A lo largo de la historia americana, los descentralistas han defendido los «derechos de los estados» como la estrategia ganadora para la libertad, pero ¿y si eso no es suficiente? Después de todo, los estados, en muchos casos, se han convertido ellos mismos en instrumentos de una grave tiranía. ¿Qué deben hacer los ciudadanos cuando sus propios gobiernos estatales les imponen onerosas restricciones, regulaciones y mandatos? En los últimos años, la respuesta ha quedado clara: los gobiernos locales pueden interponerse entre los ciudadanos y el gobierno estatal negándose a defender leyes injustas. Al igual que los estados pueden anular las leyes federales, las localidades pueden anular las leyes estatales. Esto ofrece una vía para que incluso bolsas muy pequeñas de la población defiendan sus derechos naturales cuando están en peligro, una estrategia valiosa para la era moderna.
Los gobiernos locales pueden resistir la tiranía del Estado
Tradicionalmente, la teoría de la anulación sólo se ha aplicado a la relación entre los estados y el gobierno federal. En el «Federalista nº 46», James Madison señaló que la «negativa de los estados a cooperar con los funcionarios de la Unión... presentaría obstáculos que el gobierno federal difícilmente estaría dispuesto a encontrar». Si un estado utilizara esta estrategia para anular una ley, el gobierno federal se quedaría sin recursos, ya que no puede tomar el control de los recursos de los estados ni coaccionarlos para que apliquen las leyes federales.
Este principio —denominado «doctrina anticomandante»ë ha sido afirmado en repetidas ocasiones por la Corte Suprema. En lugar de depender de las autoridades estatales, el gobierno federal, en tal caso, tendría que utilizar sus propios recursos para hacer cumplir la ley en ese estado, lo que —debido a los presupuestos y a la limitación de personal— es una empresa costosa y bastante improbable. Esta estrategia ha tenido un gran éxito a lo largo de la república americana, utilizándose originalmente para resistir la Ley de Esclavos Fugitivos y las leyes federales de inmigración y drogas en los tiempos modernos.
¿Pero cómo pueden los gobiernos locales anular las leyes estatales? La historia aquí es un poco diferente. Dado que los distintos estados se han desarrollado en circunstancias históricas diferentes, no existe una norma única que rija la relación entre el estado y los municipios. Algunos estados son jurisdicciones de «regla de Dillon», lo que significa que consideran a los gobiernos locales como meras subdivisiones administrativas del estado que sólo tienen poder en la medida en que el estado se lo delega. Otros estados son jurisdicciones de «autonomía», que reconocen al menos cierto grado de autogobierno como un derecho fundamental de las localidades. Algunos estados son un híbrido entre los dos, utilizando la regla de Dillon para algunas políticas locales y extendiendo el gobierno local a otras. En cualquier caso, todos los entresijos de la relación entre el Estado y las localidades se detallan en la legislación estatal o en la constitución del Estado.
A primera vista, esto parece significar que el Estado tiene una supremacía absoluta sobre las localidades. Al fin y al cabo, es el gobierno estatal el que define la relación que tiene con las localidades, e incluso la autonomía local concedida en las jurisdicciones autónomas existe sólo a merced del Estado. «Desde un punto de vista legal, no existe ninguna doctrina anticomandante para las ciudades o los condados», ha declarado lamentablemente Mike Maharrey, del Centro de la Décima Enmienda. Para los defensores de la descentralización política, esta constatación es descorazonadora. Lleva a la conclusión de que las autoridades estatales podrían, en cualquier momento, disolver la estructura del gobierno local y convertir a todos los funcionarios locales en agentes leales a las autoridades estatales. Maharrey continuó: «Desde un punto de vista estratégico, los activistas deberían ser cautelosos a la hora de intentar emplear una estrategia creada para que los estados la utilicen contra los federales como herramienta para que los gobiernos locales se enfrenten a un estado». Así, muchos han descartado la anulación local como una quimera impracticable, incluso gente a la que le encantaría que la estrategia tuviera éxito.
Por suerte, esa no es toda la historia. En su crítica a la anulación local, Maharrey puede estar pensando demasiado en la estructura jurídica teórica de la relación entre el Estado y el municipio y menos en cómo funciona esa relación en la práctica. Como señala un informe de la Liga Nacional de Ciudades,
A menudo —demasiado a menudo— se dice que las ciudades y los condados son criaturas de la ley estatal, incluso en los estados con las versiones constitucionales más fuertes del gobierno autónomo. Esta afirmación es técnicamente cierta, pero los gobiernos estatales también son criaturas de la ley estatal y el tópico no revela nada definitivo sobre cómo un estado determinado asigna la autoridad legal formal entre el estado y el nivel local. Esa es una cuestión que el derecho constitucional estatal y federal deja totalmente en manos de los ciudadanos de cada estado.
A través de las urnas, es el pueblo de cada estado el que, en última instancia, ejerce el control sobre el tipo de leyes que se aprueban y el que debe dar su visto bueno a cualquier cambio en la constitución estatal (en todos los estados excepto Delaware). Si la estructura del gobierno local está recogida en la constitución de un estado, los votantes tendrían que ratificar cualquier cambio en dicha estructura mediante un plebiscito a nivel estatal. Si la estructura del gobierno local está prescrita en la ley estatutaria, la legislatura del estado tendría el poder de alterarla por sí misma, pero sólo técnicamente. Por supuesto, los senadores y congresistas estatales, siempre ávidos de mejores resultados en las encuestas, no estarían dispuestos a modificar la estructura del gobierno local si al hacerlo violaran los deseos de sus electores e invocaran su furia.
De hecho, sólo un estado —el pequeño Connecticut— ha conseguido abolir sus condados, y eso sólo porque la opinión pública de allí llegó a considerarlos innecesarios. Las asambleas legislativas de cualquier estado de tamaño medio o grande seguramente nunca podrían salirse con la suya con un cambio de este tipo en la estructura local. Por tanto, no es que no exista la posibilidad legal de que los estados se apropien de los recursos locales, sino que, como realidad política, no pueden hacerlo.
Si los gobiernos estatales no pueden interferir en los asuntos locales, eso significa que tienen pocos recursos contra la anulación local. Los sheriffs locales, que casi siempre son elegidos (en lugar de nombrados) para sus cargos, son muy adecuados para liderar estos esfuerzos, ya que sólo están en deuda con sus votantes y no con ninguna junta estatal o local. Los sheriffs pueden simplemente negarse a aplicar las leyes que, en su opinión, violan los principios de la justicia y la Constitución, y pueden ordenar a sus ayudantes que hagan lo mismo. La oficina del sheriff no tiene ninguna obligación de respaldar las medidas injustas con sus propios recursos locales, por lo que puede negarse abiertamente a hacerlo. Para los defensores de la libertad, esta estrategia es bastante prometedora.
»Sin embargo», se podría replicar, «¿no podría el gobierno estatal demandar la destitución de un sheriff recalcitrante alegando que no ha cumplido con su deber?». Bueno, ciertamente podrían intentarlo, y es cierto que los sheriffs pueden ser destituidos a través de los tribunales; sin embargo, las fuerzas del orden disponen de un gran margen de maniobra discrecional en su trabajo, y —probablemente por esta razón— hasta la fecha no se ha presentado ninguna demanda contra un sheriff recalcitrante. En la práctica, los funcionarios estatales apenas han podido recurrir a estos sheriffs. Como estrategia práctica, la anulación local ha demostrado una y otra vez ser bastante sólida. No sólo ha servido muy bien a los condados en los últimos años, sino que la idea que la sustenta se remonta a antes de la Guerra Civil.
El papel de la nulidad local en la actualidad
La idea de la anulación local fue propuesta explícitamente por primera vez por el senador Stephen A. Douglas en 1858 durante un debate contra su rival en las elecciones al Senado, Abraham Lincoln, en Freeport, Illinois. En lo que se conoció como la Doctrina de Freeport, Douglas propuso que las ciudades y los condados de los territorios estadounidenses pudieran decidir por sí mismos si eran «esclavos» o «libres». Esa decisión no tenía que ser tomada por ningún nivel superior de gobierno: las localidades podían hacerlo por sí mismas. A pesar de la entonces reciente decisión del Tribunal Supremo sobre Dred Scott, los gobiernos locales no estarían obligados a proteger la «propiedad» de esclavos de los plantadores. «La esclavitud», le dijo Douglas a Lincoln, «no puede existir ni un día ni una hora en ningún lugar, a menos que sea apoyada por las regulaciones de la policía local». Sin una autoridad superior capaz de requisar los recursos locales, la esclavitud podía ser abolida de facto aunque siguiera siendo oficialmente legal.
Aunque hay algunas diferencias clave entre la Doctrina Freeport de Douglas y los esfuerzos de anulación local de hoy en día, la esencia siempre ha sido la misma: siguiendo la voluntad de los votantes locales, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden y deben negarse a aplicar las leyes consideradas injustas o inconstitucionales. Esta idea no es ni mucho menos nueva y puede adaptarse para su uso en distintos tiempos y lugares. El difunto y gran Murray Rothbard, que identificó el avance de la tiranía en todos los niveles de gobierno, estaba enamorado de la «anulación local y silenciosa» de Douglas. La consideraba el «único camino que les quedaba a los amantes de la libertad» en los Estados Unidos de antes de la guerra: práctico, sencillo y no oneroso. Quizá hoy, más de 160 años después, los principios articulados en Freeport sigan ofreciendo un camino para esos «amantes de la libertad».
Ya existe la Asociación Constitucionalista de alguaciles y oficiales de la paz (CSPOA), cuyos más de cuatrocientos miembros se niegan a aplicar, entre otras cosas, los mandatos de covid y las medidas estatales de control de armas. El fundador de la CSPOA, el ex sheriff del condado de Graham, Arizona, Richard Mack, considera que los sheriffs locales son una de las últimas líneas de defensa contra la tiranía del gobierno. «Cuando no tienes otro lugar al que acudir, cuando todos los tribunales están en contra de ti, todos los legisladores están en contra de ti, ¿a qué otro lugar puedes acudir?», preguntó a un entrevistador del Washington Post. «Creo», continuó, «en el sheriff local del condado... y si eso significa enfrentarse al gobierno federal, entonces que así sea».
El grupo de anuladores locales de Mack fue noticia a nivel nacional el año pasado, tras prometer que no aplicarían los mandatos de máscara y las órdenes de bloqueo en sus condados, alegando que esas políticas son opresivas e inconstitucionales. Debido a la naturaleza de sus cargos, afortunadamente no se han enfrentado a ninguna repercusión grave. Sus críticos más acérrimos sólo han podido poner algunos obstáculos en su camino, ninguno de los cuales ha supuesto una gran diferencia en sus esfuerzos.
El sheriff Adam Fortney del condado de Snohomish (Washington) se enfrentó a dos peticiones de destitución tras negarse a aplicar la orden de cierre del gobernador Jay Inslee el pasado mes de abril. Pero esas peticiones procedían de votantes entrometidos de su condado —no de las autoridades estatales— y ambas fracasaron de todos modos. En diciembre, el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, anunció que sus agentes adoptarían una actitud laxa con respecto a la nueva orden de bloqueo que el gobernador Gavin Newsom había impuesto en los condados del sur de California. En respuesta, el furioso Newsom amenazó con suspender al condado (y a cualquier otro que considerara seguir su ejemplo) de la recepción de fondos de ayuda a la covida: todo zanahoria, nada de palo. Fuera de eso, el gobierno estatal no tenía ninguna opción. Muchos otros sheriffs de todo el país hicieron exactamente lo mismo que Fortney y Villanueva, protegiendo con éxito a los ciudadanos locales de las órdenes estatales opresivas.
Lo mismo se ha hecho para resistir las medidas estatales de control de armas. En 2018, el gobernador Inslee firmó un conjunto de nuevas regulaciones de armas de fuego que hicieron más estrictas las verificaciones de antecedentes y aumentaron la edad mínima para comprar rifles semiautomáticos. Aunque Washington es un estado decididamente azul, alrededor de una docena de sheriffs de condados rurales se pusieron en marcha para resistir las nuevas medidas en parte o en su totalidad. Inslee, de nuevo, no pudo obligar a esos sheriffs a cumplirlas. Lo máximo que pudo hacer fue ordenar a la patrulla estatal que hiciera cumplir las nuevas restricciones en esos condados (pero sin el apoyo de los departamentos locales, esto es difícil y costoso). Los recursos de los condados locales de Washington sencillamente no podían ser controlados, ni tampoco en Nevada o Nuevo México, donde se produjeron esfuerzos de resistencia similares en la misma época. La nulidad se impuso.
Conclusión:
La anulación local ofrece una guía práctica para resistir a la tiranía de forma que refleje los deseos reales de los miembros de la comunidad local frente a la mentalidad de torre de marfil de sus «representantes» gubernamentales. Hay que luchar contra el Estado con uñas y dientes, y como el criminal más atroz y expropiador de todos, tiene sentido que los sheriffs tengan un papel en esta lucha. La desobediencia civil está muy bien, pero a menudo puede llevar demasiado tiempo o ser perjudicial para los que participan en ella, lo que limita su valor estratégico. Pero los sheriffs -que tienen un poder tangible y bastante autonomía- pueden simplemente ignorar las leyes que justifican la desobediencia y así vitalizar los esfuerzos de los enemigos del Estado.
A falta de una revolución total, esta anulación local puede ser el último refugio verdadero para la libertad. Por ahora, el cambio a nivel estatal y federal puede ser una causa perdida, pero trabajando poco a poco y condado a condado, las fuerzas de la libertad todavía tienen una oportunidad de luchar.
