Transport for the North, una agrupación de las Autoridades de Transporte del Norte y algunos líderes de negocios, pedirá que se le retire la franquicia ferroviaria a Avanti West Coast tras las continuas interrupciones de los servicios que a veces provocan que los trayectos duren horas más de lo debido, lo que, como puede imaginarse, provoca el descontento y enfado de muchos usuarios de los trenes. Quieren que el ferrocarril pase a estar bajo el control del gobierno de forma temporal, pero hay que tener cuidado, porque no hay nada tan permanente como algo que el gobierno denomina temporal. Sindicatos importantes como el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte ya han pedido la nacionalización total de la red ferroviaria tras lo que perciben como vergonzosos fracasos de la privatización. Pero no son sólo los sindicatos los que están abiertos a la nacionalización, ya que el Partido «Conservador» se ha mostrado más que dispuesto a nacionalizar las redes ferroviarias cuando el concesionario fracasa.
La oposición a la nacionalización total de los ferrocarriles se está desmoronando, y la percepción de la mayoría de la gente es que los argumentos en contra están cayendo debido a que el gobierno ha nacionalizado partes de ellos y a que las compañías «privadas» funcionan mal en las redes en las que todavía operan. El Partido Conservador se ha disparado en el pie al nacionalizar partes del ferrocarril, ya que eso elimina de hecho la base para afirmar que la privatización es la mejor opción, pero como ocurre con muchos temas en política, deberíamos tomar este debate por algo más que su mero valor nominal y darnos cuenta de que tiene muchos más matices de los que nos quieren hacer creer los que exigen la nacionalización.
Los argumentos a favor de una verdadera privatización han retrocedido tanto por esta fachada de privatización que implantó el Partido Conservador. Los partidarios de la nacionalización quieren hacernos creer que el sistema actual es extremadamente privado y de libre mercado, por lo que todos los fracasos del sistema actual justifican su ideológica persecución de las industrias nacionalizadas. Una verdadera privatización significaría que el Estado interviene poco o nada en el funcionamiento de las redes ferroviarias, con la ventaja añadida de que habría muy pocos obstáculos estatales a la compra de terrenos por parte de las compañías ferroviarias para construir nuevas infraestructuras que permitirían una competencia mucho mayor; la proliferación de los movimientos NIMBY en el Reino Unido ha encarecido increíblemente los grandes proyectos ferroviarios como la Alta Velocidad 2.
La verdadera privatización es muy diferente del sistema que hemos tenido durante las últimas décadas, a pesar de llevar su nombre y, al hacerlo, arruinar su reputación. El Estado controla a quién otorga las franquicias, pero el proceso para hacerlo se ha vuelto tan defectuoso, a través de condiciones imposiblemente estrictas, que la mayoría de los negocios genuinamente privadas han abandonado el mercado, por lo que ahora se da el caso de que gobiernos extranjeros poseen la mayoría de las rutas ferroviarias. Esto es inimaginable. Los ferrocarriles supuestamente privatizados son en su mayoría propiedad de gobiernos extranjeros, por lo que no se puede acusar exactamente al libre mercado de desbocarse en la red ferroviaria, a menos que se esté siendo intelectualmente deshonesto.
Si el sistema de adjudicación de franquicias, que supuestamente introduce reformas de libre mercado en el sistema, es tan complejo que las compañías privadas abandonan el sistema e intervienen Estados extranjeros, es que en realidad nunca ha existido un sistema privatizado. Si se profundiza en el tema, se descubre que incluso quienes obtienen una franquicia tienen una mano atada a la espalda, y que los horarios y los precios de las tarifas están casi totalmente en manos del gobierno. Además, la propia infraestructura, es decir, las vías, las señales, etc., son propiedad del gobierno a través de Network Rail, que tiene fama de mejorar muy poco la infraestructura. Pero como sabemos por las ideas de Friedrich Hayek, los agentes gubernamentales simplemente no pueden reunir la suficiente información necesaria para proporcionar servicios de alta calidad como un negocio impulsado por el afán de lucro.
No debemos esperar un servicio de alta calidad porque es sencillamente imposible que lo presten. Los sindicatos y un sector transversal de los diputados acusan a la privatización de hacer fracasar la red ferroviaria y la utilizan como garrote para golpear al libre mercado, pero, como se ha señalado, no se parece en nada a un mercado libre. El Estado ha creado un sistema complejo y disfuncional haciéndose pasar por una compañía privada, cuando nada podría estar más cerca de la verdad.
En las áreas de la red ferroviaria en las que hay una cierta apariencia de mercado libre, hay mucha más eficiencia que en el quango estatal que tristemente ha infectado la mayor parte de la red ferroviaria. La red ferroviaria británica es un buen ejemplo de los distintos niveles de intervención estatal en las distintas redes. Es una señal clara de que cuando el Estado adopta un enfoque menos invasivo y no restringe excesivamente el funcionamiento de un entorno de libre mercado, los participantes, ya sean propietarios o consumidores, disfrutan de servicios de mucha mayor calidad y más baratos.
La teoría del contrato social justifica la recaudación de impuestos mediante el uso de la fuerza porque usted utiliza los servicios a los que destina el dinero de sus impuestos, como el Servicio Nacional de Salud o la policía, entre otros. Por lo tanto, debe ser moral, ya que estás pagando por los servicios que utilizas. Esta teoría, aunque no se menciona directamente, es el pensamiento de una gran parte de la población votante del Reino Unido —evidenciado por el hecho de que la mayoría piensa que el contrato social está roto— y es la teoría dominante entre nuestra clase política. La teoría tiene muchos defectos, ya sean de lógica o de coherencia en la práctica, pero incluso si la aceptamos como cierta, la cantidad de dinero de los contribuyentes que se destina a los ferrocarriles, que aumentaría si se nacionalizaran, le quita cualquier asidero, ya que una parte muy significativa de la población nunca utiliza los trenes.
Miles de millones de libras de los contribuyentes se destinan a los ferrocarriles a pesar de que miles de personas nunca pisan uno durante el 99% del año. Eso ni siquiera puede justificarse con la teoría del contrato social, ya que el dinero de los impuestos que recaudan no se destina a un servicio que utilicen. Así que, incluso utilizando la teoría más común para justificar los impuestos, es injustificado e inmoral gravar al 40% de los contribuyentes por un dinero que se destina a los ferrocarriles. Nunca se debería obligar a un individuo a pagar dinero por un servicio que no utiliza.
En mi propia experiencia, el uso de analogías pone de manifiesto la inmoralidad de esta situación. Si el gobierno viniera a tu puerta y te dijera que tienes que dar parte de tu dinero para un proyecto ferroviario (o literalmente cualquier cosa que decidan financiar) que nunca utilizarás en partes del país que nunca pisarás, estarías justificadamente molesto con ellos. Usted no lo aceptaría, así que nosotros no deberíamos aceptarlo aquí. El Estado tiene un as en la manga a este respecto porque no te dice adónde va el dinero de tus impuestos. No puedes seguir el camino que ha seguido el dinero de tus impuestos desde que se dedujo automáticamente de tu paga y pasó a manos del Estado. Pinta una imagen bastante abstracta de adónde va a parar el dinero de los contribuyentes, nublando así la evidente inmoralidad que se deriva de su propia teoría, así como de la teoría libertaria.
La historia de la privatización de los ferrocarriles británicos desde los 1990 no es la del libre mercado; es más bien la típica de la sociedad política actual, en la que se ha culpado al libre mercado de lo que equivale a un espectacular fracaso de la intervención estatal. Si se rasca un poco bajo la superficie, se descubre que el Estado ha conseguido asumir un papel dictatorial en lo que se presenta como un negocio privado. La incapacidad del Partido Conservador para reconocer que esta fachada de privatización iba a fracasar ha provocado un vuelco total de la opinión pública, que ahora está muy a favor de la nacionalización de toda la red ferroviaria. Se han hecho la cama, pero por desgracia, ¡serán todos los demás los que tengan que acostarse en ella!
