Si todo el mundo pudiera tener un grado universitario, ¿podéis imaginar lo próspero que sería Estados Unidos? Es esta idea detrás de las matriculaciones gratis en las universidades comunitarias y la deuda de los préstamos baratos a estudiantes garantizados por el gobierno. No tiene sentido no pasar por la universidad, ¿tal vez deberíamos tener todos un grado en derecho?
Josh Mitchell escribe en el Wall Street Journal acerca de “una red empresarial llamada InfiLaw System, respaldada por inversores de fondos de inversión de Chicago. Las inscripciones saltaron de varias docenas en la costa de Florida en 1996 a aproximadamente 4.000 en las tres escuelas combinadas en 2012”.
Los pretendientes a abogados pagaron la matrícula con una inundación de deuda en préstamos a estudiantes. “Los préstamos federales a estudiantes fueron esenciales para el crecimiento desbocado de la empresa”, escribe Mitchell. “Los contribuyentes podrían acabar atrapados con las grandes porciones de deuda de estudiantes de InfiLaw que nunca se pagarán y los estudiantes prestatarios se enfrentan a años de morosidad en el crédito”.
En un artículo de mises.org de 2011 contemplaba la educación superior a través de la lente de un ciclo económico austriaco. “Las licenciaturas universitarias son similares a lo que los austriacos llaman bienes de orden superior. Se piensa que un estudiante obtendrá conocimientos y madurez en la universidad que le harán más productivo y candidato a una carrera bien pagada. La inversión de tiempo y dinero en conocimiento se compensa con la mayor productividad y se traduce en una renta más alta. La educación superior es el medio de orden superior para una carrera de éxito”.
Entretanto, empresarios de la educación como Don Lively encontraron irresistible la búsqueda de rentas de los préstamos estudiantes. Sus escuelas de derecho fueron las que más rápido crecieron en el país. Sin embargo, la burbuja de Lively estalló. Mitchell explica:
Ahora, dos décadas después de empezara todo, la misión de Mr. Lively está en ruinas. La escuela de Charlotte cerró en agosto, después de que Carolina del Norte revocara su licencia. Las matriculaciones en Arizona y Florida han caído drásticamente e InfiLaw está buscando compradores para ambas escuelas. Miles de alumnos de InfiLaw han abandonado, se han transferido y han suspendido los exámenes de abogacía y están luchando por pagar un total de más de 1.000 millones de dólares en préstamos federales a estudiantes, según indican los datos del Departamento de Educación y la asociación de abogados de Estados Unidos. Muchos deben más de 100.000$.
Mr. Lively creía que las escuelas de derecho discriminaban demasiado cuando seleccionaban a estudiantes usando puntuaciones LSAT. “La selectividad ayudaba a las escuelas a lograr calificaciones más altas, pero limitaba las oportunidades para las minorías, que tendían a puntuar peor en las pruebas que los blancos por diversas razones todavía muy debatidas en la universidad”, escribe Mitchell.
A los solicitantes con bajas puntuaciones LSAT se les permitía realizar un curso intensivo seguido de un examen para obtener la admisión. Andrew McAdams, que enseñó en la escuela de Charlotte de 2014 a 2015, contaba al WSJ que todos los alumnos tenían puntuaciones muy bajas y estaban “muy mal preparados” para una escuela de derecho. “Sinceramente, no puedo ver a ninguno de estos estudiantes aprobando”, recuerda. Sin embargo, cree que cinco o seis fueron admitidos.
Con los estudiantes entrando a oleadas, Sterling Partners suministró más capital “Había un ‘exceso de demanda’ de formación legal, dice. Unas 100.000 personas estaban matriculándose en escuelas de derecho cada año, pero solo aproximadamente la mitad eran aceptadas, según muestran los datos de la asociación de abogados de Estados Unidos”.
En 2006, echando gasolina al fuego, el Congreso aprobó una programa de préstamo conocido como Grad Plus, permitiendo a los estudiantes universitarios tomar prestadas cantidades ilimitadas para pagar matrícula y costes de subsistencia. Antes del Grad Plus, el límite era de 18.500$ anuales.
Las escuelas de derecho usaron el Grad Plus más que ningún otro sector de la educación superior, según los datos del Departamento de Educación. Mitchell escribe: “Los alumnos de InfiLaw acabaron acumulando más de 700 millones de dólares en deuda de Grad Plus y otros 300 millones de anteriores programas de préstamos, como muestran los datos del Departamento de Educación”.
Al tiempo que se acumulaba la deuda, no aparecían suficientes empleos para graduados de la InfiLaw: yo mencionaba en la escuela de InfiLaw en Charleston en en un artículo de 2015:
La suposición es que estos trabajos bien pagados (A) requerirán un grado universitario y (B) los habrá en abundancia cuando se gradúe el alumno. Tomar prestados 100.000$ para conseguir una licenciatura en derecho es una mala inversión si el alumno acaba escribiendo resúmenes por 15$ a la hora. Un graduado reciente de la Escuela de Derecho de Charleston ponía volantes en los coches anunciando que había tomado prestados 200.000$ para acudir a la facultad y ahora está trabajando en Walmart por 35.000$ anuales.
Un post en el blog “Above The Law” revelaba: “Respecto del año académico 2013-2014, el coste total de un grado J.D. de tres años en derecho en Charlotte costaba 123.792$, mientras que la deuda mediana por préstamo por graduado era de 159.208$. Solo el 34% de la clase de 2014 tenía un empleo en trabajos indefinidos a tiempo completo en los que se requiriera aprobar el examen de abogado”.
La escuela de Charlotte se cerró en agosto. Menos de uno de cada cinco miembros originales de la clase de 2016 se graduó, aprobó el examen para abogado y consiguió un empleo que requiriera un grado en derecho.
El auge de las escuelas de derecho llegó al máximo en 2010 y ahora las matriculaciones han caído a niveles no vistos desde la década de 1970.
