Recuerda que el crédito es dinero.
—Benjamín Franklin
La decisión de la Corte Suprema de junio de 2023 de rechazar el plan de la administración Biden que complacía a quienes alegaban empobrecimiento por los costes de la educación superior es un telón de segundo acto en el drama de la deuda estudiantil. Un tercer acto del drama fue esbozado por el presidente Biden el 30 de junio mediante decisiones administrativas poco sistemáticas.
Durante más de veinte años, el programa federal de préstamos a estudiantes ha estado mal gestionado. La dirección rotativa, la presión del Congreso y la confusión sobre lo que constituye una obligación de préstamo han conducido a este aprieto. La decisión del Tribunal Supremo ha proporcionado una pausa para que podamos examinar el valor en el siglo XXI del programa actual.
La financiación federal de los préstamos estudiantiles pretendía originalmente fomentar el capital humano, las aptitudes y el pensamiento crítico. Aunque el sistema de enseñanza superior no produce nada per se, todos los certificados, diplomas y títulos son productos de un gran complejo educativo. Para que la inversión en competencias apalanque un valor como el capital humano, se cuantifica una ganancia definible por el precio que los empleadores pagarán en el mercado libre por un titulado. Lamentablemente, la información objetiva de estos precios queda oscurecida por un argumento que invoca el teorema del «rendimiento social de la inversión» (ROI social). El ROI social reivindica beneficios para toda la sociedad, independientemente de la titulación o el campo de estudio. Allan Golston, presidente del programa de EEUU de la Fundación Bill y Melinda Gates, escribió lo siguiente en 2021: «¿Cuánto vale la universidad? Es una pregunta que se hacen muchos americanos, especialmente a la luz de la pandemia del COVID-19. Y está justificada. Y está justificada: El retorno de la inversión (ROI) no se ha entendido bien, y los resultados son desiguales».
En su blog del 28 de septiembre de 2022, Golston resumía los resultados de una encuesta realizada entre graduados de secundaria que decidieron no asistir a la universidad: «Tres temas clave me llaman la atención: 1) los estudiantes están preocupados por los costes universitarios, 2) tienen dudas sobre el valor de la educación postsecundaria, y 3) muchos están preocupados por interrumpir sus medios de vida para asistir a la universidad.»
¿Cómo responde la condonación de la deuda estudiantil a las preocupaciones de Golston? ¿Quién ha abordado las cuestiones de coste y valor? ¿Qué aspecto tendría un diagrama de Venn del éxito del programa federal de préstamos estudiantiles al agregar las experiencias personales de quienes participaron? Considera estas estadísticas:
1. Antes de la pandemia del covid-19, sólo se reembolsaba la mitad de los préstamos a estudiantes; el 25% eran morosos o estaban en situación de impago.
2. El 6 por ciento estaba en mora y el 6 por ciento en cobro directo, y la Brookings Institution advertía de que los contratos de préstamos estudiantiles de «principios de los años 2.000» podrían tener tasas de impago de hasta el 40 por ciento en 2023.
3. En una encuesta realizada en 2021, más del 45% de los estudiantes licenciados en Humanidades, Artes o Ciencias Sociales y del Comportamiento deseaban haber elegido otra carrera.
4. En una encuesta realizada en 2023 por el Wall Street Journal, el 42% de los licenciados universitarios afirmaba que obtener un título no merecía la pena.
5. La tasa media actual de abandono de los estudios universitarios es del 40%.
6. El 62% de los estudiantes terminan la carrera en seis años.
Tres de los beneficios que se mencionan con frecuencia de un título universitario, con poco o ningún capital humano directo ganado, son el empleo seguro, los salarios más altos y la señalización del empleador. Estas justificaciones fracasan estrepitosamente cuando se examinan porque se basan en un juego de manos de promedios para contar todos los títulos por igual.
En mayo de 2023, la tasa de desempleo publicada por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) era del 3,9 por ciento para los graduados de secundaria, del 3,2 por ciento para aquellos con algún crédito universitario y del 2,1 por ciento para los graduados universitarios. Esta significativa diferencia marginal se ha mantenido relativamente constante. Sin embargo, el 13,1 por ciento de la base de titulados utilizada en esta comparación tiene un título superior, lo que sesga las medias de empleo.
La menor tasa de desempleo de los licenciados universitarios ha sido refutada de forma concluyente por Bryan Caplan, de la Universidad George Mason. La comparación del BLS coloca a dos grupos distintos de personas —los que deciden asistir a la universidad y los que no— en una ecuación forzada. La métrica de los salarios más altos también falla cuando se retiran de la categoría «universitarios» los salarios de los que tienen un título superior y se ajusta el resto a las diferentes actitudes de los encuestados.
Los empresarios valoran un título universitario como una ventaja para el puesto de trabajo incluso sin una cualificación adecuada. Alguien puede demostrar su empleabilidad invirtiendo hasta cinco años y contrayendo una deuda de 30.000 dólares (de media) para optar a un puesto de trabajo en el que se realiza un trabajo para el que se proporciona una preparación mínima en la universidad. Un valor de señal comparable se consigue con cuatro o cinco años de historial laboral o de servicio en el ejército o en AmeriCorps VISTA. Sin embargo, el desajuste entre las cualificaciones y el trabajo puede hacer que un empresario sea reticente a contratar y que un titulado esté descontento, y puede que sólo proporcione una solución temporal en un mercado laboral caliente.
Los defensores de la señal del título citan el lenguaje utilizado con más frecuencia por los programas de formación para el empleo ofrecidos por empresas como Goodwill Industries o a través de estudios académicos de la Universidad de Georgetown. Estos programas identifican mejores empleos, mayores ingresos, menor dependencia del gobierno, mayores contribuciones fiscales y mejor calidad de vida. Las universidades pueden añadir el contacto social como un paso más en la teoría de la autorrealización de Maslow. En El cálculo económico en la mancomunidad socialista, Ludwig von Mises escribe: «En la mancomunidad socialista todo cambio económico se convierte en una empresa cuyo éxito no puede evaluarse de antemano ni determinarse más tarde retrospectivamente. Sólo hay tanteos en la oscuridad. El socialismo es la abolición de la economía racional».
¿La condonación de la deuda de los estudiantes pone en números rojos la pretensión de la enseñanza superior de obtener una rentabilidad social? Para ser justos, tenemos que aplicar el proceso de jerarquía analítica (AHP) que utilizan muchas organizaciones de impacto social y sin ánimo de lucro. Los defensores del AHP afirman que es «útil para tomar decisiones multicriterio que implican beneficios, oportunidades, costes y riesgos». El proceso comienza con mediciones objetivas y luego utiliza comparaciones por pares para determinar el valor de los resultados.
Los insumos son recursos detallados en dólares invertidos en un título universitario, incluidas las ayudas estatales, las ayudas federales, los salarios de los padres, los salarios de los estudiantes, los ahorros familiares y los préstamos FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes). Los insumos podrían superar los 2 billones de dólares. La deuda estudiantil de 1,6 billones de dólares de la encuesta de consumidores de la Fed es una cantidad parcial. Michael Nietzel informa de que los estados añadieron 112.000 millones de dólares a sus sistemas universitarios estatales. Sallie Mae estimó que en 2021, el 44,7% de los costes universitarios fueron pagados por los ahorros e ingresos de los padres. Muchos estudiantes trabajan a tiempo parcial mientras son estudiantes y durante el tiempo libre de la escuela; las fundaciones ofrecen becas para cubrir parte de los costos de los estudiantes.
Hay que evaluar los outputs, es decir, los productos directos y tangibles de una actividad. Un ejemplo es calcular el número de personas formadas por un programa o considerar el tipo de titulación concedida. Los empleados con titulaciones basadas en habilidades recibirán salarios más altos y es más probable que apoyen los esfuerzos de recaudación de fondos para la universidad y devuelvan los préstamos. En 2021, una licenciatura en informática daba lugar a salarios iniciales de 70.000 dólares, mientras que una licenciatura en sociología podía alcanzar los 56.750 dólares, aunque las cantidades fluctúan en función de la oferta y la demanda.
Los resultados, o los cambios en las personas y los beneficios derivados de un programa, se abordan mediante comparaciones de creencias subjetivas. Los juicios subjetivos, denominados AHP difusos, permiten una amplia latitud para crear racionalizaciones que permitan seguir ignorando las cuestiones. La destilación de estas cuestiones de valor desemboca en la afirmación de que «todos los grados son buenos».
Algunos han hecho una apasionada defensa de la condonación de los préstamos estudiantiles alegando los beneficios del ROI social, un concepto mal determinado apoyado en un difuso razonamiento subjetivo que no tiene en cuenta el valor monetario de las diferentes carreras. Unido al mencionado diagrama de Venn, es fácil concluir que el programa propuesto para 2023 es un fracaso neto de cara al futuro. Utiliza una lógica tortuosa para racionalizar los cobros del pasado. El complejo industrial educativo está en un punto de inflexión.
