En la columna de la semana pasada, critiqué a Jedediah Purdy por la ignorancia de la teoría económica que exhibe en su obra Two Cheers for Politics. Afortunadamente, el libro contiene muchas cosas interesantes, que reflejan el amplio conocimiento del autor sobre la historia de la filosofía política. Sin embargo, tengo que decir que el argumento principal del libro me parece absolutamente poco convincente.
Purdy empieza bien. Se pregunta: ¿Por qué la gente que vive hoy en día está atada a acuerdos políticos pasados que no ha consentido? Dice que
George Tucker, el destacado jurista de la época de la fundación, expresó esta idea en su edición de los Comentarios de Blackstone:
Apenas se puede cuestionar que la humanidad tiene derecho a obligarse por sus propios actos voluntarios; pero ¿hasta qué punto tiene derecho a contraer compromisos que obliguen igualmente a su posteridad? ¿Son los actos de los muertos vinculantes para su posteridad viva, para todas las generaciones ...
... en palabras del autor del Sentido común [Thomas Paine], una ley no es vinculante para la posteridad, simplemente, porque fue hecha por sus antepasados; sino, porque la posteridad no la ha derogado. (pp. 79-80, citando a Tucker)
Por cierto, Purdy no dice a los lectores que Tucker apoyaba los derechos de los estados, un hecho cuya relevancia quedará clara más adelante.
Los lectores familiarizados con Lysander Spooner asentirán con indulgencia. ¿No está Purdy en el camino correcto aquí? Lamentablemente, no lo está. Purdy extrae de su premisa de que «la gente no está obligada por los acuerdos a los que sus antepasados han consentido, si no lo han hecho» una conclusión que no está en absoluto justificada y que parece a primera vista falsa, «Los habitantes de una nación son libres de hacer sus propios acuerdos institucionales, a través del gobierno democrático de la mayoría. Al hacerlo, no están limitados por restricciones externas, como los derechos que las personas tienen independientemente de la asociación política, aunque no pueden privar a las personas del mismo derecho al voto».
Aplicando este principio, Purdy rechaza gran parte de la Constitución de EEUU. El Colegio Electoral, el Senado y el federalismo son antidemocráticos, en el sentido de que diluyen el poder de la mayoría, y por tanto deben ser eliminados. «La representación del Senado por estado en lugar de por población, que el Colegio Electoral traduce en un poder extra para los estados pequeños en las elecciones presidenciales, da un peso político desproporcionado a los votantes de mayor edad, blancos y rurales» (p. 203). En cuanto al federalismo, «un rasgo de la Constitución de EEUU que necesita un ajuste de cuentas [es] la refracción de la soberanía nacional a través de la llamada soberanía de los estados.... En este caso, el origen de la Constitución como sucesora de los Artículos de la Confederación, que era esencialmente un tratado entre los nuevos estados independientes, persiste y limita la democracia» (p. 225).
Al argumentar de este modo, Purdy ha olvidado considerar un punto fundamental. Supongamos que, como él, usted acepta la democracia basada en la mayoría. Ese principio no le dice cuál es la unidad política sobre la que debe prevalecer la mayoría. Purdy tiene razón en que, en el actual sistema americano, los estados más pequeños pueden a veces bloquear la voluntad popular», si ésta se define como la mayoría de personas (¿adultos?) residentes en los Estados Unidos; pero, ¿por qué debemos tomar el territorio de los Estados Unidos contemporáneos como la unidad sujeta al control democrático, en lugar de considerar que las zonas más pequeñas son territorios independientes con derecho a establecer sus propias políticas? ¿No es la cuestión de la unidad adecuada la que requiere un examen filosófico, y no la mera aceptación de la contingencia histórica? (Los lectores interesados en esta cuestión deberían consultar la excelente obra de A. John Simmons Boundaries of Authority [Oxford, 2016]).
Es evidente que Purdy no piensa así. Considera que la voluntad democrática, en lo que debo decir que es una forma bastante burda, consiste en la mayoría de los que ahora residen en los Estados Unidos, incluidos los delincuentes.
Aunque ninguna fórmula puede hacer que un sistema de gobierno sea democrático, hay una que contribuye en gran medida a ello: el principio de que todos voten. Según esta norma estricta y clara, todavía no somos una gran democracia, aunque lo estamos haciendo mucho mejor de lo que hemos sido durante la mayor parte de la historia del país. Aun así, decenas de millones de personas hacen su vida aquí y no pueden votar, incluidos unos diez millones de inmigrantes residentes legales, más de cinco millones de personas que han cumplido condenas por delitos graves y unos dos millones que están actualmente encarcelados. (p. 220)
No cabe duda de que muchas personas que están en la cárcel no deberían estar allí, como los condenados por consumir drogas que el Estado considera ilegales; pero no veo por qué los asesinos y los ladrones deben contribuir a determinar nuestro destino común.
Me desconcierta por qué Purdy piensa que la voluntad de la mayoría de un conjunto de personas reunidas adventiciamente tiene tanta importancia. Tal vez se pueda argumentar que las personas que han compartido durante un tiempo considerable tradiciones comunes deberían poder dar forma a sus instituciones como decidan, pero ¿por qué todo el mundo? Purdy rechaza que se limite la voluntad del pueblo de esta manera, y aún más la opinión de que las instituciones de la sociedad civil, junto con el libre mercado, son capaces de resolver los problemas sociales sin depender del gobierno. Para él, estas opiniones son estratagemas conservadoras y reaccionarias para frustrar la mayoría democrática:
Las generaciones de americanas han abrazado a [Alexis de] Tocqueville en parte porque describió con optimismo el gobierno local y las «asociaciones voluntarias» —clubes, sociedades de ayuda mutua y grupos de defensa— como las escuelas de la democracia.... Pero la sociedad civil no es un ámbito orgánico y espontáneo en el que las personas se reúnen para rehacerse y profundizar en su comprensión de los principios compartidos. La sociedad civil está profundamente moldeada por la economía política americana [en formas que no le gustan a Purdy]. (p. 192)
Si, como yo, se rechaza toda esta línea de pensamiento y se dice que las personas tienen derechos individuales a la libertad y a la propiedad que una mayoría democrática debería respetar, la respuesta de Purdy es que estos derechos no surgen espontáneamente sino que, por el contrario, son la creación de un gobierno aliado con los intereses capitalistas. «El pensamiento del mercado nunca estuvo verdaderamente en contra del Estado. Siempre tuvo una agenda para el gobierno» (p. 134). Purdy rechaza la doctrina de John Locke de que los derechos existen en el estado de naturaleza; prefiere, en esto como en otros asuntos, el autoritarismo de Thomas Hobbes. (Como señala Purdy, hay un sentido en el que Hobbes aceptaba los derechos en el estado de naturaleza, pero este sentido es diferente de la comprensión que tienen los partidarios del libre mercado).
Purdy ha confundido dos cuestiones: el fundamento ético de los derechos, por un lado, y el modo en que se hacen valer los derechos exigidos por un sistema jurídico, por otro. En otras palabras, no comprende la distinción entre las cuestiones del «es» y del «debe» y, en general, muestra poco conocimiento de la filosofía moral. Sus comentarios sobre John Rawls muestran que está más preocupado por «situar» una teoría moral en su entorno histórico que por evaluar sus argumentos en sus propios términos. Este no es el camino hacia la verdad.
