Tras la decisión de la administración Trump de asesinar al general Soleimani a principios de este mes, muchos estadounidenses empezaron a temer que la guerra entre los Estados Unidos e Irán fuera inminente. Las tensiones aumentaron cuando el presidente y los iraníes agitaron sus sables y se burlaron en los medios sociales.
Las búsquedas de Google «¿Va a haber reclutamiento?» se dispararon al 900 por ciento en un solo día. El sitio web oficial del Servicio Selectivo –la agencia federal encargada de llevar a cabo el proyecto– recibió tanto tráfico que finalmente se estrelló.
Afortunadamente, el riesgo de una guerra inminente parece haber disminuido en gran medida. Pero la breve crisis plantea dos preguntas interesantes, preguntas que debemos responder antes de que otra posible guerra aparezca en el horizonte: ¿consideraría el gobierno la posibilidad de imponer el reclutamiento y, si lo hiciera, sería moralmente justificable?
Perspectivas del proyecto
No hay duda de que, si se presentara la oportunidad, los principales políticos de ambos partidos estarían encantados de volver al servicio militar obligatorio. En fecha tan reciente como 2003, el congresista demócrata Charlie Rangel presentó una legislación para restablecer el proyecto. De hecho, a muchos les gustaría traerlo de vuelta ahora mismo. El presidente Trump, por ejemplo, en la campaña de 2016 prometió restablecer la conscripción como una forma de «volver a hacer grande al ejército».
A algunos les gustaría reclutar a los jóvenes no sólo para la guerra, sino también para fines domésticos como la limpieza del medio ambiente y la asistencia a los ancianos. Una vez más el congresista Rangel encabezó la acusación, proponiendo una legislación en 2013 para exigir a todas las personas que viven en los Estados Unidos «entre los 18 y los 25 años de edad que cumplan un período de dos años de servicio nacional, a menos que estén exentos, ya sea mediante el servicio militar o el servicio civil».
El año pasado, el candidato presidencial Pete Buttigieg introdujo un plan para expandir masivamente el número de puestos para los programas de servicio nacional, así como para aumentar su financiación. Por el momento, Buttigieg dice que el gobierno sólo reclutaría voluntarios, pero ha admitido que está abierto a hacer el servicio nacional «legalmente obligatorio».
¿Esclavitud justificada?
Tanto si el argumento es utilitario como si se hace como una apelación a alguna vaga noción de «deber patriótico», todos los argumentos a favor del servicio obligatorio descansan en la idea de que la vida de un individuo no le pertenece a él o ella, sino al Estado. Y el Estado puede, a su antojo, ordenar a millones de personas, bajo amenaza de violencia, que lleven a cabo prácticamente cualquier tarea, ya sea tomar las armas contra extraños totales o recoger basura en el parque local. El hecho de que tales tareas puedan ser buenas y necesarias no implica lógicamente que esclavizar a las personas para realizarlas sea moralmente justificable.
Los defensores modernos del reclutamiento rara vez abordan este dilema moral (no se atreven a admitir abiertamente que quieren ser esclavistas). Prefieren en cambio despreciar a los que se oponen al proyecto como escandalosamente egoístas. En un artículo que defiende los méritos del servicio militar obligatorio, el autor y ex marine Jeff Groom se pregunta retóricamente: «¿La gente de hoy en día ya no necesita renunciar a nada por su país?» Es una pregunta extraña, dado que el servicio militar obligatorio pide literalmente a la gente que renuncie a todo, es decir, a su libertad y muy posiblemente a sus vidas. Pero Groom afirma que esos malditos chicos de hoy no estarían dispuestos a sacrificar tanto como sus smartphones si su país lo requiriera. Los jóvenes tienen demasiado derecho. (Uno se pregunta genuinamente si la juventud de hoy en día tiene un mayor sentido del derecho que las generaciones que apoyaron el New Deal de FDR en los años 30 y que introdujeron los programas de bienestar masivo de la Gran Sociedad en los 60).
Dejando de lado las disputas generacionales, Groom saca a relucir un punto interesante, aunque uno que los defensores del proyecto han sacado a relucir muchas veces antes. Sostiene que el gobierno mostraría más moderación al elegir cuándo iniciar una acción militar si los políticos y los votantes supieran que sus hijos, o incluso ellos mismos, podrían ser llamados al servicio.
Pero incluso si el proyecto fuera eficaz para desalentar el belicismo temerario, dejaría sin respuesta la cuestión moral fundamental: ¿tiene el gobierno el derecho de esclavizar temporalmente a sus ciudadanos, por muy importante o ventajoso que sea el propósito? No es una cuestión que Groom, o la mayoría de los otros partidarios de la conscripción, se hayan acercado a abordar.
Eso es lamentable, porque puede ser muy cierto que el servicio militar y el trabajo voluntario ofrecen muchos beneficios valiosos, tanto a las personas que participan en ellos como a la nación en general. Sin embargo, los partidarios del proyecto dan rutinariamente el salto lógico de reconocer los beneficios colectivos del servicio nacional a la afirmación de una autoridad moral para usar la fuerza sin demostrar nunca cómo es que el gobierno llegó a poseer tal autoridad.
En lugar de intentar persuadir a la gente de que debe unirse al ejército o inscribirse en el servicio comunitario, el primer instinto de los partidarios del reclutamiento es usar la coacción. En lugar de tratar a sus conciudadanos con respeto y dignidad, preferirían dirigir sus vidas a punta de pistola.
En los años cincuenta, el presidente Dwight D. Eisenhower propuso la implementación de un servicio militar obligatorio en tiempos de paz para reforzar la preparación militar de Estados Unidos. Declaró que «la mochila de un soldado no es una carga tan pesada como las cadenas de un prisionero». Eisenhower aparentemente no consideró que pudieran ser uno y el mismo.
