Desde principios de año, la crisis de la corona ha llegado a monopolizar la cobertura de las noticias hasta el punto de que muchas historias y acontecimientos muy importantes no fueron informados o fueron ignorados por completo. Un ejemplo de ello fue el sorprendente fallo del Tribunal Constitucional alemán a principios de mayo, que impugnó las acciones y el mandato del Banco Central Europeo (BCE). Esta decisión podría tener graves repercusiones si se confirmara, pero las reacciones a la misma son posiblemente aún más consecuentes y reveladoras de la postura del BCE y la UE sobre la soberanía nacional, el respeto de las propias leyes de los Estados miembros y sus propios poderes expansivos.
El BCE «fue demasiado lejos»
En esencia, la decisión del tribunal dejó claro que el programa de expansión cuantitativa (QE) del BCE no respetaba el «principio de proporcionalidad», abusando del mandato del BCE, mientras que el gobierno alemán no impugnó las políticas del banco como debería haberlo hecho. El fallo también mencionó los efectos secundarios del programa y de la dirección de la política general del BCE, como la penalización de los ahorradores y pensionistas. Como se resaltó en la decisión oficial, «el BCE no logra el necesario equilibrio entre el objetivo de la política monetaria y los efectos de la política económica que se derivan del programa». Por lo tanto, las decisiones en cuestión... exceden el mandato de política monetaria del BCE». Como resultado, el tribunal emitió un ultimátum y pidió directamente al Bundesbank que cumpliera su fallo y por lo tanto dejara de comprar bonos del gobierno bajo el programa QE del BCE en los próximos tres meses.
Esta decisión, que fue en gran parte inesperada, ha vuelto a encender serias preocupaciones sobre la estabilidad de la zona euro. También ha sacado a la superficie las fricciones existentes no sólo sobre la política monetaria, sino también sobre la situación legal del BCE, la UE y su relación con los estados miembros. Una vez más se plantearon serias cuestiones sobre la soberanía, la legislación nacional y el exceso institucional, así como los desafíos a la legitimidad de la autoridad y las instituciones centralizadas de la UE.
Dada la gravedad de esos desafíos, especialmente en un momento como el actual, de gran incertidumbre y creciente descontento público, no es de extrañar que esas instituciones no perdieran tiempo en responder a la decisión del tribunal alemán. El economista jefe del BCE, Philip Lane, contradijo directamente al tribunal, alegando que el programa de evaluación de la calidad es realmente «proporcional» a la situación económica, mientras que el presidente Lagarde pareció inquebrantable en su postura, declarando que el BCE «no se deja intimidar» por la decisión.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) también pareció rechazar el fallo, reiterando que la cuestión estaba en manos de la autoridad judicial del bloque y que sólo él tiene jurisdicción para decidir si los organismos de la UE están infringiendo la legislación de la UE. Esta postura fue aún más clara por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien en su declaración oficial sobre el asunto destacó en términos inequívocos que «el derecho de la UE tiene primacía sobre el derecho nacional».
Implicaciones trascendentales
Hay dos importantes puntos de partida de esta impugnación jurídica, o más exactamente, de la respuesta a la misma. Por un lado, el principio básico que expresó el TJCE, a saber, que sólo él puede decidir si las instituciones de la UE están infringiendo las leyes de la UE, es profundamente preocupante para empezar. Admitir que los Estados miembros no pueden opinar sobre nada de esto ya es bastante problemático, pero la idea de concentrar el poder y la autoridad jurídica en este grado incestuoso es claramente una afrenta no sólo a los principios occidentales de justicia, sino también al sentido común.
Hay una razón para la separación de poderes y, en una analogía aproximada, está claro por qué los deberes del legislador, el juez, el jurado y el verdugo no pueden asignarse todos a la misma persona. Esta idea básica de sentido común de justicia que incluso los niños entienden en sus disputas de patio de recreo, es frecuentemente pisada por cualquier tipo de tribunal estatal o «público», por supuesto. El concepto de imparcialidad a menudo se sale por la puerta, especialmente cuando el estado es responsable de adjudicar los casos contra sí mismo.
El mismo principio se aplica en este caso: es sencillamente ridículo que el mismo grupo de tecnócratas, burócratas y funcionarios, que en gran medida no son elegidos y no rinden cuentas a los ciudadanos a los que gobiernan de manera real, controlen todos los niveles de la legislación, el gobierno y la justicia. En otras palabras, no sólo consiguen redactar las normas y hacerlas cumplir, sino que también se vigilan a sí mismos, controlan el trabajo de los demás y luego imparten «justicia» sin ninguna interferencia ni argumento de los representantes de los que se ven directamente afectados por sus acciones. Los Estados miembros están totalmente excluidos del proceso, incluso aquellos cuyos ciudadanos están obligados a pagar la factura de todos los generosos programas e iniciativas ambiciosas.
Esta construcción perversa no sólo es abominable en términos de justicia y transparencia, sino que también es totalmente insostenible. El desprecio despreocupado de la Sra. Lagarde y la Sra. Von der Leyen puede ser una buena oportunidad para las relaciones públicas y sus esfuerzos por irradiar confianza en sus instituciones son ciertamente necesarios en sus respectivas posiciones; sin embargo, ambas probablemente entienden la vacuidad y las limitaciones de este tipo de postura displicente, como todo el mundo. No estar preocupado por un desafío legal de Grecia o Italia, o cualquier otro receptor neto altamente dependiente del bloque sería comprensible. No es así con Alemania.
La segunda lección de esta confrontación fue resumida por un improbable partidario del BCE en esta lucha. El ex ministro de finanzas alemán Wolfgang Schaeuble, un crítico vocal de la calidad de la energía y de las políticas flexibles del banco en general, parecía estar disgustado por el fallo de la corte, pero por razones muy interesantes y claramente articuladas. Como él lo dijo,
Es muy posible que la existencia del euro se ponga ahora en duda en otros estados miembros de la Unión Europea, porque cada tribunal constitucional nacional puede decidir por sí mismo. Esta situación no hace feliz a nadie.
En términos más claros, lo que el anterior ministro parece lamentar es el hecho de que existe una posibilidad, aunque remota, de que los estados miembros puedan tener voz y voto en las decisiones de política monetaria. Las compuertas podrían abrirse y cada país podría decidir por sí mismo, no sólo sobre la moneda que utiliza, sino también sobre cómo utilizarla, de acuerdo con sus propias necesidades específicas y realidades económicas. Lo que el Sr. Schaeuble y sus colegas parecen temer es la idea de la descentralización.
