La ley de asociación de Ricardo, más conocida bajo el nombre de ley del coste comparativo, suscita muchas objeciones. La razón es obvia. Esta ley ofende a todos aquellos deseosos de justificar la protección y el aislamiento económico nacional desde cualquier punto de vista que no sean los intereses egoístas de algunos productores o las cuestiones de preparación para la guerra.
—Ludwig von Mises, Acción humana
Alexander Macris, del blog de Substack Contemplations on the Tree of Woe, ha llamado la atención sobre los argumentos de Ian Fletcher contra el libre comercio en el poco conocido libro Free Trade Doesn‘t Work: What Should Replace It and Why. Repudiando su juventud como «librecambista doctrinario» bajo el dominio de la «economía austriaca», cuando consideraba que el libre comercio era «algo más que una creencia económica», Macris ha dejado atrás su ingenuidad juvenil y ha hecho suyas las críticas de Fletcher a varios supuestos teóricos de Ricardo que hacen cuestionable la relevancia del descubrimiento de Ricardo para las decisiones políticas gubernamentales en el mundo real.
Macris sigue a Fletcher al enmarcar los argumentos contra la doctrina del libre comercio específicamente contra la ortodoxia de la economía matemática imperante. Sin embargo, como estudiante de economía austriaca que se describe a sí mismo, Macris debería conocer la generalización de Ludwig von Mises de la ventaja comparativa ricardiana en Human Action, que elude muchas de las críticas formuladas por Fletcher o las hace irrelevantes en el ámbito de la ciencia económica.
Sería una tarea demasiado ambiciosa corregir todos los malentendidos o aclarar cómo muchas de sus críticas se aplican estrictamente a la economía matemática, pero en aras de este artículo, debe bastar con mostrar que comprender adecuadamente el alcance y las implicaciones de la ley misesiana de asociación arroja luz sobre lo que es (y no es) precisamente el argumento económico a favor del libre comercio, permitiéndonos al menos distinguir las consideraciones económicas de las consideraciones políticas.
Mises y la ley de asociación
Mises sitúa su discusión de la «ley del coste comparativo» ricardiana, o la «ley de la asociación» en la terminología de Mises, en la parte 2 de Acción humana. En poco más de cinco páginas, Mises describe y defiende el hecho de que la especialización y el intercambio son físicamente más productivos que la acción aislada, dando lugar a ganancias mutuas para todos los que participan en la división del trabajo, incluso cuando un individuo o grupo de individuos es productivamente superior en todas las líneas de producción concebibles. Así, Mises reconoce que la sociedad en sí es «acción concertada», o dicho más técnicamente, «división del trabajo y combinación del trabajo».
Mises llama brillantemente la atención sobre el hecho de que si no fuera cierto que todos pueden beneficiarse de la participación en la especialización y el intercambio, entonces la propia sociedad difícilmente sería posible en una medida significativa, ya que no habría ninguna ventaja selectiva para participar en la cooperación en lugar de la violencia. Es porque la noción ricardiana de ventaja comparativa es cierta, entendida más ampliamente por Mises para aplicarla universalmente fuera de los confines del modelo particular de Ricardo, por lo que las sociedades humanas han tenido alguna vez la oportunidad de desarrollarse.
Reconocer la verdad universal de la ley de asociación no prescribe acciones particulares. Sabemos por razonamiento económico que participar en la división ampliada del trabajo según la eficiencia relativa es beneficioso para todos los participantes, dada la existencia de desigualdades en la capacidad humana y en los factores no humanos de producción, pero este hecho analítico nos dice poco sobre en qué líneas concretas de producción debería especializarse cada persona a lo largo de su vida o dónde se encuentran las mejores oportunidades. Si una unidad empresarial se está especializando de hecho según la ventaja comparativa en un momento dado es una cuestión de juicio empresarial y no puede identificarse empíricamente del mismo modo que podemos trabajar la lógica de la ventaja comparativa en la pizarra.
El conocimiento de las leyes económicas tampoco exige la necesidad de maximizar la productividad física de los bienes por encima de cualquier otra consideración. Las enseñanzas de la ciencia económica simplemente nos ayudan a comprender, al menos en un sentido cualitativo, a qué estamos renunciando al perseguir objetivos alternativos, como una política industrial nacional que restringe las decisiones comerciales voluntarias de los empresarios en apoyo de una industria nacional que, de otro modo, no habría sido lo suficientemente rentable como para atraer gastos de inversión.
Fletcher y Macris se equivocan cuando creen que deben apuntar a la ventaja comparativa ricardiana para defender las restricciones comerciales. Simplemente deben exponer sus objetivos y admitir su disposición a apoyar la coerción para alcanzarlos, lo que nos lleva fuera del ámbito de la teoría económica y a la política.
Economía versus política
Fletcher y Macris centran toda su atención en la «nación» como unidad de análisis. El libro de Fletcher está repleto de referencias a cómo la «nación» adquiere competencias, la «nación» crece, la «nación» se especializa, determinadas industrias tienen «valor para la economía nacional», etcétera. Rara vez se menciona a los empresarios individuales que realmente toman las decisiones de seguir determinadas líneas de producción en lugar de otras. Como estudiante de economía austriaca, Macris debería saber que la «nación» no es la unidad de análisis relevante cuando se trata de entender la naturaleza mutuamente beneficiosa del intercambio.
Ciertamente, se pueden trazar líneas en torno a regiones geográficas y afirmar que una «nación» se especializa en determinadas líneas de producción. Sin embargo, fijar la atención en tal «nación» es una cuestión política, no de teoría económica. Aunque el propio Ricardo se refiere a las naciones en su exposición original de la ventaja comparativa, la aclaración de Mises de la ley de asociación deja claro que la lógica se aplica universalmente a cualquier intercambio. Puesto que las naciones no realizan intercambios como una unidad singular, se produce confusión cuando los críticos del libre comercio intentan refutar la lógica ricardiana basándose en que es posible que una región geográfica sea comparativamente más pobre tras una apertura al comercio.
Si la mano de obra y el capital son móviles en alguna medida, es posible que la tierra o las oportunidades productivas de ciertas regiones se consideren inferiores a las oportunidades alternativas viables en el extranjero. La emigración o la inversión extranjera pueden entonces dejar una región relativamente desocupada y más pobre de lo que habría sido en ausencia de la libre circulación de mano de obra y capital. Se puede lamentar esta situación, pero no hay nada que hacer a menos que se esté dispuesto a impedir por la fuerza que los individuos se desplacen físicamente o inviertan su capital en el extranjero según lo que consideren sus oportunidades más preferidas.
Desde un punto de vista económico, es irrelevante si los críticos del libre comercio buscan fines que creen que sólo pueden alcanzarse mediante la política industrial o si les importa que los individuos sean libres de tomar sus propias decisiones sobre qué líneas de producción e intercambios seguir. Sin embargo, sería refrescante que tales juicios de valor se expresaran abiertamente.
¿Quién decide? ¿Empresarios o burócratas?
Puesto que hemos abandonado el ámbito de la teoría económica a priori, una pregunta pertinente es quién debe decidir en qué se especializará una persona o un grupo durante cualquier intervalo de tiempo: ¿los empresarios o los planificadores gubernamentales? Fletcher culpa al libre comercio de muchos aspectos de la modernidad que considera alarmantes, ignorando los efectos de la banca central, sobre todo en los Estados Unidos, donde el estatus de moneda de reserva mundial y la demanda de dólares han contribuido tanto al gran déficit por cuenta corriente como al aumento de la desigualdad, ya que los primeros receptores del nuevo dinero se benefician a costa de todos los demás.
A continuación, Fletcher afirma que la intervención pública puede solucionar muchos de los problemas. Por ejemplo, afirma que las dependencias de trayectoria producen efectos de bloqueo, en los que un productor potencialmente más eficiente de un bien nunca puede captar la cuota de mercado potencial. La «solución» de Fletcher es una «política industrial racional» con un arancel único del 30%, pero no explica cómo eso garantiza que no se pasen por alto líneas de producción más eficientes. De hecho, esa «política industrial racional» probablemente empujaría a los productores nacionales hacia líneas de producción aún menos eficientes que en el caso base del libre comercio.
Tanto Fletcher como Macris atribuyen a los «ricardianos» el extraño consejo político de especializarse según la ventaja comparativa a corto plazo a expensas de la ventaja comparativa a largo plazo, incluso cuando los recursos no renovables puedan agotarse o las industrias altamente avanzadas puedan ser abandonadas debido a una inversión insuficiente. Dejan sin explicar por qué suponen que los planificadores gubernamentales son más capaces que los empresarios de identificar futuras oportunidades de beneficio o de utilizar cuidadosamente los recursos no renovables.
Fletcher y Marcis no ofrecen ningún análisis comparativo de la naturaleza y la calidad de las decisiones de producción tomadas por los planificadores políticos frente a los empresarios privados. Las restricciones comerciales se presentan como deus ex machina para corregir los fallos percibidos del libre comercio. Mientras tanto, se ignora la cuidadosa planificación de los empresarios, que ponen en juego su propio capital para satisfacer a los clientes y obtener así beneficios. Sus planes y aspiraciones, sin duda, se consideran menos importantes que las necesidades de «la nación».
Conclusión
En última instancia, las disputas sobre el libre comercio tienen lugar en los ámbitos de la política y la ética, no de la economía. Si los consumidores de EEUU prefieren importar bienes o los empresarios prefieren organizar la producción en el extranjero, los partidarios del proteccionismo deberían admitir que abogan por ahogar los intercambios voluntarios mediante la coerción patrocinada por el Estado para perseguir objetivos que consideran más importantes.
Aunque se pueden construir ejemplos en los que una industria no existiría sin la intervención del gobierno, no se pueden observar contrafactuales para saber si esa ausencia sería preferible a lo que ya existe. Dado que no es posible agregar preferencias, las afirmaciones de que determinadas políticas son «mejores» para una nación carecen de base económica y no hacen sino reflejar los juicios de valor personales de quienes promueven la intervención gubernamental.
No se trata de una crítica general a Macris, cuyo blog suele merecer la pena leer. Sin embargo, el post que nos ocupa forma parte de un género en el que autores de la «nueva derecha» repudian su herencia libertaria para hacer frente a lo que consideran el alcance culturalmente insensible e intelectualmente limitado de la economía austriaca.
Sin embargo, los economistas de la escuela austriaca buscan leyes causales de la acción humana, que son independientes de la consideración de lo que uno debe valorar. Los «austriacos» se encuentran en todos los bandos de las cuestiones políticas y culturales modernas y pueden discrepar en ciertos puntos.
La ley de la asociación declara que las restricciones burocráticas a la división del trabajo en pos de otros objetivos reducen la productividad. Sin embargo, la sociedad humana sólo es posible si se cumple la ley de la asociación. No hay término medio.
