Como ha sucedido antes con muchos desastres naturales, el pánico por el COVID-19 está dando lugar a quejas de escasez y «abuso de precios», contra las que han aprobado leyes alrededor de dos tercios de los estados de los Estados Unidos (a menudo en términos tan vagos que hacen que cualquier aplicación sea discrecional y, por lo tanto, discriminatoria). Pero en lugar de quejarse de la escasez y el abuso de precios, los críticos deberían darse cuenta de que el «abuso de precios» es la solución a la escasez, no un costo adicional a ella. Se trata simplemente de aumentar los precios cuando las circunstancias elevan el valor de la última unidad (marginal) de un bien disponible. Y tal vez más importante, pero poco señalado, el abuso de precios puede en realidad reducir los costos de adquisición de los bienes para los consumidores en relación con los límites máximos de precios efectivos generados por las leyes de abuso de precios.
Consideremos el caso del propietario de una gasolinera si la gente hiciera cola en bloques para conseguir gasolina en su estación. ¿Qué costo están pagando los clientes por la gasolina? No sólo pagan el precio en dólares que se cobra en el surtidor, sino también el costo de oportunidad de esperar en la cola (y puede que ya haya habido otros costos, de búsqueda, incluso de búsqueda infructuosa, también). Pero soportan esto último de una forma que no aparece en los datos oficiales de los precios. Además, el hecho de esperar en fila, aunque costoso, no beneficia al propietario de la gasolinera.
Un propietario interesado (no egoísta, sino simplemente deseoso de adelantar las cosas que le importan, como todos nosotros) no querría que esa situación continuara. Prefiere que los consumidores asuman los costos en formas que también le produzcan beneficios. En otras palabras, aumentaría el precio del dólar, convirtiendo el tiempo «perdido» en línea en ingresos que le beneficien. Pero cuando las circunstancias han aumentado el valor de la gasolina, esos aumentos de precio pueden denominarse abuso de precios, de modo que la amenaza de enjuiciamiento mantiene los precios artificialmente bajos, lo que da lugar a una escasez persistente. En resumen, por eso cuando vemos escasez que persiste a lo largo del tiempo sabemos que debemos culpar al Estado, no al mercado. Sólo el gobierno tiene el poder coercitivo de impedir que los propietarios promuevan sus propios intereses subiendo los precios cuando la situación de la oferta y la demanda lo justifique, sin violar los derechos de nadie más.
Además, dado que la razón de ser de las leyes antiabuso es beneficiar a los consumidores, deberíamos comprobar si los consumidores están realmente en mejor situación. Pero es probable que los consumidores estén peor como resultado de las leyes antiabuso de precios.
Esto se puede ver fácilmente en un diagrama de oferta y demanda. Comienza en la intersección de las dos curvas (donde las líneas rojas y azules se encuentran). Esta es la cantidad hacia la que tenderían los precios de mercado. Como los profesores de economía han explicado durante años, eso es porque a ese precio la cantidad que los compradores quieren comprar coincide con la cantidad que los vendedores quieren vender. A cualquier otro precio, tanto los compradores como los vendedores se verán frustrados por la incapacidad de intercambiar la cantidad que desean, lo que creará un proceso competitivo que llevará el precio hacia ese nivel de equilibrio.
En el caso de un precio máximo efectivo por debajo del nivel del mercado (la línea verde continua), los vendedores están dispuestos a vender menos de lo que venderían al precio de equilibrio más alto (la cantidad en la que la línea verde continua cruza la línea roja). En consecuencia, se venderá menos (aunque los defensores del techo de precios gustan de dar a entender que, como los compradores querrán comprar más al precio más bajo, significa que podrán comprar más, aunque no podrán comprar más que la cantidad reducida que los vendedores están dispuestos a vender). Pero si la cantidad producida se reduce porque los vendedores no están dispuestos a producir tanto, ¿a qué llevaría la competencia entre los compradores? Incapaces de competir en términos de precios legales más altos pagados, competirían de otras formas hasta que los costos totales se elevaran por encima del precio supuestamente injusto del «abuso de precios» en el nuevo «equilibrio».
Es decir, el costo total de los precios pagados por los compradores más los costos agregados que soportan al competir en otras formas aumentaría, hasta la altura de la curva de la demanda en la cantidad ahora menor producida. Mantener el costo del dólar bajo hace que el costo total de oportunidad para los compradores aumente. Y eso no beneficia a los consumidores como grupo. Sólo porque esos otros costos no son tan visibles como los precios oficialmente pagados que la gente no se da cuenta.
Hay una excepción para aquellos que tienen garantizada la capacidad de comprar a un precio controlado. En muchos casos, como los controles de precios en tiempos de guerra, esa parte es el gobierno. Pero también es cierto para los inquilinos existentes, a quienes se les garantiza la posibilidad de permanecer en sus apartamentos, bajo los controles de alquiler. Estos consumidores no tienen que soportar los costos de búsqueda para encontrar un apartamento o maniobrar alrededor de los controles con pagos por debajo de la mesa, ventas vinculadas de bienes relacionados a precios más altos (por ejemplo, tener que alquilar también muebles o espacios de estacionamiento del propietario para alquilar un apartamento), u otras formas costosas de competencia, lo que explica por qué tales controles son populares entre aquellos que no tienen que soportar los costos adicionales pero impopulares entre los que sí lo hacen.
Puede ser que la gente no reconozca que las leyes sobre el abuso de precios probablemente aumenten los costos para los consumidores y los perjudiquen en lugar de ayudarlos, porque están considerando una falsa compensación. Si ya han localizado con éxito parte de un artículo que se está manteniendo a bajo precio, por supuesto que preferirían pagar menos por él en lugar de más. Pero eso no implica que tengan la misma probabilidad de encontrar el artículo una vez que su precio se ha mantenido artificialmente bajo. Y es la disminución de las probabilidades de éxito de la búsqueda (porque aunque los precios del mercado generalmente revelan el precio al que se puede encontrar una unidad de un bien, los precios máximos revelan algo mucho menos valioso, precios a los que a menudo no se puede encontrar una unidad del bien) lo que desencadena la competencia, que aumenta los costos no relacionados con el precio del bien en cuestión. Y cuando se incluyen esos otros costos (incluidos los costos de una búsqueda infructuosa que muchos soportan), los costos para el consumidor han aumentado.
Cuando las circunstancias han cambiado rápidamente, como en nuestra crisis actual, el hecho de permitir que los precios del mercado cambien refleja simplemente esas circunstancias tan diferentes, alineando la información y los incentivos para los participantes en el mercado. Los controles de precios y las leyes antiabuso sólo pretenden alejar esa realidad. Sin embargo, muchas personas los apoyan de todos modos, porque creen que se beneficiarían de la supresión de los precios por lo que quieren. Sin embargo, si la gente se diera cuenta de que esas leyes en realidad los perjudican como consumidores (una vez que se consideran todos los costos que deben soportar) tal vez podríamos poner fin a esta forma contraproducente en que los políticos demuestran que «soy del gobierno, y estoy aquí para ayudar», lo que Ronald Reagan llamó una vez «las nueve palabras más aterradoras del idioma inglés».
