Una crítica muy común a la posición libertaria es la siguiente: Por supuesto que no nos gusta la violencia, y los libertarios prestan un servicio útil para subrayar sus peligros. Pero usted es muy simplista porque ignora las otras formas significativas de coerción ejercidas en la sociedad: el poder coercitivo privado, aparte de la violencia ejercida por el Estado o el criminal. El Estado debe estar dispuesto a emplear su coerción para controlar o compensar esta coerción privada.
En primer lugar, esta aparente dificultad para la doctrina libertaria puede ser rápidamente eliminada limitando el concepto de coerción al uso de la violencia. Esta reducción tendría el mérito adicional de limitar estrictamente la violencia legalizada de la policía y el poder judicial a la esfera de su competencia: la lucha contra la violencia. Pero podemos ir aún más lejos, ya que podemos mostrar las contradicciones inherentes al concepto más amplio de coerción.
Un tipo bien conocido de «coerción privada» es el vago pero ominoso «poder económico». Una ilustración favorita del ejercicio de tal «poder» es el caso de un trabajador despedido de su trabajo, especialmente por una gran corporación. ¿No es esto «tan malo como» la coacción violenta contra la propiedad del trabajador? ¿No es ésta otra forma más sutil de robo al trabajador, ya que se le está privando del dinero que habría recibido si el empleador no hubiera ejercido su «poder económico»?
Examinemos esta situación con detenimiento. ¿Qué ha hecho exactamente el empleador? Se ha negado a seguir haciendo un determinado intercambio, que el trabajador prefirió seguir haciendo. Específicamente, «A», el empleador, se niega a vender cierta suma de dinero a cambio de la compra de los servicios laborales de «B». A «B» le gustaría hacer un cierto intercambio; a «A» no. El mismo principio puede aplicarse a todos los intercambios a lo largo y ancho de la economía. Un trabajador intercambia trabajo por dinero con un empleador; un minorista intercambia huevos por dinero con un cliente; un paciente intercambia dinero con un médico por sus servicios; y así sucesivamente. Bajo un régimen de libertad, en el que no se permite la violencia, todo hombre tiene el poder de hacer o no intercambios como y con quien quiera. Entonces, cuando se hacen los intercambios, ambas partes se benefician. Hemos visto que si se coacciona un intercambio, al menos una parte pierde. Es dudoso que incluso un ladrón gane a largo plazo, ya que una sociedad en la que la violencia y la tiranía se practican a gran escala reducirá tanto la productividad y se infectará tanto con el miedo y el odio que incluso los ladrones pueden sentirse infelices cuando comparan su suerte con la que tendrían si se dedicaran a la producción y al intercambio en el libre mercado.
El «poder económico», entonces, es simplemente el derecho bajo la libertad de negarse a hacer un intercambio. Todo hombre tiene este poder. Todo hombre tiene el mismo derecho a negarse a hacer un intercambio ofrecido.
Ahora bien, debería ser evidente que el estatista «centrista», que concede el mal de la violencia pero añade que la violencia del Estado es a veces necesaria para contrarrestar la «coerción privada del poder económico», está atrapado en una contradicción imposible. «A» se niega a hacer un intercambio con «B». ¿Qué vamos a decir, o qué va a hacer el Estado, si «B» empuña un arma y ordenará a «A» que haga el intercambio?. Esta es la cuestión crucial. Sólo hay dos posiciones que podemos tomar al respecto: o bien que «B» está cometiendo violencia y debe ser detenido de inmediato, o bien que «B» está perfectamente justificado en dar este paso porque simplemente está «contrarrestando la coacción sutil» del poder económico que ejerce «A». O bien la agencia de defensa debe apresurarse a defender a «A», o bien se niega deliberadamente a hacerlo, tal vez ayudando a «B» (o haciendo el trabajo de «B» para él). ¡No hay término medio!
«B» está cometiendo actos de violencia; de eso no hay duda. En los términos de ambas doctrinas, esta violencia es invasiva y por lo tanto injusta, o defensiva y por lo tanto justa. Si adoptamos el argumento del «poder económico», debemos elegir la segunda posición; si la rechazamos, debemos adoptar la primera. Si elegimos el concepto de «poder económico», debemos emplear la violencia para combatir cualquier rechazo del intercambio; si lo rechazamos, empleamos la violencia para evitar cualquier imposición violenta del intercambio. No hay manera de escapar de esta opción. El estadista del «medio camino» no puede decir lógicamente que existen «muchas formas» de coerción injustificada. Debe elegir uno u otro y adoptar su posición en consecuencia. O bien debe decir que sólo hay una forma de coerción ilegal —la violencia física abierta— o bien debe decir que sólo hay una forma de coerción ilegal —la negativa a intercambiar.
Ya hemos descrito plenamente el tipo de sociedad construida sobre cimientos libertarios, una sociedad marcada por la paz, la armonía, la libertad, la máxima utilidad para todos y la mejora progresiva del nivel de vida. ¿Cuál sería la consecuencia de adoptar la premisa del «poder económico»? Sería una sociedad de esclavitud: ¿para qué más está prohibiendo la negativa a trabajar? También sería una sociedad en la que los iniciadores manifiestos de la violencia serían tratados con amabilidad, mientras que sus víctimas serían reprendidas como «realmente» responsables de su propia situación. Una sociedad así sería realmente una guerra de todos contra todos, un mundo en el que la conquista y la explotación se desataría sin límites.
Analicemos más a fondo el contraste entre el poder de la violencia y el «poder económico», entre, en definitiva, la víctima de un bandido y el hombre que pierde su trabajo con la Ford Motor Company. Simbolicemos, en cada caso, al presunto poseedor del poder como P y a la supuesta víctima como X. En el caso del bandido o ladrón, P saquea a X. P vive, en pocas palabras, cerrando con candado a X y a todas las demás X’s. Este es el significado del poder en su sentido original y político. ¿Pero qué hay del «poder económico»? Aquí, por el contrario, X, el aspirante a empleado, ¡está haciendo valer una estridente reivindicación de la propiedad de P! En este caso, X está saqueando a P en lugar de a la inversa. Aquellos que lamentan la difícil situación del trabajador del automóvil que no puede obtener un trabajo con Ford no parecen darse cuenta de que antes de Ford y sin Ford no habría tal trabajo para ser obtenido en absoluto. Nadie, por lo tanto, puede tener ningún tipo de «derecho natural» a un trabajo de Ford, mientras que es significativo afirmar un derecho natural a la libertad, un derecho que cada persona puede tener sin depender de la existencia de otros (como Ford). En resumen, la doctrina libertaria, que proclama un derecho natural de defensa contra el poder político, es coherente y significativa, pero cualquier derecho proclamado de defensa contra el «poder económico» no tiene ningún sentido. Aquí, en efecto, hay enormes diferencias entre los dos conceptos de «poder».1
- 1Sobre los problemas espurios del «poder de negociación», véase Scoville y Sargent, Fact and Fancy en T.N.E.C. Monographs, pp. 312-13; y W.H. Hutt, Theory of Collective Bargaining (Glencoe, Ill.: Free Press, 1954), Parte I.
