Los medios de comunicación afirman que esta deuda impide la recuperación económica. Chuck Schumer la borraría de un plumazo. Elizabeth Warren la eliminaría para liberar la capacidad de los estudiantes de comprar una casa y formar una familia. Janet Yellen opina que pagar la deuda de los préstamos estudiantiles (SLD) liberará el capital de riesgo. Alexandria Ocasio-Cortez afirma que el plan propuesto por Biden es inadecuado.
Las complejidades del SLD se simplifican para el público trasladando los detalles a un abismo de agregados; «la deuda media de los estudiantes», «la media del desempleo» y «la media de los salarios» son titulares sin contexto. Las peticiones de dinero de los políticos y los medios de comunicación ahogan una simple pregunta: ¿Deben los contribuyentes rescatar a los estudiantes de sus préstamos educativos?
El Departamento de Educación (DOE) supervisa las revisiones del programa de préstamos a estudiantes. La propuesta actual se explica en su página web:«El Departamento de Educación de EEUU proporcionará hasta 20.000 dólares en cancelación de la deuda a los beneficiarios de las becas Pell con préstamos en poder del Departamento de Educación y hasta 10.000 dólares en cancelación de la deuda a los no beneficiarios de las becas Pell. Los prestatarios son elegibles para este alivio si sus ingresos individuales son inferiores a 125.000 dólares o 250.000 dólares para los hogares.»
Se trata de un plan de rescate para algo que no entendemos y que no puede explicarse fácil y claramente. El programa de préstamos a estudiantes está gestionado de forma inepta y es ampliamente incomprendido. La contabilidad casual y los limitados controles de suscripción han creado un monstruo de estudiantes como ATM que alimenta a las universidades. Si esta calamidad fuera la escena de un crimen, habría una multitud de sospechosos dejando su ADN.
El impacto personal del SLD fue un tema en Occupy Wall Street en 2011. Estudiantes de posgrado de la Ivy League casados y con maestrías en campos como la sociología expresaron sus temores a un reportero: «¿Comemos frijoles por el resto de nuestras vidas para pagar 100.000 dólares?» En 2022, un vídeo de TikTok mostraba a una mujer detrás de un cartel en el que se leía «Licenciada en Bellas Artes, con 29.000 dólares de deuda y sin trabajo».
La financiación federal de la educación tiene un noble comienzo. La desmovilización tras el final de la Segunda Guerra Mundial creó un ejército de trabajadores. La financiación federal a gran escala de la educación y la formación comenzó en 1944 con la exitosa Ley de Reajuste de los Militares, comúnmente llamada GI Bill; financiaba la educación en oficios, diplomas de secundaria y títulos universitarios para los veteranos.
La Ley de Educación para la Defensa Nacional (NDEA) se aprobó en 1958 en respuesta a la aceleración soviética de la carrera espacial. La ley financiaba programas para «asegurar una mano de obra capacitada de suficiente calidad y cantidad para satisfacer las necesidades de defensa nacional de los Estados Unidos» (el énfasis es mío). La NDEA reforzó la educación en ciencias, matemáticas y lenguas extranjeras modernas ofreciendo bajos tipos de interés para los préstamos a los estudiantes.
La intención de los actos originarios era crear capital humano y, por lo tanto, nacional para resolver problemas futuros. El total del SLD se reporta ahora en 1,74 billones de dólares en los informes G.19 de la Fed. Sin embargo, los 1,74 billones de dólares de deuda son un fantasma. Se exagera la magnitud de los créditos estudiantiles. Mantener la suma de la deuda grande crea titulares y un sentido de urgencia; ¡una cifra tan grande exige la acción del Congreso!
Sin embargo, una parte de esta cifra es morosa, está en situación de impago o aún no ha vencido.
Los prestamistas privados poseen el 8% de la deuda estudiantil, es decir, 131.000 millones de dólares. Los préstamos PLUS de los padres suman 107.000 millones de dólares. Las mejores estimaciones de la deuda de los estudiantes de posgrado muestran que alrededor del 25% de todos los prestatarios de posgrado incurren en el 46% de la deuda total. Si se eliminan los préstamos para estudiantes de posgrado, los Parent PLUS y los préstamos privados, la deuda real de los préstamos federales para estudiantes no graduados asciende a entre 750.000 y 850.000 millones de dólares.
Además, la cifra de 800.000 millones de dólares no se debe pagar toda ahora. Los cálculos no se ajustaron a los préstamos que aún no están en fase de reembolso, que comienza seis meses después de la finalización de la licenciatura, un periodo de gracia que covid se prolonga durante dos años. Estar en la escuela de posgrado a tiempo parcial también suspende el pago de los préstamos de licenciatura. La deuda contraída hace seis u ocho años se ha contabilizado incluso antes del pago.
¿Cuál ha sido el rendimiento de nuestra inversión hasta ahora?
A nivel nacional, sólo el 60% de los estudiantes matriculados en la universidad terminan en seis años. Otro 11% sigue matriculado; el 28% lo deja y no vuelve. Los que abandonan mantienen su deuda. El diez por ciento de los graduados están en mora cuando comienzan a pagar.
Inside Higher Ed resumió un reciente informe de la Reserva Federal de Nueva York:«Alrededor del 41 por ciento de los graduados universitarios recientes —y el 33,8 por ciento de todos los graduados universitarios— están subempleados en el sentido de que trabajan en empleos que no requieren un título universitario».
La Iniciativa de Datos Educativos ofrece observaciones sobre los graduados. «Con una tasa del 26,33%, las carreras de Artes y Humanidades que asistieron a escuelas no selectivas son las más propensas a incumplir sus préstamos estudiantiles. Los prestatarios de préstamos estudiantiles con títulos de derecho son los más propensos a caer en la morosidad».
En febrero de 2021, la Fed de Nueva York identificó las cifras de empleo y subempleo de setenta y dos programas de estudio. Las titulaciones de bellas artes, artes escénicas, ciencias sociales y antropología tenían los salarios más bajos y el mayor desempleo y subempleo.
En los totales del SLD se incluyen los préstamos directos con y sin subsidio y los préstamos Parent Plus. Los préstamos para estudiantes universitarios cuestan el 3,73%, los de postgrado el 5,28% y los préstamos Parent PLUS desembolsados entre el 1 de julio de 202,1 y el 30 de junio de 2022, el 6,28%.
Existen múltiples programas que operan bajo el plan de reembolso de la deuda estudiantil. Estos planes de reembolso crean incertidumbre a la hora de proyectar el flujo de caja de los reembolsos. Se facturan como planes de condonación; también enmascaran los dólares de los préstamos incobrables.
Los dos planes más comunes son el Plan de Amortización en función de los ingresos (IDR) y el Plan de Amortización en función de los ingresos (IBR). Ambos planes permiten a los deudores pagar un porcentaje basado en sus ingresos discrecionales. Tal como se implementó originalmente, los ingresos protegidos se basaban en un multiplicador de 150 sobre el salario de pobreza. Los ingresos discrecionales son lo que queda después de deducir los ingresos protegidos de los ingresos brutos. El pago mínimo sería el 15% de estos ingresos discrecionales.
Barack Obama redujo el porcentaje al 10 por ciento y alegó un ahorro de más de 60 millones de dólares cuando federalizó el programa de préstamos estudiantiles en 2011. El plan de Biden reduce aún más este pago mínimo al 5 por ciento y utilizará un multiplicador más alto para reducir aún más los ingresos discrecionales. Estos planes pueden integrarse en el plan de Condonación de Préstamos del Servicio Público (PSFL), que expulsa la deuda restante tras diez años en un empleo aprobado.
Dado que estos cambios se añaden a los planes de reembolso existentes, es posible que no puedan ser impugnados legalmente. Las proyecciones de los costes del plan Biden son un juego de dardos a ciegas en un bar abarrotado. Ninguna estimación del Departamento de Educación tiene credibilidad.
Estos cambios envían una poderosa señal a los estudiantes actuales y futuros: «Contrae una deuda y puede que no tengas que devolverlo todo». Y si se sospechaba de una mala gestión de los fondos en el pasado, en julio de 2022 la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno confirmó un error de cálculo de 320 millones de dólares. En lugar de 114 millones de dólares de flujo de caja positivo por pagos, hay 197 millones de dólares de déficit.
Sí, el problema de la deuda de los préstamos estudiantiles es un desastre inminente
El breve mandato de los tres últimos directores de operaciones responsables de administrar el Programa de Préstamos para Estudiantes ofrece una visión a nivel de oficina, y tal vez pistas para futuras soluciones. En 2017 dimitió James Runcie, que fue nombrado en 2011 para supervisar la federalización del programa de préstamos estudiantiles de la era Obama. Antes del nombramiento, era un banquero de inversión. Su dimisión aludió a los recortes de personal y a la intromisión de la entonces secretaria de Educación, Betsy Voss. Entre sus quejas destaca que Voss se planteó trasladar el programa al Departamento del Tesoro y su insistencia en que Runie testificara ante un panel de supervisión en el Congreso.
Nombrado director de operaciones en 2017, Wayne Johnson dimitió a finales de 2019. Antes de su nombramiento federal, fue ejecutivo en Deloitte y en Visa. En una llamada telefónica con Yahoo Finanzas, describió el programa de préstamos estudiantiles como «una abominación a la vista» y «podrido hasta la médula.» Algunas de sus sugerencias se enfrentaron simultáneamente a apoyos y objeciones bipartidistas.
A principios de 2019, Mark Brown entró en sustitución de Johnson. El Sr. Brown es un general retirado de la Fuerza Aérea que dirigió el Comando de Educación y Entrenamiento Aéreo de la Fuerza Aérea; fue director financiero del Comando de Materiel de la Fuerza Aérea. Dimitió después de enfrentarse a las críticas sostenidas de los defensores de la condonación de la deuda estudiantil.
En mayo de 2021, Richard Cordray fue nombrado nuevo director de operaciones. Había ejercido seis años como director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor; anteriormente fue fiscal general de Ohio y candidato a gobernador por el Partido Demócrata de Ohio en 2018.
Al examinar el ADN de esta escena del crimen se encuentra la rotación de la dirección, una mentalidad de gestión de préstamos como beneficencia, la ignorancia deliberada de las deudas incobrables y la ofuscación intencionada de los resultados de la cartera.
