Parece increíble que en los últimos días, un derecho fundamental de toda la humanidad, la libertad de asociación, haya sido denunciado por el New York Times y la mayoría de las fuentes de opinión. Incluso una figura política nacional fue reacia a defender sus propias palabras a favor de la idea y luego se distanció de la noción. ¿Se ha convertido este principio fundamental de la libertad en algo inexpresable?
O tal vez no sea tan increíble. Un gobierno presuntuoso, en una era de despotismo como la nuestra, debe denegar un derecho fundamental como ese simplemente porque es uno de los asuntos centrales que muestran quién manda: el estado o los individuos.
Vivimos tiempos antiliberales, en los que la elección individual es altamente sospechosa. El principal espíritu legislativo se dirige a hacer que todas las acciones sean obligatorias o prohibidas, dejando cada vez manos espacio a la volición humana. Dicho de forma simple, ya no confiamos en la idea de la libertad. Ni siquiera podemos imaginar cómo podría funcionar. Qué gran distancia hemos recorrido desde la Edad de la Razón a nuestros tiempos.
Refiriéndonos a la gran controversia acerca del Acta de Derechos Civiles de 1964, Karen de Coster puso fin al asunto dando la vuelta a la pregunta de Rachel Maddow. Quiso saber si un empresario blanco tiene derecho a rechazar dar servicio a un hombre negro. Karen pregunto: ¿tiene un empresario negro derecho a rechazar dar servicio a un miembro del [Ku-Klux-] Klan?
No creo que nadie discuta ese derecho. El cómo use cada persona el derecho a asociarse (que necesariamente significa el derecho a no asociarse) es un asunto de elección individual profundamente influenciada por el contexto cultural. El que una persona tenga derecho a tomar por sí misma estas decisiones no puede negarlo nadie que crea en la libertad.
El derecho de exclusión no es algo secundario. Es esencial para el funcionamiento de la civilización. Si uso software propietario, no puedo descargarlo sin firmar un contrato. Si rechazo firmar, la compañía no tiene que vendérmelo. ¿Y por qué? Porque es su software y ellos fijan los términos de uso. No hay más que decir.
Si escribes en un blog que acepta comentarios, sabes lo importante que es este derecho. Tienes que poder excluir spam o prohibir direcciones IP de trolls o si no incluir y excluir basándose en si la contribución de la persona añade valor. Cualquier intervención en Internet que solicite participación pública lo sabe. Sin este derecho, cualquier foro puede desmoronarse, al ser tomado por elementos negativos.
Ejercemos todos los días el derecho de excluir. Si vamos a comer, alguna gente viene y otra no. Cuando celebramos una cena, cuidamos de incluir a cierta gente y necesariamente excluir a otra. Algunos restaurantes esperan y reclaman el uso de zapatos y camisas en incluso chaquetas y corbatas. El New York Times incluye algunos artículos y excluye otros, incluye a alguna gente en sus reuniones editoriales y excluye a otra.
Cuando un negocio contrata gente, algunos pasan el corte y otros no. Pasa lo mismo con las admisiones a la universidad, a iglesias, fraternidades, clubes cívicos y casi cualquier otra asociación. Todos ejercen el derecho a excluir. Es básico para la organización de cada aspecto de la vida. Si se niega este derecho, ¿qué tenemos en su lugar? Coerción y obligación. La gente se ve forzada por el estado a juntarse, obligando a punta de pistola a que un grupo sirva a otro. Es una servidumbre no voluntaria, expresamente prohibida por la 13ª enmienda. Uno supone que la gente que ame la libertad estará siempre en contra.
Como dice Larry Elder: “Es de 1º de Libertad”.
¿Qué pasa con la afirmación de que el gobierno debería regular las bases de la exclusión? Digamos, por ejemplo, que no negamos el derecho general de libre asociación, pero limitamos su alcance para ocuparnos de una injusticia concreta. ¿Es factible? Bueno, la libertad es un poco como la vida, algo que existe o no. Dividirla y cortarla de acuerdo con prioridades políticas es extremadamente peligroso. Perpetra una división social, lleva a un poder arbitrario, obliga a una forma de esclavitud cambia las tornas sobre quién se encarga precisamente de la sociedad.
De hecho, presumir que el gobierno regule las “bases” de cualquier toma de decisiones es escalofriante. Presume el derecho y capacidad de los burócratas del gobierno de leer las mentes, como si pudieran conocer el motivo real detrás de cada acción, independientemente de lo que diga quien toma la decisión. Así es como los bancos en las últimas décadas han dado hipotecas indiscriminadamente: estaban intentando librarse de los reguladores que buscaban cualquier señal de discriminación racial.
Y, por supuesto, este truco de la lectura de mentes no es arbitrario. Lo dicta la presión política. Así que difícilmente sorprende que desde que se aprobó el Acta en 1964, las bases, que los reguladores dicen que pueden distinguir, y por tanto prohibir, han proliferado y ahora están completamente fuera de control. ¿Esta estrategia ha aumentado realmente el bienestar social o ha exacerbado el conflicto entre grupos que el estado ha explotado para sus propios fines?
¿Nos atreveremos a dejar a los propietarios tomar esas decisiones por sí mismos? Desde un punto de vista histórico, la injusticia contra los negros la perpetraron principalmente los gobiernos. En los negocios privados no entran las políticas de raza, pues significan excluir clientes dispuestos a pagar.
Y precisamente por esto los racistas, nacionalistas e intolerantes radicales se han opuesto siempre al capitalismo liberal: éste incluye y excluye basándose en la relación dineraria y sin considerar características que los colectivistas de todos los tipos consideran como importantes. En las utopías imaginadas por los nacionalsocialistas, los defensores del comercio son colgados de las farolas como traidores a la raza y enemigos de la nación.
Esto pasa porque el mercado tiende hacia un tapiz de asociación siempre en evolución y cambio, con patrones que no pueden conocerse por adelantado y no deberían ser regulados por los líderes federales. Por el contrario, los intentos del gobierno de regular la asociación llevan al desorden y las calamidades sociales.
Como explicó Thomas Paine:
En aquellas asociaciones que forman promiscuamente los hombres con el fin de comerciar o cualquier otra cosa, en que el gobierno está fuera de lugar y en que actúan simplemente sobre los principios de la sociedad, vemos cuán naturalmente se unen las distintas partes y esto demuestra, por comparación, que los gobiernos, lejos de de ser siempre la causa o medio del orden, son a menudo la destrucción de éste.
Precisamente por eso los libertarios tenían razón al oponerse a las provisiones del Acta de Derechos Civiles de 1964. Golpean al corazón de la libertad, y con un coste social extremadamente alto. No nos sorprende que órganos de opinión sin ideas y antiintelectuales busquen negar esto. Pero lo que me ha sorprendido es la velocidad con la que supuestos libertarios, especialmente en el ámbito de Washington DC, se han apresurado a distanciarse del principio de libertad de asociación. Considero esto, no como una prueba de bancarrota intelectual, sino como una señal de temor que muchos tienen de decir la verdad al poder en una época de control despótico.
Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe.
