inflación porque la considera el mal menor. Sigue ampliando el crédito y aumentando la cantidad de dinero en circulación porque no ve cuáles son las consecuencias inevitables de esa política.
No hay motivos para alarmarse demasiado por el alcance que ha tenido ya la inflación en este país. Aunque ha llegado muy lejos y ha hecho mucho daño, ciertamente no ha creado un desastre irreparable. No hay duda de que los Estados Unidos son todavía libres de cambiar sus métodos de financiación y de volver a una política monetaria sana.
El verdadero peligro no consiste en lo que ya ha ocurrido, sino en las doctrinas espurias de las que han surgido estos acontecimientos. La superstición de que es posible que el gobierno evite las consecuencias inexorables de la inflación mediante el control de los precios es el principal peligro. Porque esta doctrina desvía la atención del público del núcleo del problema. Mientras las autoridades se enfrascan en una lucha inútil contra los fenómenos que la acompañan, son pocos los que atacan la fuente del mal, los métodos del Tesoro para proveer los enormes gastos. Mientras las oficinas ocupan los titulares con sus actividades, las cifras estadísticas relativas al aumento de la moneda nacional quedan relegadas a un lugar discreto en las páginas financieras de los periódicos.
También en este caso el ejemplo de Alemania puede servir de advertencia. La tremenda inflación alemana que redujo en 1923 el poder adquisitivo del marco a una milmillonésima parte de su valor de preguerra no fue un acto de Dios. Habría sido posible equilibrar el presupuesto alemán de posguerra sin recurrir a la imprenta del Reichsbank. La prueba es que el presupuesto del Reich se equilibró fácilmente en cuanto la quiebra del antiguo Reichsbank obligó al gobierno a abandonar su política inflacionista. Pero antes de que esto ocurriera, todos los supuestos expertos alemanes negaban obstinadamente que la subida de los precios de las materias primas, de los salarios y de los tipos de cambio tuviera algo que ver con el método de gasto imprudente del gobierno. Para ellos, la culpa era sólo de la especulación. Abogaban por la aplicación exhaustiva del control de precios como panacea y llamaban «deflacionistas» a quienes recomendaban un cambio en los métodos financieros.
Los nacionalistas alemanes fueron derrotados en las dos guerras más terribles de la historia. Pero las falacias económicas que empujaron a Alemania a sus nefastas agresiones desgraciadamente sobreviven. Los errores monetarios desarrollados por profesores alemanes como Lexis y Knapp y puestos en práctica por Havenstein, presidente del Reichsbank en los años críticos de su gran inflación, son hoy la doctrina oficial de Francia y de muchos otros países europeos. No es necesario que los Estados Unidos importen estos absurdos.
Este artículo apareció en el Commercial and Financial Chronicle, el 20 de diciembre de 1945, y se publicó posteriormente en Planning for Freedom.
