Los procesos de mercado se basan en los precios, que no se establecen por decreto gubernamental ni por el azar de la mente humana, sino que vienen determinados por la oferta y la demanda. Los deseos y necesidades del consumidor se manifiestan a través de los precios, que a su vez son satisfechos por los productores, que quieren hacer un lucro. A pesar del éxito de este proceso, muchos siguen creyendo que la intervención del gobierno es necesaria para ayudar a los pobres y prestar servicios que no pueden obtenerse en el mercado.
Así, en todo el mundo, muchas naciones adoptaron un modelo de economía mixta. Aunque existen la propiedad privada y la titularidad privada, la intervención del gobierno en la economía sigue siendo necesaria para alcanzar objetivos sociales como la prestación de servicios a los pobres y los desempleados y la intervención en la industria, todo ello financiado por el pagador de impuestos. Pero Ludwig von Mises vio a través del humo y los espejos de este noble discurso en su libro Gobierno omnipotente:
Una mezcla de principios capitalistas y socialistas no es viable. Las empresas propiedad del Estado o de los municipios y gestionadas por ellos no alteran las características de la economía de mercado. Como compradoras de materias primas, de equipos y de mano de obra, y como vendedoras de bienes y servicios, deben encajar en el esquema de la economía de mercado. Deben esforzarse por obtener lucros o, al menos, por evitar pérdidas. Cuando el gobierno intenta eliminar o mitigar esta dependencia cubriendo las pérdidas de sus fábricas y comercios con fondos públicos, el único resultado es que esta dependencia se traslada a otro ámbito. Los medios para cubrir las pérdidas deben obtenerse mediante la imposición de impuestos. Pero esta fiscalidad tiene su efecto en el mercado.
La intervención emprendida por los gobiernos para proporcionar servicios sociales y producción, ya sea con la esperanza de ser reelegidos o simplemente por su buena naturaleza, produce consecuencias perjudiciales para la persona común.
Fiscalidad y coste de oportunidad
Los impuestos son un robo; cualquier persona u organización que se apropie de tu dinero o pertenencias mediante coacción está cometiendo un robo. Hay múltiples formas de impuestos que el gobierno lleva a cabo: El impuesto sobre la renta toma de los sueldos y salarios que ganaste ese año. La inflación resta poder adquisitivo a tus dólares. Y, por supuesto, el gobierno puede gravar un artículo como un refresco.
Todas estas cosas influyen en la economía. La caída de Detroit se remonta a la introducción del impuesto municipal sobre la renta en 1962. El profesor Harry Veryser, de la Universidad Detroit Mercy, habló de la caída de Detroit en una entrevista con ReasonTV. Marcó el principio del fin con el alcalde Jerome Cavanagh, diciendo:
Cavanagh introdujo el impuesto sobre la renta en la ciudad de Detroit, y en cuanto hay un impuesto sobre la renta, las empresas presionan para que se trasladen. AAA fue la primera en trasladarse a través de una carretera de ocho millas; todo lo que tenían que hacer era trasladarse ocho millas donde no había impuesto sobre la renta.
Los negocios y las personas se enfrentarán a un coste de oportunidad cuando el gobierno introduzca o aumente cualquier tipo de impuesto. La American Automobile Association (AAA) decidió que sería más beneficioso trasladar su compañía que permanecer en Detroit. Los impuestos obligan tanto a los negocios como a la población en general a tomar decisiones que de otro modo no tendrían que tomar si no hubiera impuestos. Connecticut, por ejemplo, introdujo una tasa por el uso de las autopistas; más exactamente, se trata de un impuesto por kilometraje. Los vehículos que pesen entre veintiséis y veintiocho mil libras tendrán que pagar 2,5 céntimos por cada milla que recorran en la autopista. Esto obliga a las compañías de construcción con vehículos pesados y remolques tractores a tomar decisiones difíciles: buscar nuevas rutas, descargar de peso a los camiones o abandonar el estado por completo.
Nacionalización y grupos de presión
En 1922, Vladimir Lenin se dirigió a la convención comunista. Durante el discurso, aseguró el control estatal sobre las cumbres dominantes de la economía. Para Lenin, los centros de mando eran industrias económicas esenciales como la minería, el transporte y la manufactura, que debían estar bajo el control total del gobierno. Bajo este sistema, una junta central de planificación se encargaría de distribuir bienes y servicios a la población de la nación, lo cual es una tarea imposible. Ludwig von Mises, en su ensayo «El cálculo económico en la mancomunidad socialista», esboza la relación entre los productores privados y el mercado:
El propietario de bienes de producción, que ha fabricado bienes de consumo y se convierte así en su propietario, tiene ahora la opción de consumirlos él mismo o de que los consuman otros. Pero cuando la comunidad se convierte en propietaria de los bienes de consumo, que ha adquirido en la producción, ya no podrá elegir. No puede consumir por sí misma, sino que se ve obligada a permitir que otros lo hagan. Quién debe consumir y qué debe consumir cada uno es el quid del problema de la distribución socialista.
La toma de decisiones económicas racionales resulta imposible en una economía de planificación centralizada. Es el intercambio privado en el mercado el que determina los precios de los bienes y servicios. Los Estados Unidos no está aún bajo un sistema tan opresivo, pero existen aspectos de planificación central. El Departamento de Agricultura, por ignorancia infalible, produce controles de precios a través de sus subsidios a los agricultores. En 2021, gastó 28.500 millones de dólares en subvenciones a los agricultores para mantener los ingresos agrícolas. Sin embargo, un análisis más detallado revela que el 60 por ciento de los subsidios de programas como el seguro de cosechas van a parar al 10 por ciento más rico de los hogares agrícolas. Este dinero se emplea después en la producción de cultivos. El autor James Bovard señala los efectos que estas subvenciones tienen en los precios agrícolas en su ensayo «La ciénaga agrícola federal»:
La herramienta fundamental de la política agrícola es el sostenimiento de los precios. El gobierno fija un precio por fanega o libra que pagará por un producto básico. Dado que el gobierno garantiza la compra de cantidades ilimitadas de un cultivo al nivel de precios de apoyo, los agricultores no venderán el cultivo en el mercado a un precio inferior al que pueden vender al gobierno, y el precio de apoyo se convierte así en el precio mínimo para cualquier venta del cultivo en los Estados Unidos.
Los mercados libres benefician sobre todo a la población en general, no a las grandes empresas. Las políticas que defienden los grupos de interés que dicen representar a los agricultores —grupos como la Asociación Nacional de Cultivadores de Maíz y la Asociación Nacional de Cultivadores de Trigo— han provocado un aumento del precio de los productos agrícolas en todo América. El pagador de impuestos, que en última instancia paga la factura de estas subvenciones, sale perdiendo por completo, mientras que los grupos de presión, los políticos y los agricultores más ricos se enriquecen.
Efecto de la beneficencia en la economía
La asistencia social subsidia el mal comportamiento. Los defectos inherentes a esta política crean una situación en la que la gente depende del gobierno y no tiene motivos para salir del sistema. El profesor Casey Mulligan, del Comité para Desatar la Prosperidad, publicó un estudio titulado «Pagar a los americanos para que no trabajen». El estudio presenta múltiples conclusiones:
Incluso con las prestaciones por desempleo existentes y la espectacular ampliación reciente de los subsidios de ObamaCare, un cónyuge tendría que ganar más de 80.000 dólares al año con un trabajo de 40 horas semanales para tener los mismos ingresos después de impuestos que ciertas familias con dos cónyuges desempleados que reciben prestaciones del gobierno. En estos estados, trabajar 40 horas semanales y ganar 20 dólares la hora supondría una ligera REDUCCIÓN de los ingresos en comparación con dos progenitores que reciben prestaciones por desempleo y subsidios sanitarios.
¿Por qué iban a molestarse en dejar de recibir ayudas si ven que están mejor? Les interesa seguir en el sistema. Todo esto será a costa del pagador de impuestos; los negocios que busquen emplear a nuevos trabajadores tendrán menos solicitudes, lo que significa que la cooperación social se rompe en la sociedad. Un obrero de la construcción cualificado con mano de obra puede realizar tareas más productivas, ya que las demás tareas se han distribuido entre los obreros. Por ello, el trabajador de la construcción produce más valor. Pero si el obrero decide que cobrar el paro es lo que más le conviene, el tiempo y el coste de la construcción aumentarán, ya que la mano de obra cualificada se dedicará a tareas más serviles.
Conclusión
A menudo se ha dicho que un modelo de economía mixta «combina lo mejor del socialismo y del capitalismo», pero como hemos visto, las políticas de políticos y burócratas han interrumpido la economía privada. Los impuestos han hecho que la gente y las empresas recojan y se muden de sus ciudades y estados, los grupos de presión han dado ventajas injustas a los grandes negocios cerrando el paso a la competencia, y la beneficencia ha estrangulado la división del trabajo en los Estados Unidos. No hay ningún lado bueno en la economía socialista o en el gobierno leviatán. Debemos darnos cuenta de que el mejor gobierno es el que gobierna menos.
