El nuevo año ha empezado con una nota dolorosa para los trabajadores de la industria automovilística que construyen vehículos eléctricos (VE). En el último mes, miles de trabajadores han sido despedidos de las plantas de General Motors (GM) y Ford en Michigan.
La mayoría de los trabajadores implicados trabajaban, o iban a trabajar, en las versiones eléctricas de los camiones insignia de cada marca: el Chevy Silverado EV y el Ford F-150 Lightning. Este último está a la venta desde 2022, mientras que el Silverado EV debutará este año. Sin embargo, ambos se han topado con un problema: los consumidores no los quieren.
Más concretamente, los consumidores no quieren tantos camiones como Ford y GM producen actualmente. A primera vista, podría parecer un caso clásico de error empresarial. Pero hay algo más en la historia, porque el nivel de producción de vehículos eléctricos, en los últimos años, se ha definido más por la política que por cualquier intento real de anticipar el interés de los consumidores. Y, como se ha demostrado en las últimas semanas, los grandes perdedores de este proceso de producción politizado son los trabajadores.
Cuando hablamos de economía, siempre es importante recordar que estamos hablando de un proceso, no de un estado. Concretamente, es un proceso de producción de bienes y servicios que satisfacen las necesidades y deseos de los consumidores finales. Cada parte de cada línea de producción —desde la redacción de libros infantiles hasta la fabricación de grúas para astilleros— es un medio para llegar a ese fin.
Pero a menudo los gobiernos intervienen e impulsan nuevos proyectos de producción sin tener en cuenta los deseos y necesidades de los consumidores finales. Tal es el caso de estos camiones eléctricos.
Por ejemplo, la planta de GM en Orion, Michigan. La planta existe desde hace décadas, pero hace dos años la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, utilizó cientos de millones de dólares en subvenciones y otros favores políticos para convencer a GM de que ampliara la producción de vehículos eléctricos.
En una triunfal rueda de prensa a principios de 2022, la gobernadora Demócrata celebró los miles de futuros puestos de trabajo que había contribuido a garantizar al convertir Michigan en el hogar del «futuro del vehículo eléctrico».
La óptica de crear puestos de trabajo al tiempo que se salvaba al mundo del cambio climático probablemente ayudó a la gobernadora Whitmer a presentarse y ganar su campaña de reelección ese mismo año. Pero al final, GM no pudo seguir ignorando el hecho de que la gobernadora les había inducido a hacer una mala inversión. Estos nuevos puestos de trabajo y las inversiones de capital se estaban destinando a la producción de coches que no se venderían.
Así, el pasado diciembre, GM despidió a casi mil trabajadores de la planta de ensamblaje de Orion. En enero, Ford hizo lo propio y anunció que empezaría a despedir a mil cuatrocientos trabajadores en Dearborn, Michigan, en abril. Ambas empresas también han anunciado retrasos y reducciones de las inversiones previstas en vehículos eléctricos.
Si bien este es un caso de politización gubernamental del proceso de producción, también hay muchos otros. Lo que hizo Whitmer refleja las políticas de muchos de sus colegas gobernadores de todo el país y, además, se parece a la agenda económica del presidente Joe Biden.
No hace falta decir que esto es malo para los trabajadores. Estos políticos están llevando a los trabajadores a trabajos en los que producen cosas que la gente ni siquiera quiere, condenándoles así a un empleo continuamente inseguro y a toda la inestabilidad que ello conlleva en sus vidas. Además, estos proyectos desvían trabajadores y capital de la producción de otros bienes más valiosos, lo que empeora la situación de todos.
Hay que dejar que los empresarios y los directivos de las compañías produzcan lo que los consumidores realmente quieren y necesitan. El gobierno no debe interponerse en su camino con legislación y regulación, ni apartarles de ello con subvenciones y favores políticos.
Los trabajadores del sector automovilístico de Michigan no tienen la culpa de que se les haya engañado para que se quedaran en puestos de trabajo mal remunerados. La culpa es de su gobernadora.
