[Publicado originalmente en The Freeman, 1 de mayo de 1959]
La coacción señala el inicio y la corrupción la conclusión de la marcha del poder sindical observable en el Registro McClellan. El proceso empieza con el uso de la coacción para conseguir miembros. A continuación, se usan dispositivos coactivos nuevos y distintos para forzar a los empleados poco dispuestos a unirse al sindicato. Después de que un sindicato ha conocido la utilidad de la coacción para aumentar sus miembros, cae en la costumbre de usarla cada vez más en sus discusiones con los empresarios.
Algunos líderes sindicales sostienen que cualquier empresario que se oponga a sus demandas es un “enemigo del movimiento sindical”, que debe aprender una lección y que, si continúa resistiéndose, debe ser exterminado. Si los propios empleados rechazan participar en las huelgas, si, por el contrario, ejercitan su derecho a continuar trabajando durante las huelgas, son considerados traidores, contra quienes las represalias brutales no solo son permisibles, si no alabables.
Sin embargo, a veces se interponen los miembros de las fuerzas del orden y por tanto se hace necesario ocuparse también de ellos. Aquí no siempre el soborno resulta ser el método apropiado y a menudo también vale una generosa contribución de campaña. Si las leyes del lugar plantean un obstáculo para el uso del poder sindical contra empresarios y empleados traidores, entonces las leyes deben cambiarse y una acción política a escala completa, en buena parte financiada por los miembros y con aportaciones en un grado sustancial de trabajadores de distintas opiniones políticas, es la forma apropiada de cambiarlas. Los candidatos que apoyan las reclamaciones sindicales de privilegios especiales para coaccionar y obligar obtienen un apoyo político extenso, caro y entusiasta; aquellos que insisten en que deberían aplicarse las leyes del lugar a los sindicatos son señalados para su extinción. Los sindicatos se han abierto paso demasiado a menudo, aunque alguna notable excepción aquí y allí indica que la noche negra todavía no ha caído.
Entretanto, junto a la estructura del sindicalismo tradicional empieza a crecer a su sombra un turbio pseudosindicalismo. Se inicia un proceso en dos etapas. El uso frecuente de coacción y violencia por parte de los sindicatos tradicionales induce a sus líderes a incluir en sus equipos (junto a economistas con formación universitaria) a hombres con historiales delictivos y antecedentes de brutalidad: si hay que hacer trabajo sucio, también hay que tener alguna persona que haya tenido experiencia con este. Y el privilegio práctico para coaccionar, extorsionar, intimidar, obligar (como el que han recibido los sindicatos) es precisamente lo que los moradores del inframundo, los profesionales del crimen organizado, han estado buscando con mayor avidez desde que se secaron las fuentes de beneficio de la Ley Seca.
Si un solo piquete puede dañar a un negocio lo suficiente como para hacer que el dueño se afilie al sindicato, tal vez también sirva para conseguir algún dinero rápido. En todo caso, los piquetes son coactivos y si es una forma especialmente privilegiada de coacción en un caso, ¿por qué no en el otro? Así que el extorsionista profesional descubre una nueva herramienta para su comercio y así nacen los “piquetes manifestantes” y sus técnicas asociadas de extorsión.
Así que los criminales convictos están en los sindicatos con ambos pies: como adjuntos a los sindicatos tradicionales y por sí mismos, usando cínicamente la forma del sindicalismo como disfraz para sus viejos métodos de prosperar en el mundo. Lo único que nunca han aprendido es cómo trabajar para ganarse la vida. Como agentes y líderes de los sindicatos viven muy bien del producto de aquellos que han aprendido a ganarse la vida a través de un trabajo socialmente útil: los empresarios y trabajadores del país.
Aunque la sociedad en general puede que sepa muy poco acerca de todo esto, paga la factura (una factura abrumadora, extorsionadora y destructiva). Una extorsión inducida por “piquetes manifestantes” tiene que ser pagada de alguna manera por el empresario.
La situación no mejora con las acusaciones chillonas de los líderes sindicales en contra de los empresarios acerca del alto coste de la vida y el desempleo. La realidad pura y simple es que a ningún empresario le gusta nunca recortar la producción. Solo lo hace cuando se ve obligado a ello. Más a menudo que no, el líder sindical ha resultado responsable de colocar a los miembros del sindicato fuera del mercado debido a los precios. Tendría que ser despedido por ello o la ley y su aplicación tendrían que ser lo suficientemente rigurosos como para evitar que abusara de los trabajadores, los miembros del sindicato, los empresarios y el público en general.
Privilegio especial — Poder ilimitado
Esto no puede dejar de destacarse. El daño producido por los delincuentes disfrazados de cargos sindicales es enorme y está lleno de las señales más ominosas para el futuro de la sociedad. Pero sigue siendo menor en que el producido por el poder de los sindicatos tradicionales. Estos coaccionan y atacan brutal y diariamente a trabajadores que rechazan unirse o participar en huelgas. Echan de sus empleos a cientos de hombres debido a sus costos salariales artificialmente hinchados. Crean presiones inflacionistas irresistibles y aumentan el mal animando el costoso y destructivo gasto en déficit por parte de los gobiernos. A través del uso de privilegios especiales legales y políticos, agrupan sectores enteros en fuertes monopolios y cárteles que abusan del público y amenazan con la destrucción de la economía libre y competitiva que siempre ha sido el ideal estadounidense.
Este es el panorama del poder sindical. Los sindicatos tradicionales han conseguido para sí mismos privilegios especiales que les otorgan poder ilimitado. Este poder, como cualquier otro poder ilimitado, solo puede llevar al abuso y lleva al abuso. La violencia y la coacción económica crean por sí mismas condiciones socialmente dañinas, cuyas consecuencias son infinitas e impredecibles. Además, ejerce una fuerza magnética, atrayendo a los sindicatos a algunos de los peores tipos de delincuentes, quienes encuentran allí un entorno apropiado para ellos.
La combinación es una fuerza destructiva a la que ninguna sociedad puede sobrevivir durante mucho tiempo: por un lado, abuso sobre la ciudadanía y obstaculización de la actividad pacífica, progresiva y productiva; por otro, disolución de la estructura moral y política. Los privilegios especiales de coacción y coacción que han obtenido los sindicatos alimentan un crecimiento podrido que corrompe toda la estructura moral y política de la sociedad.
La filosofía del estado del bienestar
El mismo pensamiento que está produciendo el Estados del Bienestar ha sido también en buena parte responsable de los privilegios especiales otorgados a los sindicatos. Además, la ideología del estado del bienestar ha dado al estado tantos trabajos distintos a realizar que ya no puede ejercer apropiadamente el trabajo básico para el que se pensó. Ese trabajo era asegurar la tranquilidad nacional protegiendo a los ciudadanos honrados contra matones y delincuentes. El ejercicio adecuado de esa función básica requiere, evidentemente una preocupación principal y predominante por el gobierno con las fuerzas policiales y la administración de la justicia.
Mientras gastamos una cantidad sustancial en conceder privilegios especiales a los grupos fuertes de presión, estimulando la ociosidad y la improductividad, dotamos escasamente nuestras fuerzas policiales y las pagamos mal, de forma que no tenemos ni el número ni la calidad de hombres necesarios para realizar lo que, después de todo, es el trabajo básico de nuestra civilización: mantener la paz.
Así que, aunque reconociendo que el senador Ives había tenido parte razón al observar que el delito descubierto en el Registro McClellan es una parte del problema mayor de aplicación de la ley creado por la distorsión del papel del gobierno del estado del bienestar, su opinión no es del todo precisa. Al menos no es toda la verdad si quiere decir que no hay causas independientes para la prevalencia del delito y la corrupción en los sindicatos, No es toda la verdad, porque no explica por qué, entre todas las demás sociedades privadas de la sociedad (las empresas, los colegios de abogados, las asociaciones médicas y los miles de otras asociaciones privadas de este país) la violencia, el delito y la corrupción prevalecen como entre los sindicatos.
Violencia, delito y corrupción prevalecen entre los sindicatos en un grado incomparable con cualquier otra asociación privada porque los sindicatos han adquirido de la sociedad y la ley privilegios especiales que no se han permitido a otras asociaciones privadas. Hay muchas razones para creer que cualquier otra asociación privada que obtuviera los mismos privilegios manifestaría las mismas características que el Registro McClellan indica sobre los sindicatos.
Por ejemplo, si se permitiera a los empresarios que obligaran a sus clientes a comprar, a atacarlos cuando muestren alguna intención de dejar de serlo y a bloquear el acceso a competidores, hay pocas razones para creer que esa conducta no se convertiría en una práctica comercial común, llevando a cada vez más de lo mismo al ir pasando el proceso selectivo en los negocios a la vía en que lo ha hecho en los sindicatos: con los productivos e ingeniosos perdiendo terreno frente a los matones, los acosadores y los amos estrategas de la violencia organizada a gran escala.
Las empresas compiten de una manera civilizada en parte porque la ley les obliga a hacerlo así y en parte porque la obligación de la ley ha creado un proceso de selección que elimina a los matones y a los forajidos y hace mejorar a los capaces y laboriosos. Entre los sindicatos se ha estado produciendo el proceso contrario de selección, con, como cabía esperar, precisamente los resultados contrarios.
Errores en el gobierno
Las fuentes de los privilegios especiales de los que disfrutan los sindicatos se encuentran en las políticas y conducta del gobierno federal a lo largo de los últimos treinta años, empezando en 1930 y continuando hasta hoy. La responsabilidad no es partidista, con republicanos y demócratas compartiéndola, aunque no en iguales proporciones. Está distribuida de otra manera. En lugar de limitarse a uno u otro de los poderes del gobierno federal, está compartida, en su lugar, por las tres: el poder legislativo, el poder legislativo y el poder judicial.
Leyes malas han sido empeoradas por la administración y la interpretación que han tenido, mientras que leyes socialmente beneficiosas se han reducido a la impotencia por una administración reticente, por un lado, y una interpretación dudosa, por el otro. Sin exonerar al Congreso de su parte de responsabilidad, hay que seguir reconociendo para ser precisos que su historial no es tan defectuoso como el de otras partes: el Consejo Nacional de Relaciones Laborales (CNRL), representando al poder ejecutivo y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, representando al judicial.
La precisión requiere más detalles. Siempre ha habido en el Tribunal Supremo algunos jueces que han resistido con valor y con una gran capacidad legal los errores y excesos de ese tribunal. Repito, algunos de los jueces que participaron anteriormente en las sentencias más dudosas del tribunal han demostrado desde entonces que los suyos fueron errores de buena fe y, como todo hombre bueno y educado haría después de cometer un error, han dado pasos hacia su corrección.
También debería señalarse que en intervalos frecuentes entre 1935 y 1953 ha habido algunos miembros del CNRL que se han dado cuenta y han disentido de las decisiones inapropiadas de dicho consejo. Además, la mayoría del consejo desde 1953 no ha sido culpable de nada comparable con las absurdas malas interpretaciones de la leyTaft-Hartley aprobada por la mayoría que prevaleció de 1949 a 1953, aunque la mayoría más reciente ha sido muy lenta la hora de corregir algunas y ha fracasado completamente a la hora de invertir las más graves malas interpretaciones de su predecesora.
Mientras que el CNRL y el Tribunal Supremo han contribuido preponderantemente con decisiones y sentencias que reforzaban los poderes abusivos de los sindicatos y negando los intentos del Congreso para reducir dichos poderes, el historial de los tribunales federales del circuito de apelaciones han sido, preponderantemente, del tipo de excelencia en conocimiento legal, equidad y fidelidad al derecho y a los precedentes que cabría esperar de todos los jueces. Los jueces de circuito, con algunas excepciones, ni han tratado de dar a los sindicatos y sus mandatarios más privilegios de los que indicaban las leyes del Congreso, ni han negado, salvo por mandato directo del Tribunal Supremo, las leyes del Congreso que pretendían limitar la conducta abusiva y monopolística de los sindicatos.
Poco hay que añadir en este momento sobre el tipo de corrupción a todos los niveles del que hemos sido testigo de los capítulos precedentes. (…) Pero debemos tener en cuenta que la corrupción moral y política de las variedades explicadas pudre la integridad a todos los niveles y así debilita la fibra de la sociedad, haciéndola propensa a más corrupción de millones de tipos en millones de maneras, todos los días. Los hombres no sindicalizados tratados brutalmente como forajidos y los miembros del sindicato como siervos, la infiltración de los sindicatos por parte de gángsters profesionales, la extorsión de los empresarios, el soborno y la corrupción de los cargos públicos, la teoría de que los sindicatos tienen derecho a privilegios especiales del gobierno: ninguna sociedad puede sobrevivir a eso durante mucho tiempo.
Poderes destructivos de monopolio
Sin embargo, todo esto. Probablemente no iguale e indudablemente no excede el daño propio del rumbo necesario del sindicalismo monopolístico. Por mucho que los sindicatos puedan protestar reclamando su virtud y distorsionar la realidad, la opinión de los economistas más competentes de este país y de los mejores economistas del mundo es que el sindicalismo monopolístico destruirá cualquier sistema de libre empresa si se le permite continuar sin control. Muchos de los economistas más ilustres de EEUU han llegado más o menos a esta misma conclusión: Fritz Machlup, Milton Friedman, David McCord Wright, Edward H. Chamberlin, Philip Bradley, Henry C. Simons y muchos otros con igual capacidad y desinteresada devoción por la verdad. Sus conclusiones son compartidas por economistas de reputación internacional incomparable, incluyendo Friedrich A. Hayek y Wilhelm Roepke, así como el hombre que en nuestros tiempos ha alcanzado la máxima talla en todas las ciencias sociales, en mi opinión, el profesor Ludwig von Mises.
Pasos en el proceso
Todos estos hombres están de acuerdo, no solo en los hechos, sino con respecto al proceso por medio del cual los sindicatos, si no se les controla, producirán la destrucción de la sociedad libre. Primero, membresía obligatoria que lleva a un control dictatorial de todos los trabajadores; segundo, a través de la consiguiente segmentación monopolística de todos los sectores, la consecución de estructuras salariales más altas de las que proporcionaría el mercado; tercero, en consecuencia inevitable, un desempleo drástico y grave para grandes cantidades de trabajadores; cuarto, insistencia clamorosa en que el gobierno, a través del gasto en déficit, cree empleos y otra subvenciones para los hombres que han quedado desempleados por los monopolios sindicales; quinto, políticas monetarias laxas por parte del brazo monetario de un gobierno comprometido políticamente con políticas de “pleno empleo”; sexto, un estallido de la inflación; séptimo, la consiguiente ruina de las vidas de todos los que han tratado de ahorrar; ocho, creciente caos y dislocación; nueve, el auge de malvados demagogos aprovechando la confusión, el caos y la insatisfacción del pueblo para conseguir para sí mismos poderes dictatoriales que les permitan aplicar la soluciones totalitarias que habilita la constitución de EEUU; décimo, disolución en la jungla.
El papel limitado del gobierno
La responsabilidad última recae sobre el público. Este factor no absuelve a los miembros del gobierno de toda responsabilidad. Les corresponde informar al público de que no pueden aceptar todas las cosas que están buscando los grupos de privilegios especiales y seguir dirigiendo un gobierno decente en busca del bienestar general. Por tanto, es tarea del público a entender que el gobierno, como todas las demás instituciones humanas, tiene límites muy estrechos. Podría ser capaz de hacer un buen trabajo para proporcionar defensa nacional, mantener la paz, aplicar las leyes y administrar la justicia de los tribunales, si dedicara todo su tiempo y energías a estas difíciles tareas. Pero no puede hacer estas cosas en absoluto, como demuestra tan claramente el Registro McClellan si se gastan energías en todo proyecto que todo grupo de presión desde la Asociación Nacional de Educación al Comité Nacional para la Protección de los Peces Tropicales traiga a Washington en busca de ayuda.
No conozco ninguna vía rápida para conseguir un gobierno limitado y por tanto eficaz en este país: solo llegará cuando grandes cantidades de personas aprecien su valor e insistan en ello. Aun así, estoy convencido de que la jungla, retrogresión y decadencia son el resultado necesario de un gobierno sin límites, igual que son el resultado necesario de un poder sin límites para los sindicatos. Ninguna civilización puede sobrevivir por mucho tiempo a un poder ilimitado en las manos de alguien. La mayor contribución del Comité McClellan reside en su abrumadora documentación de dicha verdad.
Publicado originalmente en The Freeman, mayo de 1959
