[Una selección de «Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics»]
En el desarrollo del pensamiento económico, se ha prestado mucha más atención al análisis del libre cambio que a la acción del Estado. En general, como hemos indicado, simplemente se ha asumido que el Estado es una institución voluntaria. La suposición más común es que el Estado es voluntario porque todo Estado debe basarse en el consentimiento de la mayoría. Sin embargo, si nos atenemos a la regla de la unanimidad, es obvio que una mayoría no es unanimidad y que, por lo tanto, la economía no puede considerar que el Estado sea voluntario por este motivo. El mismo comentario se aplica a los procedimientos de votación por mayoría de la democracia. El hombre que vota por el candidato perdedor, y más aún el que se abstiene de votar, difícilmente puede decirse que aprueba voluntariamente la acción del Estado.1
En los últimos años, algunos economistas han empezado a darse cuenta de que la naturaleza del Estado requiere un análisis cuidadoso. En particular, se han dado cuenta de que la economía del bienestar debe demostrar que el Estado es en cierto sentido voluntario antes de que pueda defender cualquier acción del Estado. El intento más ambicioso de designar al Estado como institución «voluntaria» es el del profesor Baumol.2 La tesis de Baumol sobre la «economía externa» se puede resumir de la siguiente manera: algunos deseos son por naturaleza «colectivos» en lugar de «individuales»; en estos casos, cada individuo clasificará las siguientes alternativas en su escala de valores: En (A) preferiría que todos menos él mismo fueran coaccionados a pagar por la satisfacción del grupo deseado (por ejemplo, protección militar, parques públicos, presas, etc.). Pero como esto no es factible, debe elegir entre las alternativas B y C. En (B) nadie está obligado a pagar por el servicio, en cuyo caso el servicio probablemente no se prestará ya que cada hombre tenderá a eludir su parte; en (C) cada uno, incluyendo al individuo en particular, está obligado a pagar por el servicio. Baumol llega a la conclusión de que la gente escogerá C. De ahí que las actividades del Estado en la prestación de estos servicios sean «realmente voluntarias», y cada uno elige alegremente ser coaccionado.
Este argumento sutil puede ser considerado en muchos niveles. En primer lugar, es absurdo sostener que la «coacción voluntaria» puede ser una preferencia demostrada. Si la decisión fuera verdaderamente voluntaria, no sería necesaria ninguna coerción fiscal: la gente aceptaría voluntaria y públicamente pagar su parte de las contribuciones al proyecto común. Como se supone que todos prefieren conseguir el proyecto a no pagarlo y no conseguirlo, están realmente dispuestos a pagar el precio de los impuestos para conseguirlo. Por lo tanto, el aparato de coerción fiscal no es necesario, y todas las personas pagarían valientemente, aunque un poco a regañadientes, lo que se «supone que deben pagar» sin ningún sistema fiscal coercitivo.
En segundo lugar, la tesis de Baumol es indudablemente cierta para la mayoría, ya que la mayoría, pasiva o ansiosamente, debe apoyar a un gobierno si quiere sobrevivir cualquier período de tiempo. Pero incluso si la mayoría está dispuesta a coaccionarse a sí misma para coaccionar a otros (y tal vez inclinar la balanza de la coacción contra los otros), esto no prueba nada para la economía del bienestar, que debe basar sus conclusiones en la unanimidad, no en la regla de la mayoría. ¿Afirmará Baumol que todo el mundo tiene este orden de valor? ¿No hay una sola persona en la sociedad que prefiere la libertad para todos a la coerción por encima de todo? Si existe una de estas personas, Baumol ya no puede llamar al Estado una institución voluntaria. ¿Sobre qué base, a priori o empíricamente, puede alguien afirmar que no existe tal individuo?3
Pero la tesis de Baumol merece una consideración más detallada. Porque aunque no pueda establecer la existencia de la coerción voluntaria, si bien es cierto que ciertos servicios simplemente no pueden obtenerse en el libre mercado, esto revelaría una grave debilidad en el «mecanismo» del libre mercado: ¿existen casos en los que sólo la coerción puede dar lugar a los servicios deseados? A primera vista, la «economía externa» de Baumol justifica una respuesta afirmativa que parece plausible. Servicios tales como protección militar, presas, carreteras, etc., son importantes. La gente desea que se les suministre. Sin embargo, ¿no tendería cada uno a disminuir su pago, con la esperanza de que los demás pagaran? Sin embargo, utilizar esto como fundamento para la prestación de tales servicios por parte del Estado es un ejemplo poco convincente de razonamiento circular. ¡Porque esta condición peculiar es válida sólo y precisamente porque el Estado, y no el mercado, presta estos servicios! El hecho de que el Estado preste un servicio significa que, a diferencia del mercado, la prestación del servicio está completamente separada del cobro de los pagos. Puesto que el servicio se presta generalmente de forma gratuita y más o menos indiscriminada a los ciudadanos, se deduce naturalmente que cada individuo –asegurado del servicio– tratará de eludir sus impuestos. Porque, a diferencia del mercado, su pago individual de impuestos no le aporta nada directamente. Y esta condición no puede ser una justificación para la acción del Estado, pues es sólo la consecuencia de la existencia de la propia acción del Estado.
Pero quizás el Estado debe satisfacer algunos deseos porque estos deseos son «colectivos» y no «individuales»? Esta es la segunda línea de ataque de Baumol. En primer lugar, Molinari ha demostrado que la existencia de deseos colectivos no implica necesariamente la acción del Estado. Pero, además, el concepto mismo de deseos «colectivos» es dudoso. Porque este concepto debe implicar la existencia de alguna entidad colectiva existente que haga el querer! Baumol lucha contra la concesión de esto, pero lucha en vano. La necesidad de asumir tal entidad queda clara en la discusión de Haavelmo sobre la «acción colectiva», citada favorablemente por Baumol. Así, Haavelmo concede que decidir sobre la acción colectiva «requiere una forma de pensar y un poder para actuar que están fuera de la esfera funcional de cualquier grupo individual como tal».4
Baumol intenta negar la necesidad de asumir una entidad colectiva afirmando que algunos servicios sólo pueden ser financiados «conjuntamente», y que servirán a muchas personas conjuntamente. Por lo tanto, sostiene que los particulares en el mercado no pueden prestar estos servicios. Esta es una posición muy curiosa. Para todas las grandes empresas se financian «conjuntamente» con grandes agregaciones de capital, y también sirven a muchos consumidores, a menudo conjuntamente. Nadie sostiene que la empresa privada no puede suministrar acero, automóviles o seguros porque se financian «conjuntamente». En cuanto al consumo conjunto, en cierto sentido ningún consumo puede ser conjunto, ya que sólo los individuos existen y pueden satisfacer sus deseos, y por lo tanto todos deben consumir por separado. En otro sentido, casi todo el consumo es «conjunto», por ejemplo, Baumol afirma que los parques son un ejemplo de «deseos colectivos» consumidos conjuntamente, ya que muchos individuos deben consumirlos. Por lo tanto, el gobierno debe suministrar este servicio. Pero ir al teatro es aún más común, porque todos deben ir al mismo tiempo. Por lo tanto, ¿todos los teatros deben ser nacionalizados y administrados por el gobierno? Además, en términos generales, todo el consumo moderno depende de los métodos de producción en masa para un mercado amplio. No hay motivos para que Baumol pueda separar ciertos servicios y denominarlos «ejemplos de interdependencia» o «economías externas» ¿Qué individuos podrían comprar acero o automóviles o alimentos congelados, o casi cualquier otra cosa, si no existieran suficientes individuos para exigirlos y hacer que sus métodos de producción en masa valgan la pena? Las interdependencias baumolianas nos rodean, y no hay manera racional de aislar algunos servicios y llamarlos «colectivos».
Un argumento común relacionado con la tesis de Baumol, aunque más plausible, es que ciertos servicios son tan vitales para la existencia misma del mercado que deben ser suministrados colectivamente fuera del mercado. Estos servicios (protección, transporte, etc.) son tan básicos, se alega, que impregnan los asuntos del mercado y son una condición previa necesaria para su existencia. Pero este argumento es demasiado. Fue la falacia de los economistas clásicos que consideraron los bienes en términos de clases grandes, más que en términos de unidades marginales. Todas las acciones en el mercado son marginales, y esta es precisamente la razón por la que se puede efectuar la valoración e imputación del valor-productividad a los factores. Si empezamos a tratar con clases enteras en lugar de unidades marginales, podemos descubrir todo tipo de actividades que son necesarias y vitales para toda actividad del mercado: tierra, habitación, comida, ropa, vivienda, poder, etc., ¡e incluso papel! ¿Deben todos ellos ser suministrados únicamente por el Estado y el Estado?
Despojada de sus muchas falacias, toda la tesis de los «deseos colectivos» se reduce a esto: algunas personas en el mercado recibirán beneficios de la acción de otras sin pagar por ellos.5 Este es el largo y el corto de la crítica al mercado, y éste es el único problema relevante de la «economía externa».6 A y B deciden pagar por la construcción de una represa para sus usos; C se beneficia aunque no pagó. A y B se educan a sí mismos a su costa y C beneficios al ser capaces de tratar con personas educadas, y así sucesivamente. Este es el problema del Free Rider. Sin embargo, es difícil entender de qué se trata la algarabía. ¿Debo pagar impuestos especiales porque disfruto viendo el jardín de mi vecino sin tener que pagarlos? La compra de un bien por parte de «A» y «B» revela que están dispuestos a pagar por él; si indirectamente también beneficia a «C», nadie es el perdedor. Si C considera que se le privaría de la prestación si sólo A y B pagaran, entonces es libre de cotizar también. En cualquier caso, todos los individuos consultan sus propias preferencias en la materia.
De hecho, todos somos aprovechados en la inversión y el desarrollo tecnológico de nuestros antepasados. ¿Debemos usar sacos y cenizas, o someternos al dictado del Estado, debido a este feliz hecho?
Baumol y otros que están de acuerdo con él son muy inconsistentes. Por un lado, la acción no puede dejarse en manos de la elección voluntaria individual porque el malvado jinete libre podría eludir y obtener beneficios sin pagar. Por otra parte, a menudo se denuncia a los individuos porque la gente no hará lo suficiente para beneficiar a los aprovechados. Así, Baumol critica a los inversores por no violar sus propias preferencias de tiempo e invertir más generosamente. Seguramente, el curso sensato no es ni penalizar al jinete libre ni concederle un privilegio especial. Esta sería también la única solución coherente con la regla de la unanimidad y la preferencia demostrada.7
En la medida en que la tesis del «querer colectivo» no es el problema del free rider, es simplemente un ataque ético a las valoraciones individuales, y un deseo del economista (entrar en el papel de un ético) de sustituir sus valoraciones por las de otros individuos a la hora de decidir las acciones de este último. Esto queda claro en la afirmación de Suranyi-Unger: «él (un individuo) puede ser guiado por una evaluación frívola o desconsiderada de la utilidad y la inutilidad y por el correspondiente bajo grado o ausencia total de responsabilidad del grupo».8
Tibor Scitovsky, al realizar un análisis similar al de Baumol, también plantea otra objeción al libre mercado basada en lo que él llama «economías externas pecuniarias».9 Brevemente, esta concepción adolece del error común que confunde el equilibrio general (¡e inalcanzable!) de la economía en rotación uniforme con un «ideal» ético y, por lo tanto, menosprecia fenómenos tan omnipresentes como la existencia de beneficios como las desviaciones de dicho ideal.
Por último, debemos mencionar los recientes intentos del profesor Buchanan de designar al Estado como institución voluntaria.10 La tesis de Buchanan se basa en la curiosa dialéctica de que el gobierno de la mayoría en una democracia es realmente unanimidad porque las mayorías pueden y siempre cambian. El consiguiente tirón y arrastre del proceso político, porque obviamente no es irreversible, se supone que, por lo tanto, dará lugar a una unanimidad social. La doctrina de que el conflicto político interminable y el estancamiento equivalen realmente a una misteriosa unanimidad social debe establecerse como un lapsus en una especie de misticismo hegeliano.11
- 1Schumpeter es propiamente despreciativo cuando dice: «La teoría que interpreta los impuestos sobre la analogía de las cuotas de los clubes o de la compra de servicios de, digamos, un médico sólo prueba cuán lejos está esta parte de las ciencias sociales de los hábitos científicos de la mente» Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy (New York: Harper and Brothers, 1942), p. 198. Para un análisis realista, véase Molinari, The Society of Tomorrow, págs. 87-95.
- 2Véase William J. Baumol, «Economic Theory and the Political Scientist», World Politics (enero de 1954): 275-77; y Baumol, Welfare Economics and the Theory of the State.
- 3Galbraith, en efecto, hace tal suposición, pero obviamente sin una base adecuada. Véase John K. Galbraith, Economics and the Art of Controversy (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1955), págs. 77-78.
- 4Yves Simon, citado favorablemente por Rothenberg, es aún más explícito, postulando una «razón pública» y una «voluntad pública» en contraste con los razonamientos y voluntades individuales. Véase Yves Simon, Philosophy of Democratic Government (Chicago: University of Chicago, 1951); Rothenberg, «Conditions», pp. 402-3.
- 5Ver la crítica de una posición similar de Spencer por «S.R.», «Spencer As His Own Critic», Liberty (junio de 1904).
- 6Los famosos problemas de «deseconomía externa» (ruido, molestias de humo, pesca, etc.) se encuentran en una categoría totalmente diferente, como ha demostrado Mises. Estos «problemas» se deben a la insuficiente defensa de la propiedad privada contra la invasión. Por lo tanto, más que un defecto del libre mercado, son el resultado de invasiones, de la propiedad, invasiones que, por definición, se descartan del libre mercado. Véase Mises, Human Action, págs. 650-56.
- 7En una buena, aunque limitada, crítica a Baumol, Reder señala que Baumol descuida por completo las organizaciones sociales voluntarias formadas por individuos, pues asume que el Estado es la única organización social. Este error puede deberse en parte a la peculiar definición de Baumol de «individualista» como una situación en la que nadie considera los efectos de sus acciones en nadie más. Véase Melvin W. Reder, «Review of Baumol’s Welfare Economics and the Theory of the State», Journal of Political Economy (diciembre de 1953): 539.
- 8Theo Suranyi-Unger, «Individual and Collective Wants», Journal of Political Economy (febrero de 1948): 1-22. Suranyi-Unger también emplea conceptos sin sentido como la «utilidad agregada» de la «satisfacción del deseo colectivizado».
- 9Tibor Scitovsky, «Two Concepts of External Economies», Journal of Political Economy (abril de 1954): 144-51.
- 10Véase James M. Buchanan, «Social Choice, Democracy, and Free Markets», Journal of Political Economy (abril de 1954): 114-23; y Buchanan, «Individual Choice in Voting and the Market», Journal of Political Economy (agosto de 1954): 334-43. En muchos otros aspectos, los artículos de Buchanan son bastante buenos.
- 11La debilidad de esta «unanimidad», incluso para Buchanan, queda ilustrada por el siguiente pasaje muy sensato: «Nunca se anula un voto en dólares; el individuo nunca es colocado en la posición de ser miembro de una minoría disidente» –como lo es en el proceso de votación (Buchanan, «Individual Choice in Voting and the Market» p. 339). El enfoque de Buchanan le lleva a hacer de la incoherencia y la indecisión en las opciones políticas una virtud positiva.
