Max Weber, citando a León Trotsky en Brest-Litovsk, afirmó sin rodeos que «todo Estado se funda en la violencia». Las teorías imaginativas que a veces se han empleado para justificar la violencia estatal no entran en el ámbito de este artículo. Lo que se analiza aquí es la forma ordenada en que las élites estatales han preparado conjuntamente el terreno para dominar a los individuos en la cuarta revolución tecnológica.
Ley y guerra
Según la definición estándar del sociólogo alemán Max Weber en «La política como vocación» (1918), el Estado es «una comunidad humana que reclama (con éxito) el monopolio del uso legítimo de la fuerza física en un territorio determinado». En otras palabras, un Estado no es más que un grupo reducido de personas (es decir, el gobierno) que consigue ejercer la violencia sobre grupos más amplios (es decir, los súbditos) en un lugar determinado (es decir, el territorio).
Cuando la violencia del Estado se dirige contra los individuos comunes, se llama ley, mientras que cuando se dirige contra otros funcionarios, se llama guerra o golpe de Estado / guerra civil. Una guerra autodestructiva entre funcionarios del Estado proporciona una apertura para la liberación del pueblo llano, como señaló Mao Zedong durante la Revolución Cultural: «El mundo es un gran caos; la situación es excelente» (天下大乱，形势大好). ¡Ojalá el presidente Mao y sus compañeros no utilizaran a los plebeyos como armas desechables en sus luchas! Por el contrario, el sacrificio del pueblo en interés de las élites estatales no es fácilmente justificable y corre el riesgo de despertar a los súbditos.
Por esta razón, tras las impactantes secuelas de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos recurrieron al refugio legal de la ley internacional, bajo el lema de la paz internacional, para mantener sus privilegios.
Guerra y paz
A la luz de las atrocidades cometidas por los funcionarios del Estado durante la Segunda Guerra Mundial, era obvio que el positivismo jurídico y las teorías del contrato social no podrían sobrevivir fácilmente en la nueva era. El periodo más incómodo para los funcionarios estatales vencedores fue el de los juicios de Nuremberg. Por un lado, los propios demandantes habían cometido los mismos crímenes; por otro lado, a los agentes de la acusación les resultaba difícil sostener los cargos, simplemente porque los nazis habían acatado las leyes nazis y las leyes nazis eran perfectamente legales de acuerdo con la máxima estatista del positivismo jurídico.
Ante una situación tan embarazosa, los funcionarios del Estado recurrieron a un aparato entonces olvidado —la ley internacional. Pusieron en vigor un corpus de leyes de aplicación internacional que prometían la paz, o al menos evitar peleas improductivas entre ellos, a cambio de inmunidad y autoridad. La ley internacional no estaba realmente destinada a aliviar a los súbditos. El pueblo llano seguía siendo súbdito de funcionarios soberanos en lugar de ser reconocido como sujeto soberano de una ley universal. La jurisprudencia de los tribunales intergubernamentales de derechos humanos, allí donde se establecieron, no hizo más que demostrar que los gobernantes no pretendían seriamente someter sus poderes a ninguna ley.
Si bien es cierto que durante medio siglo la ley internacional ofreció un alivio al pueblo llano, esto sólo ocurrió en la medida en que los burócratas redujeron sus refriegas. Con más paz, el pueblo se vio sometido sólo a la violencia de sus funcionarios sin sufrir las guerras entre regímenes. Sin embargo, a finales del siglo XX, la escasa capacidad de los funcionarios del Estado para vincularse a cualquier principio pacífico les llevó a más guerras exponiendo de nuevo su verdadera naturaleza violenta.
Así, se hizo evidente que los gobiernos necesitaban una nueva narrativa para mantener su estatus. Por ello, apelaron al amor.
Amor y miedo
En los albores del siglo XXI, la importancia de un territorio nacional compartido se desvaneció debido al progreso tecnológico. En este contexto, el territorio nacional comenzó a concebirse como un espacio fluido formado por una combinación de áreas sustanciales y «metaversos» insustanciales y que no podía ser fácilmente controlado. Por el contrario, lo que seguía siendo tangible y, por tanto, más sujeto a regulación, eran los individuos, que podían interactuar simultáneamente en varios territorios.
En este contexto, los funcionarios estatales occidentales acabaron con un grupo de sujetos que actuaban en múltiples espacios, los metaversos incluidos, en los que los individuos podían escapar de la violencia estatal y asumir la plena autopropiedad y soberanía. En Occidente, una vuelta abrupta al estado territorial tradicional habría sonado como una petición arbitraria de utilizar caballos en lugar de coches. Así pues, los funcionarios occidentales necesitaban una justificación para su intercepción violenta de la progresión de los individuos hacia la plena autodeterminación.
Para ello, las élites del Estado sustituyeron el amor por la paz, recurriendo a la ley más vaga y autoritaria, la ley de buenas intenciones—una ley de emergencia que permite la constante injerencia gubernamental en la libertad humana por miedo al daño, siempre que todo sea bien intencionado.
Del principio de no agresión al principio de buenas intenciones
La creciente ley de emergencia universal de buenas intenciones se distingue por las siguientes características:
Universal por oposición a internacional. La antigua ley internacional había sido diseñada para espacios tangibles, mientras que las élites estatales necesitaban ahora una ley que pudiera aplicarse universalmente. De hecho, la nueva ley puede regular a determinados individuos en «versos» inciertos; por ejemplo, fuera de línea, en línea, metaverso, universo, multiverso, alterverso, megaverso, etc.
- Un estado de emergencia permanente. En los entornos digitales cada vez más interconectados, los gobiernos presentan cada asunto como una situación urgente que debe ser regulada inmediatamente. En esta ocasión, los funcionarios del Estado aparecen para regular el comportamiento de los sujetos a pasos agigantados, por un supuesto temor a un peligro colectivo inminente.
- La ley como violencia. La violencia es el fundamento del privilegio autoritario de los funcionarios del Estado; bajo la nueva ley, el Estado tiene una autoridad mejorada para regular arbitrariamente el cuerpo, la mente y la moral de los sujetos.
- Las buenas intenciones se oponen a la no agresión. El principio de no agresión pasiva no sólo se rechaza, sino que se califica de inmoral. De acuerdo con el principio de buenas intenciones activas, los funcionarios del Estado se han declarado luchadores incansables por una abstracta virtud colectiva occidental. Por ello, se les permite interferir constantemente en todos los aspectos de la vida mientras invitan a los súbditos a cooperar (es decir, a obedecer pasivamente). Las posibles malas consecuencias se excusan debido a las buenas intenciones de los oficiales. Si algunos sujetos disienten, es obvio que no comparten los valores sociales y morales progresistas y deben ser condenados al ostracismo (cancelados, en el argot digital) o sancionados de otro modo.
Conclusión
En Occidente, las ideologías políticas de los dos últimos siglos han sido sustituidas hace tiempo por un delirio colectivo de amor y miedo orquestado por los burócratas privilegiados. En el centro de la misma, hay un embrollo de normativas sobre cuestiones de identidad, cambio climático, eficiencia energética, amenazas sanitarias y sociales, salvaguarda de la democracia, etc. Los súbditos deben seguir religiosamente toda la legislación, no por sus dudosos resultados (externos) sino para demostrar su alineación moral (interna) con el Estado en su lucha contra una vaga emergencia. La emergencia, como si fuera un dogma religioso, no puede ser cuestionada por ningún plebeyo, mientras que a las élites políticas, como si fueran el clero, se les permite ser autoritarias siempre que tengan buenas intenciones.
