De vez en cuando, a lo largo de los últimos 30 años, después de haber hablado o escrito sobre alguna nueva restricción a la libertad humana en el ámbito económico, algún nuevo ataque a la empresa privada, me han preguntado en persona o he recibido una carta en la que me preguntan: «¿Qué puedo hacer?», para luchar contra la tendencia inflacionista o socialista. Me parece que a otros escritores o conferenciantes se les hace a menudo la misma pregunta.
La respuesta no suele ser fácil. Porque depende de las circunstancias y de la capacidad del que pregunta, que puede ser un hombre de negocios, un ama de casa, un estudiante, informado o no, inteligente o no, elocuente o no. Y la respuesta debe variar en función de estas presuntas circunstancias.
La respuesta general es más fácil que la respuesta particular. Así que aquí quiero escribir sobre la tarea a la que se enfrentan ahora todos los libertarios considerados colectivamente.
Esta tarea se ha convertido en algo tremendo, y parece aumentar cada día. Unas pocas naciones que ya se han vuelto completamente comunistas, como la Rusia soviética y sus satélites, intentan, como resultado de la triste experiencia, retroceder un poco de la centralización completa, y experimentan con una o dos técnicas cuasicapitalistas; pero la deriva predominante en el mundo —en más de 100 de las aproximadamente 111 naciones y mininaciones que ahora son miembros del Fondo Monetario Internacional— es en la dirección de aumentar el socialismo y los controles.
La tarea de la pequeña minoría que intenta combatir esta deriva socialista parece casi desesperada. La guerra debe librarse en mil frentes, y los verdaderos libertarios se ven superados en número en prácticamente todos esos frentes.
En mil campos, los asistencialistas, los estatistas, los socialistas y los intervencionistas impulsan cada día más restricciones a la libertad individual; y los libertarios deben combatirlos. Pero pocos de nosotros tenemos individualmente el tiempo, la energía y los conocimientos especiales en más de un puñado de temas para poder hacerlo.
Uno de nuestros problemas más graves es que nos enfrentamos a los ejércitos de burócratas que ya nos controlan, y que tienen un gran interés en mantener y ampliar los controles para los que fueron contratados.
Una burocracia creciente
El gobierno federal abarca ahora unas 2.500 agencias, oficinas, departamentos y divisiones diferentes en funcionamiento. Se estima que los empleados civiles permanentes a tiempo completo del gobierno federal ascendían a 2.693.508 al 30 de junio de 1970.
Y sabemos, por poner algunos ejemplos concretos, que de estos burócratas 16.800 administran los programas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, 106.700 los programas (incluida la Seguridad Social) del Departamento de Salud, Educación y Bienestar, y 152.300 los programas de la Administración de Veteranos.
Si queremos ver el ritmo al que han crecido algunas partes de esta burocracia, refirámonos de nuevo al Departamento de Agricultura. En 1929, antes de que el Gobierno de los Estados Unidos empezara a controlar las cosechas y a apoyar los precios a gran escala, había 24.000 empleados en ese Departamento. Hoy en día, contando con los trabajadores a tiempo parcial, hay 120.000, cinco veces más, todos ellos con un interés económico vital -a saber, sus propios puestos de trabajo- en demostrar que los controles particulares para los que fueron contratados deben continuar y ampliarse.
¿Qué posibilidades tiene el empresario individual, el ocasional profesor desinteresado de economía, o el columnista o el escritor de editoriales, de argumentar contra las políticas y acciones de este ejército de 120.000 hombres, incluso si ha tenido tiempo de conocer los hechos detallados de una cuestión concreta? Sus críticas son ignoradas o ahogadas en las contrapartidas organizadas.
Este es sólo un ejemplo entre muchos otros. Algunos de nosotros podemos sospechar que hay muchos gastos injustificados o insensatos en el programa de la Seguridad Social de los Estados Unidos, o que los pasivos no financiados ya asumidos por el programa (una estimación autorizada de los mismos supera el billón de dólares) pueden resultar impagables sin una gran inflación monetaria. Unos pocos pueden sospechar que todo el principio del seguro obligatorio de vejez y supervivencia del gobierno es cuestionable. Pero hay unos 100.000 empleados permanentes a tiempo completo en el Departamento de Salud, Educación y Bienestar Social para descartar todos esos temores como tontos, e insistir en que todavía no estamos haciendo lo suficiente por nuestros ciudadanos mayores, nuestros enfermos y nuestras viudas y huérfanos.
Y luego están los millones de personas que ya reciben estos pagos, que han llegado a considerarlos como un derecho ganado, que por supuesto los encuentran inadecuados, y que se indignan ante la más mínima sugerencia de un reexamen crítico del tema. La presión política para ampliar y aumentar constantemente estas prestaciones es casi irresistible.
Y aunque no hubiera ejércitos enteros de economistas, estadísticos y administradores del gobierno para responderle, el solitario crítico desinteresado, que espera que su crítica sea escuchada y respetada por otras personas desinteresadas y reflexivas, se ve obligado a mantenerse al día con espantosas montañas de detalles.
Demasiados casos para seguir
La Junta Nacional de Relaciones Laborales, por ejemplo, dicta cientos de decisiones cada año al aprobar prácticas laborales «injustas». En el año fiscal 1967 aprobó 803 casos «impugnados en cuanto a la ley y los hechos». La mayoría de estas decisiones están fuertemente inclinadas a favor de los sindicatos; muchas de ellas pervierten la intención de la Ley Taft-Hartley que aparentemente aplican; y en algunas de ellas la junta se arroga poderes que van mucho más allá de los concedidos por la Ley. Los textos de muchas de estas decisiones son muy extensos en su exposición de hechos o supuestos hechos y de las conclusiones de la junta. ¿Cómo puede el economista o editor individual mantenerse al corriente de las decisiones y comentar con conocimiento de causa y de forma inteligente aquellas que implican un principio importante o un interés público?
O tomemos de nuevo agencias tan importantes como la Comisión Federal de Comercio, la Comisión de Valores y Bolsa, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la Comisión Federal de Comunicaciones. Estas agencias suelen combinar las funciones de legisladores, fiscales, jueces, jurados y administradores.
Sin embargo, ¿cómo puede el economista individual, el estudiante de gobierno, el periodista o cualquier persona interesada en defender o preservar la libertad, esperar mantenerse al día de este Niágara de decisiones, reglamentos y leyes administrativas? A veces puede considerarse afortunado de poder dominar en muchos meses los hechos relativos a una de estas decisiones.
Los ejércitos de burócratas tienen un gran interés en mantener y ampliar los controles para los que fueron contratados.
El profesor Sylvester Petro, de la Universidad de Nueva York, ha escrito un libro completo sobre la huelga de Kohler y otro libro completo sobre la huelga de Kingsport, y las lecciones públicas que hay que aprender de ellas. El profesor Martin Anderson se ha especializado en las locuras de los programas de renovación urbana. Pero, ¿cuántos hay entre los que nos llamamos libertarios que estén dispuestos -o tengan tiempo- para hacer esta investigación especializada y microscópica pero indispensable?
En julio de 1967, la Comisión Federal de Comunicaciones dictó una decisión extremadamente perjudicial por la que ordenaba a la American Telephone and Telegraph Company que bajara sus tarifas interestatales, que ya eran un 20% más bajas que en 1940, aunque el nivel general de precios desde entonces había subido un 163%. Para poder escribir un solo editorial o columna sobre esto (y sentirse seguro de que tenía los hechos claros), un periodista concienzudo tenía que estudiar, entre otros materiales, el texto de la decisión. Esa decisión constaba de 114 páginas mecanografiadas a un solo espacio.
... y planes de reforma
Los libertarios tenemos mucho trabajo por delante.
Para indicar aún más las dimensiones de este trabajo, no es simplemente la burocracia organizada a la que el libertario tiene que responder; son los fanáticos privados individuales. No pasa un día sin que algún ardiente reformista o grupo de reformistas sugiera alguna nueva intervención gubernamental, algún nuevo esquema estatista para cubrir alguna supuesta «necesidad» o aliviar alguna supuesta angustia. Acompañan su plan con elaboradas estadísticas que supuestamente prueban la necesidad o la angustia que quieren que los contribuyentes alivien. Así que resulta que los supuestos «expertos» en alivio, seguro de desempleo, Seguridad Social, Medicare, viviendas subvencionadas, ayuda exterior y similares son precisamente las personas que abogan por más alivio, seguro de desempleo, Seguridad Social, Medicare, viviendas subvencionadas, ayuda exterior y todo lo demás.
Pasemos a algunas de las lecciones que debemos extraer de todo esto.
Especialistas para la defensa
Los libertarios no podemos contentarnos con repetir piadosas generalidades sobre la libertad, la libre empresa y el gobierno limitado. Afirmar y repetir estos principios generales es absolutamente necesario, por supuesto, como prólogo o conclusión. Pero si esperamos ser eficaces individual o colectivamente, debemos dominar individualmente una gran cantidad de conocimientos detallados, y hacernos especialistas en una o dos líneas, para poder mostrar cómo se aplican nuestros principios libertarios en campos especiales, y para poder rebatir de forma convincente a los defensores de los planes estatistas de vivienda pública, subsidios agrícolas, aumento de la ayuda, mayores prestaciones de la Seguridad Social, mayores prestaciones de la Seguridad Social, ingresos garantizados, mayor gasto público, mayores impuestos, especialmente impuestos sobre la renta más progresivos, mayores aranceles o cuotas de importación, restricciones o sanciones a la inversión extranjera y a los viajes al extranjero, controles de precios, controles salariales, controles de alquileres, controles de los tipos de interés, más leyes para la llamada protección del consumidor, y regulaciones y restricciones aún más estrictas para las empresas en todas partes.
Esto significa, entre otras cosas, que los libertarios deben formar y mantener organizaciones no sólo para promover sus principios generales —como hacen, por ejemplo, la Fundación para la Educación Económica en Irvington-on-Hudson, Nueva York, el Instituto Americano para la Investigación Económica en Great Barrington, Massachusetts, y la Fundación Económica Americana en la ciudad de Nueva York— sino para promover estos principios en campos especiales. Estoy pensando, por ejemplo, en excelentes organizaciones especializadas ya existentes, como el Comité de Ayuda Exterior de los Ciudadanos, el Comité Nacional de Economistas sobre Política Monetaria, la Tax Foundation, etc.
No hay que temer que se formen demasiadas de estas organizaciones especializadas. El verdadero peligro es el contrario. Las organizaciones libertarias privadas en los Estados Unidos son probablemente superadas en número diez a uno por las organizaciones comunistas, socialistas, estatistas y otras organizaciones de izquierda que han demostrado ser demasiado eficaces.
Y lamento informar que casi ninguna de las asociaciones empresariales de la vieja guardia que conozco son tan eficaces como podrían ser. No se trata simplemente de que hayan sido tímidas o hayan guardado silencio donde deberían haber hablado, o incluso que se hayan comprometido imprudentemente. Recientemente, por miedo a ser llamados ultraconservadores o reaccionarios, han apoyado medidas perjudiciales para los mismos intereses que se formaron para proteger. Varios de ellos, por ejemplo, se manifestaron a favor de la subida de impuestos a las empresas de la administración Johnson en 1968, porque temían decir que esa administración debería haber recortado su despilfarrador gasto en bienestar social.
La triste realidad es que hoy en día la mayoría de los responsables de los grandes negocios en América se han confundido o intimidado tanto que, lejos de llevar el argumento al enemigo, no logran defenderse adecuadamente ni siquiera cuando son atacados. La industria farmacéutica, sometida desde 1962 a una ley discriminatoria que aplica principios jurídicos cuestionables y peligrosos que el gobierno aún no se ha atrevido a aplicar en otros campos, ha sido demasiado tímida para presentar su propio caso con eficacia. Y los fabricantes de automóviles, atacados por un único fanático por fabricar coches «inseguros a cualquier velocidad», manejaron el asunto con una increíble combinación de negligencia e ineptitud que hizo caer sobre sus cabezas una legislación perjudicial no sólo para la industria sino para el público conductor.
La timidez de los hombres de negocios
Es imposible saber hoy en día dónde va a atacar el sentimiento antiempresarial de Washington, además de la picazón por un mayor control gubernamental. En 1967, el Congreso se dejó llevar por una dudosa extensión del poder federal sobre la venta de carne dentro del estado. En 1968 aprobó una ley de «veracidad en los préstamos», que obligaba a los prestamistas a calcular y declarar los tipos de interés de la forma en que los burócratas federales querían que se calcularan y declararan. Cuando, en enero de 1968, el presidente Johnson anunció repentinamente que prohibía a las empresas americanas hacer más inversiones directas en Europa, y que las restringía en otros lugares, la mayoría de los periódicos y los empresarios, en lugar de levantar una tormenta de protestas contra estas invasiones sin precedentes de nuestras libertades, deploraron su «necesidad» y esperaron que fueran sólo «temporales».
La propia existencia de la timidez empresarial que permite que estas cosas ocurran es una prueba de que los controles y el poder del gobierno son ya excesivos.
¿Por qué son tan tímidos los jefes de los grandes negocios en América? Es una larga historia, pero voy a sugerir algunas razones:
- Pueden depender totalmente o en gran medida de los contratos de guerra del gobierno.
- Nunca saben cuándo o por qué motivos se les considerará culpables de violar las leyes antimonopolio.
- Nunca saben cuándo o por qué motivos la Junta Nacional de Relaciones Laborales les declarará culpables de prácticas laborales desleales.
- Nunca saben cuándo se examinarán hostilmente sus declaraciones de la renta y, desde luego, no confían en que ese examen, y sus conclusiones, sean totalmente independientes de si han sido personalmente amigos u hostiles a la Administración en el poder.
Se notará que las acciones o leyes gubernamentales de las que los empresarios tienen miedo son acciones o leyes que dejan mucho a la discreción administrativa. La ley administrativa discrecional debería reducirse al mínimo; engendra el soborno y la corrupción, y es siempre una ley potencialmente chantajista o de chantaje.
La acusación de Schumpeter
Los libertarios están aprendiendo, a su pesar, que no se puede contar necesariamente con los grandes empresarios como aliados en la batalla contra la extensión de las injerencias gubernamentales. Las razones son muchas. A veces los empresarios abogan por los aranceles, las cuotas de importación, las subvenciones y las restricciones a la competencia, porque piensan, con razón o sin ella, que estas intervenciones del gobierno serán en su interés personal, o en el de sus empresas, y no les preocupa si pueden ser a expensas del público en general. Más a menudo, creo, los empresarios abogan por estas intervenciones porque están honestamente confundidos, porque simplemente no se dan cuenta de cuáles serán las consecuencias reales de las medidas particulares que proponen, o no perciben los efectos debilitantes acumulativos de las crecientes restricciones a la libertad humana.
Sin embargo, lo más frecuente es que los empresarios acepten los nuevos controles gubernamentales por pura timidez.
Hace una generación, en su pesimista libro Capitalismo, socialismo y democracia (1942), el difunto Joseph A. Schumpeter sostenía la tesis de que «en el sistema capitalista hay una tendencia a la autodestrucción». Y como prueba de ello citaba la «cobardía» de los grandes empresarios cuando se enfrentan a un ataque directo:
Hablan y suplican —o contratan a gente para que lo haga por ellos—; arrebatan cualquier posibilidad de compromiso; están siempre dispuestos a ceder; nunca presentan batalla bajo la bandera de sus propios ideales e intereses; en este país no hubo resistencia real en ningún lugar contra la imposición de aplastantes cargas financieras durante la última década o contra la legislación laboral incompatible con la gestión eficaz de la industria.
Hasta aquí los formidables problemas a los que se enfrentan los libertarios dedicados. Les resulta extremadamente difícil defender a determinadas empresas e industrias del acoso o la persecución cuando esas industrias no se defienden de forma adecuada o competente. Sin embargo, la división del trabajo es posible y deseable en la defensa de la libertad, como lo es en otros campos. Y muchos, que no tienen ni el tiempo ni los conocimientos especializados para analizar industrias concretas o problemas complejos especiales, pueden, sin embargo, ser eficaces en la causa libertaria martilleando incesantemente sobre un único principio o punto hasta que se imponga.
Algunos principios básicos
¿Existe algún principio o punto en el que los libertarios podrían concentrarse de forma más eficaz? Busquemos, y puede que acabemos encontrando no uno, sino varios.
Una simple verdad que podría reiterarse sin cesar, y que se aplica efectivamente a nueve décimas partes de las propuestas estatistas que ahora se presentan o promulgan con tanta profusión, es que el gobierno no tiene nada que dar a nadie que no tome primero de otra persona. En otras palabras, todos sus planes de ayuda y subsidios no son más que formas de robar a Pedro para mantener a Pablo.
Así, puede señalarse que el moderno Estado del bienestar no es más que un complicado acuerdo por el que nadie paga la educación de sus propios hijos, sino que todos pagan la educación de los hijos de los demás; por el que nadie paga sus propias facturas médicas, sino que todos pagan las facturas médicas de los demás; por el que nadie se ocupa de su propia seguridad en la vejez, sino que todos pagan la seguridad en la vejez de los demás; y así sucesivamente. Como ya se ha señalado, Bastiat expuso el carácter ilusorio de todos estos planes de bienestar hace más de un siglo en su aforismo: «El Estado es la gran ficción por la que todo el mundo intenta vivir a costa de los demás».
Otra forma de mostrar lo que está mal con todos los planes de dádivas estatales es seguir señalando que no se puede sacar un cuarto de galón de una jarra de una pinta. O, como los programas de dádivas estatales deben pagarse todos con impuestos, con cada nuevo plan propuesto el libertario puede preguntar: «¿En lugar de qué?». Así, si se propone gastar otros 1.000 millones de dólares en poner más hombres en la luna o en desarrollar un avión comercial supersónico, se puede señalar que esos 1.000 millones de dólares, tomados de los impuestos, no podrán entonces satisfacer un millón de necesidades o deseos personales de los millones de contribuyentes de los que se van a tomar.
Por supuesto, algunos defensores de un poder y un gasto gubernamental cada vez mayores lo reconocen muy bien, y como el profesor J.K. Galbraith, por ejemplo, inventan la teoría de que los contribuyentes, abandonados a su suerte, gastan el dinero que han ganado de forma muy tonta, en todo tipo de trivialidades y basura, y que sólo los burócratas, al arrebatárselo primero, sabrán cómo gastarlo sabiamente.
Conocer las consecuencias
Otro principio muy importante al que el libertario puede apelar constantemente es el de pedir a los estadistas que consideren las consecuencias secundarias y a largo plazo de sus propuestas, además de sus meras consecuencias directas e inmediatas. Los estatistas a veces admitirán con toda libertad, por ejemplo, que no tienen nada que dar a nadie que no tengan que quitar primero a otra persona. Admiten que deben robar a Pedro para pagar a Pablo. Pero su argumento es que sólo están robando a Pedro el rico para mantener a Pablo el pobre. Como el presidente Johnson dijo una vez con toda franqueza en un discurso el 15 de enero de 1964: «Vamos a tratar de tomar todo el dinero que creemos que se gasta innecesariamente y quitárselo a los «ricos» para dárselo a los «pobres» que tanto lo necesitan».
Los que tienen el hábito de considerar las consecuencias a largo plazo reconocerán que todos estos programas para compartir la riqueza y garantizar los ingresos deben reducir los incentivos en ambos extremos de la escala económica. Deben reducir los incentivos tanto de aquellos que son capaces de obtener un mayor ingreso, pero que se lo quitan, como de aquellos que son capaces de obtener al menos un ingreso moderado, pero que se encuentran abastecidos de las necesidades de la vida sin trabajar.
Esta consideración vital de los incentivos se pasa por alto casi sistemáticamente en las propuestas de los agitadores de más y mayores planes de bienestar del gobierno. Todos deberíamos preocuparnos por la situación de los pobres y desafortunados. Pero la difícil pregunta a la que debe responder cualquier plan para aliviar la pobreza es: ¿Cómo podemos mitigar las penalidades del fracaso y la desgracia sin socavar los incentivos al esfuerzo y al éxito? La mayoría de nuestros aspirantes a reformistas y humanistas simplemente ignoran la segunda parte de este problema. Y cuando los que abogamos por la libertad de empresa nos vemos obligados a rechazar uno tras otro esos engañosos planes «antipobreza», alegando que socavarán esos incentivos y que a la larga producirán más mal que bien, los demagogos y los irreflexivos nos acusan de ser «negativos» y obstruccionistas de corazón duro. Pero el libertario debe tener la fuerza de no dejarse intimidar por esto.
Por último, el libertario que desee imponer algunos principios generales puede apelar repetidamente a las enormes ventajas de la libertad en comparación con la coerción. Pero él también tendrá influencia y cumplirá con su deber adecuadamente sólo si ha llegado a sus principios a través de un cuidadoso estudio y reflexión. «La gente común de Inglaterra», escribió una vez Adam Smith, «es muy celosa de su libertad, pero como la gente común de la mayoría de los otros países nunca ha entendido correctamente en qué consiste». Llegar al concepto y definición adecuados de la libertad es difícil, no es fácil.1
Aspectos legales y políticos
Hasta ahora, he escrito como si el estudio, el pensamiento y la argumentación del libertario tuvieran que limitarse únicamente al campo de la economía. Pero, por supuesto, la libertad no puede ser ampliada o preservada a menos que su necesidad sea entendida en muchos otros campos — y más notablemente en la ley y en la política.
Tenemos que preguntarnos, por ejemplo, si la libertad, el progreso económico y la estabilidad política pueden preservarse si seguimos permitiendo el ejercicio del sufragio a las personas que reciben ayuda, es decir, a las personas que son mantenidas principal o exclusivamente por el gobierno y que viven a expensas de los contribuyentes. Los grandes liberales del siglo XIX y principios del XX, como John Stuart Mill y A.V. Dicey, expresaron los más serios recelos sobre este punto.
Una moneda honesta y el fin de la inflación
Esto me lleva, por último, a una única cuestión más en la que pueden concentrarse eficazmente todos aquellos libertarios que carecen de tiempo o de formación para un estudio especializado. Se trata de exigir que el gobierno proporcione una moneda honesta, y que deje de inflarse.
Esta cuestión tiene la ventaja inherente de que puede hacerse clara y sencilla porque fundamentalmente es clara y sencilla. Toda la inflación está hecha por el gobierno. Toda la inflación es el resultado del aumento de la cantidad de dinero y crédito; y la cura es simplemente detener el aumento.
Si los libertarios pierden en la cuestión de la inflación, se ven amenazados con la pérdida de todas las demás cuestiones. Si los libertarios pudieran ganar la cuestión de la inflación, podrían acercarse a ganar todo lo demás. Si consiguieran detener el aumento de la cantidad de dinero, sería porque podrían detener los déficits crónicos que fuerzan este aumento. Si pudieran detener estos déficits crónicos, sería porque habrían detenido el rápido aumento del gasto en bienestar y todos los planes socialistas que dependen del gasto en bienestar. Si pudieran detener el aumento constante del gasto, podrían detener el aumento constante del poder del gobierno.
La devaluación de la libra esterlina, primero en 1949 y de nuevo en 1967, puede tener como contrapartida el efecto más largo de ayudar a la causa libertaria. Expone la bancarrota del estado de bienestar. Expone la fragilidad y la completa falta de fiabilidad del sistema monetario internacional de papel-oro bajo el que el mundo ha estado operando desde 1944. Apenas hay una de las cien o más monedas del Fondo Monetario Internacional, con la excepción del dólar, que no haya sido devaluada al menos una vez desde que el FMI abrió sus puertas. No hay una sola unidad monetaria - y no hay ninguna excepción a esta afirmación - que no compre menos hoy que cuando el Fondo comenzó.
En el momento de escribir esto, el dólar, al que están vinculadas prácticamente todas las demás monedas en el sistema actual, está en el más grave peligro. Si se quiere preservar la libertad, el mundo debe volver finalmente a un sistema de patrón oro completo en el que la unidad monetaria de cada país importante debe ser convertible en oro a petición, por cualquiera que la tenga, sin discriminación. Soy consciente de que se pueden señalar algunos defectos técnicos en el patrón oro, pero tiene una virtud que los supera con creces. No está, como el papel moneda, sujeto a los caprichos diarios de los políticos; no puede ser impreso o manipulado de otro modo por los políticos; libera al poseedor individual de esa forma de estafa o expropiación por parte de los políticos; es una salvaguarda esencial para la preservación, no sólo del valor de la propia unidad monetaria, sino de la libertad humana. Todo libertario debería apoyarla.
Tengo una última palabra. En cualquier campo en el que se especialice, o en cualquier principio o asunto en el que decida posicionarse, el libertario debe adoptar una postura. No puede permitirse no hacer ni decir nada. Sólo tengo que recordarle el elocuente llamamiento a la batalla que aparece en la última página del gran libro de Ludwig von Mises, Socialismo, escrito hace 35 años:
Todo el mundo carga con una parte de la sociedad sobre sus hombros; nadie queda exento de su parte de responsabilidad por los demás. Y nadie puede encontrar una salida segura para sí mismo si la sociedad se dirige hacia la destrucción. Por lo tanto, cada uno, en su propio interés, debe lanzarse enérgicamente a la batalla intelectual. Nadie puede mantenerse al margen con despreocupación; los intereses de todos penden del resultado. Cada hombre, lo quiera o no, se ve arrastrado a la gran lucha histórica, a la batalla decisiva en la que nos ha metido nuestra época.
Este ensayo es un extracto del capítulo 24 de Man vs. the Welfare State (1969).
- 1Recomiendo encarecidamente The Constitution of Liberty, de F.A. Hayek (University of Chicago Press, 1960).
